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martes, 2 de abril de 2019

Decretaron la quiebra de OCA por deuda de $ 7.000 M

Decretaron la quiebra de OCA por deuda de $ 7.000 M(Ambito.com) - La Justicia desestimó el pedido de tres empresas para salvar a la compañía postal. La decisión judicial implica asegura la continuidad de la empresa.

Finalmente, la Justicia decretó la quiebra de OCA por una deuda de $ 7.000 millones al rechazar las propuestas de salvataje abriendo un nuevo proceso que permita la subasta de la empresa. La medida fue dictada por el juez civil y comercial de Lomas de Zamora, Pablo Tejada, quien resolvió la quiebra con "continuidad de la actividad", lo cual permitirá abonar los salarios de los trabajadores de la empresa postal privada más grande del país.

El magistrado dispuso también la inhabilitación y prohibición de salir del país a Patricio Farcuh, quien hasta el momento era el presidente y cara visible de la compañía. En un comunicado, la empresa de correos informó que la resolución judicial "implica la plena continuidad en las prestaciones de servicios y de todos los procesos relacionados con la actividad diaria de OCA".

La firma es el mayor correo privado del país y tiene 6.800 empleados directos, de los cuales 6.000 están afiliados a Camioneros. Al conocerse la noticia, el propio el gremio que conduce Hugo Moyano pidió "tranquilidad" a los empleados porque podrán seguir trabajando hasta la venta de la compañía.

"Más que nunca debemos estar unidos compañeros, porque sabemos del firme compromiso del Juez de mantener las fuentes de trabajo", remarcó el sindicato. "OCA ha pasado por varias gestiones, pero nunca hubo una tan nefasta como esta última, que la condujo a la quiebra. Sin embargo sabemos que es la fuerza de los trabajadores, quienes verdaderamente le dan valor a la empresa", agregaron desde la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros.

La medida de Tejada llegó luego que la empresa presentara fallidamente tres planes de pagos ante la AFIP para evitar la quiebra, además de las propuestas a sus otros acreedores. En medios judiciales se explicó que las deudas acumuladas con la AFIP alcanzarían los $5.800 millones, mientras que sumarían 1.300 millones con sus otros acreedores.

La falta de una oferta de compra solvente -deudas incluidas- tras el concurso abierto por el juez, culminó con la declaratoria de quiebra y la continuidad de un nuevo proceso que permita la subasta de la empresa.

sábado, 30 de marzo de 2019

Enriquecimiento ilícito: un informe detectó US$ 6,5 millones sin justificar del patrimonio de los Kirchner

Por NICOLÁS DIANA (Clarín.com) - Lo elaboró un auditor en la causa que se investigó en 2009. Reveló que faltaban certificados de plazos fijos y documentación de compra de inmuebles, entre otras irregularidades. Pese a las pruebas, Oyarbide lo desestimó y cerró el expediente. 

El patrimonio de Néstor y Cristina kirchner vuelve a estar bajo sospecha de la Justicia.

La causa por supuesto enriquecimiento ilícito contra Néstor y Cristina Kirchner que el ex juez Norberto Oyarbide cerró en tiempo récord en diciembre de 2009 vuelve a tomar envión. Un informe que realizó un auditor de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para ese expediente detectó que los ex presidentes no podían justificar unos US$ 6,5 millones de su patrimonio.

El escrito fue elaborado por Eduardo Blanco  en base a la pericia contable que había encargado Oyarbide a dos peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Peralta y María del Carmen Penedo, quienes trabajaron sobre las declaraciones juradas que habían entregado los Kirchner a la Oficina Anticorrupción. El ex matrimonio presidencial era investigado por la Justicia por las sospechas sobre su patrimonio: había aumentado 158% en un año. Entre 2007 y 2008, pasaron de tener bienes, efectivo y sociedades por $17,8 millones a acumular $46 millones.

