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jueves, 21 de noviembre de 2019

La Justicia rechazó el amparo presentado por Nilda Garré y Gabriela Cerruti contra el Servicio Cívico Voluntario

(Clarin.com) - La medida se hace firme a una semana de que finalice la primera etapa del Programa.

La Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, durante la presentación del Servicio Cívico Voluntario en Campo de Mayo. La Justicia rechazó el amparo que solicitaba su nulidad. Foto: Luciano Thieberger.

A una semana de que finalice la primera etapa del programa, la Justicia rechazó el amparo presentado por las diputadas nacionales Nilda Garré y Gabriela Cerruti contra el Servicio Cívico Voluntario, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. 

Así lo informaron desde la cartera a cargo de Patricia Bullrich, donde precisaron que la decisión recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12, a cargo de la Dra. Macarena Marra Giménez. 

La acción, que también fue promovida por la legisladora porteña María Andrea Conde, delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y otras asociaciones civiles, solicitaba que se declarase la nulidad de la Resolución 598/19, mediante la cual se creó el Servicio Cívico Voluntario en Valores (SCVV). 

Para tal pedido, invocaron la violación al artículo 14 de la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros tratados. Entonces, lo que se requería era una medida cautelar para suspender los efectos de dicha Resolución hasta el dictado de una sentencia definitiva.

El Ministerio de Seguridad, por su parte, efectuó oportunamente una presentación solicitando el rechazo de la medida cautelar requerida en virtud de que la misma no afecta ni lesiona derecho alguno a ningún individuo ni a ninguna clase. Además, se sostiene que la finalidad del programa radica en brindar oportunidades de formación a los jóvenes de acuerdo con la normativa nacional e internacional.

Otro de los puntos planteados fue que la norma regula un régimen de carácter voluntario, no siendo de tipo compulsivo u obligatorio.

En ese sentido, la sentencia que reafirma el desarrollo del programa, sostiene que hay una falta de definición del perjuicio invocado por los demandantes, quienes se limitaron a caracterizar al SCVV como un acto lesivo para los derechos de los jóvenes sin especificar de qué modo afecta los derechos de aquellos.

Además, hace hincapié en el hecho de que la medida promovida por los demandantes pretende decidir sobre una cuestión privativa de otros poderes del Estado. Por todo esto, el juzgado resolvió rechazar la acción de amparo intentada. 

El Servicio Cívico Voluntario en Valores se sostiene en un programa de talleres para enseñar oficios -como carpintería y soldadura- a jóvenes de entre 16 y 20 años. En la prueba piloto que arrancó a mediados de septiembre en Campo de Mayo, participan 1.200 mujeres y hombres todo el país, que hasta diciembre asistirán al predio militar una vez por semana, por la mañana, en jornadas de 4 horas.

El plan fue diseñado, básicamente, para chicos que no trabajan ni estudian y está a cargo de Gendarmería Nacional. No obstante, todos los oficiales dictan los cursos desarmados, y los alumnos no tendrán acceso a armamento alguno.

También son capacitados en primeros auxilios, nuevas tecnologías, contacto con animales y entrenamiento físico. A partir de 2020, si el programa continua los que se inscriban recibirán una beca. 

miércoles, 13 de noviembre de 2019

Desalojan a intrusos de 10 mil hectáreas del Ejército Argentino en Palo Santo (Formosa)

Uno de los usurpadores de la propiedad del estado vivía en El Calafate gracias a la renta que sacaba del lugar. Foto: Noticias Formosa

El día viernes pasado se completó el desalojo de intrusos que ocupaban predios propiedad del estado y lucraban con importantes explotaciones ganaderas en el Campo de Instrucción Militar “Héroes de Formosa”, también conocido como “Lote 49”, al sur de la localidad de Palo Santo.

El desalojo es la culminación de la causa “ESTADO NACIONAL – ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO C/GONZÁLEZ HUGO Y OTROS S/LEY DE DESALOJO Expediente Nro 31001577 – Año 2.006” del Juzgado Federal de Primera Instancia Nro 2 de Formosa, a cargo del doctor Fernando Carbajal por subrogación legal.

La mayoría de los intrusos poseía una posición económica consolidada, casas en Palo Santo, costosas camionetas, tractores, instalaciones y centenares de cabezas de ganado vacuno. Uno de ellos incluso vivía cómodamente de la renta de la explotación en El Calafate.

En muchos sectores pude apreciarse un gran daño ambiental y sobre la flora y fauna, por zonas degradadas por desmonte y por la extracción ilegal de maderas nativas que eran comercializadas ilegalmente en aserraderos de la zona, para acrecentar la renta económica.

Pese a que se comunicó en abril el lanzamiento judicial ordenando el desalojo, fue necesaria la presencia del Oficial de Justicia, Dr. Luparello auxiliado por el Jefe y efectivos del Escuadrón 5 Pirané de la Gendarmería Nacional para hacer cumplir el fallo y que los intrusos dejen los predios y saquen sus animales y pertenencias.

El procedimiento se llevó a cabo con normalidad, sin resistencias o incidentes, y con el auxilio logístico de camiones y soldados del Regimiento 29 para acelerar el proceso. Durante el mismo se secuestró una gran cantidad de armas de distintos calibres sin documentación alguna que de manera ilegal se encontraban en poder de ocupantes.

Se trata del más grande de los Campos de Instrucción Militar del RI Mte 29 en Formosa, de 10.000 hectáreas en el cual se realizaban ejercicios militares de nivel Brigada con hasta 3.000 efectivos y el tiro de todas las armas, inclusive artillería hasta que fue intrusado.

Actualmente 80 hombres del Regimiento ocupan el campo militar para su custodia y se encuentran recorriendo lugares a los cuales no podía accederse anteriormente para evaluar el daño ambiental producido.

Además del uso para adiestramiento militar, es intención que el predio sirva como reserva natural de la flora y fauna nativa. Asimismo a través de convenios con Universidades, organismos provinciales y nacionales puede prestar una importante utilidad pública. Fuente: NoticiasFormosa

Dos fallos a favor de la Argentina por demandas de holdouts

Dos fallos a favor de la Argentina por demandas de holdouts(Ambito.com) - La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó dos reclamos por u$s76 millones impulsados por seis fondos especulativos.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York falló a favor de la Argentina en dos demandas que encabezaron seis fondos especulativos en reclamo del pago de una deuda por u$s 75,3 millones.

Por lo pronto, analistas del mercado indicaron que la decisión de la Justicia estadounidense constituye una buena señal para nuestro país en momentos en que se anticipa que las negociaciones por la deuda externa ocupará en los próximos meses un lugar preponderante en la agenda económica de nuestro país.

Una de las demandas era impulsada por los fondos Attestor Value, Bybrook Capital, Bybrook Capital Hazleton, Trinity Investment y Whitr Hawthorne. Todos ellos le reclamaban a la Argentina una deuda de u$s70 más los intereses actualizados de tres años.

Ahora, tras el rechazo de la Corte de Apelacciones, los demandantes sólo les queda ir a la Corte Suprema de los Estados Unidos con altas chances de que el caso sea rechazado.

El otro reclamo era impulsado por el fondo de inversión Lucesco. En este caso, la demanda era por u$s 5,3 millones más intereses y fue rechazada por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York por considerar que el tiempo para litigar ya pasó.

miércoles, 6 de noviembre de 2019

Investigarán a dirigentes de La Cámpora por presunto desvío de fondos en Fadea

El avión Pampa, emblema de Fadea, recién volvió a fabricarse a partir de la gestión de Cambiemos.Por Gabriela Origlia - La Nación

El avión Pampa, emblema de Fadea, recién volvió a fabricarse a partir de la gestión de Cambiemos.El avión Pampa, emblema de Fadea, recién volvió a fabricarse a partir de la gestión de Cambiemos. Crédito: Min. de Defensa

Exdirectivos de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) de la época kirchnerista son noticia en los Tribunales Federales de Córdoba por supuestos delitos mientras ocupaban sus cargos. La fiscal federal Graciela López de Filoñuk imputó a 13 exfuncionarios que desempeñaron tareas entre 2011 y 2015 por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Además, fueron los alegatos en el juicio a Juan Carlos Giraudo, exdirectivo, acusado de "usar empleados, servicios, materiales y transporte de la fábrica" en beneficio personal.

Entre los acusados por López de Filoñuk -varios todavía no fueron indagados, según indicaron fuentes de la investigación a LA NACION- están los expresidentes de Fadea, Raúl Argañaraz, quien dejó el cargo en 2013, y Matías Savoca, quien lo ocupó hasta 2015, cuando la empresa era gestionada por dirigentes de La Cámpora , la agrupación kirchnerista.

La imputación llegó a poco tiempo de que prescribiera la causa. La investigación comenzó hace tres años y medio a partir de una denuncia de Cristina Salzwedel, la primera titular de Fadea en la gestión de Cambiemos. Se basó en una auditoría de Deloitte pedida por el Ministerio de Defensa.

