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martes, 13 de noviembre de 2018

Las fuerzas de seguridad y Defensa también recibirán el bono de $ 5.000 y un 10% de aumento

Resultado de imagen para Las fuerzas de seguridad y Defensa también recibirán el bono de $ 5.000 y un 10% de aumentoPor MARTÍN BRAVO (Clarin.com) - Están incluidas la Policía Federal, PSA, Gendarmería y Prefectura. También los militares. En total son más de 190.000 efectivos. El monto extra lo cobrarán con el aguinaldo. 

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Foto: Luciano Thieberger.

Por cuerda separada de un sector de los estatales, el Gobierno decidió este mediodía otorgar la misma recomposición salarial para los agentes de las fuerzas federales de Seguridad y de Defensa. La medida incluye una suma fija de $5.000 por única vez con el aguinaldo de diciembre y un aumento del 5% en enero y otro 5% en febrero. Así lo confirmaron a Clarín fuentes de los ministerios conducidos por Patricia Bullrich y Oscar Aguad.

De un total de 752.650 integrantes del sector público, en un primer momento la decisión del Gobierno era incluir en la recomposición a unos 200 mil de la Administración Pública y los organismos descentralizados. De la negociación entre Andrés Ibarra -vicejefe de Gabinete- y Andrés Rodríguez -titular de UPCN-, cerrada en una reunión este mediodía, entraron 140.000 trabajadores porque PAMI, INCAA, ANSeS y otros organismos tendrán una negociación aparte y también quedaron afuera cargos políticos. Esa tanda tampoco abarcó agentes de seguridad, Fuerzas Armadas, universitarios docentes y no docentes, empleados del Poder Judicial y del Congreso.

En los ministerios de Seguridad y Defensa pidieron contemplar la situación de las cuatro fuerzas (Policía Federal, PSA, Gendarmería y Prefectura) y los miembros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y luego de un análisis con la cartera de Hacienda este mediodía llegó el visto bueno de Jefatura de Gabinete para avanzar. Aun en los mismos términos que el resto la recomposición será por separado, según fuentes de la Casa Rosada “porque tienen regímenes diferentes”. En las próximas horas será oficializada la medida que beneficiará, entre Defensa y Seguridad, a otros 190 mil empleados del sector público.

miércoles, 1 de agosto de 2018

Paro docente: el Gobierno multa con casi $ 660 millones al gremio de Baradel

(Clarin.com) - Trabajo le aplicó una sanción a Suteba por parar este lunes y martes. Según el sindicalista, no violaron la conciliación obligatoria. 

Roberto Baradel en la marcha federal de docentes, en mayo (Juan Manuel Foglia)

El Gobierno bonaerense anunció que le aplicará una multa de casi $ 660 millones a Suteba, el gremio docente que comanda Roberto Baradel, por violar la conciliación obligatoria. El ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, confirmó lo que ya había anticipado Clarín: que le iban a aplicar al gremio una multa de al menos 600 millones de pesos por no respetar la conciliación. Finalmente, el monto fue mayor: 659,7 millones.

La semana pasada, el frente docente bonaerense anunció un paro de 72 horas entre este lunes y miércoles. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y FEB, Udocba, UDA, Amet y Sadop la acataron. Pero Suteba no, y paró lunes y martes en adhesión al paro nacional de Ctera, al que también adhirieron en Capital el gremio mayoritario UTE y Ademys.

Según aseguró el lunes Baradel en una conferencia de prensa, su gremio no violó la conciliación obligatoria porque el paro no fue convocado por Suteba, sino por Ctera, y esa medida de fuerza "no fue objetada" por las autoridades. El martes, ante la posibilidad de la multa que ahora se concreta, el dirigente gremial dijo que eso "lo hacen las dictaduras o los gobiernos autoritarios" y que la sanción es "un apriete, una extorsión".

La visión de las autoridades bonaerenses es muy diferente. "Está considerado una falta grave no acatar una conciliación obligatoria", afirmó este miércoles Villegas en declaraciones a los medios. Según el funcionario, "Baradel utiliza a Ctera para eludir su responsabilidad". "Pretendiendo utilizar el ardid de zafar la responsabilidad que les compete como organización gremial en la provincia de Buenos Aires y utilizando la figura de Ctera, el gremio Suteba cumplió dos días de paro", amplió.

El ministro puntualizó que la multa será de $ 659,7 millones, "la que corresponde según la ley vigente” y porque el gremio es reincidente: el año pasado tampoco había acatado una conciliación obligatoria. Para llegar al monto de la sanción se calculó el salario mínimo vital y móvil multiplicado por la cantidad de afiliados de Suteba y se contempló esa reincidencia. 

"La sanción tiene escalas determinadas por ley. Como base se utiliza el salario mínimo vital y móvil. Hay un rango entre el 50% de ese monto y hasta el 2.000%. En ese caso, atentos a que hay una reincidencia de Suteba y una pretendida maniobra para zafar, vamos a aplicar una multa agravada", había explicado Villegas. El cruce por si el gremio violó o no la conciliación podría dirimirse en la Justicia

Cuando la multa "se haga efectiva, por decisión de la Gobernadora", dijo Villegas, el dinero se destinará "a la construcción de jardines de infantes en la Provincia”. También, al comparar este caso con la sanción aplicada al sindicato de Camioneros por violar una conciliación obligatoria, aclaró que las multas "se aplican sobre los fondos de los sindicatos, y no sobre los fondos de sus obras sociales. La pagan los gremios, no los trabajadores".

Fuentes de la Gobernación admitieron a Clarín que la sanción que le habían aplicado el año pasado a Suteba no se efectivizó. "Decidimos aplicar un apercibimiento que está en proceso de notificación. Y para este año ese antecedente es el agravante para Suteba. Se apostó a construir una relación positiva, pero ha sido infructuoso", aseguraron los voceros.

jueves, 22 de marzo de 2018

Reclaman la reactivación de la planta de agua pesada en Neuquén

(Noticias del Valle) - Trabajadores de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) de Neuquén reclamaron hoy con una panfleteada a la vera de la ruta 22, en el puente de Arroyito, por la reactivación de la producción y el pago de los haberes adeudados de febrero.
Resultado de imagen para reactivación de la planta de agua pesada en Neuquén
“Hoy nosotros estamos con medidas de fuerza, no sólo por la falta de pago de los haberes de febrero, sino más que nada estamos exigiendo y queremos el arranque de la planta”, expresó en diálogo con Télam Juan Henríquez, delegado de unos 500 trabajadores de la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI), que desarrollan sus tareas en la PIAP.

Henríquez explicó que “tenemos la planta parada desde el mes de julio del año pasado, cuando el gobierno nacional decidió suspender la producción de agua pesada por falta de presupuesto”.

“Desde la ENSI nos dicen que la reactivación depende del gobierno nacional y nosotros sabemos que Nación apunta hoy al achicamiento del Estado. Nosotros tememos por eso y por ello estamos en lucha; estamos atentos a cualquier situación que pueda ocurrir”, indicó.

El delegado recordó que “venimos sosteniendo durante años” la producción de agua pesada, y “es por ello que “pensamos implementar el Comité en Defensa de la PIAP para pelear por esta fuente de trabajo, que en realidad es un elemento estratégico para el plan nuclear argentino”.

Con relación al reclamo del pago de los salarios, Henríquez explicó que “se ha trabado un poco por temas burocráticos entre la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda, y entonces la empresa decidió entregar un anticipo de ese sueldo, pero no es la solución”.

Para finalizar, señaló que tienen la esperanza de poder producir 600 toneladas de agua pesada que necesitaría la cuarta central nuclear si se firma a fin de marzo un contrato con los chinos. Además, “necesitaríamos hacer las 300 toneladas que utilizan las diferentes centrales del país para la reposición”, indicó el delegado.

El agua pesada se utiliza como moderador y refrigerante en los reactores nucleares que apelan al uranio natural como combustible; y en la industria química para deuterar otros compuestos en laboratorios y centros de investigación.

martes, 20 de marzo de 2018

Habilitan el pase de 7000 contratados al Estado

Por Santiago Dapelo - La Nación
El Gobierno habilitó el pase de hasta 7000 contratados a la planta permanente de la Administración Pública Nacional para este año. Esto representa el 10% del total de trabajadores bajo esa modalidad.

Pese al ajuste de la estructura del Estado que lleva adelante el Gobierno, cerca del presidente Mauricio Macri defendieron la resolución del jefe de Gabinete, Marcos Peña, que se publicó ayer en el Boletín Oficial.

"No entran 7000 personas a trabajar al Estado, sino que es parte del proceso de normalización de la planta", dijo a LA NACION uno de los hombres que trabajó en la medida administrativa que firmó el ministro coordinador.

Según adelantaron fuentes oficiales, solo podrán acceder al beneficio los trabajadores que tengan más de diez años en el Estado. Por ejemplo, la Presidencia tiene en total 567 personas contratadas, de las cuales 145 podrán pasar a la planta permanente personal del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep). En la Jefatura de Gabinete, sobre un plantel de 511, serán 81 los que podrán cambiar su estatus laboral.

