Hallan cobros irregulares en previsión social

Por Marcelo Veneranda - LA NACION
El gobierno de Vidal encontró jubilaciones duplicadas y pagos a personas fallecidas por $ 688 millones; procura ahora cobrar deudas por otros 660 millones a los municipios y colegios privados.


La gobernadora María Eugenia Vidal.Foto:Archivo/LA NACION / Fernando Massobrio

A partir del cruce de datos con la Anses y con organismos de otras provincias, el Instituto de Previsión Social bonaerense (IPS) detectó un núcleo de irregularidades en el pago de jubilaciones cercano a $ 688 millones. Así lo reveló a LA NACION el titular de la entidad, Christian Gribaudo, quien por estos días intenta recuperar otras deudas millonarias: unos $ 160 millones de los municipios y $ 500 millones de los aportes de colegios privados.

"A partir del intercambio de datos con la Anses y otros institutos previsionales, encontramos una gran cantidad de jubilaciones irregulares o incompatibles. Básicamente, de tres tipos: personas que cobraban dos o más jubilaciones; personas que percibían jubilaciones y seguían trabajando; y apoderados o gestores que seguían cobrando jubilaciones de fallecidos", señaló Gribaudo.

Agregó que los casos detectados y dados de baja significarán un ahorro para la provincia de $ 188 millones este año, pero que en los últimos años insumieron el pago de $ 500 millones. Para recuperar esos fondos, el IPS planea retener haberes a quienes, tras el cruce de datos, sigan siendo beneficiarios. En el resto de los casos, deberá accionar judicialmente.

No será la única visita a los tribunales. El funcionario de María Eugenia Vidal ya presentó una denuncia penal tras detectar una seguidilla de casos -la mayoría, de las ciudades de Cañuelas y Las Flores- en los que se modificaban claves del sistema para otorgar jubilaciones en categorías mayores a las debidas. "El negocio era el retroactivo", señala el funcionario, y explica: "Detectamos que gestores y empleados del IPS le ofrecían a quienes hacían el trámite una mejor jubilación, a cambio de quedarse con el pago retroactivo".

Sin embargo, Gribaudo no despotrica contra "la herencia" sciolista y hasta elogia a su antecesor, Mariano Cascallares. Busca, de hecho, diferenciar la situación del IPS de otros organismos provinciales. Por ejemplo, la obra social IOMA, donde se detectaron irregularidades por $ 1500 millones y en las que el gobierno de Vidal responsabiliza a funcionarios de Daniel Scioli.

"Cascallares hizo denuncias similares a las que estamos presentando y dejó un IPS superavitario. De hecho, su vice, Mailén Vélez, continúa como directora. Acá no se trata de una herencia política, sino de un vicio en el sistema que estamos combatiendo", remarcó Gribaudo.

Aunque no lo diga, esa defensa de su antecesor no tiene que ver sólo con su paso por el IPS. Convertido en intendente de Almirante Brown, Cascallares es un aliado de Vidal en la relación con los municipios del Frente para la Victoria.

La relación con los intendentes -que impacta en la Legislatura bonaerense, donde Cambiemos necesita apoyo opositor en ambas cámaras- posiblemente dificulte el cobro del segundo "paquete" que persigue Gribaudo: los $ 160 millones que adeudan los municipios, principalmente, por aportes no realizados al IPS cuando se pagan bonos de fin de año a los empleados locales.

El tercer paquete, y el mayor, proviene de unos $ 1035 millones que adeudan los colegios privados bonaerenses. Cascallares identificó el 93% de esa deuda y consiguió que la mitad de los deudores se inscribieran en una moratoria. Gribaudo busca cobrar los $ 500 millones restantes a través de apremios.

Trámites eternos y gestores

El IPS fue uno de los actores centrales en los anuncios de aumentos para jubilaciones, comedores y planes sociales que Vidal hizo esta semana y que significaron un alivio para su gestión, en medio de las protestas de policías y estatales, el aumento en las tarifas y los despidos.

Más allá de ese aporte, y de la recuperación de fondos millonarios que intentará, Gribaudo enfrenta varios desafíos para modernizar el IPS.