El balance de 2015 de la empresa cerró con un rojo de $1401 millones. Ese año la fábrica estuvo virtualmente parada, pero pagó $33 millones de horas extras y $14 millones por "servicios en comisión".

Fadea tenía a fines de 2015 unos 1700 empleados, de los cuales alrededor de 600 ingresaron desde 2009, cuando la ex presidenta Cristina Kirchner la reestatizó después de 15 años bajo la concesión de Lockheed Martin. En 2013 la conducción de la empresa quedó en manos de La Cámpora.

"Descontrol administrativo; contabilidad opaca. Se utilizó a Fadea como fuente de financiación de compras sin ningún beneficio y enormes erogaciones", dice la auditoría. Ese reporte plantea la posibilidad de "desvíos" por $300 millones.

El juicio a Giraudo, quien se desempeñaba como jefe del área de compras y contrataciones de Fadea, es por usar las instalaciones y los empleados de la firma para colocar un portón en su domicilio particular, un aro como soporte para un horno chileno, confeccionar un trailer para cuatriciclos, pintarlo, condicionarlo y trasladarlo en vehículos oficiales.

La causa se inicia por denuncia de otros directivos. Giraudo está en libertad. El fiscal Carlos Gonella pidió dos años de prisión e inhabilitación absoluta por la causa en la que se acreditó que el imputado llevó a un empleado de una contratista de Fadea a poner la reja en su casa; en los otros casos pidió la absolución porque no se comprobó de que el carro saliera de Fadea y en la instalación del horno, fue pedido por el directorio para una casa alquilada para un presidente de la empresa.

sábado, 26 de octubre de 2019

Inauguran la primera obra del futuro Ministerio de Justicia en la ex-ESMA

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(La Nación) - El auditorio Sabato ocupará una planta del futuro edificio Raúl Alfonsín Crédito: Ricardo Pristupluk
El auditorio Ernesto Sabato abrirá sus puertas la semana que viene

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación inaugurará la semana que viene el auditorio Ernesto Sabato, ubicado en el predio de la ex-Escuela de Mecánica de la Armada ( ESMA). En ese lugar, donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención, tortura y desaparición de mayor envergadura durante la última dictadura militar, funcionará, una vez que finalicen las obras en curso, la totalidad del ministerio.

Para la inauguración del auditorio, que llevará el nombre del presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que tras el regreso de la democracia elaboró el informe Nunca Más, se habilitará solo una planta del edificio destinado a la cartera de Justicia, que será bautizado con el nombre de Raúl Alfonsín, de acuerdo con la resolución 761, publicada el 25 de septiembre en el Boletín Oficial.

"Es vocación de este ministerio otorgar al inmueble en cuestión una denominación que, haciendo referencia a una figura emblemática en la defensa de los derechos humanos, sirva tanto para la identificación del edificio como a modo de homenaje y convocatoria a la memoria colectiva", se estableció a través de la publicación en el Boletín Oficial. El predio le fue asignado a la cartera de Justicia por un plazo de 20 años.

El edificio Nº 11, donde se instalará el ministerio, funcionaba como casino de aspirantes y cantina. El proyecto de obra comenzó a fines de 2016 y la restauración y construcción de las nuevas estructuras comenzaron en octubre del año pasado.

Según explicaron quienes participaron del diseño y la ejecución de la obra a LA NACION, se conservaron los cimientos y las doble alturas, los materiales de los pisos, un conjunto de adoquines de cien años de antigüedad y un mural pintado en una de las paredes de la planta baja. La parte superior del edificio alberga paneles solares y fue construida con materiales sustentables.

En el predio de la ex-Esma funcionan varios organismos estatales, como la Secretaría de Derechos Humanos, el Espacio de la Memoria, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, el Archivo de la Memoria, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Museo Malvinas.

Para llevar adelante el proyecto de la obra y trasladar la totalidad del ministerio desde su sede actual -Sarmiento al 300- se logró el consenso de las autoridades de la ex-Esma, que tiene una administración tripartita.

El gobierno nacional había mostrado las intenciones de inaugurar la totalidad el edificio antes de fin de año, pero por el momento se llevará adelante una inauguración parcial. Quienes trabajan en la obra lo hacen contra reloj. Según el comunicado oficial, la decisión de trasladar el ministerio se tomó "con objeto de propugnar la exaltación de los valores de memoria, verdad y justicia, y la promoción y defensa de los derechos humanos en todas sus dimensiones".

lunes, 21 de octubre de 2019

La fiscal López de Filoñuk imputó a 13 exfuncionarios K de la empresa FAdeA

Por María Ester Romero (Perfil.com) - La lista de investigados incluye a los expresidentes Argañaraz y Savoca. Es por presunto desvío de fondos, irregularidades en contratos y nombramientos entre 2011 y 2015.

FADEA. La Fábrica de Aviones fue estatizada en 2009 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Las imputaciones se basan en contratos de las gestiones entre 2011 y 2015. FOTO: CEDOC 

Las denuncias por el reparto de los votos le pusieron un poco de tensión a una campaña apática Macri prepara un cierre multitudinario en Córdoba “Las consecuencias de la prescindencia no deberían sentirse en términos de revanchismo” La fiscal federal Graciela López de Filoñuk, imputó a 13 exfuncionarios de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) que desempeñaron tareas entre los años 2011 y 2015, correspondientes al segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. 

Les achacó el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Entre ellos, figuran los expresidentes de la firma, Raúl Argañaraz (finalizó en sus funciones en 2013) y su sucesor, Matías Savoca, quien mantuvo su cargo hasta 2015. La investigación comenzó hace tres años y medio. Fue determinante la participación de peritos contables de la división Delitos Complejos de la Policía Federal Argentina. 

Según pudo confirmar PERFIL CORDOBA, el requerimiento fiscal fue elevado al Juzgado Federal N°3 el jueves pasado a última hora. Y recién mañana comenzará a ser analizado por el titular del tribunal, Hugo Vaca Narvaja. El juez tiene por delante la citación a indagatorias para que los imputados ejerzan su derecho de defensa. A partir de ahí, el magistrado resolverá si corresponde procesar, sobreseer o dictar falta de mérito. Si bien la auditoría que motivó la apertura del expediente de oficio en marzo de 2016 mencionó pérdidas para la firma estatal por $1.400 millones y desvío de unos $300 millones, la resolución de la fiscalía no incluye un número total estimativo de las presuntas defraudaciones al Estado que se habrían perpetrado en la firma. 

Aquel informe sobre la situación de FAdeA fue presentado públicamente en 2016, por quien presidía la empresa estatal con sede en Córdoba, Cristina Salzwedel, de origen riojano como el titular de la cartera de Defensa de aquel momento, Julio Martínez. De esa radiografía sobre gastos altos frente a la escasa performance productiva surgió la investigación. 

Fuentes vinculadas al expediente se limitaron a indicar que los hechos por los cuales se promovieron las imputaciones son contratos que efectuaron las autoridades entre 2011 y 2015 con resultados disvaliosos para el Estado y, en algunos casos, omitiendo procedimientos administrativos y legales que debían ser cumplidos. El otro punto alude al notorio aumento de personal sin que ello se refleje en la productividad de la empresa que, por entonces, no fabricaba aviones. FAdeA llegó a contar con una planta de 1.600 empleados. Los ingenieros especialistas también se incrementaron sensiblemente. Pasaron de ser 201 en 2010 a 269 en 2015, mientras no se producía ningún avión. 

Prescripción en puerta. La figura de administración fraudulenta prevé una pena que va de un mes a seis años de prisión. Pero tiene un plazo de prescripción: seis años desde que el funcionario deja su cargo. Si se tiene en cuenta que Argañaraz dejó la presidencia de la firma en 2013 la posible responsabilidad penal estaría a punto de perimir. De ahí que será una tarea ardua para el juzgado analizar las consideraciones que efectuó la fiscal López de Filoñuk para atribuir la comisión del delito a los exdirectivos cuyas funciones cesaron también en 2013.   