"Con el objeto de profundizar las medidas orientadas a asegurar las convocatorias para la cobertura de los cargos de planta permanente y continuando con el plan de regularización de acceso a la carrera administrativa mediante los correspondientes procesos de selección de personal, resulta necesario el descongelamiento de ciertas vacantes que puedan ser ocupadas en el marco de mejores oportunidades para el desempeño de tareas", dice el texto de la resolución.

Y agrega: "Como consecuencia de lo expuesto se concluye necesario autorizar la cobertura mediante los respectivos procesos de selección de 7000 cargos vacantes correspondientes al ejercicio presupuestario 2018 en el ámbito del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional".

Esto, según dijeron en la Casa Rosada, fue consensuado con Andrés Rodríguez, secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio más numeroso del Estado.

miércoles, 14 de febrero de 2018

Avanzan nuevos acuerdos sectoriales: se suman hoy parte de los ferroviarios

El Tren de la Costa, cuando todavía circulaba y generaba negociosPor  DAVID CAYÓN - Cronista.com
La Unión Ferroviaria acordó reducir los convenios Colectivos, permitir que los trabajadores de una línea pueda pasar a otra y ampliar actividades por escalafón

Foto: El Tren de la Costa, cuando todavía circulaba y generaba negocios

El Gobierno se prepara para seguir avanzando en la reforma laboral y con una CGT convulsionada y con poco apoyo legislativo, vuelve a los acuerdos sectoriales.

A las once de la mañana y con la presencia de los ministros de Trabajo Jorge Triaca, Transporte, Guillermo Dietrich y Modernización, Andrés Ibarra, junto a Marcelo Orfila, presidente de Trenes Argentinos Operaciones la operadora ferroviaria sociedad del Estado y de Sergio Sasia por Unión Ferroviaria, el Ejecutivo sumará a los trabajadores de los ferrocarriles de cercanía en el grupo de aquellos que acordaron modificaciones en sus contratos de trabajo.

Bajo el nombre de "Nuevo Convenio Colectivo de Trabajo", la UF reducirá de 10 a dos los convenios del sector y seguirá un camino similar al de los petroleros de Vaca Muerta, en donde se modifica el convenio sólo para una parte de la actividad, ya que sólo aplica para las líneas Roca, San Martín, Sarmiento, Belgrano Sur, Mitre y el Tren de la Costa.

"La intención es avanzar con los otros gremios La Fraternidad, Señaleros y Personal Superior", explicaron desde el Gobierno, pero reconocieron que "no hay ninguna conversión".

Según explicaron a El Cronista en Transporte, el acuerdo permitirá a los trabajadores pasar de trabajar en una línea a otro, ya que tendrán todos el mismo convenio, algo que hasta ahora no estaba permitido. Además, se pasará de las 323 funciones que contemplan esos seis convenios a solo 103. "A partir de ahora cada trabajador contará con más herramientas para cumplir las funciones", explicaron en la empresa estatal de trenes.

Desde la oposición a Sasia señalan que esto es una flexibilización encubierta porque ahora amplia la base de los trabajos que tiene cada categoría.

Consultado por El Cronista, el sindicalista reivindicó el acuerdo como "un nuevo paso para concretar el objetivo de comenzar a unificar los convenios luego de la Ley de Reforma del Estado de los 90. El objetivo a dos años de la UF es lograr unificar tanto pasajeros del Estado y Concesionarios como Cargas para tener un convenio de actividad como fue allá en el tiempo".

El acuerdo crea la categoría inicial de aprendiz; por la cual todo nuevo aspirante tendrá un período de capacitación de 12 meses y entrenamiento".

Según los datos del Gobierno, este nuevo convenio colectivo abarca a casi el 75% de los trabajadores ferroviarios alrededor de 30.000 personas.

Desde que llegó Cambiemos a la Casa Rosada el servicio ferroviario tomó mayor preponderancia. Un ejemplo de esto es el Plan Belgrano que, aunque suma pocos éxitos desde el punto de vista del transporte, es una de las banderas del Ejecutivo para bajar los costos del transporte de mercaderías.
La contracara de esto es el cierre de Ferrobaires en la provincia de Buenos Aires.

En el caso de este acuerdo, es de vital importancia teniendo en cuenta que tendrá efecto sobre los trenes de cercanía en momentos en donde la gran apuesta de infraestructura de las administraciones Pro de provincia y Ciudad de Buenos Aires es el sistema que va a conectar las líneas de trenes de norte a sur red de Expresos Regionales.

sábado, 27 de enero de 2018

El Gobierno dará de baja unos 28 mil planes de empleo que reciben los piqueteros

El Gobierno dará de baja unos 28 mil planes de empleo que reciben los piqueteros Por Marcela Pagano (Clarin.com) - Son casi el 10% de los que maneja el Ministerio de Trabajo. El jueves recortarán los primeros 5 mil, la mayoría en San Juan.  Detectaron que no cumplían con las contraprestaciones.

Acampe de piqueteros en la Avenida 9 de Julio, en diciembre pasado. Foto: Jorge Sánchez

El Gobierno recortará unos 28 mil programas de empleo durante el verano. Tras enfrentar un diciembre "caliente" en la relación con las organizaciones sociales, el ministerio de Trabajo dará de baja 5.537 planes de asistencia el jueves. En febrero se sumarán otras 8.000 bajas. Según fuentes oficiales, son sólo los casos de beneficiarios que no pudieron demostrar una contraprestación durante 2017 para mantener el beneficio.

En total hay unos 283 mil programas de empleo bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, que maneja Jorge Triaca. La revisión es nacional y la provincia más perjudicada será San Juan (que tendrá una baja de 13 mil planes) y en menor medida Jujuy. Además, la cartera laboral está ultimando detalles del lanzamiento de Trabajo en Red, una plataforma digital que agrupará a todos aquellos que cobran programas asistenciales donde los beneficiarios deberán cargar su currículum y tendrán la obligación de asistir a entrevistas laborales.

Tras el ajuste y la austeridad que pidió el presidente Mauricio Macri en noviembre a los ministros, llegó un recorte presupuestario a los ministerios. El recorte alcanzó a la cartera de trabajo y por eso Triaca ordenó un análisis de los programas de empleo que están bajo su órbita. De la revisión, los técnicos de Trabajo encontraron falta de documentación que acredite la contraprestación que en muchos casos se solicita para justificar la asistencia.

Las irregularidades se concentraron en los planes Entrenamientos para el trabajo, una asistencia que se ofrece para quienes buscan insertarse en el mercado laboral capacitándose. En total son 80.000 programas de este tipo que tenía hasta ayer el ministerio de Trabajo y que se entregan a través de organizaciones sociales como Barrios de Pie o el Polo Obrero. Según fuentes oficiales, unos 28.000 no pudieron demostrar que están entrenándose o tomando cursos que luego les permita el ingreso a un empleo y se darán de baja durante el verano. El recorte representa el 35% del total de estos programas.

El jueves se instrumentarán las primeras bajas. Será cuando 5.537 beneficiarios no reciba los $ 1.800 pesos por mes que les aseguró hasta ahora el programa. A su vez, para este plan en la cartera de trabajo pusieron un plazo límite de duración que desde este año será de 6 meses. Actualmente el plazo podía ascender a 12 meses. Estos planes irregulares se concentraban especialmente en la provincia de San Juan, por eso ayer el gobernador José Luis Gioja salió a quejarse por la medida oficial. Advirtió sobre "una crisis de proporciones" en la provincia si se dan de baja los 13.000 planes previstos.

"Muchos de los planes recortados venían de la anterior gestión y al analizar los casos, se trataba de personas que argumentaban estar años capacitándose pero nunca declaraban tener un empleo", explican en Trabajo.

Pero el recorte abarcará a todos los planes que hoy presentan tanto el ministerio de Trabajo como el de desarrollo, ya que se están empleado cruces de patrimonio y situación de vulnerabilidad. "Una persona que cobra un plan de desempleo no puede tener un auto a su nombre", sostienen en el Gobierno.

A su vez, el ministerio de Trabajo empezará a trasladar a Desarrollo Social parte de los 43 mil planes Transición hacia el salario complementario que hoy controla. Esos planes son hijos de la ley de Emergencia Social que se reglamentó en marzo del año pasado y que establecía que tanto el ministerio de Trabajo como Desarrollo Social debían volcar unos $ 10 mil millones por año a las economías populares.

Cada beneficiario recibe hoy unos $ 4.300 para que, junto a sus ingresos, pueda alcanzar el salario mínimo vital y móvil. Unos 18.981 planes pasarán a la órbita de Carolina Stanley, quien también cuenta en su cartera con un programa similar. "La idea es transformar al ministerio de Trabajo en una cartera que tienda un puente entre los desempleados y el empleo, con capacitaciones, pasantías, agencias de empleo, etc. El asistencialismo quedará sólo en manos de Desarrollo Social", aseguran en el Gobierno.

El ministerio de Desarrollo Social cuenta con 500.000 planes de Empleo y también deberá enfrentar el recorte presupuestario, dado que el monto para la asistencia por al ley de Emergencia Social quedó congelado en el presupuesto 2017 y no se actualizará en función de la inflación prevista para este año.