Tras analizar la pericia, el informe de Blanco fue demoledor, según pudo reconstruir Clarín en base a fuentes judiciales y que tuvieron acceso al documento. Pese a las pruebas, Oyarbide desestimó el informe crítico y cerró el expediente. 

De los $28 millones que había crecido el patrimonio de los Kirchner en un año, Blanco identificó que $24.700.000 eran imposibles de justificar. En diciembre de 2009, con el dólar a $ 3,81, esa cifra ascendía a US$ 6.480.000.

Uno de los puntos que más le llamó la atención a Blanco, según dejó por escrito en el informe, era la falta de certificados de los plazos fijos que habían declarado los Kirchner. Sin esos respaldos, era imposible constatar cómo habían ganado unos $4,2 millones en un año. 

También dejó asentado que faltaba documentación para justificar compras y ventas de inmuebles que habían hecho en ese período. Se refería a las 16 propiedades que habían declarado como vendidas y por las que decían haber recibido $14,5 millones. Con esos fondos, que según Blanco no estaban debidamente respaldados, los Kirchner intentaron explicar la compra de Hotesur, que administró el hotel Alto Calafate. 

Según la Justicia, con ese emprendimiento realizaron maniobras de lavado de dinero en las que participó Lázaro Báez. El empresario les alquilaba a los K habitaciones que nadie usaba. Ese expediente ya fue elevado a juicio oral.

Blanco también advirtió sobre la falta de comprobantes sobre un préstamo de $9 millones que les habría otorgado el Banco de Santa Cruz y cuestionó el monto que habían declarado por alquileres sus propiedades. No habían presentado las constancias suficientes.

Además, puso la lupa sobre una deuda de $8.329.000 que había declarado Kirchner con la empresa Austral Construcciones -de su amigo Lázaro Báez- por la construcción de un inmueble. Ese monto se refería a la edificación del hotel Los Sauces que Kirchner no le quería pagar a Báez, según contó en su declaración como arrepentido en la causa de los cuadernos su ex contador Víctor Manzanares.

Un perito que había detectado irregularidades en la declaración de bienes de los Kirchner ratificó en la justicia aquel dictamen. Las conclusiones del informe que realizó Blanco y que Oyarbide nunca incluyó en la causa son contundentes: "No se está en condiciones de establecer si el incremento patrimonial del 2008 se encuentra debidamente justificado". 

El ex auditor de la FIA declaró como testigo el martes pasado ante el juez Ariel Lijo que busca reabrir el expediente por enriquecimiento ilícito contra los Kirchner bajo la figura de la cosa juzgada írrita. En su testimonial, Blanco ratificó las irregularidades que había detectado en el patrimonio K y que volcó en el informe que ignoró Oyarbide. Ayer, Lijo le pidió a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas -que reemplazó a la FIA- que le envíe el documento de Blanco.
El hotel Los Sauces, uno de los bienes apuntado por el informe sobre la fortuna K.
El hotel Los Sauces, uno de los bienes apuntado por el informe sobre la fortuna K.

En paralelo, el fiscal Eduardo Taiano, que trabaja junto a Lijo en este caso, le pidió al juez Claudio Bonadio -que lleva adelante la causa de los cuadernos- la declaración como arrepentido del ex contador de los Kirchner Víctor Manzanares En su testimonio reveló como el ex presidente se involucró para manipular la pericia contable y ser sobreseído en la causa. Manzanares contó que cuando arrancó la causa por supuesto enriquecimiento ilícito, Kirchner lo citó en Buenos Aires y le pidió que se haga cargo de manejar su pericia. "Me indicó que debía reunirme con varias personas y que siga sus instrucciones, que debía concurrir al edificio de la SIDE", aseguró. Allí, dijo que se reunió con Javier Fernández (auditor general de la Nación y señalado como operador K en la Justicia) y que fueron en auto hasta un departamento donde estaba Oyarbide quien le pidió que se reuniera con los peritos de la Corte Suprema para hacer una presentación lavada que fuera funcional al sobreseimiento. 