QUE DIJO LA AUDITORIA EXTERNA EN 2016 
 Los números del estudio que encargó la gestión de Salzwedel evidenciaron pérdidas que pasaron de $150 millones en 2013 a $212 millones en 2014. Un año más tarde tuvieron un aumento exponencial: $1.498 millones. Se interpretó, en aquel momento, que el incremento desmedido se debió al posible disimulo del déficit en los primeros años. Algunos de los contratos objetados fueron: 
◆ Compra de un helicóptero a la empresa China National Aero-Technology Import & Export Corporation (Catic). Se hizo de forma directa. Costó entre US$5 millones y US$6 millones porque venía con un paquete de transferencia de tecnología. Pero no pudo usarse. ◆ Compra de 22 motores a la empresa Honeywell que fueron encontrados embalados en cajas y que debían montarse en aviones Pampa, pese a que no se produjeron aviones. Cada uno costó US$ 1,8 millones. 
◆ Servicios habituales con presunto sobreprecio: de catering, seguridad o limpieza. Aquella auditoría incluyó observaciones al convenio suscripto con una empresa local para la incorporación de software destinado al control y planeamiento de la producción. 
(Fuente www.perfil.com). 

sábado, 17 de agosto de 2019

Exclusivo: la Armada no sabía que había desaparecido el ARA San Juan y se enteró por la Embajada de Estados Unidos

Por Andrés Klipphan - Infobae.com
La información estaba oculta y fue revelada ante la justicia federal por el ex secretario de Defensa Horacio Chighizola

Horacio Chighizola, secretario de Estrategia y Asuntos Militares, reveló cómo se enteró el Ministerio de Defensa que la tripulación del ARA San Juan estaba en peligro

La investigación judicial que se lleva a cabo en Caleta Olivia para determinar los responsables de la peor tragedia de la Armada Argentina en tiempos de paz derivó en una declaración testimonial inédita: un llamado telefónico desde la Embajada de Estados Unidos alertó a la plana mayor del Ministerio de Defensa sobre la gravedad de la desaparición del ARA San Juan y sugirió implementar la búsqueda y rescate del submarino y sus 44 tripulantes.

Hasta ese momento, el entonces jefe de la Armada Argentina, el almirante Marcelo Srur, insistía en que solo se trataba de una "falta de comunicación". Srur le juró al ministro Oscar Aguad que la tripulación del ARA San Juan no estaba en peligro y que no había contacto por la situación meteorológica en el Atlántico Sur, donde el submarino estaba -supuestamente. en condiciones de navegabilidad. 

Un testimonio clave

Sin embargo, la información oficial sería distinta. Horacio Aldo Chighizola, entonces secretario de Estrategia y Asuntos Militares, reveló que que el viernes 17 de noviembre de 2017, a las 17.30, sonó su celular oficial. Al otro lado de la línea, inesperadamente, se encontraba Michael Reyburn,el agregado de Defensa de la Embajada de los Estados Unidos.

Chighizola estaba por despegar desde Ezeiza a Mar del Plata para trasladarse a la Base Naval que la Armada tiene en esa ciudad balnearia. A su lado estaba Aguad, el Jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa, Raúl Ripa, y el almirante Srur.

La llamada era de urgencia. El agregado americano le preguntó en qué momento Argentina declararía la búsqueda y rescate del submarino, cuya última comunicación se había registrado 48 horas antes.
El lugar del hallazgo de los restos del ARA San Juan
El lugar del hallazgo de los restos del ARA San Juan

Al parecer, con muchísimo tacto, Reyburn le informó a Chighizola que solo declarando el SAR, la U. S. Navy podía poner a disposición sus aviones y embarcaciones para comenzar a buscar el submarino. Cuando cortó la comunicación, el secretario de Defensa informó al ministro Aguad y a los jefes militares. Durante unos segundos -eternos-no hubo un solo comentario.

Es que el almirante Srur, según fuentes del ministerio de Defensa, opinaba que aún era prematuro utilizar el SAR, ya que solo se trataba de una "pérdida de comunicación" y que esto era "habitual" en los submarinos bajo condiciones de inclemencia climática. 

Mientras Srur explicaba de que se trataba el SAR, y justo antes que despegase la aeronave, una nueva llamada ingresó al celular personal de Chighizola.

Era Reyburn. Lacónico, informó "sobre la grave situación del submarino" y sus tripulantes. "Deben buscarlos", añadió, sin más detalles. 

Ahora se sabe que por entonces Estados Unidos ya habría estado al tanto del "evento hidroacústico" detectado por la Organización para la Prohibición Total de Pruebas Nucleares (CTBTO), el organismo con sede en Viena (Austria), y que se especulaba provenía del ARA San Juan.

 –¿Qué ocurría si no lo llamaba a usted el agregado de Defensa de Estados unidos?, le preguntoa Chighizola la abogada Valeria Carreras, quien junto a Lorena Arias y Fernando Burlando representan la querella unificada de 31 familiares que exigen justicia.

–Según mi opinión, el SAR se hubiera decretado después-, respondió Chighizola ante la jueza federal Marta Yañez.

La abogada Carreras interpreta que "ahora sabemos que fue a pedido de los Estados Unidos que se comenzó a buscar el submarino.""Es decir que hasta ahora nos venían mintiendo", agregó.

Por su parte, una alta fuente de Defensa le aseguró a Infobae que para que esto ocurriera se combinaron dos hechos gravísimos.

En primer lugar, Aguad se enteró recién en la Basa Naval de Mar del Plata había ingresado agua al sector de baterías del submarino, y que eso produjo un incendio.

"Hasta ahora nadie me informó de esto. Usted solo me dijo que había un problema de comunicación", le habría dicho el ministro a Srur frente a sus pares, poniéndolo en evidencia.

Ante esa situación y teniendo en cuenta las dos llamadas del funcionario norteamericano, Aguad ordenó comenzar con el SAR de manera urgente. 

Cronología de la tragedia

Ya casi nadie lo recuerda -salvo los dolientes- pero el 15 de agosto pasado se cumplieron un 21 meses del hundimiento del ARA San Juan junto a su tripulación.

Por eso, y para mensurar la nueva información incorporada a la causa, vale recordar la línea de tiempo en la que sucedieron los hechos según consta en el expediente.

El martes 14 de noviembre de 2017, a las 23.30 horas, el submarino llama mediante celular, al celular del capitán de fragata Hugo Miguel Correa, quien era el Jefe Operativo.

Miércoles 15, a las 7.20 horas, desde el buque se realizó la última llamada a la Base Naval de Mar del Plata.

 El jueves 16, a las 22, la Armada recién avisó al ministerio de Defensa que se había perdido comunicación con el ARA San Juan pero que "no había que preocuparse".

El viernes 17, a las 8 de la mañana, en el edificio Libertad había inquietud por la falta de contacto con la nave. A las 16 volvía de Canadá el ministro Aguad. Ante la incertidumbre, ordena viajar junto a Ripa, Srur y Chighizola, a la Base Naval de Mar del Plata.

Ahora se sabe que a las 17.30 llama el agregado de Defensa de los Estados Unidos alertando sobre la real gravedad del submarino y su tropa.

Noventa minutos después de esa comunicación se implementó la búsqueda y rescate, lo que implicó informar de la situación a la comunidad internacional.

El sábado 18, en el edificio Libertad, Srur y la plana mayor de la Armada le transmite tranquilidad al presidente Macri y al ministro Aguad.
El ARA San Juan, navegando por el Atlántico Sur, antes de la tragedia naval. (Foto: NA)
El ARA San Juan, navegando por el Atlántico Sur, antes de la tragedia naval. (Foto: NA)

Horas después de la declaración de Chighizola, la abogada Carreras en representación de la querella unificada, solicitó que "Cancillería tome intervención como ya se solicitó en la causa a fin de obtener la totalidad de la información brindada por otras naciones como Rusia, Chile, Brasil, Gran Bretaña y por supuesto, Estados Unidos".

Todavía hay secretos que revelar, mientras se busca justicia para los 44 del ARA San Juan. 

lunes, 12 de agosto de 2019

Imputan a tres exdirectivos de la Fuerza Aérea por irregularidades

Por María Ester Romero (Perfil.com) -  Se habrían cobrado facturas de gastos a través de dos contabilidades paralelas entre 2015 y 2017. Vidal Lascano considera que incurrieron en defraudación calificada por María Ester Romero

EN LA MIRA. La justicia federal analiza documentación de gastos pagados dos veces, por el Hospital Aeronáutico y la Fuerza Aérea Argentina. FOTO: CEDOC

El fiscal federal Gustavo Vidal Lascano resolvió la semana pasada imputar a tres exdirectivos de la Fuerza Aérea Argentina, delegación local. Lo hizo por presuntas irregularidades administrativas cometidas entre 2015 y 2017 en el Hospital Aeronáutico.

Desde hace un año el funcionario investigaba una denuncia que presentó un integrante de la fuerza que había recorrido varias oficinas sin éxito hasta que recaló en los Tribunales Federales. El denunciante llevó pruebas a la Oficina Anticorrupción de la Nación y al Ministerio de Defensa pero no prosperaron las gestiones en ninguno de los dos ámbitos.

 Según pudo saber PERFIL CORDOBA de fuentes vinculadas a la causa, quien elevó la denuncia fue desafectado y dado de baja luego de que promoviera la pesquisa. Vidal Lascano analizó los documentos aportados, secuestró otros en allanamientos realizados en el hospital y comprobó que se cargaban las mismas facturas por productos o servicios adquiridos por dos vías contables diferentes.