En marzo, Triaca planea lanzar la plataforma online Trabajo en Red, donde los beneficiarios de planes de empleo deberán cargar su CV y a la vez las empresas podrán publicar avisos de búsqueda laboral. Quienes reciban un plan, en el futuro deberán demostrar que aplicaron para algún trabajo ofrecido en el portal oficial. "En la revisión nos encontramos con que el 70% de los beneficiarios no había presentado su CV". Para lograr la exigencia, los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social capacitarán a los interesados en comedores, talleres y organizaciones sociales, donde se les brindarán, aseguran, las computadoras.

viernes, 1 de diciembre de 2017

El Gobierno dará de baja 450 gremios si no regularizan su situación en 60 días

Triaca se reunió ayer con Sergio Romero, secretario general de UDAPor Nicolás Balinotti - LA NACION
Apuntan a organizaciones poco representativas y sin actividad; les quitan competencia a los sindicatos más grandes

Triaca se reunió ayer con Sergio Romero, secretario general de UDA. Foto: Prensa UDA

El Gobierno dará a conocer entre hoy y el lunes una resolución para que unos 450 sindicatos regularicen su situación en un plazo perentorio de 60 días o, de lo contrario, serán excluidos del registro de asociaciones sindicales. Es parte de uno de los puntos del paquete de reformas laborales que se negoció con la CGT.

Desde mucho antes de llegar a la Casa Rosada, a Mauricio Macri lo preocupa la alta tasa de sindicalización que existe hoy en la Argentina, que es del 37 por ciento, aproximadamente. El Presidente le ordenó al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, avanzar en la depuración del padrón gremial, que cuenta con 3263 organizaciones: 1640 con personería gremial y 1623 con simple inscripción. "Hay muchos gremios que son un sello de goma y que no tienen actividad desde hace muchísimos años", justificó la jugada un jerárquico de la cartera laboral.

Triaca obtuvo el aval de la cúpula de la CGT para avanzar en esta maniobra. En el Gobierno toman la medida como una señal de respaldo al sindicalismo clásico, que se vio amenazado últimamente por el resurgimiento de la izquierda y hasta por algunos fallos judiciales que pusieron fin a los privilegios de los gremios con personería y equipararon derechos con los meramente inscriptos. De hecho, dos de los 450 sindicatos apuntados serían el Sitraic, un gremio alternativo de la construcción con influencia focalizada en el sur del conurbano, y uno de conductores de colectivos. Nada es casual: ambos rivalizan con dos gremios poderosos de la CGT que el Gobierno considera aliados: la Uocra, de Gerardo Martínez, y la UTA, de Roberto Fernández.

Como una reacción a esta avanzada oficial, gremios de la CTA Autónoma y de la corriente sindical clasista, vinculados a la izquierda, avanzan en una estrategia común para denunciar al Ministerio de Trabajo por intromisión en la vida interna de los organismos. Hoy habrá un encuentro en el que se designaría al abogado Horacio Meguira como uno de los redactores de la denuncia que se llevará antes del fin de año a la sede de la Organización Internacional del Trabajo.

"El Estado no puede interferir en la vida interna de los gremios y eso es lo que plantearemos. Siempre hubo momentos de intervención, pero ahora estamos ante un ministerio que intenta la desindicalización, quiere destruir a los gremios", planteó Meguira, asesor legal de la CTA. En la denuncia hay de todo un poco: desde gremios intervenidos por orden judicial hasta otros que exigen ser reconocidos o que se avale su proceso electoral.

Un trabajo del Observatorio del Derecho Social de la CTA enumeró un listado con los tipos de injerencia que hubo del Ministerio de Trabajo: falta de otorgamiento de certificación de autoridades; falta de aprobación u observación de estatutos; demora en la homologación de acuerdos colectivos; intervención del sindicato o intervención velada; denuncia penal contra dirigentes y delegados; injerencia en el financiamiento de los sindicatos; desconocimiento de órdenes judiciales; injerencia en el resultado electoral; negativa a reconocer o inscribir un sindicato; inspecciones reiteradas; doble imposición de la conciliación obligatoria; multa económica por incumplimiento de orden administrativa; intimación a cumplir una orden administrativa, y suspensión de elecciones.

Desde que Triaca asumió en Trabajo, son ocho los sindicatos en los que el Gobierno intervino con aval judicial. El caso más conocido es el del SOMU y el más reciente, el de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos.

martes, 28 de noviembre de 2017

Fuerte ajuste en la planta estatal: el Gobierno recortaría el 18% de los puestos (II)

Fuerte ajuste en la planta estatal: el Gobierno recortaría el 18% de los puestosPor Marcela Pagano  - Clarin.com
Es parte del plan oficial para bajar el gasto público. Intimará a los que puedan jubilarse y limitarán los contratos.

El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, asiste a la inauguración de la Conferencia Mundial de Desarrollo de Telecomunicaciones, en octubre. Foto: EFE

El Gobierno planea recortar el 18% de la planta estatal, es decir unos 35.000 puestos. Así lo confirmaron a este diario fuentes de tres ministerios distintos. El achique se concentrará en ministerios y organismos descentralizados. El Ministerio de Modernización ya envió una planilla a cada dependencia con un examen exhaustivo de cuánto personal es deseable que ocupe cada área.

El denominado "Informe de dotación óptima" solicita a los responsables de cada dependencia del Estado que se ajusten a los números planteados eligiendo qué trabajadores prefieren conservar. Según el relevamiento oficial, al que accedió este diario, para el Gobierno hay 19.119 trabajadores "de más" en los organismos relevados hasta ahora..

¿Cómo se alcanzaría el objetivo de dotación "indicativa"? Modernización planteó un esquema denominado "de adecuación". El mismo consiste en intimar a jubilarse a todo trabajador en condiciones de hacerlo, cortar contratos a aquellos que hayan tenido ausencias reiteradas injustificadas en sus puestos de trabajo y la no renovación de contratos que culminan a finales de diciembre de aquellos que integran las áreas "superpobladas".

A nivel nacional, el Estado cuenta con 193 mil trabajadores. En diciembre culminan contratos para 80.000 empleados (65.000 con contratos directos, el resto con convenios con Universidades).

En Modernización niegan una reducción masiva de personal, pero hasta los gremios estatales fueron notificados por los propios empleados y preparan una ofensiva. ATE podría llamar a un paro para el 6 de diciembre.

En la cartera que comanda Andrés Ibarra aseguran que el recorte alcanzará por el momento a coordinadores, directores, subsecretarios, secretarios y hasta ministros. Se trata de 680 cargos que tienen salarios de entre $ 50.000 hasta los $ 200.000.

Con el recorte del 18% de la planta total se busca un ahorro fiscal cercano al 0,3% del PBI. "Es un mensaje de austeridad, en momentos en los que el Gobierno está pidiendo a todos los sectores que hagan un esfuerzo", sostienen en Balcarce 50.

El septiembre pasado, muchas dependencias del Estado recibieron un informe de Modernización donde se les avisaba que esa cartera había escaneado cada área y encontró mayor personal que el necesario.

De esta manera, solicitaron a los responsables de cada ministerio y organismo descentralizado que ajusten su plantilla al organigrama deseado para cada área.

Bajo la lupa se encuentran los ministerios de Relaciones Exteriores, Agroindustria, Hacienda, Finanzas, Educación, Trabajo, Transporte, Desarrollo Social y organismos como el INTA, ENACOM, CONEA, Enre, INCAA, Energas, UIF, INAES, la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil, el Organismo Regulador de Seguridad de Presas, Fabricaciones Militares y ANSeS, entre otras dependencias. En el caso de los organismos públicos que cuenten con atención al público, se sugirió recortar puestos de trabajo mediante la utilización de la ventanilla única electrónica. es el caso de la ANSeS y el PAMI, que cuentan con más de 30 mil empleados.

"Ya analizamos más de 1.000 reparticiones entre direcciones, subsecretarías, etc. Analizamos las metas y objetivos de cada sector para determinar el personal necesario en cada área", sostienen fuentes del Ministerio de Modernización. En ese relevamiento se detectaron áreas duplicadas en subsecretarías y direcciones, producto de la partición del antiguo Ministerio de Economía y la creación de cinco nuevos ministerios. "Tal vez no haya necesidad de despedir a toda la gente, quizás se puedan reasignar en otras áreas", justifican en Modernización.

Otra forma de recorte que se busca es la conclusión de los convenios con universidades. Especialmente esos contratos se registran en el Ministerio de Salud donde hay más de 600 jóvenes médicos comunitarios, y de especializaciones como salud mental, que prestan servicios al Estado mediante esos convenios.

jueves, 26 de octubre de 2017

Faltan enfermeros en todo el país y lanzan un plan para promover la carrera

Faltan enfermeros en todo el país y lanzan un plan para promover la carreraPor José María Costa y Tomás Marcó del Pont - LA NACION
Según datos oficiales, no se alcanza el mínimo recomendado por la Organización Panamericana de la Salud

La falta de personal formado en enfermería generó señales de alerta en la Argentina, ya que en la actualidad son muchos menos que los necesarios. Si bien la disminución de los enfermeros y enfermeras ocurre a nivel global, la situación en el país fue destacada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que indicó que en la Argentina sólo hay 3,8 cada 10 mil habitantes, cuando el número mínimo debería superar los 4 cada 10.000.