El primero pasa por acortar los trámites jubilatorios, que en la provincia duran entre un año y medio y dos años. El objetivo de Cambiemos pasa por lograr en 2016 que esos trámites se completen en un año o menos. El objetivo final: que se logren iniciar y cerrar en 30 días.

Para eso, Gribaudo planea completar la descentralización iniciada por el sciolismo -que creó 76 centros de atención previsional (CAP)- y plantar una sucursal del IPS en los 135 municipios bonaerenses. Pero, antes, deberá resolver un problema: el IPS no tiene un sistema informático en red que integre sus oficinas. Los trámites que se inician en los CAP tardan tres meses más que los iniciados en La Plata.

"Necesitamos un sistema que funcione y personal capacitado. Porque la lentitud del sistema se convirtió en un negocio para quienes gestionan jubilaciones", señaló Gribaudo. Esas empresas de gestores rodean la manzana del IPS, en La Plata.

Detectar esas y otras irregularidades, como las jubilaciones mal pagadas, también es un problema: hasta ahora estaban a cargo de una sola persona del departamento jurídico del IPS, que tiene 288.000 beneficiarios.

Barcos hundidos y abandono total en la Subsecretaría Nacional de Puertos

Por Iván Ruiz - LA NACION - En la isla Demarchi sólo funciona una decena de barcos para el dragado de ríos; el resto permanece en estado de destrucción

Barcos hundidos, esqueletos de hierro que supieron ser grandes galpones y oficinas inhabitables. El paso del tiempo parece haberse ensañado con la Subsecretaría Nacional de Puertos y Vías Navegables. Mejor dicho, el Estado parece haber mirado para otro lado durante largos años cuando se trataba de poner en valor la dependencia que asegura las condiciones de navegación mediante el dragado y la señalización de los principales ríos de la Argentina.

Flotan sobre el Riachuelo, oxidados, los restos de varios barcos hundidos, un puñado de naves inutilizables y otras tantas embarcaciones tan deterioradas que apenas puede adivinarse su color. Inmóviles, ya son parte de una postal del abandono. Los yuyos crecen en lo que fue la popa de una "draga", como se conocen en el mundo marítimo las naves encargadas de dragar los ríos.

Aunque ocupar espacios de poder forma parte del abecé de la política local, nadie quiso hacerse cargo de esta dependencia: cambió de manos cuatro veces en cuatro años. Pasó casi una década bajo las órdenes del ministro de Planificación Julio De Vido; lo tomó el ministro Florencio Randazzo en 2012, pero se lo entregó a su colega Axel Kicillof en 2015.

Es que Cristina Kirchner había encontrado otra solución para esta dependencia, lejos del óxido portuario y cerca de las luces del espectáculo: ideó, lanzó y licitó el Polo Audiovisual para la producción de contenidos de cine y televisión, que funcionaría en la isla Demarchi. Un megaproyecto licitado por $ 2500 millones que le generó un enfrentamiento a la ex presidenta con el gremio de Dragado y Balizamiento de Juan Carlos Schmidt.

Aunque el Polo Audiovisual todavía tiene destino incierto, desde el Ministerio de Transporte -ahora a cargo de la dependencia- adelantaron a LA NACION que intentarán recuperar la flota y las instalaciones de la Subsecretaría Nacional de Puertos.

Sólo de una decena de las 115 embarcaciones que aparecen registradas por la subsecretaría están en condiciones de ser utilizadas, informaron las nuevas autoridades de la dependencia. De las 15 dragas registradas sólo una puede utilizarse, a pesar de que la nave funciona con un permiso de seguridad provisorio de Prefectura. Las embarcaciones más modernas fueron adquiridas por el Estado en la década del 70. Nunca fueron renovadas. El Estado privatizó en los noventa buena parte del dragado de las vías navegables más importantes del país. Para medir el mantenimiento de los barcos alcanza con un primer vistazo.