En abril de este año solicitó colaboración a Gendarmería Nacional, fuerza que realizó los allanamientos y asignó un perito contable para analizar la documentación secuestrada. Por un lado, la tesorera del Hospital Aeronáutico y el director -según una de las conclusiones a la cual arribó el fiscal- habrían acordado rendir las facturas de insumos a través del sistema de movimientos informáticos de la Fuerza Aérea, llamado Safund, con el fin de cobrar nuevamente los mismos conceptos “para beneficio propio y en perjuicio de la hacienda pública”.

 Lo irregular consiste en que la misma prestación había sido abonada con una erogación de la caja chica del nosocomio, destinada a solventar gastos menores de la institución. Los montos totales no fueron aún calculados. Hasta ahora se corroboraron 13 hechos en los cuales hay gastos que parten de los $8.000 hasta llegar, en algunos casos, a $70.000. Todos tienen la misma modalidad.

 Las imputaciones fueron promovidas contra cuatro personas; un exdirector del Hospital Aeronáutico, dos exjefes del Departamento Administrativo Financiero de la Fuerza Aérea y la tesorera del establecimiento. A todos se los hace responsables del delito de defraudación contra la Administración Pública. Cabe destacar que todos ostentan altos grados militares.  (Fuente www.perfil.com).

sábado, 10 de agosto de 2019

Rosario fue una zona clave para la triangulación del contrabando de armas

Por Gabriel Di Nicola y Germán de los Santos  - La Nación
El peritaje de celulares permitió determinar la ruta de los cargamentos ilegales, que se transportaban en ómnibus de larga distancia
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Durante tres años se registraron numerosos mensajes entre Román Ragusa y Eduardo Ramírez Cantero, un ciudadano paraguayo conocido como Matungo. En esos chats quedó expuesta la relación "comercial" entre ambos. El negocio era la compraventa de fusiles y municiones. El armamento, se sospecha, terminaba en poder de organizaciones criminales de Brasil y Paraguay. El contrabando de las armas y el pago del "servicio" se hacían por intermedio de choferes de ómnibus de larga distancia que unían Asunción con Rosario y Buenos Aires. Así surge de una resolución del juez en lo penal económico Juan Pablo Yadarola, quien procesó a 19 sospechosos por los delitos de asociación ilícita y contrabando ilegal de armas.

Los mensajes de WhatsApp se descubrieron tras el peritaje realizado al teléfono celular de Román Ragusa, de 55 años. En esas conversaciones se mencionaba como "piloto" al chofer del ómnibus que llevaba las armas hacia Paraguay y que utilizaba los viajes a la Argentina para regresar con el pago. "El piloto viaja el domingo y lleva la plata para los seis pendientes. Luego me pasás el número del secretario", escribió en uno de los mensajes Ramírez Cantero. Ragusa le respondió: "Oki. Veo si consigo acá los cargadores". 
Para el juez Yadarola, según surge del expediente, en esos chats queda expuesto cómo funcionaban los engranajes de la banda. Los mensajes dejan "en evidencia los modus operandi para el envío de armamento con destino a Paraguay. Cuando Ramírez Cantero menciona a los pilotos estaría haciendo referencia a choferes de empresa de transporte de pasajeros encargados de llevar el dinero para el pago de las armas y a su retorno el ingreso de armamento, haciendo ambos también mención al 'secre', quien sería una tercera persona, encargada de llevar las armas a los choferes una vez arribados estos a la provincia de Buenos Aires", explicó el magistrado en el auto de procesamiento de los 19 imputados.

El origen de la causa

La causa comenzó el 17 de octubre pasado cuando la División Sumarios de Prevención de la Dirección General de Aduanas (DGA), de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), puso en conocimiento del magistrado un pedido de "envío controlado" realizado por la División Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina. En el escrito se informaba que cinco días antes, la oficina Miami de Homeland Security Investigations (HSI) había interceptado un paquete que contenía 100 piezas de armas de alto calibre. Tenía una falsa declaración de lo que se despachaba. La carga simulaba ser indumentaria deportiva que tenía como destino final un domicilio de la ciudad de Campana.

El 20 de octubre pasado llegaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza funcionarios del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos con una valija negra en cuyo interior había una caja de cartón con las piezas de armas de alto calibre. Se decidió reemplazar la carga original por partes de madera pintadas de negro, acondicionadas en bolsas herméticas tipo ziploc y baterías aportadas por la Gendarmería Nacional. Y se colocó un rastreador satelital. Fue el comienzo de una investigación que terminó descubriendo "una agrupación delictiva tendiente a llevar adelante actividades de contrabando, acopio, fabricación ilegal de armas de fuego, municiones, piezas e instrumental para producirlas, como también procurar dar apariencia lícita a los bienes obtenidos en ese contexto, haciendo de ello su actividad principal y habitual", según la descripción que hizo el juez en el expediente.

A fines de noviembre pasado, en una primera resolución, Yadarola procesó a siete sospechosos, entre los que estaban Román Ragusa y su hermano Flavio, odontólogo de profesión. La investigación continuó para dar con otros eslabones de la organización y, en junio pasado, se hicieron una serie de allanamientos en Martínez, Bahía Blanca, Tandil y en la ciudad de Buenos Aires, donde, según el Ministerio de Seguridad, la Gendarmería secuestró más de 2500 armas.

En un allanamiento que realizó la Policía Nacional de Paraguay en marzo de 2016 secuestró una encomienda con partes de FAL que había enviado por medio de una empresa de ómnibus de Rosario a Clorinda.

Ese cargamento tenía como destinatario a León Ocampo. El paquete tenía como remitente el nombre falso de Oscar Ortiz, con un domicilio de Rosario. "El envío habría sido remitido desde la ciudad de Rosario hacia Clorinda, provincia de Formosa, y desde allí, ingresado clandestinamente en Paraguay. La mercadería fue hallada en oportunidad en la que se secuestraron una multiplicidad de armas que pertenecían a Ramírez Cantero", según se desprende del expediente.

En la causa judicial no se determinó de dónde podrían haber salido esas partes de FAL. Lo llamativo es que después de la detención de Román Ragusa un tal "Martín" se comunicó uno de los rosarinos involucrados en esta causa y le preguntó qué había pasado con Ragusa. "Yo soy de Fray Luis Beltrán y nos conocemos porque yo le entregaba algunas cosas a Román", dice ese hombre.

En Fray Luis Beltrán está ubicada la planta de Fabricaciones Militares, lindera con el ex-Batallón 603, donde en febrero de 2015 se reveló el robo de más de 26.000 municiones, especialmente de calibre 9 mm. Otro dato del expediente judicial que llamó la atención es que en la casa de uno de los procesados por el juez Yadarola se encontró un lote de municiones -presuntamente 5,56- asignado en 2014, según fue verificado por autoridades norteamericanas, a un contingente de cascos azules de la Armada desplegado en Haití.

jueves, 18 de julio de 2019

Confirman el procesamiento de más de 40 intendentes por fraude con un programa de residuos

(Telam) - La Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento de 47 intendentes y ex intendentes como partícipes necesarios de un supuesto fraude en contra de la administración pública a través de un programa de gestión de residuos urbanos (PGRISU), informaron fuentes judiciales.

Se trata de una causa por la que ya estaban confirmados los procesamientos de los ex jefes del Gabinete kirchneristas Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, dado que eran los responsables políticos del manejo del programa entre 2013 y 2015.

La maniobra “apuntó al empleo del marco legal de los PMIGIRSU para disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo de las políticas ambientales estatales", indicaron los jueces del de la Sala I de la Cámara Federal.

Los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi remarcaron también que “funcionarios federales, en infracción de los deberes a su cargo, habían facilitado la irregular transferencia de sumas de dinero que, a la par de no haber sido aplicadas para la ejecución de las obras comprometidas, se habrían desviado hacia fines que a la fecha resultan desconocidos".

Entre los procesamientos confirmados se encuentran el del ex intendente de Quilmes, Francisco “Barba” Gutierrez, y el del intendente de San Antonio de Areco, Francisco "Paco" Durañona, en tanto el procesamiento del ex intendente de Campo Largo y actual vicegobernador de Chaco, Daniel Capitanich, quedó firme porque se le tuvo por desistido el recurso de apelación.

En febrero pasado, el juez Claudio Bonadio había dispuesto el procesamiento de 92 intendentes pero la Cámara Federal sostuvo que para 42 de ellos no hay elementos contundentes por lo que corresponde seguir investigando.

Según el juez Bonadio, entre todos los acusados cometieron un fraude contra la administración pública entre los años 2013 y 2015 que habría superado los 600 millones de pesos.