Para graficar el problema, basta con comparar con otros países. Por ejemplo: en España están preocupados porque consideran que tienen un número muy bajo y tienen 40 enfermeros cada 10 mil habitantes. El país que mejor posicionado está es Finlandia, con una tasa de 150; en el caso de Cuba son 80.

Según datos oficiales del Sistema de Información Sanitario Argentino, en la actualidad son 179.175 las personas matriculadas en el campo de la enfermería. De ese total, 19.729 (11,01 %) son licenciados, que es el grado mayor de formación; los técnicos ascienden a 73.373 (40,95 %); y los auxiliares son 86.073 (48,04 %), quienes tienen la menor formación, ya que cursan carreras de tan solo un año. Ante esta situación, el Gobierno lanzó un programa para intentar solucionar el problema.

"En la actualidad, para estar bien se necesitarían unos 100 mil enfermeros más. Para tener una relación de 6 o 7 cada 10 mil pacientes", dijo a LA NACION Pablo Bogado, Secretario general nacional del Sindicato de Trabajadores de Enfermería (Sitre).

Una carrera que tiene mucho de vocación

"Empecé como auxiliar de enfermería allá por el año 2005, hace poco más de 12 años. Hoy soy enfermera, aún no soy Licenciada y me especialicé en adulto mayor y salud mental", contó a LA NACIÓN Ana,quien que recordó que eligió la carrera por la insistencia de la mamá de una amiga.

"Cuando ingresé me di cuenta, durante las primeras prácticas, que era algo maravilloso. El contacto con el paciente y la posibilidad de poder ayudar a otro y acompañarlo en los momentos más duros de la vida es algo que no se puede explicar con palabras", resumió la mujer de 35 años que trabaja en un hospital público en el conurbano bonaerense.

Lo más difícil de ser enfermero

Sobre cuál es el mayor desafío de su profesión, dijo: "Lo más difícil es mirar a la familia cuando pierden a un ser querido, o cuando no hay insumos, es algo que me resulta difícil".

"La gran mayoría de los nuevos alumnos, cerca del 80%, son hijos o tienen algún familiar que fue o es enfermero. Se va transmitiendo el amor por la profesión de generación en generación. Son pocos los que eligen la enfermería sin haber estado relacionado con alguien", dijo el titular de Sitre, y concluyó: "El enfermero le puede salvar la vida a una persona y, muchas veces, no toma conciencia de eso. Cuando la sociedad entienda que los enfermeros realizan el 80% de la atención directa e indirecta y no nos mire solo como los «alcanza chatas», la situación cambiará".

Adriana trabaja como enfermera hace 30 años y también se decidió por esa profesión por un familiar. "Mi madre fue enfermera en la ciudad de Salta. Yo trabajé 15 años en la Marina y después otros tantos en una clínica privada", contó a LA NACION.

"Elegí esta carrera porque me gusta toda la parte humanitaria, poder ayudar al otro, y ahora estoy colaborando con el Sitre para lograr tener una Enfermería reconocida, tanto a nivel económico como personal. Es una carrera muy noble y te podés capacitar siempre", indicó.

Buscan un cambio

Leandro Goroyesky es el director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica y es quien coordina el Programa Nacional de Formación de Enfermería (Pronafe), que se lanzó para intentar revertir la crisis. En diálogo con LA NACION, explicó el problema que genera la escasez de enfermeros en la Argentina y la falta de incentivos para permanecer y profesionalizarse.

"La cantidad de enfermeros en relación con los médicos en la Argentina es muy baja. Estamos en un promedio de 0,58. Deberíamos duplicar la cantidad de enfermeros", remarcó para explicar que, en la actualidad, el número de médicos es casi el doble.

"El Pronafe busca aumentar la cantidad y calidad de egresados de la carrera de enfermería en las instituciones de educación superior. Continuando con la inercia actual, en cinco años se estarían egresando 50 mil enfermeros. Nosotros apuntamos a duplicar y tener 50 mil más", dijo el funcionario.

A pesar de que es una de las carreras más estudiadas -entre las mujeres fue la segunda más elegida en 2014 y 2015-, tiene un problema puntual que depende directamente de la demanda de los hospitales y distintos centros de salud.

"Estamos tratando de reconvertir la carrera de enfermería. Más del 50% de las instituciones la dictaban con la modalidad de que en el primer año le daban una certificación de auxiliar de enfermería y los estudiantes dejaban la carrera y con el diploma se iban a trabajar", explicó.
Los elementos que incluyen los kit que se entregarán a los institutos y universidades para formar enfermeros
Los elementos que incluyen los kit que se entregarán a los institutos y universidades para formar enfermeros. 

Desde Sitre explicaron que el motivo de no continuar con la formación está más relacionado a los costos que a una falta de interés.

"La búsqueda de la profesionalización que se lanzó a través del Pronafe es excelente. Lo malo y triste es que, en la mayoría de los casos, no es gratuito. Se hacen en escuelas superiores y universidades donde tienen que pagar entre 1800 y 2500 pesos por mes. Entonces, un tipo que gana 15 mil pesos debe destinar más del 10% para su formación", graficó Bogado, y agregó: "Pero lo más complicado es que más del 70% de los enfermeros en la actualidad tienen dos trabajos con jornadas que van entre las 8 y las 12 horas. Esas personas necesitan dormir y tienen una familia. ¿En qué momento van a poder capacitarse?".

Incentivar la formación

En la Argentina, la carrera se puede hacer en 53 universidades y 250 escuelas técnicas con casi 30.000 nuevos inscriptos por año y un total aproximado de 107.000 estudiantes cursando la carrera entre universidades y escuelas técnicas.

"No queremos cerrar instituciones sino reconvertir la educación y suprimir paulatinamente el enfermero auxiliar y que sean todos técnicos (tres años). Además, con el Pronafe los técnicos pueden seguir estudiando para lograr la licenciatura en una universidad sin tener que cursar toda la carrera", explicó Goroyesky, y detalló que con el objetivo de incentivar la graduación de enfermeros, el programa invirtió más de 100 millones de pesos fortaleciendo estructuras edilicias, dotación de equipamiento para instituciones y estudiantes y ampliación de centros de simulación. Además, apuntan a mejorar la formación y capacitación docente y brindan becas estudiantiles para que puedan afrontar los tres años de carrera.

"No hay un terreno amigable para que el enfermero que tiene dos trabajos se siga formando. Además, cerca del 60% de los que necesitan mayor formación ya tienen 45 años o más. Son padres, abuelos y sostenes de familia por lo que necesitan el dinero", contrapuso Bogado.
Los elementos que incluyen los kit que se entregarán a los institutos y universidades para formar enfermeros
Los elementos que incluyen los kit que se entregarán a los institutos y universidades para formar enfermeros.

La voz universitaria

LA NACION se comunicó con Miguel Schiavone, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica Argentina, quien explicó las razones por las cuales muchos estudiantes de enfermería dejan la facultad.

"Las razones son múltiples. La más importante creo que es la falta de vocación. La enfermería es el arte de cuidar. Implica una actitud de entrega y compromiso hacia el prójimo. No es fácil estar al lado del dolor y sufrimiento humano", indicó.

"La retribución salarial no es acorde al esfuerzo que implica la tarea de un enfermero. Muchas veces están más tiempo al lado del paciente que el médico. Además, la sociedad valora poco este esfuerzo y eso desmotiva", agregó.

Dentro de las 125 instituciones que dictan tanto tecnicaturas como licenciaturas de Enfermería, tan solo 25 ofrecen la oportunidad de ser licenciado. Schiavone resaltó que la falta de personal en los distintos hospitales y centros de salud hace que muchos estudiantes prefieran estudiar menos y trabajar apenas tengan un certificado.

"En general ya no es como antes. La gente busca cursos cortos, inserción laboral rápida. El 40% de los estudiantes que comienzan la licenciatura ingresa a trabajar, el mercado laboral los absorbe y abandonan la carrera. Esto genera que la gente no se capacita, hace falta profesionalización del personal", relató.

Los números avalan los problemas que cuenta el decano de la UCA. Mientras que en 2015 ingresaron 72 mil personas a estudiar Enfermería, tan solo 6427 se egresaron en el mismo período. Es decir, menos del 10% de los que comenzaron.

En la universidad de Puerto Madero se dicta el Ciclo de Articulación, que facilita a los estudiantes que son técnicos, obtener la licenciatura. Tienen un acuerdo con la Escuela de Enfermería del Hospital Británico, la institución educativa en enfermería más antigua del país, que dicta de manera gratuita el ciclo de pregrado, donde otorgan el título oficial de Enfermero Universitario.

La beca, una de las salidas

Según información brindada a LA NACION por el Ministerio de Educación, hay tres tipos de becas: la de primer año otorga $ 18.000, las de segundo, $30.000 y las de tercer año, $ 40.000, todas anuales. Al 30 de agosto de 2017, hay 3095 estudiantes de Técnico Superior de Enfermería con su beca aprobada y 2341 estudiantes de Enfermería Universitaria con el mismo beneficio.