Con el informe de Blanco y el testimonio de Manzanares, Lijo intentará volver a investigar a los Kirchner por su incremento patrimonial desmedido. Deberá probar que hubo un fraude para cerrar el caso en 2009. Por las pruebas, no parece una tarea difícil.

jueves, 28 de marzo de 2019

La Cámara anuló el fallo de Gallardo y se implementará la doctrina Chocobar

La Cámara anuló el fallo de Gallardo y se implementará la doctrina Chocobar(El Intransigente) - Mauricio Macri había habilitado que las fuerzas de seguridad disparen por la espalda y con armas de plomo a delincuentes en fuga, mientras que no suponga una amenaza a terceros.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario definió la polémica resolución del Ministerio de Seguridad que aprobó el reglamento sobre el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas federales, que había sido suspendida por el juez Roberto Gallardo.

Por unanimidad, los camaristas Esteban Centanaro, Gabriela Seijas y Hugo Zuleta resolvieron declarar la nulidad de la resolución del juez Gallardo. Por otro lado, decidieron ordenar el archivo de las actuaciones en el marco de una causa iniciada por Myriam Bregman, María del Carmen Verdú y otros.

Patricia Bullrich, en la resolución 956/2018 del Ministerio de Seguridad, dispone que las fuerzas de seguridad puedan disparar a matar por la espalda y con balas de plomo a delincuentes en plena fuga, incluso cuando no suponga una amenaza para terceros. También los habilita a abrir fuego sin la normativa de identificarse.

Desde la oposición y diversos organismos de Derechos Humanos denunciaron que la polémica resolución equivalía a instaurar la pena de muerte sin juicio previo.

El juez Gallardo, como medida cautelar, había solicitado que se suspendiera y se le ordene al Gobierno que se abstuviera de aplicar la resolución impulsada por el Ministerio de Seguridad. Sin embargo, su pedido fue anulado.

Por otro lado, el camarista Zuleta señaló que el juez “no resultaba competente para analizar la validez e inteligencia de la norma de orden público federal”. Centanaro también declaró al respecto y dijo: “Se controvierte un acto emitido por una autoridad federal, dictado con apoyo de normas federales y dirigido a reglamentar el accionar de fuerzas federales de seguridad. No advierto que el juez interviniente, para resolver el presente pleito, deba interpretar y aplicar normas de carácter local”.

Luego de la nulidad de la resolución del juez Gallardo, la polémica doctrina Chocobar tendrá vía libre en la Argentina.

lunes, 18 de marzo de 2019

La inexplicable falla de Migraciones que permitió el ingreso de los iraníes con pasaportes falsos

El sospechoso detenido(La Nación) - Una inexplicable falla de un operador de Migraciones franqueó la entrada al país a la pareja de iraníes detenida el viernes a la noche, cuya identidad todavía no pudo ser confirmada y cuyas intenciones aún son un misterio inextricable.

Fuentes de la investigación confirmaron a LA NACION que Sajjad Naserani, que dijo ser fotógrafo y tener 27 años, y Mahsoreh Sabzali, de 30, supuestamente ingeniera y arquitecta, presentaron en uno de los puestos migratorios, el 12 de este mes, sendos pasaportes a nombre de Netanel Toledano y Rivka Toledano, ambos israelíes.

Al operador de Migraciones el sistema le alertó instantáneamente que sus pasaportes habían sido denunciados como robados en Jerusalén; eran originales, pero ahora contenían datos falseados.

No obstante, y aunque, según dijeron calificadas fuentes gubernamentales, eso bastaba para disponer que la pareja fuera demorada y quedara a disposición de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el operador les permitió el ingreso al país debido a que el sistema, a través de las huellas dactilares, no arrojó que los sospechosos visitantes tuvieran antecedentes o figuraran en alguna lista de presuntos terroristas en cualquiera de las agencias de inteligencia internacionales.