"Requirieron sumas de dinero para llevar a cabo distintos proyectos, sin que, a la postre, haya sido cumplimentado", sostuvo Bonadio en aquel el fallo de 347 páginas.

lunes, 24 de junio de 2019

Revés en la causa por la expropiación de YPF: la Corte Suprema de EEUU falló en contra de la Argentina

Los nueve jueces de la Corte de EEUU (Fred Schilling, Collection of the Supreme Court of the United States)Por Sebastián Catalano - scatalano@infobae.com - Infobae.com

Como se esperaba, el máximo tribunal de ese país no analizará un reclamo local sobre la jurisdicción del caso y el juicio comenzará en Nueva York. El país puede ser condenado a pagar USD 3.000 millones

Los nueve jueces de la Corte de EEUU (Fred Schilling, Collection of the Supreme Court of the United States)

Finalmente se conoció la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos por una cuestión de jurisprudencia en el juicio contra el Estado por la expropiación de YPF, realizada por el kirchnerismo en 2012. Y, como se esperaba y como adelantó Infobae el viernes, fue un fallo adverso para la Argentina.

El máximo tribunal del ese país no hizo lugar al certiorari interpuesto por los abogados que representan los intereses locales, tanto de la empresa como de Cambiemos, encabezados por el Procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías y por Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, director de YPF y uno de los principales nexos con el sector judicial del Gobierno. Ambos están en Nueva York en este momento siguiendo de cerca la decisión de la justicia de ese país.

 Ahora el caso vuelve a manos de Loretta Preska, quién podrá pedir medidas de prueba a las partes y decidir los términos y el alcance del juicio. Es lo que se conoce como discovery y que determina a partir de dónde se investiga y otras cuestiones procesales
Ahora la causa comenzará su proceso en uno de los tribunales del Distrito Sur de Manhattan a cargo de Loretta Preska, una jueza de primera instancia que anteriormente ya falló en contra de los intereses locales hace tres años.

Los abogados argentinos alegaron derechos soberanos y querían traer el juicio al país. Dicen que el Estado expropió porque es una de sus facultades y que, además, fue un tema que aprobó el Congreso. El estudio Burford Capital, al que muchos equiparan por su estilo con un "fondo buitre" y que representa a dos accionistas minoritarios de la petrolera al momento de la nacionalización, argumenta que como YPF cotiza en Wall Street corresponde reclamar en ese país. Reclama que el Estado debería haber realizado una oferta pública de adquisición (OPA) para extender el arreglo que cerró con el accionista mayoritario de entonces, Repsol, a los demás (Burford litiga en nombre de Eaton Park y de dos empresas españolas quebradas, Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, que desde antes de empezar la demanda ya no pertenecían al grupo homónimo local).

Hace pocos días, la causa tuvo otro revés no esperado para el país cuando el solicitor general de Donald Trump, Noel Francisco, fue consultado por la Corte y expresó –en una opinión no vinculante– que el caso tenía que seguir en EEUU. La autoridades locales descontaban de una opinión favorable a los intereses del país dada la cercanía personal entre Trump y Mauricio Macri. No pasó.

Cómo sigue el juicio

Ahora el caso vuelve a manos de Loretta Preska, quién tenía en stand by la causa hasta que la Corte Suprema decidiera la cuestión de jurisdicción. La jueza que reemplazó a Thomas Griesa y que también tiene otras causas contra el país (de holdouts, por ejemplo) podrá pedir medidas de prueba a las partes y decidir los términos y el alcance del juicio. Es lo que se conoce como discovery y que determina a partir de dónde se investiga y otras cuestiones procesales. Es el marco de la causa: un tema nada menor para las partes involucradas.

Antes, según confirmó Infobae, los abogados locales van a presentar otra medida cautelar e insistir con que fue una medida soberana y que todo debe tramitarse en Argentina. Una forma más de intentar dilatar la causa a la que Preska seguramente "no ha lugar".

Como sea, será un juicio largo, con vericuetos e idas y venidas. Hay mucho en juego y el Estado local (no YPF) podrían ser condenados a pagarle a Burford unos USD 3.000 millones.

Además, de Saravia Frías y Rodríguez Simón, los abogados externos de la petrolera son los del estudio Romero, Carranza, Rufino & Otero Monsegur, con Marcelo Rufino a la cabeza. En EEUU, en tanto, son varios los estudios del caso. El bufete neoyorquino Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom patrocina al país. Cravath, Swaine & Moore, en tanto, se encarga de YPF para temas generales, sobre todo la primera instancia; y otro de los estudios de la petrolera es Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, que se enfocó en el recurso extraordinario ante la Corte que hoy terminó con resultado adverso.

miércoles, 22 de mayo de 2019

Revés de la Corte al Gobierno por pagos a militares

Resultado de imagen para Revés de la Corte al Gobierno por pagos a militares(Ambito.com) - En lo que es un nuevo golpe a las arcas fiscales, la Corte Suprema ordenó (por unanimidad) incorporar a los sueldos del personal civil y militar de las Fuerzas Armadas las sumas no remunerativas al sostener que deben considerarse bonificables. 

Esto significa que como precedente se indica que el Estado no puede incluir pago de haberes bajo esta modalidad. A través de un fallo firmado por los cinco jueces, el máximo tribunal resolvió que los suplementos “por responsabilidad jerárquica” y “por administración de material”, creados por el decreto 1305/2012, deben considerarse remunerativas.

En su voto, los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti recordaron que en conformidad con lo establecido en la Ley para el Personal Militar toda asignación que se fije a favor del personal en actividad, cuando tenga carácter general, debe otorgarse dentro del sueldo. En este contexto, resaltaron que la arquitectura salarial estructurada por el decreto no había tenido por objeto remunerar situaciones especiales del cumplimiento de misiones específicas del personal militar sino otorgar una asignación que comportaba un aumento de la retribución total mensual del personal militar.

En su voto concurrente el presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz destacó que la Constitución le asigna al Presidente atribuciones reglamentarias respecto de los haberes del personal en actividad, las que son particularmente extensas en el caso de los suplementos particulares. Sin embargo, el titular de la Corte sostuvo que la discrecionalidad concedida en materia de remuneraciones que revistan de carácter general deben acordarse dentro con el concepto sueldo.

Fue una de las “sorpresas” que se intercalaron dentro de los fallos programados por la Corte para el primer semestre, que además tiene impacto fiscal. Desde el Gobierno anticiparon que conocían el revés que se votó ayer pero que su impacto será amortiguado porque no extenderán la situación al resto de los individuos impactados hasta tanto obtengan un fallo judicial a favor, en un intento por evitar generalizar el precedente de la Corte

martes, 2 de abril de 2019

Decretaron la quiebra de OCA por deuda de $ 7.000 M

Decretaron la quiebra de OCA por deuda de $ 7.000 M(Ambito.com) - La Justicia desestimó el pedido de tres empresas para salvar a la compañía postal. La decisión judicial implica asegura la continuidad de la empresa.

Finalmente, la Justicia decretó la quiebra de OCA por una deuda de $ 7.000 millones al rechazar las propuestas de salvataje abriendo un nuevo proceso que permita la subasta de la empresa. La medida fue dictada por el juez civil y comercial de Lomas de Zamora, Pablo Tejada, quien resolvió la quiebra con "continuidad de la actividad", lo cual permitirá abonar los salarios de los trabajadores de la empresa postal privada más grande del país.

El magistrado dispuso también la inhabilitación y prohibición de salir del país a Patricio Farcuh, quien hasta el momento era el presidente y cara visible de la compañía. En un comunicado, la empresa de correos informó que la resolución judicial "implica la plena continuidad en las prestaciones de servicios y de todos los procesos relacionados con la actividad diaria de OCA".

La firma es el mayor correo privado del país y tiene 6.800 empleados directos, de los cuales 6.000 están afiliados a Camioneros. Al conocerse la noticia, el propio el gremio que conduce Hugo Moyano pidió "tranquilidad" a los empleados porque podrán seguir trabajando hasta la venta de la compañía.

"Más que nunca debemos estar unidos compañeros, porque sabemos del firme compromiso del Juez de mantener las fuentes de trabajo", remarcó el sindicato. "OCA ha pasado por varias gestiones, pero nunca hubo una tan nefasta como esta última, que la condujo a la quiebra. Sin embargo sabemos que es la fuerza de los trabajadores, quienes verdaderamente le dan valor a la empresa", agregaron desde la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros.

La medida de Tejada llegó luego que la empresa presentara fallidamente tres planes de pagos ante la AFIP para evitar la quiebra, además de las propuestas a sus otros acreedores. En medios judiciales se explicó que las deudas acumuladas con la AFIP alcanzarían los $5.800 millones, mientras que sumarían 1.300 millones con sus otros acreedores.

La falta de una oferta de compra solvente -deudas incluidas- tras el concurso abierto por el juez, culminó con la declaratoria de quiebra y la continuidad de un nuevo proceso que permita la subasta de la empresa.

sábado, 30 de marzo de 2019

Enriquecimiento ilícito: un informe detectó US$ 6,5 millones sin justificar del patrimonio de los Kirchner

Por NICOLÁS DIANA (Clarín.com) - Lo elaboró un auditor en la causa que se investigó en 2009. Reveló que faltaban certificados de plazos fijos y documentación de compra de inmuebles, entre otras irregularidades. Pese a las pruebas, Oyarbide lo desestimó y cerró el expediente. 