"La accesibilidad para la formación es clave. Si bien hay programas y tecnicaturas que son gratuitas, cerca del 70% de los que estudian lo hacen en instituciones privadas donde deben pagar una cuota. Somos una paradoja en la economía, un recurso escaso y crítico como el nuestro, a la hora de recibir un salario va desde los 7500 y los 30.000 pesos; dependiendo la zona del país", se quejó Bogado.

Sobre este punto, Goroyesky opinó: "Es un debate que hay que dar con el Estado y las empresas privadas, que son los principales empleadores. Estamos tratando de decirles que no tomen más auxiliares. Queremos que ellos terminen sus estudios de enfermería. Para esta carrera se necesitan más años, no es lo mismo un programador que en un enfermero, es una carrera particular".

"Por eso queremos dar becas para que los chicos puedan continuar los estudios con los insumos. Les damos las mochilas con 19 elementos necesarios para que puedan estudiar, montamos los 144 centro de simulación (con muñecos) en las escuelas de enfermería para que puedan hacer las prácticas", añadió.

Por su parte, Bogado resaltó: "Hay una situación triste y perversa a la vez. Muchos auxiliares de enfermería cumplen funciones de enfermero y están igual de capacitados por la experiencia cotidiana que adquieren. El problema es que no tienen la matrícula habilitante. Los tienen trabajando como enfermeros, pero les pagan como auxiliares y con ese sueldo no tienen el dinero suficiente para poder seguir formándose y obtener la matrícula".

martes, 10 de octubre de 2017

Suspenden a 167 empleados de una empresa láctea por un bloqueo de los Moyano

La planta de distribución de la firma láctea Cotar, en Villa Tesei, está bloqueada desde el jueves pasadoPor Nicolás Balinotti - LA NACION
Cotar licenció a su personal porque hace cinco días que una de sus plantas está aislada por camioneros; un sindicalista fue denunciado penalmente por amenazas.

La planta de distribución de la firma láctea Cotar, en Villa Tesei, está bloqueada desde el jueves pasado. Foto: Archivo 

La incómoda tregua entre la Casa Rosada y Hugo Moyano comienza a tambalear. A la expectativa de una salida viable para los 7000 camioneros que se desempeñan en la empresa postal privada OCA, a la que el sindicalista considera casi propia, se le suma ahora un conflicto de menor envergadura, aunque no de menos tensión.

Por un reclamo gremial, la planta de distribución de la firma láctea Cotar, en Villa Tesei, está bloqueada desde el jueves pasado y el corte se extendería hoy hasta su sede central, en Rosario. Con la producción de leche frenada, la empresa anunció ayer 167 suspensiones y elevó su enfrentamiento con el sindicato al denunciar penalmente por "amenazas" a un dirigente que forma parte del círculo íntimo de Pablo Moyano.

"Tenemos la planta bloqueada y no nos dejan cargar los camiones. Nos revisan hasta los vehículos particulares. Nos exigen que incorporemos personal que se quedó afuera de SanCor y que contratemos a la empresa de transporte que nos imponen ellos, que es de un tal Pablo Gerardo Muñoz", denunció Claudio Rafaniello, gerente de distribución de Cotar en la provincia de Buenos Aires.

Ya lleva casi seis meses el conflicto entre Cotar y los camioneros. Inicialmente, la pulseada había sido por el encuadre sindical de unos 20 trabajadores que se desempeñan en tareas de logística y que están agrupados bajo el convenio del Sindicato de Empleados de Comercio. Ahora, la situación se agudizó por otros motivos y un gerente de la empresa denunció ayer un gremialista por amenazas.

Cristian Daniel Duarte, gerente de logística de Cotar, denunció en la comisaría 2a de Villa Tesei, en Hurlingham, a Adrián Alfonso, secretario de la rama lácteos del sindicato de camioneros. Aportó como prueba dos audios de WhatsApp a los que accedió LA NACION.

"...¿Qué está pasando ahí con los trabajadores? Solucionemos todo esto rápido ya se está poniendo pesado el ambiente. O solucionamos o paramos todo. Se están pasando de vivos en la oficinita esa de ustedes. No estamos para jugar, quieren pelotudear, bueno, vamos hasta el hueso...", dice supuestamente Alfonso en uno de los audios que fueron incluidos en la denuncia policial y en un acta del Ministerio de Trabajo de la Nación. Las autoridades de Cotar recurrieron primero al ministerio laboral bonaerense, pero se declaró incompetente. Tomó finalmente el caso Marcos Ambruso, integrante del Observatorio de Relaciones Laborales del área que encabeza Jorge Triaca.

Desde Camioneros minimizaron el conflicto y se mostraron desafiantes. Alfonso dijo a LA NACION que no fue notificado de ninguna denuncia y cuestionó a la empresa por "contratar a personal en negro y no cumplir los acuerdos firmados" en la cartera laboral. El gremialista evitó dar más precisiones sobre el conflicto sindical si es que no contaba con la previa autorización de Pablo Moyano o Marcelo Aparicio, los números dos y tres, respectivamente, en el escalafón jerárquico de los camioneros. Verticalismo puro.

Cotar es una empresa láctea que tiene 82 años y cuenta hoy con unos 70 empleados directos, Cuenta con más de 40 distribuidores exclusivos, que son la clave del conflicto con los Moyano. El gremio de camioneros pretende que todos ellos estén bajo la órbita de su gremio. Además, pretende relocalizar a personal que se quedó afuera de SanCor, un gigante de la misma industria por el que todavía se exploran diferentes vías para su rescate.

La tensión entre el Gobierno y Moyano está en ascenso. Por eso, Pablo Moyano desafía con activar un plan de lucha y se muestra cercano al kirchnerismo. Sin embargo, el vínculo quedará sentenciado por lo que suceda con OCA, a la que la AFIP le reclama $ 400 millones por evasión impositiva.

jueves, 28 de septiembre de 2017

Protesta de empleados de Fadea por decenas de despidos

Resultado de imagen para Protesta de empleados de Fadea por decenas de despidosPor Gabriela Origlia - LA NACION
Empleados se manifiestan en la puerta de la fábrica militar de aviones; el sindicato denuncia que habrá 150 telegramas; el ministro Aguad lo desmiente.

El día comenzó con una protesta gremial frente a la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín; los manifestantes sostienen que recibieron 14 telegramas de despidos pero que desde Recursos Humanos de la empresa se le anunciaron que serán 150; 96 en una primera tanda. LA NACION habló con el ministro de Defensa, Oscar Aguad, quien sostuvo que "no hay orden" de cesantías.

También el diario se comunicó con la dirección de Fadea, desde donde indicaron que son "seis despidos por bajo desempeño; algunos con más días de ausencia que de trabajo".

El secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Luis Ortega, señaló que el director de Recursos Humanos de la empresa, Raúl Merino, le comunicó que los despidos se fundamentan en una reestructuración por baja producción y que alcanzarían los 150. "Varios programas de trabajo no se concretaron; se están produciendo chalecos antibalas y vallas pero no otras tareas relacionadas a la aeronáutica", dijo.

En estado de alerta

La seccional Córdoba de APA en un comunicado indica que está "en estado de alerta y tomando las medidas correspondientes ante los numerosos despidos que se sucedieron en los últimos días en la Fábrica Argentina de Aviones". "Luego de hablar con las autoridades de la empresa su respuesta fue que desde Nación se solicitó la reducción obligatoria de la planta de Fadea. Anticipándonos que estos despidos serían los primeros dentro de un plan pensado en varias etapas".

"Estamos estudiando un plan de negocios; se están analizando opciones", admitió Aguad, pero insistió en que no hay orden de despidos masivos.

Déficit

A inicios de este año la conducción de Fadea planteó que proyectaba reducir su déficit a $260 millones, la mitad del de 2016 y menos del 20% de los casi $1500 millones que registró cuando fue administrada por La Cámpora, en 2015. 

Este año la fábrica debe entregar ocho Pampas (cinco remotorizados y tres construidos desde cero) a la Fuerza Aérea, mientras que hará el mantenimiento de cuatro C130 (uno ya se entregó).

Trabajan 1000 personas y, desde que asumió la nueva conducción, hay un plan de retiros voluntarios que ya sumó unas 300 adhesiones.

jueves, 24 de agosto de 2017

Argentina en el podio mundial de los países con más huelgas anuales

(Noticias) - El país encabeza la lista del continente americano: lo siguen Brasil y Chile. El 15,4% de los argentinos dicen participar en protestas.

En lo que va de 2017, Argentina se encuentra nuevamente en el ranking de los países con más protestas anuales dentro del continente americano, lo siguen Brasil y Chile. El primer país que encabeza el podio es Alemania, según datos de la Organización Internacional del Trabajo.

Durante 2015, el último dato disponible, los argentinos realizaron 1.235 protestas, mientras que en Alemania se hicieron 1.618. Las cifran han aumentado respecto del último documento público debido a que las circustancias económicas, sociales y políticas han cambiado en ambos países.

Según el Barómetro de las Américas (única encuesta comparativa que cubre 28 naciones), el 15,4% de los argentinos dicen participar en protestas y esto hace que la cifra sea la más alta de la región.

La Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires, principalmente, son las más afectadas por cortes de tránsito y paro de jornada laboral. Sin embargo, el país en general es atravesado por piquetes de todo tipo.

La lucha por los derechos no es un reclamo nuevo en Argentina. Es por esto que un elemento fundamental para considerar y explicar el puesto del país en cuanto a la cantidad de huelgas es la fuerte presencia de los sindicatos. Por ejemplo, la CGT, las dos CTA y los principales movimientos sociales marcharon ayer en rechazo a una eventual reforma laboral, con un poder de movilización social y una organización tal para manifestarse y hacerse escuchar.

Otra de las protestas más convocantes e influyentes que se agregó en los últimos dos años, y que también hace mantener el puesto dentro del ranking, es el movimiento #NiUnaMenos. Nacido en Argentina en 2015 en las redes sociales, se marcha todos los 3 de junio pero, en este último tiempo debido a más casos de femicidios, la protesta se realizó en diferentes fechas dentro del país.

El factor que tienen en común estas huelgas, sean en Alemania o en Argentina, es la situación económica del momento y el registro de un empeoramiento de las condiciones de vida. Algo que la sociedad no pasa por alto ni en Europa ni en América Latina.

martes, 18 de julio de 2017

El macrismo conserva 9702 contratados que les facturan a universidades

Resultado de imagen para trabajo + UniversidadPor Mariano Obarrio - LA NACION
Son convenios de locación de servicios que hacen los ministerios; cuestan$ 2300 millones anuales.

En medio del debate por la reducción del déficit fiscal, el gobierno de Mauricio Macri conserva 9702 empleados públicos en sus ministerios que les facturan sus haberes a universidades nacionales con la modalidad de "contratos de asistencia técnica". Cuestan al año $ 2300 millones e implican un aumento de la planta, aunque en forma encubierta.

Según pudo saber LA NACION de altos funcionarios del Poder Ejecutivo, hasta el 10 de diciembre de 2015 había 15.887. Por impulso del ministro de Modernización, Andrés Ibarra, se redujeron en un 38,9% y ahora son 9702, pero aún son muchos.

En el sector público nacional, la planta total es ya de 740.600 empleados. Significa apenas un 0,2% menos que al terminar el gobierno de Cristina Kirchner, que tenía 742.000 agentes. El Estado sobredimensionado es el centro del debate por el gasto público, el déficit y la inflación.

Entre diciembre de 2015 y mayo de 2017 hubo 8369 bajas y 2184 altas entre los contratos de asistencia técnica con universidades. Los responsables de esas contrataciones son cada uno de los ministerios en forma independiente. El gobierno de Macri, así, incorporó más de 2000 empleados precarizados, porque cobran honorarios bajo el régimen de monotributo, pero trabajan todos los días y con horarios fijos como si estuvieran en relación de dependencia.

"Revisamos desde el principio todos los convenios con universidades y decidimos continuar sólo aquellos que fueron justificados y dar de baja los otros", aseguró un alto funcionario a LA NACION.

Según diversas fuentes del gabinete nacional, los haberes de estos contratados no son los más elevados de la administración nacional: entre $ 24.000 y 26.000 si tienen título universitario y desde 11.000 si no lo tienen. El Tesoro nacional le transfiere los recursos a las universidades y son ellas, las que les pagan a los empleados monotributistas. En las facturas figura que prestan servicio a una universidad, pero en realidad trabajan en un ministerio.

Si bien ningún organismo dijo tener toda la información centralizada de la masa salarial total, un promedio de los haberes arrojaría que el Estado nacional le transfiere a las universidades nacionales involucradas, para pagar esos sueldos, unos $ 180 millones por mes y $ 2300 millones por año.

Esa partida casi equivale a la erogación por las primarias abiertas (PASO), de $ 2600 millones, aunque éstas se hacen cada dos años y el gobierno de Macri anunció que quiere derogarlas por ser demasiado costosas.

Los ministerios que más usan estos contratos son Desarrollo Social, con 2441 contratos; Energía y Minería, con 1318; el Sistema Federal de Medios (Jefatura de Gabinete), con 864; Salud, con 824; Presidencia de la Nación (Sedronar), con 570; Trabajo, con 505, e Interior, con 350.

Estos siete entes representan el 70,8% (6872) del total de asistencias técnicas. Las demás se encuentran diseminadas en el resto de la administración.

Las universidades nacionales implicadas son, entre otras, las de La Matanza, San Martín, Tres de Febrero, de Rosario, de Lanús, de Córdoba, del Litoral, de Salta, de Cuyo y la UBA, según el relevamiento al que accedió LA NACION.

Con esa modalidad se incorporan empleados públicos encubiertos en los ministerios sin cumplir con la ley de empleo público nacional (25.164): no son planta permanente ni transitoria (funcionarios políticos) ni están bajo la modalidad del artículo 9 de esa ley, que prevé contratos por tiempo determinado (6 meses o un año) para servicios temporarios (aún hay 60.000 contratos que se renuevan todos los años en el Estado).

Para algunos analistas, se usan para aumentar la planta con jóvenes afines al Gobierno que vienen de la actividad privada, pese a que muchas veces esas tareas podrían ser realizadas por personal de carrera existente, según confiaron a LA NACION ex empleados en esa condición.

"No son ñoquis, pero muchos se superponen y hacen lo que podrían hacer los antiguos empleados de planta", dijo un ex supuesto "empleado" de una universidad.

En el gobierno de Macri argumentaron que el gobierno de Cristina Kirchner abusó de esa herramienta para generar empleados sin funciones administrativas, sino político-partidarias, que hacían "caja" para recaudar recursos. "Las asistencias técnicas son una modalidad de contratación transitoria, mediante convenios con universidades, para proyectos específicos de duración limitada", dijo un vocero de un ministerio.

"Este método es eficaz, siempre y cuando sea utilizado para los fines que fue concebido. El gobierno de Macri revisó todos los convenios con universidades y decidimos continuar sólo aquellos que fueron justificados y dar de baja los otros", aseguró esa fuente.

Algunos números de los empleados

9702 Contratos de asistencia técnica - Actualmente se mantienen entre el Estado y varias universidades. En 2015 eran 15.887

$ 24.000 Monto de haberes - El haber mensual se encuentra entre los $ 24.000 y los $ 26.000 si tienen título universitario y ?$ 11.000 si no lo tienen. Se factura a través del monotributo

2184 Contratos se dieron de alta - Entre noviembre de 2015 y mayo de 2017, se dieron de baja 8369 contratos, pero se sumaron 2184. Desarrollo Social es el ministerio que más personal de este tipo tiene (2441)

martes, 11 de julio de 2017

Se reactiva la pelea por el régimen fabril de Tierra del Fuego

Una de las fábricas promocionadas en Río Grande, Tierra del FuegoPor Francisco Jueguen - LA NACION
Los empresarios de la isla quieren cambios en los contratos laborales, pero la UOM los rechaza; el Gobierno no habilita la mesa sectorial y siembra dudas sobre el futuro.

Una de las fábricas promocionadas en Río Grande, Tierra del Fuego. Foto: Archivo 

Con el objetivo de mejorar la competitividad del sector y la productividad de sus recursos, la industria de electrónicos y electrodomésticos de Tierra del Fuego presentó un plan de 14 puntos al Gobierno para debatir entre empresas, sindicatos, autoridades provinciales y el Ministerio de Producción nacional. Entre los pedidos formales para mejorar, sobre todo, los precios al consumidor, pero también la rentabilidad, las firmas requirieron trabajar sobre una simplificación de procesos productivos, la mejora de los costos logísticos y aduaneros y cambios en el convenio laboral al estilo del que se firmó para Vaca Muerta.

Entre las compañías fueguinas, que dicen haber sufrido "un daño importante" en los últimos años, criticaron además que el Gobierno no haya convocado a la mesa sectorial que había prometido y que sí se volvió una referencia para petroleras, automotrices, construcción y textiles, entre otros.

Por otro lado, pese al impacto en el consumo, entre los productores de la isla indicaron que el programa Precios Transparentes -que discriminaba el precio de pago contado del pagado con tarjeta de crédito- bajó los precios de algunos bienes. Se trata de una medida que los mismos empresarios habían impulsado junto a la Secretaría de Comercio. En Tierra del Fuego, varios de los fabricantes son además comercializadores directos.

En el Gobierno afirman que el régimen que beneficia fiscalmente a la industria fueguina está asegurado hasta 2023, pero no más allá. "Lo que quieren discutir en la mesa es esa extensión, pero éste no es el momento", cuestionó un funcionario ante la consulta de LA NACION. En Manaos, Brasil, dicen los empresarios, el régimen fue prorrogado hasta 2073. En el Gobierno admitieron que "el clima" es distinto con otros sectores. Recordaron además los beneficios del "paraguas" aduanero y el "impuestazo tecnológico" de 2013, que benefició a las firmas con "importantes ganancias".

"Hay que mejorar el convenio con la UOM para bajar el costo de la mano de obra, aumentar la productividad y dar premios al presentismo", estimó el ejecutivo de una de las grandes fábricas en esa provincia. En otra de las grandes firmas de Río Grande confirmaron que ése es uno de los principales 14 puntos presentados al Gobierno.