Caminar por las instalaciones de la oficina Río de la Plata -una de las siete distribuidas en la Argentina-, en la isla Demarchi, es entrar en el túnel del tiempo y el tren del terror. Los restos de los barcos hundidos -por los que caminó LA NACION- forman parte de la triste herencia, y ya se convirtieron en un riesgo para el medio ambiente por el derrame de combustible. De hecho, la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo requirió a la subsecretaría reflotar ocho de sus embarcaciones para el desguace definitivo por considerarlas nocivas.

"El desafío es recuperar esta área estratégica. Tenemos las embarcaciones y el conocimiento, sólo hay que realizar las inversiones para recuperar este potencial tan postergado para ponerlo al servicio de una navegación segura", dijo el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

Un galpón abandonado de la Subsecretaría de Pesca. Foto: Daniel Jayo

Túnel del tiempo

Si el óxido domina por completo la escena en el puerto, en tierra firme las imágenes transcurren en sepia. Las oficinas de la subsecretaría que se levantan en la isla Demarchi podrían convertirse en el primer barrio fantasma de la ciudad de Buenos Aires, sino fuera porque trabajan adentro 215 de empleados sin ninguna medida de seguridad, según pudo comprobar LA NACION.

Los empleados conviven, además, con ratas, mosquitos y otras plagas del puerto que se crían en los grandes galpones que solían emplear en sus talleres carpinteros, soldadores y mecánicos. Ya nadie trabaja ahí. Como si se tratara de esqueletos, sólo se mantienen en pie las vigas que sostiene el techo. Adentro, sólo escombros y más basura.

No sólo lo sufren los empleados. También los estudiantes de la Escuela Nacional Fluvial, que viajan desde todo el país para especializarse en dragado. Las aulas funcionan justo detrás de un galpón en ruinas.

A pocos metros de allí aparecen como piezas de museo dos surtidores de nafta de YPF, ya obsoletos. Casi de la misma época, en una oficina de la subsecretaría -cerrada el público- se lee sobre una pared descascarada el cartel de un joven Carlos Menem que, en campaña, rezaba: "Síganme".

Estado pobre, militancia rentada

(Editorial  del diario La Nación) - El kirchnerismo ha convertido la administración pública en un refugio político y en una máquina para el enriquecimiento personal


Nunca antes el empleo público había tenido un crecimiento tan descontrolado y de consecuencias tan gravosas para la economía del país como durante los últimos 12 años, en los que gobernó el kirchnerismo. Se han alimentado y mantenido plantas estatales de dimensiones elefantiásicas, llegando al ridículo de no poder explicar siquiera su relación proporcional respecto del total de la población en muchos puntos de nuestro territorio.

Como una paradoja tragicómica de esa situación, apenas asumida en su nuevo cargo la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, se mostró indignada por el enorme déficit fiscal con el que recibió la provincia, por la cantidad de escuelas, hospitales y oficinas públicas que no funcionan, y por el grosero desborde de la planta estatal. 

Poca memoria o tal vez descreimiento en los propios datos oficiales tiene el kirchnerismo: ya en el tercer trimestre de 2014 hasta el falaz y manipulado Indec daba cuenta de que la provincia con mayor proporción de empleos públicos era Santa Cruz. Como si el kirchnerismo no la hubiera gobernado durante los últimos 24 años, la hermana de Néstor y cuñada de Cristina Kirchner sobreactúa su asombro y reclama ayuda económica del actual gobierno central. Es, cuando menos, curiosa -cuando no hipócrita- la reacción de la gobernadora, que apeló a un decreto para achicar el rojo de las cuentas provinciales, lo cual incluye un censo de empleados. Intenta con ello empezar a revertir lo que ahora define -según su aggiornada visión de los abusos de cierta parte de la dirigencia política- como la necesidad de "entender que el Estado no es propiedad de la administración pública, de los empleados ni de los funcionarios", sino que "la administración pública está al servicio de toda la comunidad".

Si ésa hubiera sido la concepción del kirchnerismo a lo largo de todas sus gestiones, el actual gobierno nacional no se habría visto en la necesaria e impostergable tarea de revisar nada menos que 24.000 casos de concursos en proceso y contratos de toda la administración estatal. A cargo de esa tarea está el ministro de Gestión y Modernización del Estado, Andrés Ibarra. Se trata de empleados que ingresaron en los últimos tres años. Según se anunció, se evaluarán la legalidad de esas contrataciones, el cumplimiento de los requisitos previstos para cada cargo concursado y de las tareas, y los antecedentes de los postulantes.