El patrimonio de Néstor y Cristina kirchner vuelve a estar bajo sospecha de la Justicia.

La causa por supuesto enriquecimiento ilícito contra Néstor y Cristina Kirchner que el ex juez Norberto Oyarbide cerró en tiempo récord en diciembre de 2009 vuelve a tomar envión. Un informe que realizó un auditor de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para ese expediente detectó que los ex presidentes no podían justificar unos US$ 6,5 millones de su patrimonio.

El escrito fue elaborado por Eduardo Blanco  en base a la pericia contable que había encargado Oyarbide a dos peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Peralta y María del Carmen Penedo, quienes trabajaron sobre las declaraciones juradas que habían entregado los Kirchner a la Oficina Anticorrupción. El ex matrimonio presidencial era investigado por la Justicia por las sospechas sobre su patrimonio: había aumentado 158% en un año. Entre 2007 y 2008, pasaron de tener bienes, efectivo y sociedades por $17,8 millones a acumular $46 millones.

Tras analizar la pericia, el informe de Blanco fue demoledor, según pudo reconstruir Clarín en base a fuentes judiciales y que tuvieron acceso al documento. Pese a las pruebas, Oyarbide desestimó el informe crítico y cerró el expediente. 

De los $28 millones que había crecido el patrimonio de los Kirchner en un año, Blanco identificó que $24.700.000 eran imposibles de justificar. En diciembre de 2009, con el dólar a $ 3,81, esa cifra ascendía a US$ 6.480.000.

Uno de los puntos que más le llamó la atención a Blanco, según dejó por escrito en el informe, era la falta de certificados de los plazos fijos que habían declarado los Kirchner. Sin esos respaldos, era imposible constatar cómo habían ganado unos $4,2 millones en un año. 

También dejó asentado que faltaba documentación para justificar compras y ventas de inmuebles que habían hecho en ese período. Se refería a las 16 propiedades que habían declarado como vendidas y por las que decían haber recibido $14,5 millones. Con esos fondos, que según Blanco no estaban debidamente respaldados, los Kirchner intentaron explicar la compra de Hotesur, que administró el hotel Alto Calafate. 

Según la Justicia, con ese emprendimiento realizaron maniobras de lavado de dinero en las que participó Lázaro Báez. El empresario les alquilaba a los K habitaciones que nadie usaba. Ese expediente ya fue elevado a juicio oral.

Blanco también advirtió sobre la falta de comprobantes sobre un préstamo de $9 millones que les habría otorgado el Banco de Santa Cruz y cuestionó el monto que habían declarado por alquileres sus propiedades. No habían presentado las constancias suficientes.

Además, puso la lupa sobre una deuda de $8.329.000 que había declarado Kirchner con la empresa Austral Construcciones -de su amigo Lázaro Báez- por la construcción de un inmueble. Ese monto se refería a la edificación del hotel Los Sauces que Kirchner no le quería pagar a Báez, según contó en su declaración como arrepentido en la causa de los cuadernos su ex contador Víctor Manzanares.

Un perito que había detectado irregularidades en la declaración de bienes de los Kirchner ratificó en la justicia aquel dictamen. Las conclusiones del informe que realizó Blanco y que Oyarbide nunca incluyó en la causa son contundentes: "No se está en condiciones de establecer si el incremento patrimonial del 2008 se encuentra debidamente justificado". 

El ex auditor de la FIA declaró como testigo el martes pasado ante el juez Ariel Lijo que busca reabrir el expediente por enriquecimiento ilícito contra los Kirchner bajo la figura de la cosa juzgada írrita. En su testimonial, Blanco ratificó las irregularidades que había detectado en el patrimonio K y que volcó en el informe que ignoró Oyarbide. Ayer, Lijo le pidió a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas -que reemplazó a la FIA- que le envíe el documento de Blanco.
El hotel Los Sauces, uno de los bienes apuntado por el informe sobre la fortuna K.
El hotel Los Sauces, uno de los bienes apuntado por el informe sobre la fortuna K.

En paralelo, el fiscal Eduardo Taiano, que trabaja junto a Lijo en este caso, le pidió al juez Claudio Bonadio -que lleva adelante la causa de los cuadernos- la declaración como arrepentido del ex contador de los Kirchner Víctor Manzanares En su testimonio reveló como el ex presidente se involucró para manipular la pericia contable y ser sobreseído en la causa. Manzanares contó que cuando arrancó la causa por supuesto enriquecimiento ilícito, Kirchner lo citó en Buenos Aires y le pidió que se haga cargo de manejar su pericia. "Me indicó que debía reunirme con varias personas y que siga sus instrucciones, que debía concurrir al edificio de la SIDE", aseguró. Allí, dijo que se reunió con Javier Fernández (auditor general de la Nación y señalado como operador K en la Justicia) y que fueron en auto hasta un departamento donde estaba Oyarbide quien le pidió que se reuniera con los peritos de la Corte Suprema para hacer una presentación lavada que fuera funcional al sobreseimiento. 

Con el informe de Blanco y el testimonio de Manzanares, Lijo intentará volver a investigar a los Kirchner por su incremento patrimonial desmedido. Deberá probar que hubo un fraude para cerrar el caso en 2009. Por las pruebas, no parece una tarea difícil.

jueves, 28 de marzo de 2019

La Cámara anuló el fallo de Gallardo y se implementará la doctrina Chocobar

La Cámara anuló el fallo de Gallardo y se implementará la doctrina Chocobar(El Intransigente) - Mauricio Macri había habilitado que las fuerzas de seguridad disparen por la espalda y con armas de plomo a delincuentes en fuga, mientras que no suponga una amenaza a terceros.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario definió la polémica resolución del Ministerio de Seguridad que aprobó el reglamento sobre el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas federales, que había sido suspendida por el juez Roberto Gallardo.

Por unanimidad, los camaristas Esteban Centanaro, Gabriela Seijas y Hugo Zuleta resolvieron declarar la nulidad de la resolución del juez Gallardo. Por otro lado, decidieron ordenar el archivo de las actuaciones en el marco de una causa iniciada por Myriam Bregman, María del Carmen Verdú y otros.

Patricia Bullrich, en la resolución 956/2018 del Ministerio de Seguridad, dispone que las fuerzas de seguridad puedan disparar a matar por la espalda y con balas de plomo a delincuentes en plena fuga, incluso cuando no suponga una amenaza para terceros. También los habilita a abrir fuego sin la normativa de identificarse.

Desde la oposición y diversos organismos de Derechos Humanos denunciaron que la polémica resolución equivalía a instaurar la pena de muerte sin juicio previo.

El juez Gallardo, como medida cautelar, había solicitado que se suspendiera y se le ordene al Gobierno que se abstuviera de aplicar la resolución impulsada por el Ministerio de Seguridad. Sin embargo, su pedido fue anulado.

Por otro lado, el camarista Zuleta señaló que el juez “no resultaba competente para analizar la validez e inteligencia de la norma de orden público federal”. Centanaro también declaró al respecto y dijo: “Se controvierte un acto emitido por una autoridad federal, dictado con apoyo de normas federales y dirigido a reglamentar el accionar de fuerzas federales de seguridad. No advierto que el juez interviniente, para resolver el presente pleito, deba interpretar y aplicar normas de carácter local”.

Luego de la nulidad de la resolución del juez Gallardo, la polémica doctrina Chocobar tendrá vía libre en la Argentina.

lunes, 18 de marzo de 2019

La inexplicable falla de Migraciones que permitió el ingreso de los iraníes con pasaportes falsos

El sospechoso detenido(La Nación) - Una inexplicable falla de un operador de Migraciones franqueó la entrada al país a la pareja de iraníes detenida el viernes a la noche, cuya identidad todavía no pudo ser confirmada y cuyas intenciones aún son un misterio inextricable.

Fuentes de la investigación confirmaron a LA NACION que Sajjad Naserani, que dijo ser fotógrafo y tener 27 años, y Mahsoreh Sabzali, de 30, supuestamente ingeniera y arquitecta, presentaron en uno de los puestos migratorios, el 12 de este mes, sendos pasaportes a nombre de Netanel Toledano y Rivka Toledano, ambos israelíes.

Al operador de Migraciones el sistema le alertó instantáneamente que sus pasaportes habían sido denunciados como robados en Jerusalén; eran originales, pero ahora contenían datos falseados.

No obstante, y aunque, según dijeron calificadas fuentes gubernamentales, eso bastaba para disponer que la pareja fuera demorada y quedara a disposición de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el operador les permitió el ingreso al país debido a que el sistema, a través de las huellas dactilares, no arrojó que los sospechosos visitantes tuvieran antecedentes o figuraran en alguna lista de presuntos terroristas en cualquiera de las agencias de inteligencia internacionales.

La mujer arrestadaFoto: La mujer arrestada

Calificadas fuentes de la causa dijeron a LA NACIÓN que fue allanada la casa del agente migratorio que les permitió el paso a los dos sospechosos. En el lugar no se encontró ningún indicio que lo vincule con los iraníes o con cualquier situación parecida al terrorismo, se explicó.