Los salarios en la isla son un 205% más altos que en el promedio nacional, estima un informe que la consultora privada Abeceb elaboró para la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte). Allí también señalan "rigideces en los procesos productivos". El ausentismo llega a picos del 17%, existe una alta tasa de delegados (200% más que el del Smata, por ejemplo) y existe "dificultad para incorporar nuevas tecnologías". En Tierra del Fuego trabajan -estiman- unas 10.000 personas específicamente bajo el régimen industrial promocionado. Un 75% pertenece a la electrónica. En 2015, dicen en el sector, eran 13.000. En las empresas se negaron a dar información sobre las ventas.

"No hay cambios. No se los vamos a dar. No lo vamos a discutir", afirmó a LA NACION Normando López, secretario adjunto de la UOM en Ushuaia, donde está Newsan. "Siempre dicen lo mismo. Lo que hay que mirar es la guita que se llevaron para afuera", criticó.

Un segundo punto, entre los 14, tiene que ver con lo que en las empresas llaman "simplificación de los procesos productivos". Se trata, explicaron, de establecer qué insumos tiene sentido integrar nacionalmente y cuáles no de cara a los consumidores finales. Básicamente, para los industriales de la isla hay algunos insumos que es preferible importar antes de encarecer sustancialmente el precio final con producto nacional. Hay insumos nacionales, estimó Abeceb, que cuestan un 400% más caros que los importados. Estos últimos representan el 33% del precio final de un producto, mientras que los nacionales son el 1 por ciento.

Otro punto que destacan en Tierra del Fuego refiere a la falta de infraestructura y los altos costos logísticos. Además de los problemas portuarios que tiene la provincia, los empresarios reclaman por los elevados costos de seguridad que deben pagar para acompañar los camiones con productos tecnológicos. "Las deficiencias en infraestructura aumentan el costo logístico en hasta 42% para la electrónica", indicaron. "Los costos y tiempos aduaneros son terribles. Tenemos puertos del tercer mundo para querer participar en el primer mundo. A veces estamos con la mercadería inmovilizada hasta 15 días", cuestionaron.

En el Ministerio de Producción dijeron que nunca dejaron de escuchar al sector. Para las mesas de competitividad existentes, el Gobierno cree que existe "perspectiva de potenciar el sector y un horizonte de largo plazo", según contaron a LA NACION. En el caso de Tierra del Fuego sugirieron que todavía no existe una certeza de qué pasará una vez terminado el régimen de promoción fiscal, en 2023. "Muchas provincias se quejan contra ese régimen. También sectores como el textil o el plástico", criticaron. Eso sí, en el Gobierno admitieron que, como le ocurre a gran parte de la economía nacional, las empresas de la isla están afectadas por la caída de la demanda. Todo, por lo menos en el corto plazo, se calmará cuando mejore el consumo.

Polémica en el sur - Empresarios, sindicalistas y Gobierno, con diferentes visiones

10.000 Empleos directos - Son los que hoy tiene la industria de Tierra del Fuego, un 75% en el rubro electrónico.

3500 Millones de dólares - Fue la facturación de la industria electrónica de la isla al finalizar el año pasado.

35% Recaudación tributaria - Aporta a la provincia, el 20% del producto bruto geográfico de la industria electrónica.

Quejas de los empresarios

Los dueños de las empresas radicadas en Tierra del Fuego se quejan de que el Gobierno no haya decidido llamar a una "mesa de competitividad" para el sector electrónico.

Otro de los pedidos es trabajar con el gobierno provincial sobre el alto costo de vida en Tierra del Fuego, que encarece, según su criterio, la producción de bienes.

En las empresas buscan obtener mayor certidumbre respecto del régimen de promoción de la isla, que llega a 2023. Destacan que el de Manaos (Brasil) llega hasta 2073.

Propuestas

Las empresas plantean que es necesario cambiar el convenio laboral que actualmente tienen con la UOM para mejorar la productividad y bajar las altas tasas de ausentismo.

Los industriales fueguinos reclaman una "simplificación de procesos", lo que significa bajar el costo de los insumos nacionales, que no pueden competir con los importados.

Otro reclamo es por los altos costos logísticos y aduaneros pero también por lo que sale pagar la seguridad para los camiones que transportan tecnología en las rutas del sur.

El dilema de la isla

Del editor - La industria electrónica de Tierra del Fuego nació al calor de la necesidad de poblar la Patagonia, un objetivo geopolítico que perdió bastante vigencia a esta altura. De allí las facilidades que se les dio a empresas y trabajadores para instalarse. El dilema que enfrenta el Gobierno no es menor: hay 10.000 personas a las que habría que buscarles empleo.

lunes, 3 de julio de 2017

Casino Flotante: evalúan su estatización para 2019

Por Gonzalo Prado (La Nación) 
La concesión vence ese año y no puede renovarse porque lo impide la Constitución; en vez del cierre, la Ciudad podría tomar el control para retener las fuentes de trabajo y los ingresos
Uno de los dos barcos casino que funcionan en Puerto Madero
Uno de los dos barcos casino que funcionan en Puerto Madero. Foto: LA NACION / Ricardo Pristupluk

Los encargados de llevar adelante las negociaciones por el traspaso del control y de la fiscalización del juego de la Nación a la Ciudad empiezan a evaluar la estatización el Casino Flotante, cuya concesión vence a fines de 2019 y no puede ser renovada por la traba que impone la Constitución de la Capital.

El proceso -que fue encabezado por el parlamentario del Mercosur Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, histórico asesor legal de Mauricio Macri- culminó anteayer, cuando se hizo efectiva la transferencia.

En función de la restricción constitucional, sólo hay dos alternativas posibles: la estatización o el cierre de los barcos casino de Puerto Madero. Uno de los motivos que conllevan a analizar la opción de estatizarlo es que, con un posible cierre, 2000 puestos de trabajo se perderían de un día para el otro. Además, influye la merma de recursos que implicaría para las arcas porteñas, que durante este mes -según se prevé- comenzarán a recibir los fondos congelados que todavía retenía Lotería Nacional.

En el hipódromo la situación es diferente, debido a que el contrato fue extendido por Néstor Kirchner hasta 2032.

"Todavía no hay nada concretado, pero se evalúa estatizarlo para seguir contando con los fondos", dijo una de las fuentes que participaron de todo el proceso. Voceros del gobierno porteño, por su parte, remarcaron que aún no está en agenda esa cuestión porque "se acaba de terminar el traspaso". No obstante, en los despachos de funcionarios ligados al tema se confirma que el cierre del Casino Flotante sería, por ahora, la alternativa menos deseada.

Se calcula que, este año, entre lo que se recauda por impuestos al juego más el monto correspondiente a los ingresos por la moratoria a la que adhirieron las sociedades que explotan el Hipódromo Argentino de Palermo (Hapsa, de Federico de Achával) y el Casino Flotante (la española Cirsa y Ricardo Benedicto, a quien Cristóbal López vendió su parte) llegarán al estado porteño $ 2100 millones.

Desde anteayer, Lotería de la Ciudad de Buenos Aires Sociedad del Estado (Lotba) -cuyo presidente es Martín García Santillán, que responde a Rodríguez Simón- tendrá la potestad de control sobre las 6000 máquinas tragamonedas y las 1270 agencias de juego que funcionan en territorio porteño.

El destino de esos fondos, y de los que se encuentran congelados en Lotería Nacional desde diciembre de 2015, se repartirán un 70% para el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y un 30% para financiar programas de salud y educación. El dinero correspondiente a 2016 y a este año ya fue incluido en el presupuesto porteño de 2017 por el Ministerio de Hacienda, por lo que no se tratará de fondos extras.

El proceso de traspaso del control del juego comenzó a ejecutarse luego de la victoria en las elecciones presidenciales de aquel año. Incluyó comunicaciones formales con Hapsa y Casino Club para confirmarles que no desestimarían del reclamo de los ingresos brutos adeudados. En octubre del año pasado, los empresarios adhirieron a la moratoria.

Meses después, en la Casa Rosada firmaron el decreto que aumentó el canon del casino de 20% a 30%, equiparándolo con el que paga el hipódromo. El paso siguiente fue presentar el proyecto de traspaso, que incluyó la creación de Lotba para hacerse cargo de casi la totalidad de las competencias de Lotería Nacional.

El factor político jugará un rol clave, según explicaron, en la toma final de la decisión de estatizar el Casino Flotante; también dependerá de quién sea el adversario de cara a 2019. Más aún cuando en 2015, por la presión que generó en la opinión pública Martín Lousteau con su postura sobre el tema, el entonces jefe de gobierno Mauricio Macri tuvo que dejar caer el convenio que regía entre Lotería Nacional y el ex Instituto de Juego porteño.

"Bien administrado como está ahora y con un control serio, si bien el margen de ganancia en porcentaje es pequeño, constituye un monto más que interesante", precisaron fuentes al tanto de la operatoria.