La mujer arrestadaFoto: La mujer arrestada

Calificadas fuentes de la causa dijeron a LA NACIÓN que fue allanada la casa del agente migratorio que les permitió el paso a los dos sospechosos. En el lugar no se encontró ningún indicio que lo vincule con los iraníes o con cualquier situación parecida al terrorismo, se explicó.

La aparición de los pasaportes robados en la Argentina también fue advertida por Interpol, ya que el sistema I24-7 lo reportó en cuanto ocurrió. No obstante, la situación fue puesta en conocimiento de la Justicia recién el jueves 14, luego de las corroboraciones hechas por Interpol Jerusalén. Desde entonces, 80 brigadas de la Policía Federal se lanzaron a buscar a los sospechosos, que pasaron por tres hoteles (en uno estuvieron 12 horas, en otro, 24) hasta que llegaron al apart hotel de Lavalle al 3000, en la zona del Abasto, donde agentes del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) los detuvo el viernes a la noche.

A pesar de los nombres y las identidades que dieron, no existe ninguna constancia de que efectivamente sean iraníes y se llamen Naserani y Sabzali. Sus huellas dactilares no arrojaron ningún resultado en ninguna base de datos de aquellas que están interconectadas a través de los sistemas de cooperación internacional, como las que maneja Interpol.

Tampoco se pudo comprobar que, como dijeron, sean disidentes que escaparon de Irán hacia Turquía, de allí a Grecia (de donde los expulsaron por haber entrado ilegalmente) y luego, a España, donde -según su propio relato- compraron los cuatro pasaportes a los que les insertaron sus fotos. Usaron dos pasaportes para salir de España y otros dos para entrar en la Argentina.

Mostraron en uno de sus teléfonos (un iPhone) una imagen del presunto documento real de uno de ellos. Pero no dieron la clave para poder desbloquear el aparato. También dijeron tener el contacto de un abogado argentino, aunque por ahora no dieron su nombre.

La pareja será trasladada mañana a primera hora desde la Alcaidía de Interpol (en Cavia y Figueroa Alcorta) a los tribunales de Comodoro Py, donde serán puestos a disposición del juez federal Luis Rodríguez, que intentará tomarles declaración justo el día que se conmemora el 27° aniversario del atentado terrorista contra la embajada de Israel en Buenos Aires.

viernes, 22 de febrero de 2019

Bonadio quiere saber si la Fuerza Aérea pagó por vuelos que llevaban diarios a Santa Cruz

Por Edgardo Aguilera (Ambito.com) - Bonadio quiere saber si la Fuerza Aérea pagó por vuelos que llevaban diarios a S. Cruz.
Bonadio quiere saber si la Fuerza Aérea pagó por vuelos que llevaban diarios a S. Cruz
El juez federal Claudio Bonadio pidió a la Fuerza Aérea información acerca del costo operativo de dos aviones de la flota presidencial y si además esa institución pagó por los vuelos que llevaban diarios y enseres a Río Gallegos y El Calafate.

La pesquisa Nº 18.704 caratulada “NN s/Malversación de Caudales ” apunta a determinar si “durante los años 2003 a 2015 inclusive se efectuaron viajes con aviones de la Presidencia desde la ciudad de Buenos Aires a las ciudades de Río Gallegos y El Calafate con “finalidades que excedieran las atribuciones con las que cuenta el Poder Ejecutivo”.

En el expediente fechado ayer, Bonadio solicitó al jefe aeronáutico Enrique Amrein que “dentro de las 72 horas de notificado y por el área que entienda conducente, remita a este Tribunal una estimación aproximada del costo de un vuelo efectuado por los aviones Tango 10 y 5T20 (N.R. posible error de tipeo, se refiere al T 02, no existe la matrícula 5T20) desde la ciudad de Buenos Aires hacia las ciudades de El Calafate y Río Gallegos y su retorno a esta ciudad, mientras ambas aeronaves hayan estado afectadas a la flota presidencial”. “Deberá comprender los periodos 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 y 2015” agrega el requerimiento e “incluir también los costos operativos, de personal, servicios de rampa y todo otro pertinente” y “si dichos costos eran abonados por la Fuerza Aérea o por la Presidencia”. 