La aparición de los pasaportes robados en la Argentina también fue advertida por Interpol, ya que el sistema I24-7 lo reportó en cuanto ocurrió. No obstante, la situación fue puesta en conocimiento de la Justicia recién el jueves 14, luego de las corroboraciones hechas por Interpol Jerusalén. Desde entonces, 80 brigadas de la Policía Federal se lanzaron a buscar a los sospechosos, que pasaron por tres hoteles (en uno estuvieron 12 horas, en otro, 24) hasta que llegaron al apart hotel de Lavalle al 3000, en la zona del Abasto, donde agentes del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) los detuvo el viernes a la noche.

A pesar de los nombres y las identidades que dieron, no existe ninguna constancia de que efectivamente sean iraníes y se llamen Naserani y Sabzali. Sus huellas dactilares no arrojaron ningún resultado en ninguna base de datos de aquellas que están interconectadas a través de los sistemas de cooperación internacional, como las que maneja Interpol.

Tampoco se pudo comprobar que, como dijeron, sean disidentes que escaparon de Irán hacia Turquía, de allí a Grecia (de donde los expulsaron por haber entrado ilegalmente) y luego, a España, donde -según su propio relato- compraron los cuatro pasaportes a los que les insertaron sus fotos. Usaron dos pasaportes para salir de España y otros dos para entrar en la Argentina.

Mostraron en uno de sus teléfonos (un iPhone) una imagen del presunto documento real de uno de ellos. Pero no dieron la clave para poder desbloquear el aparato. También dijeron tener el contacto de un abogado argentino, aunque por ahora no dieron su nombre.

La pareja será trasladada mañana a primera hora desde la Alcaidía de Interpol (en Cavia y Figueroa Alcorta) a los tribunales de Comodoro Py, donde serán puestos a disposición del juez federal Luis Rodríguez, que intentará tomarles declaración justo el día que se conmemora el 27° aniversario del atentado terrorista contra la embajada de Israel en Buenos Aires.

viernes, 22 de febrero de 2019

Bonadio quiere saber si la Fuerza Aérea pagó por vuelos que llevaban diarios a Santa Cruz

Por Edgardo Aguilera (Ambito.com) - Bonadio quiere saber si la Fuerza Aérea pagó por vuelos que llevaban diarios a S. Cruz.
Bonadio quiere saber si la Fuerza Aérea pagó por vuelos que llevaban diarios a S. Cruz
El juez federal Claudio Bonadio pidió a la Fuerza Aérea información acerca del costo operativo de dos aviones de la flota presidencial y si además esa institución pagó por los vuelos que llevaban diarios y enseres a Río Gallegos y El Calafate.

La pesquisa Nº 18.704 caratulada “NN s/Malversación de Caudales ” apunta a determinar si “durante los años 2003 a 2015 inclusive se efectuaron viajes con aviones de la Presidencia desde la ciudad de Buenos Aires a las ciudades de Río Gallegos y El Calafate con “finalidades que excedieran las atribuciones con las que cuenta el Poder Ejecutivo”.

En el expediente fechado ayer, Bonadio solicitó al jefe aeronáutico Enrique Amrein que “dentro de las 72 horas de notificado y por el área que entienda conducente, remita a este Tribunal una estimación aproximada del costo de un vuelo efectuado por los aviones Tango 10 y 5T20 (N.R. posible error de tipeo, se refiere al T 02, no existe la matrícula 5T20) desde la ciudad de Buenos Aires hacia las ciudades de El Calafate y Río Gallegos y su retorno a esta ciudad, mientras ambas aeronaves hayan estado afectadas a la flota presidencial”. “Deberá comprender los periodos 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 y 2015” agrega el requerimiento e “incluir también los costos operativos, de personal, servicios de rampa y todo otro pertinente” y “si dichos costos eran abonados por la Fuerza Aérea o por la Presidencia”. 

Interesan al magistrado los movimientos de dos aeronaves; el Lear Jet 60 matrícula T-10 adquirido por la fuerza en 1998 y que comenzó a ser utilizado en vuelos presidenciales desde 2003 y otro aparato que al parecer sería el T-02 ( aunque en el escrito figura 5T 20, matrícula inexistente) un Fokker F-28 MK-4000 Serie N° 11203. 

El pedido del juez paralizó al alto mando aéreo. Podría ampliarse dado que el mandamás de la fuerza pasó por áreas donde el magistrado puso la lupa. En 2003, Amrein fue destinado a la Agrupación Aérea de Presidencia de la Nación, prestó servicios en ese lugar hasta junio de 2005. Ocupaba el puesto de jefe de Operaciones del sistema Fokker F-28. 

Bonadio pide el costo del vuelo de uno de esos aparatos presuntamente fletado con diarios, aunque en el escrito habría un error de tipeo de la matrícula. En 2005 y 2006 con el grado de comodoro, Amrein llegó a la Jefatura de Logística de la fuerza y ocupó el cargo de jefe del Departamento de Programa Operacional, con injerencia en los números y gastos de los aviones, a partir de 2011 y hasta 2013 se desempeñó como jefe del estado mayor del Comando de Adiestramiento y Alistamiento, desde esa oficina se mueve el nervio operativo de todas las aeronaves de dotación de la Fuerza Aérea Argentina.

Declaraciones testimoniales de pilotos de los aviones asignados a Presidencia, ya registradas en la causa, señalaron que en algunas ocasiones “junto con los diarios, se llevaban también muebles”.

martes, 12 de febrero de 2019

Vidal inaugurará la nueva cárcel destinada a jóvenes en medio de una sobrepoblación récord en los penales

La gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro Gustavo Ferrari recorrerán esta mañana el nuevo penal (Télam)
(Infobae.com) - La gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro Gustavo Ferrari recorrerán esta mañana el nuevo penal (Télam)



No habrá corte de cinta, pero la inauguración de hoy de la gobernadora bonaerense no será una más. "El tema cárceles fue ocultado y olvidado por el anterior gobierno provincial", asegura María Eugenia Vidal en diálogo con Infobae.

En medio de la mayor sobrepoblación de la historia penitenciaria argentina con más de 43 mil detenidos entre comisarías y penales de la provincia de Buenos Aires y un exceso que también aqueja al Servicio Penitenciario Federal, la mandataria recorrerá esta mañana junto al ministro de Justicia Gustavo Ferrari -de cuya cartera dependen las cárceles provinciales- la "unidad modelo para jóvenes" del distrito bonaerense de Campana, con capacidad para más de 600 internos de entre 18 y 21 años, que costó más de $700 millones y que buscará una reinserción social de la que hoy carece el sistema.

"Tenemos que generar una política penitenciaria que genere mayor reinserción", resaltó la gobernadora en compañía del ministro Ferrari.

En rigor, los primeros internos, unos 50 jóvenes provenientes de diversos establecimientos bonaerenses, ingresarán a la nueva cárcel el próximo lunes. El desembarco será gradual, hasta completar las 616 plazas en para de año. "La población joven es la más conflictiva", explicó Ferrari.  De acuerdo a cifras de 2018, un 43% del total tumbero está imputado por robos agravados y hurtos. Se estima que la mitad de los presos todavía no tienen condena firme.

El SPB superó su cupo máximo para alojar detenidos en 2013 cuando aumentó su número de internos en unos 414 más, el comienzo de la escalada. De ahí en más todo fue exponencial. El número aumentó a 2.691 presos más en 2014, otros 4.673 en 2015. Los dos primeros años de macrismo trajeron 16 mil presos más, unos 6.010 en 2016 y otros 9.962 en 2017.

La recorrida de hoy estará custodiada por un grupo de agentes penitenciarios que ya trabajan en el lugar desde hace un mes, y que tuvieron un entrenamiento especial durante el 2018. La imagen de Vidal en la inauguración de la unidad, en vísperas del inicio de la campaña electoral en la que buscará su reelección, será atípica: la última inauguración de una cárcel de grandes dimensiones fue la del penal de General Alvear, de 1.500 plazas, a principios de siglo. Es el establecimiento de la Triple Fuga de los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci, que ocurrió en los primeros días de la gestión provincial de Cambiemos.

Según los números oficiales, 3.567 de los 43 mil detenidos actuales son jóvenes de ente 18 y 21 años. El 97% son hombres.

"Un 40% de los presos que pasan por las cárceles vuelven a cometer delitos", aseguró la mandataria en sus oficinas de la avenida Libertador, en el barrio porteño de Retiro.
La nueva cárcel, desde el drone de Infobae
El nuevo penal, cuya construcción se había iniciado en el 2014 con la anterior gestión y que apenas estaba iniciada y abandonada cuando asumió Cambiemos, para el que ya fueron seleccionados más de 400 internos, está destinado a aquellos que cumplan una pena menor a 5 años, en general vinculada a delitos contra la propiedad. Son jóvenes que habrían manipulado armas en los delitos de los que se los acusa y que para ingresar al programa, que ya funciona en otros establecimientos, deben firmar previamente un acta de conformidad que apunta al cumplimiento de pautas de convivencia.