Durante la era kirchnerista, el porcentaje de empleados permanentes y transitorios de la administración central, de organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social pasó de 266.000 personas en 2003 a más de 400.000 en la actualidad. Ha sido un crecimiento alevoso, derivado de un clientelismo prebendario y un nepotismo que, si bien existen desde hace mucho tiempo, han sido llevados a su máxima expresión. Se ha convertido el Estado en un refugio donde hacer recalar a la militancia partidaria, en una organización que dispone a gusto de dineros públicos en beneficio de intereses partidarios o de facción.

El Congreso Nacional es otro de los claros ejemplos de hasta dónde ha llegado ese abuso. La vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara alta, Gabriela Michetti, dispuso dar de baja los nombramientos en planta permanente de 2035 empleados designados por su antecesor, Amado Boudou, tan sólo en 2015. Una comisión revisora analizará esos contratos. En la Cámara de Diputados, esos ingresos fueron menores, pero, de todos modos, el titular de ese cuerpo parlamentario, Emilio Monzó (Pro), ordenó un relevamiento sobre el personal.

Una situación similar se registra en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde su titular, Susana Malcorra, dijo que serán revisados unos 700 contratos. También, en el Centro Cultural Kirchner, donde Hernán Lombardi , titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, decidió no renovárselos a 600 empleados. Además, según el nuevo titular del PAMI, Carlos Regazzoni, esa institución cuenta con 15.000 personas en planta estable, una cifra apenas inferior al total de trabajadores del Poder Judicial (21.200).

La lista de dependencias estatales en esas condiciones es larguísima. No ha quedado durante el kirchnerismo un área de la administración pública libre de ser considerada un botín político. El caso de la cooptación de empleos de ese origen por parte de La Cámpora es harto elocuente. No fueron solamente errores de política económica los cometidos durante los últimos 12 años. También hubo un intento deliberado de usar el Estado como una máquina de enriquecimiento personal.

La titánica tarea emprendida por el nuevo gobierno de contar con un Estado eficiente es una necesidad impostergable. Se suele escuchar por estas horas, a modo de crítica feroz de buena parte del kirchnerismo, que el Gobierno pretende manejar el Estado con criterios empresarios. Sin embargo, fue el kirchnerismo el que se valió de él como si fuera una empresa de la cual cobrarse dividendos y a la que, no caben dudas, terminó vaciando.

La Casa de Moneda está en rojo, con una deuda de $ 1300 milllones

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION
El organismo registra un patrimonio neto negativo de $ 320 millones; Katya Daura, la anterior titular, gastó $ 2 millones para custodiar su casa y editó un libro por $ 850.000


Lejos de las grandes declaraciones, la Casa de Moneda está fundida. Registra un patrimonio neto negativo que supera los $ 320 millones y arrastra un rojo impagable con fondos propios. En total, la gestión de Katya Daura, la lugarteniente de Amado Boudou que se marchó el 10 de diciembre, acumuló deudas por más de $ 1300 millones, según documentos contables oficiales a los que accedió LA NACION.

Los números oficiales de Casa de Moneda contrastan con el panorama que Daura informó durante años, incluso a la entonces presidenta Cristina Kirchner, quien elogió su gestión por cadena nacional y llegó a celebrar que el organismo mostrara, remarcó, un "crecimiento muy importante" en sus ganancias.

Ahora se sabe, sin embargo, que eso no es verdad. El primer año de Daura al frente de la Casa de Moneda fue el último, a su vez, en que esa sociedad estatal mostró números en verde. A partir de allí, ocurrió todo lo contrario: perdió $ 63 millones en 2012, otros $ 165 millones en 2013, $ 173 millones en 2014 y superó los $ 375 millones en 2015, según cálculos preliminares que se manejan hoy en el organismo.