Interesan al magistrado los movimientos de dos aeronaves; el Lear Jet 60 matrícula T-10 adquirido por la fuerza en 1998 y que comenzó a ser utilizado en vuelos presidenciales desde 2003 y otro aparato que al parecer sería el T-02 ( aunque en el escrito figura 5T 20, matrícula inexistente) un Fokker F-28 MK-4000 Serie N° 11203. 

El pedido del juez paralizó al alto mando aéreo. Podría ampliarse dado que el mandamás de la fuerza pasó por áreas donde el magistrado puso la lupa. En 2003, Amrein fue destinado a la Agrupación Aérea de Presidencia de la Nación, prestó servicios en ese lugar hasta junio de 2005. Ocupaba el puesto de jefe de Operaciones del sistema Fokker F-28. 

Bonadio pide el costo del vuelo de uno de esos aparatos presuntamente fletado con diarios, aunque en el escrito habría un error de tipeo de la matrícula. En 2005 y 2006 con el grado de comodoro, Amrein llegó a la Jefatura de Logística de la fuerza y ocupó el cargo de jefe del Departamento de Programa Operacional, con injerencia en los números y gastos de los aviones, a partir de 2011 y hasta 2013 se desempeñó como jefe del estado mayor del Comando de Adiestramiento y Alistamiento, desde esa oficina se mueve el nervio operativo de todas las aeronaves de dotación de la Fuerza Aérea Argentina.

Declaraciones testimoniales de pilotos de los aviones asignados a Presidencia, ya registradas en la causa, señalaron que en algunas ocasiones “junto con los diarios, se llevaban también muebles”.

martes, 12 de febrero de 2019

Vidal inaugurará la nueva cárcel destinada a jóvenes en medio de una sobrepoblación récord en los penales

La gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro Gustavo Ferrari recorrerán esta mañana el nuevo penal (Télam)
(Infobae.com) - La gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro Gustavo Ferrari recorrerán esta mañana el nuevo penal (Télam)



No habrá corte de cinta, pero la inauguración de hoy de la gobernadora bonaerense no será una más. "El tema cárceles fue ocultado y olvidado por el anterior gobierno provincial", asegura María Eugenia Vidal en diálogo con Infobae.

En medio de la mayor sobrepoblación de la historia penitenciaria argentina con más de 43 mil detenidos entre comisarías y penales de la provincia de Buenos Aires y un exceso que también aqueja al Servicio Penitenciario Federal, la mandataria recorrerá esta mañana junto al ministro de Justicia Gustavo Ferrari -de cuya cartera dependen las cárceles provinciales- la "unidad modelo para jóvenes" del distrito bonaerense de Campana, con capacidad para más de 600 internos de entre 18 y 21 años, que costó más de $700 millones y que buscará una reinserción social de la que hoy carece el sistema.

"Tenemos que generar una política penitenciaria que genere mayor reinserción", resaltó la gobernadora en compañía del ministro Ferrari.

En rigor, los primeros internos, unos 50 jóvenes provenientes de diversos establecimientos bonaerenses, ingresarán a la nueva cárcel el próximo lunes. El desembarco será gradual, hasta completar las 616 plazas en para de año. "La población joven es la más conflictiva", explicó Ferrari.  De acuerdo a cifras de 2018, un 43% del total tumbero está imputado por robos agravados y hurtos. Se estima que la mitad de los presos todavía no tienen condena firme.

