Se resolvió en una cumbre de Seguridad entre Nación , provincia y Ciudad. Enviarán los costos de los operativos anti explosivos a los jueces, y estos los sumarán como obligación en la acción penal contra el o los responsables.
Un móvil de la división explosivos de la Policía Federal en el edificio Anexo de la Cámara de Diputados por una amenaza de bomba. Foto: AP/Natacha Pisarenko
Lunes 13 de mayo. Una llamada anónima a la Casa Rosada, hábitat natural del presidente Mauricio Macri, alerta sobre una bomba que estallará; casi en simultáneo, otra comunicación advierte lo mismo pero en el edificio Anexo de la Cámara de Diputados y obliga al desalojo; horas después, el servicio de emergencias 911 recibe amenazas sobre la supuesta presencia de explosivos en la estación de trenes Constitución y en las líneas de trenes Belgrano Norte, San Martín y Roca.
Las imágenes que se sucedían eran las mismas. Móviles equipados de la División de Explosivos de la Policía Federal corriendo de un lugar a otro, bomberos y especialistas relevando todos los rincones del lugar para llevar tranquilidad y determinar, luego de exhaustivos monitoreos que las amenazas eran falsas. Todo en un solo día.
Patricia Bullrich y su jefe de Gabinete Gerardo Milman.
Está situación, que luego se repitió y que a veces involucra a las escuelas, provocó que días atrás hubiera una reunión cumbre de Seguridad. Allí estaban por Nación Patricia Bullrich, Eugenio Burzaco y Gerardo Milman; Diego Santilli por Ciudad; El jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia; el Secretario de Seguridad bonaerense, Ventura Barreiro; la presidenta de la Enacom, Silvana Giudici; y representantes de DAJUDECO, el organismo de captación de teléfonos de la Corte Suprema.
Acordaron modificar el protocolo de actuación. En términos prácticos, bajar los tiempos de detención de los autores de las amenazas que actualmente se ubican entre los siete y los diez días de ocurrido el delito. Y mejorar el procedimiento que va desde la recepción de la llamada, la evaluación del operador, la notificación a la Justicia y si corresponde o no un proceso de evacuación.
Allí se terminó de decidir que quienes cometen ese delito deberán pagar los gastos. Es decir, que además de la sanción penal, los responsables de las llamadas intimidatorias paguen los costos de los operativos. ¿Cómo? A través del mismo proceso penal que se le inicia a los delincuentes. El organismo de seguridad correspondiente le envía al juez un detalle con el costo del operativo anti-explosivos en cada caso. Y el magistrado, luego de comprobar el delito y condenar al autor, lo obliga a remunerar.
Así como en los juicios penales, quien lo pierde debe pagar las “costas”, los gastos del abogado contrario y las tasas judiciales, ahora se deberán pagar los gastos que tuvo el Estado por una falsa amenaza de bomba.
El esquema surge del Caso Samid. Al empresario de la carne que huyó a Belice para eludir la Justicia, lo fue a buscar una delegación de la Policía Federal que lo regresó al país. Por ese operativo el Ministerio de Seguridad le reclamó a Alberto Samid, vía juez, unos 367 mil pesos en concepto de pasajes y viáticos. Algo similar ocurrirá con las amenazas de bomba.
“Hay que dejar en claro que este tipo de casos no son, por ejemplo, actos de inseguridad, sino que la fuerza tiene que disponer de un operativo por una falsa alarma. Es decir, el responsable está generando un costo social a gente que pierde el presentismo. Y encima a través del Estado se paga un operativo que nunca tendría que haber hecho, porque las fuerzas de seguridad tendrían que estar combatiendo la delincuencia, no corriendo detrás de falsas alarmas”, dijo a Clarín el jefe de gabinete de Seguridad, Gerardo Milman.
En la mayoría de los hechos ocurridos en los últimos meses, los autores fueron detenidos. Por ejemplo, un menor que fue el responsable de los llamados de amenazas de bomba en la Casa Rosada, el Ministerio de Seguridad, el Anexo de Diputados y el Congreso.
En un escrito al juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, al que tuvo acceso Clarín, la cartera de Seguridad detalla los gastos en una causa en la que se detuvo en Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense, al presunto autor.
Al detenido se lo acusa de haber efectuado dos llamados de amenazas de bomba en las estaciones del tren Sarmiento, el 5 y 16 de abril pasado, utilizando su teléfono celular sin chip y provocando la paralización del servicio. La investigación y detención posterior comprendió 20 días de trabajo, de 8 horas diarias de dos subcomisarios, un principal, un ayudante, ocho agentes y un cabo. Más tres vehículos, dos resmas de papel, impresiones y 50 minutos de llamados. De comprobarse su responsabilidad, además de la pena que le comprenda según la ley, debería pagar $ 433.578.
Lo mismo ocurre en otras dos causas, esta vez a cargo del juez Julián Ercolini. En la primera se trata de amenazas de bomba en la estación de trenes Constitución, por las que fue detenido un menor de 16 años. En ese caso, a los responsables del menor –padres, parientes o tutores-, la División de Investigación de Amenazas e Intimidaciones Públicas de la Policía federal le reclama el pago de $114.774 y la Superintendencia Federal de Bomberos, $19.023,40.
En una segunda causa por llamados intimidatorios hacia las terminales de los ferrocarriles de Retiro y Once, que derivó en un único detenido por ambos delitos, el área de investigaciones exige el pago de $13.871 y bomberos, de $13.015,20.
Todas las requisitorias de gastos son acompañados por comprobantes originales.
“El que las hace las paga”, suele parafrasear Patricia Bullrich.
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