Consultados al respecto, desde el sector empresarial dijeron que el margen de ganancia actual, como consecuencia de la presión impositiva, "es igual a tener un bono", análisis que comparten varios funcionarios con competencia en la materia. "Si bien el nivel, en cantidad de dinero, de las ganancias parece mucho, es un porcentaje chico en comparación con lo que se invierte para que sea rentable", explicaron.

miércoles, 21 de junio de 2017

Migración laboral: los brotes verdes del empleo se mudan al interior

Por Julieta Tarrés - LA NACION
A contramano de la suba del desempleo que informó el Indec, firmas de diferentes rubros reactivan los planes de búsqueda de personal

Foto: Vicente Martí
La suba del desempleo no afecta a todos los sectores y las economías regionales por igual. 

Estadísticas oficiales y de consultoras privadas evidencian la convivencia de dos realidades: inversión extranjera que se concreta en cuotas, baja oferta laboral en el Gran Buenos Aires -aunque más amplia en algunas provincias- y los primeros brotes verdes en economías, principalmente en las vinculadas al campo.

Representantes de pequeñas y medianas empresas de diferentes rubros reconocen que lo que se ve en el conurbano es muy distinto de lo que está pasando en localidades de Santa Fe, Córdoba, San Luis, Neuquén, Chubut, Mendoza, Catamarca, Tucumán e incluso del norte de la provincia de Buenos Aires.

Carlos Moriconi es el CEO de la mayor fabricante de remolques del país, con sede en Las Rosas (Santa Fe). Se trata de Vulcano, una pyme de capitales nacionales que provee medios de transporte para el traslado de cargamento a las industrias de la construcción, el petróleo, la minería y el agro. "Tenemos una demanda creciente desde que comenzó a ser rentable la actividad agropecuaria", dice el directivo desde su oficina en la localidad santafecina, a 100 kilómetros de Rosario.

El plan de Moriconi es invertir $ 30 millones entre 2017 y 2019 para aumentar en 50% la capacidad instalada de su planta, de 5500 m2. El objetivo de Vulcano es reducir los altos costos logísticos del mercado local con el proyecto BiTren. "Trabajamos en tres unidades de negocio: el 70% de nuestros ingresos provienen de la venta de semirremolques (tolvas), que se usan en el transporte de granos; vendemos grúas que cargan entre 30 y 90 toneladas, y vehículos de alto rendimiento (BiTren) conformados por un camión más dos remolques con capacidad de hasta 75 toneladas. El BiTren permite un incremento del 80% en una carga útil", explica el hijo de Alberto Moriconi, fundador de la compañía que nació en 1986. Vulcano cerrará el año con una facturación de $ 120 millones y un incremento del personal. A medida que su planta crezca, la empresa necesitará aumentar su nómina de 110 empleados. "Nos cuesta conseguir gente. Hay personas que buscan trabajo en localidades cercanas, incluso en el Gran Rosario. Pero a pesar de la necesidad, hemos ofrecido vacantes a potenciales empleados que no quieren hacer esto, les cuesta involucrarse con el proyecto", explica Moriconi.

Ante la falta de recursos, Vulcano cerró un acuerdo con el municipio de la localidad de Pinto, Santiago del Estero. "Trajimos gente de esa ciudad, que está 450 km al norte de Las Rosas. Pensamos que iba a ser más fácil que los trabajadores migraran de localidades más cercanas, pero no. Tenemos empleados que nacieron en esa ciudad, de 6000, habitantes y que aceptaron el desafío porque tienen mucha necesidad", cuenta el empresario.

Marcelo Cámara, fundador del Grupo Del Viento, coincide con su colega cordobés. "Contratamos a 25 personas entre octubre y febrero, y nos costó. La situación laboral en ésta provincia no es tan mala como la del conurbano. En Chubut hay un bajo índice de desocupación", explica el propietario de la cadena de heladerías, que, de a poco, se expande por el país. Según Cámara, no sólo es difícil retener a la gente que vive en Comodoro Rivadavia, en donde tiene la planta elaboradora de alimentos, también es complicado encontrar especialistas. "No consigo pasteleros, panaderos con experiencia ni baristas. Empezamos a capacitar gente local, pero mientras tanto contraté a un marplatense que viaja una vez por mes", dice el empresario que emplea a más de 100 personas y factura $ 50 millones al año. Del Viento está en pleno proceso de expansión a pesar del golpe que sufrió tras las inundaciones. 

Con una inversión de $ 13 millones, la marca del mejor helado artesanal de la Patagonia (que además produce chocolates, dulces, panificados y tuesta café) compró seis máquinas industriales, cuatro vehículos de reparto y abrió dos locales (Esquel y Puerto Madryn) que se suman a los ocho que ya tenía. "Perdí $ 100.000 y dejé de ganar otros $ 700.000 por las lluvias que dejaron Comodoro bajo el agua, pero hay que seguir adelante. Estoy por lanzar un vino orgánico con la marca Kurrus que se cultiva en Valle de Uco", adelanta Cámara desde el Sur.

A 1825 km de ahí, en la ciudad cordobesa de Marcos Juárez, la fábrica de tanques cisterna Bertotto-Boglione también está incorporando personal. Eduardo Borri, presidente de la pyme, creada en 1948, cuenta a LA NACION que emplean trabajadores que llegan desde la ciudad de Córdoba, a 220 km de distancia de la planta. "Algunos viajan una hora en auto y otros deciden mudarse. Acá no buscamos gente capacitada, simplemente gente. El Gobierno debería pensar en crear políticas activas para permitir una migración laboral, como ocurre en otros países", sugiere el empresario que se ve obligado a buscar empleados en poblaciones cercanas a la planta, como General Roca, Leones, Inriville y San Marcos.

La empresa que vende tanques de plástico para almacenar fertilizantes, entre otras soluciones, incorporó a 20 trabajadores en los últimos seis meses. Tiene 250 empleados en relación de dependencia y planea contratar 80 más el año que viene.

Bertotto-Boglione no es una pyme más; tiene en carpeta proyectos ambiciosos. "Estamos invirtiendo en la ampliación de la fábrica de cisternas que abastece a la industria del petróleo, principalmente en Vaca Muerta. Ahí vamos a necesitar 20 personas adicionales. También queremos aprovechar el efecto derrame que genere el Plan Belgrano en materia de infraestructura", admite el número uno de la empresa, que firmó una carta de intención con la intendencia de Bahía Blanca para invertir $ 240 millones en la edificación de una planta de producción de columnas para molinos de viento.

En alza

En Tucumán también se ven brotes verdes. A 20 km de la capital de la provincia, en la localidad de San Isidro de Lules, está Veracruz, una citrícola familiar que procesa 30.000 toneladas de fruta por año y exporta el 80% de su producción. Jorge Seleme, director y accionista de la pyme, fundada en 1927, cuenta a LA NACION que con el cambio de gobierno inició un proceso de expansión. "Con $ 50 millones empezamos a ampliar la planta procesadora de fruta fresca para exportar a nuevos mercados de la Unión Europea", dice el empresario, que necesita contratar 300 trabajadores. "Tenemos problemas para conseguir personal. Pedimos ayuda al Ministerio de Trabajo, pero en ciudades de la zona no se busca empleo. Competir con los planes Interzafra (por los que la provincia paga salarios a quienes trabajan en las cosechas) de Luis Manzur es imposible", explica el empresario, crítico de esos planes estatales. "Es el mundo al revés", agrega.

Su colega cordobés Jorge Simonutti, presidente de SICA, la primera fabricante de torres eólicas del país, con sede en la localidad de Esperanza, se expande con viento de cola. El auge por la generación de energías limpias le permitió a Simonutti embarcar su pyme en un proyecto con dos empresas españolas (TecnoAranda y Haizea Wind) para producir 80 molinos de viento por año. "Vamos a necesitar 100 personas en los próximos 10 meses. Por ahora no hay problemas para encontrar gente con oficio o ingenieros. Veremos más adelante", dice Simonutti. Aunque el empresario no quiso compartir detalles de la inversión, medios de España confirman que el desembolso del consorcio argentino-español asciende a $ 150 millones. Ahí se levantarán tres módulos modelo para fabricar torres y hélices metálicas.

Funcionarios del Ministerio de Producción, a cargo de Francisco Cabrera, celebran este proyecto. Según Martín Etchegoyen, secretario de Industria y Servicios, hay pymes en el interior que están invirtiendo, en parte, porque ahora hay medidas oficiales como la ley pyme y la flexibilización para acceder a financiamiento a tasas subsidiadas, que les facilitan la tarea. "A Sica, por ejemplo, la asistimos para que consiguiera crédito y pudiera cerrar el joint-venture con sus pares en España", destaca el funcionario. Lo cierto es que el 75% de los desembolsos comunicados en lo que va del año pertenecen a proyectos de pymes argentinas. Probablemente sean esas las estadísticas que colorean de verde (porque son números positivos) la pantalla del Monitor de la Economía Real, el sistema de datos que ideó Lucio Castro, secretario de Transformación Productiva, para que los miembros del gabinete se informen en tiempo real. Para el Gobierno ésos son los brotes verdes que comienzan a poblar el bosque.

Fomento pyme

Una buena parte de las búsquedas laborales actuales están a cargo de pequeñas y medianas empresas que se vieron favorecidas por la ley pyme. Entre otros beneficios, la norma exime a las firmas más chicas de pagar el impuesto a la ganancia presunta y les permite computar a cuenta de Ganancias el impuesto al cheque.
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