El SPB superó su cupo máximo para alojar detenidos en 2013 cuando aumentó su número de internos en unos 414 más, el comienzo de la escalada. De ahí en más todo fue exponencial. El número aumentó a 2.691 presos más en 2014, otros 4.673 en 2015. Los dos primeros años de macrismo trajeron 16 mil presos más, unos 6.010 en 2016 y otros 9.962 en 2017.

La recorrida de hoy estará custodiada por un grupo de agentes penitenciarios que ya trabajan en el lugar desde hace un mes, y que tuvieron un entrenamiento especial durante el 2018. La imagen de Vidal en la inauguración de la unidad, en vísperas del inicio de la campaña electoral en la que buscará su reelección, será atípica: la última inauguración de una cárcel de grandes dimensiones fue la del penal de General Alvear, de 1.500 plazas, a principios de siglo. Es el establecimiento de la Triple Fuga de los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci, que ocurrió en los primeros días de la gestión provincial de Cambiemos.

Según los números oficiales, 3.567 de los 43 mil detenidos actuales son jóvenes de ente 18 y 21 años. El 97% son hombres.

"Un 40% de los presos que pasan por las cárceles vuelven a cometer delitos", aseguró la mandataria en sus oficinas de la avenida Libertador, en el barrio porteño de Retiro.
La nueva cárcel, desde el drone de Infobae
El nuevo penal, cuya construcción se había iniciado en el 2014 con la anterior gestión y que apenas estaba iniciada y abandonada cuando asumió Cambiemos, para el que ya fueron seleccionados más de 400 internos, está destinado a aquellos que cumplan una pena menor a 5 años, en general vinculada a delitos contra la propiedad. Son jóvenes que habrían manipulado armas en los delitos de los que se los acusa y que para ingresar al programa, que ya funciona en otros establecimientos, deben firmar previamente un acta de conformidad que apunta al cumplimiento de pautas de convivencia.

El penal de Campana tiene escuelas, talleres de trabajo, lugar para deportes como fútbol, básquet, rugby o boxeo, planta de tratamiento de residuos y un centro para el tratamiento de adicciones. Según la administración bonaerense, es la primera unidad con esas características en el país.

En los últimos años, sin embargo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) alertó sistemáticamente sobre la superpoblación carcelaria en territorio bonaerense. El centro ya había advertido que el nuevo establecimiento no contemplaba el crecimiento a futuro de la población en cuestión.

Desde el gobierno provincial son conscientes de la problemática. Dicen que, desde el inicio de la gestión, encararon un proceso de transparencia y de obras en el servicio penitenciario bonaerense. Cuando llegaron, por ejemplo, juran que ni siquiera había candados para las celdas.

Incluso apuntan a que el penal de Campana tenga una circulación permanente de presos. Y dicen que el éxito del programa estará explicado por la reinserción social, en el mediano y largo plazo, y por el nivel de violencia interna, en el corto plazo. Será, de hecho, el primer penal que tendrá en su interior una oficina destinada al Patronato de Liberados.

viernes, 8 de febrero de 2019

Procesan a 92 intendentes por malversación

(Cronica.com) - Se recaudaron fondos para gestión de los residuos. La investigación es llevada a cabo por el juez Claudio Bonadio.
Los jefes comunales recibieron el dinero pero no hicieron las obras.
Los jefes comunales recibieron el dinero pero no hicieron las obras. Los jefes comunales recibieron el dinero pero no hicieron las obras.

El juez federal Claudio Bonadio procesó a más de 90 intendentes de todo el país por presunta malversación de fondos públicos que estaban destinados al programa Residuos Sólidos Urbanos, entre 2013 y 2015. La investigación liderada por Bonadio sigue la ruta de más de 600 millones de pesos de las arcas del Tesoro que estaban asignados -vía Jefatura de Gabinete- al financiamiento del programa de Residuos Sólidos Urbanos, que comprendía a más de 190 municipios.

En la misma causa ya estaban procesados los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina; al igual que los ex secretarios de Medio Ambiente Sergio Lorusso, Omar Judis y Juan José Mussi; y el ex jefe de asesores de la Jefatura de Gabinete Andrés Meiszner.