El penal de Campana tiene escuelas, talleres de trabajo, lugar para deportes como fútbol, básquet, rugby o boxeo, planta de tratamiento de residuos y un centro para el tratamiento de adicciones. Según la administración bonaerense, es la primera unidad con esas características en el país.

En los últimos años, sin embargo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) alertó sistemáticamente sobre la superpoblación carcelaria en territorio bonaerense. El centro ya había advertido que el nuevo establecimiento no contemplaba el crecimiento a futuro de la población en cuestión.

Desde el gobierno provincial son conscientes de la problemática. Dicen que, desde el inicio de la gestión, encararon un proceso de transparencia y de obras en el servicio penitenciario bonaerense. Cuando llegaron, por ejemplo, juran que ni siquiera había candados para las celdas.

Incluso apuntan a que el penal de Campana tenga una circulación permanente de presos. Y dicen que el éxito del programa estará explicado por la reinserción social, en el mediano y largo plazo, y por el nivel de violencia interna, en el corto plazo. Será, de hecho, el primer penal que tendrá en su interior una oficina destinada al Patronato de Liberados.

viernes, 8 de febrero de 2019

Procesan a 92 intendentes por malversación

(Cronica.com) - Se recaudaron fondos para gestión de los residuos. La investigación es llevada a cabo por el juez Claudio Bonadio.
Los jefes comunales recibieron el dinero pero no hicieron las obras.
Los jefes comunales recibieron el dinero pero no hicieron las obras. Los jefes comunales recibieron el dinero pero no hicieron las obras.

El juez federal Claudio Bonadio procesó a más de 90 intendentes de todo el país por presunta malversación de fondos públicos que estaban destinados al programa Residuos Sólidos Urbanos, entre 2013 y 2015. La investigación liderada por Bonadio sigue la ruta de más de 600 millones de pesos de las arcas del Tesoro que estaban asignados -vía Jefatura de Gabinete- al financiamiento del programa de Residuos Sólidos Urbanos, que comprendía a más de 190 municipios.

En la misma causa ya estaban procesados los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina; al igual que los ex secretarios de Medio Ambiente Sergio Lorusso, Omar Judis y Juan José Mussi; y el ex jefe de asesores de la Jefatura de Gabinete Andrés Meiszner.

Los procesamientos fueron dirigidos a intendentes y ex jefes comunales de ciudades ubicadas en las provincias de Chaco, Santa Cruz, Chubut, Santa Fe, Tucumán, Río Negro, Santiago del Estero, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, Misiones, La Pampa y Buenos Aires.

Entre los procesados se encuentra el intendente de San Antonio de Areco, Francisco "Paco" Durañona, el ex intendente de Campo Largo y actual vicegobernador de Chaco, Daniel Capitanich, y el ex intendente de Quilmes, Francisco "Barba" Gutiérrez. El magistrado tomó declaraciones a la mayoría de los procesados durante la etapa preliminar de la investigación, entre junio y septiembre del año pasado.

Los fondos provenientes del Estado nacional se giraron a los municipios que lo solicitaron mediante un proyecto que debían presentar los intendentes. En el expediente se determinó que hubo municipios que recibieron los fondos y jamás hicieron las obras destinadas a la gestión de residuos, o utilizaron el dinero para otras cuestiones, según confiaron fuentes judiciales.

jueves, 31 de enero de 2019

Harán "subastas inmediatas" con los bienes expropiados de la corrupción

El yate de Ricardo Jaime es un emblema de la extinción de dominioPor Maia Jastreblansky - La Nación
El yate de Ricardo Jaime es un emblema de la extinción de dominio Fuente: Archivo

Es parte del plan del Gobierno para la extinción de dominio; busca evitar el deterioro de los activos y evitar pagar el costo de almacenamiento; habrá un "fondo de garantía" para el caso de que sus propietarios sean sobreseídos 

Decidido a avanzar con la extinción de dominio-haya o no una ley y hasta tanto el DNU mantenga vigencia, en el Gobierno estudian cómo avanzar con la expropiación de los bienes de la corrupción y el narcotráfico. En las reuniones de los últimos días se impuso la idea de la "subasta inmediata" de los activos que ingresen al Estado, para evitar gastos operativos y poder reinvertir los fondos.

El Poder Ejecutivo le envió ayer a la Comisión Bicameral Permanente de Tratamiento Legislativo el DNU de extinción de dominio. Se espera que en las próximas horas, el titular de la comisión, el kirchnerista Marcos Cleri, defina cuándo se reunirán a tratarlo. Puede hacerlo en cualquier momento, porque la comisión es permanente. Mientras, en Casa Rosada evalúan si finalmente llaman, o no, a sesiones extraordinarias en febrero para tratar los proyectos de seguridad y Justicia que habían sido anunciados.

El DNU de extinción de dominio que emitió el Poder Ejecutivo determinó que, una vez que un juez civil lo ordene, "la administración y el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles expropiados" a las personas procesadas por la Justicia quedarán dentro de la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que depende de la Jefatura de Gabinete. La norma también menciona la posibilidad de subastar los bienes y coteja la posibilidad de una "venta anticipada" de los activos.

Quienes trabajan en la letra chica del decreto reglamentario, para aplicar lo antes posible el DNU, quieren introducir el concepto de "subasta inmediata" de los bienes para evitar su deterioro y los gastos innecesarios por los depósitos, la custodia y los seguros que implicaría la custodia de los activos. La AABE advirtió en los últimos días en la Casa Rosada que no tiene la estructura ni el aparato burocrático necesario para hacer frente a esas erogaciones.

Los vehículos de Lázaro Báez, son parte de los bienes disponiblesLos vehículos de Lázaro Báez, son parte de los bienes disponibles

"Queremos trabajar con reglas claras y que la administración de los bienes no sea un despropósito. Estamos trabajando en una reglamentación de subasta inmediata para mantener el valor de los activos que se vayan a expropiar y evitar su ruina", señaló el titular de la AABE, Ramón Lanús, a LA NACION. El funcionario se reunió el lunes con Mauricio Macri y el martes con la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso , para estudiar los pasos a seguir.

Consultado sobre cómo retribuirían los bienes a sus dueños originales, en caso de que sean sobreseídos en la causa penal, desde la AABE señalaron que estudian la creación de un "fondo de garantía" que resguarde un porcentaje de los fondos producto de cada subasta, de forma de poder a hacer frente a eventuales reintegros.

Actualmente en el Gobierno estudian los modelos de Colombia, México e Italia, que se hizo de los activos del Mani Pulite. El concepto de "subasta inmediata" proviene del ejemplo colombiano. Por caso, los vehículos expropiados, que se arrumban en depósitos de las fuerzas de seguridad, podrían depreciarse si esperan una sentencia firme de una causa penal para volver a ser utilizados.

Mientras el Gobierno afina el lápiz para redactar un decreto reglamentario de la extinción de dominio, la Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso, estudia las causas de corrupción contra el kirchnerismo en las que interviene, donde hay bienes cautelados, para dar el primer paso cuando termine la feria judicial.

"Es importante una subasta que no demore más de 30 o 60 días. Y que el dinero tenga un destino útil para el Estado, como una obra pública o un fin social", confirmó Alonso a LA NACION.

Aún resta que la Procuración General, a cargo de Eduardo Casal, cree la Procuraduría de Extinción de Dominio. El Ministerio de Justicia ya elevó el pedido al Ministerio Público Fiscal, para que acelere los trámites cuando termine la feria judicial.

Antecedentes

Hasta ahora, los bienes decomisados en casos de corrupción y narcotráfico quedaban bajo la cautela de la Corte Suprema. Solo en casos puntuales, la Justicia los destinó al Poder Ejecutivo, en particular al Ministerio de Seguridad.

La AABE no tiene demasiados antecedentes con bienes incautados en causas penales. Los recibió en dos oportunidades. La primera, en una causa por narcotráfico de una banda que operaba en la Triple Frontera. La UIF le entregó a la agencia una estancia, un hotel alojamiento y una whiskería ubicados en la provincia de Corrientes. También le encontraron a la misma banda una "escuela narco" en Misiones, que fue transferida al obispado de esa provincia.

El segundo caso tiene que ver con la corrupción kirchnerista. El juez federal Julián Ercolini le entregó a la AABE la guarda judicial sobre 46 vehículos de los procesados en la causa de vialidad, entre ellos, un Honda CVR de Cristina Kirchner y autos de Julio De Vido y Lázaro Báez. Pero una acordada de la Corte Suprema frenó el pase al Poder Ejecutivo, y los bienes quedaron en un limbo. En el Gobierno esperan que la aplicación del DNU destrabe esa situación.
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