Los grandes números esconden, además, algunas sorpresas. Por ejemplo, que Daura pagó el servicio de custodia de su hogar con fondos de Casa de Moneda, incluidos tres empleados del organismo abocados sólo a eso. ¿Costo estimado?: $ 2 millones por año.

Allí no se acaban las sorpresas, según reconstruyó LA NACION. Daura también contrató familiares, un cocinero, un profesor de inglés, una psicóloga y hasta servicios de media coaching. Todo, otra vez, a cuenta de Casa de Moneda.

Colaboradores de Daura defienden, sin embargo, su gestión. Afirman, al igual que ella, que la situación financiera de Casa de Moneda es "brillante" o que, al menos, mejoró muchísimo con respecto a los números que habían recibido. "Peor estábamos antes", indicó a LA NACION uno de ellos.

En esa línea, Daura izó como una de las banderas de su gestión el "proceso de recomposición" de la Casa de Moneda, lo que sostenía que le permitió aumentar la producción propia y cumplir "por primera vez en tiempo y forma los contratos con el Banco Central".

Según los números oficiales que ahora salen a la luz, sin embargo, la Casa de Moneda comenzó a cubrir su déficit con los anticipos millonarios de los nuevos contratos que firmaba, en una suerte de bicicleta financiera, que en el caso del Banco Central (BCRA) adelantó el 30% del monto de cada contrato.

Así, la Casa de Moneda arrastra ahora más de $ 360 millones que ya gastó de los anticipos que desembolsaron clientes como el BCRA, otros $ 470 millones que adeuda a múltiples proveedores y otros $ 470 millones que acumuló con la AFIP, de los que sólo una parte se encuentran ya en planes de pago. Total: 1300 millones.

Premios

Junto a Daura también destacan, sin embargo, que la fiel colaboradora de Boudou, a quien conoció en la Anses, logró reposicionar la Casa de Moneda en el mundo, a tal punto que ganó premios por el proyecto para padrones electorales y el nuevo billete de $ 100 con el rostro de Evita.

Pero la labor de Daura también acumuló problemas con la Justicia. Por un lado, su actuación en el caso Ciccone quedó bajo sospecha, a tal punto que el fiscal Jorge Di Lello pidió citarla a indagatoria. Por otro, también se la investiga por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que se descubrió que había declarado la compra de una casa por US$ 300.000 aunque una tasadora de la Corte Suprema la valuó entre 700.000 y 900.000 dólares.

Esa investigación patrimonial alcanza también al marido de Daura, Manuel Somoza, quien trabajó con Boudou en el Ministerio de Economía y emigró luego al Senado. Allí, el marplatense lo nombró en planta permanente, en la máxima categoría del escalafón, aunque quedó entre los 2035 empleados de la cámara que despidió la nueva titular, Gabriela Michetti.

Mientras tanto, Daura registró prácticas cercanas a la megalomanía como titular de la Casa de Moneda, según reconstruyó LA NACION. Entre otras, la edición de un libro que aportó un relato celebratorio de sus casi cinco años de gestión -entre febrero de 2011 y diciembre de 2015- y que costó $ 850.000 a las arcas del Estado, según datos oficiales.

A lo largo de cientos de páginas, Daura expuso en ese libro los frutos de su labor, entre los que destacó la revitalización de la Casa de Moneda. Pero en ningún momento aludió a las pérdidas multimillonarias que acumuló el organismo a su paso.

Incluso el último presupuesto que delineó la anterior gestión ahondó en esa línea. Así, solicitó $ 900 millones adicionales al Tesoro, pero en el rubro "inversión", sin siquiera abordar el rojo acumulado. Ahora, con los datos reales que comienzan a descubrirse, incluso ese presupuesto quedó en suspenso.

Números que no cierran

$ 1300 millones - La gestión de Katya Daura, de estrechos lazos con Amado Boudou, acumuló en la Casa de Moneda deudas por ese monto, a pesar de que su administración fue elogiada por la ex presidenta Cristina Kirchner

$ 900 millones - Son los recursos que la ex funcionaria kirchnerista pidió al Tesoro en el último presupuesto, sin especificar el destino de la inversión ni hacer ninguna referencia a la deuda acumulada a lo largo de su controvertida gestión