Los procesamientos fueron dirigidos a intendentes y ex jefes comunales de ciudades ubicadas en las provincias de Chaco, Santa Cruz, Chubut, Santa Fe, Tucumán, Río Negro, Santiago del Estero, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, Misiones, La Pampa y Buenos Aires.

Entre los procesados se encuentra el intendente de San Antonio de Areco, Francisco "Paco" Durañona, el ex intendente de Campo Largo y actual vicegobernador de Chaco, Daniel Capitanich, y el ex intendente de Quilmes, Francisco "Barba" Gutiérrez. El magistrado tomó declaraciones a la mayoría de los procesados durante la etapa preliminar de la investigación, entre junio y septiembre del año pasado.

Los fondos provenientes del Estado nacional se giraron a los municipios que lo solicitaron mediante un proyecto que debían presentar los intendentes. En el expediente se determinó que hubo municipios que recibieron los fondos y jamás hicieron las obras destinadas a la gestión de residuos, o utilizaron el dinero para otras cuestiones, según confiaron fuentes judiciales.

jueves, 31 de enero de 2019

Harán "subastas inmediatas" con los bienes expropiados de la corrupción

El yate de Ricardo Jaime es un emblema de la extinción de dominioPor Maia Jastreblansky - La Nación
El yate de Ricardo Jaime es un emblema de la extinción de dominio Fuente: Archivo

Es parte del plan del Gobierno para la extinción de dominio; busca evitar el deterioro de los activos y evitar pagar el costo de almacenamiento; habrá un "fondo de garantía" para el caso de que sus propietarios sean sobreseídos 

Decidido a avanzar con la extinción de dominio-haya o no una ley y hasta tanto el DNU mantenga vigencia, en el Gobierno estudian cómo avanzar con la expropiación de los bienes de la corrupción y el narcotráfico. En las reuniones de los últimos días se impuso la idea de la "subasta inmediata" de los activos que ingresen al Estado, para evitar gastos operativos y poder reinvertir los fondos.

El Poder Ejecutivo le envió ayer a la Comisión Bicameral Permanente de Tratamiento Legislativo el DNU de extinción de dominio. Se espera que en las próximas horas, el titular de la comisión, el kirchnerista Marcos Cleri, defina cuándo se reunirán a tratarlo. Puede hacerlo en cualquier momento, porque la comisión es permanente. Mientras, en Casa Rosada evalúan si finalmente llaman, o no, a sesiones extraordinarias en febrero para tratar los proyectos de seguridad y Justicia que habían sido anunciados.

El DNU de extinción de dominio que emitió el Poder Ejecutivo determinó que, una vez que un juez civil lo ordene, "la administración y el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles expropiados" a las personas procesadas por la Justicia quedarán dentro de la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que depende de la Jefatura de Gabinete. La norma también menciona la posibilidad de subastar los bienes y coteja la posibilidad de una "venta anticipada" de los activos.

Quienes trabajan en la letra chica del decreto reglamentario, para aplicar lo antes posible el DNU, quieren introducir el concepto de "subasta inmediata" de los bienes para evitar su deterioro y los gastos innecesarios por los depósitos, la custodia y los seguros que implicaría la custodia de los activos. La AABE advirtió en los últimos días en la Casa Rosada que no tiene la estructura ni el aparato burocrático necesario para hacer frente a esas erogaciones.

Los vehículos de Lázaro Báez, son parte de los bienes disponiblesLos vehículos de Lázaro Báez, son parte de los bienes disponibles

"Queremos trabajar con reglas claras y que la administración de los bienes no sea un despropósito. Estamos trabajando en una reglamentación de subasta inmediata para mantener el valor de los activos que se vayan a expropiar y evitar su ruina", señaló el titular de la AABE, Ramón Lanús, a LA NACION. El funcionario se reunió el lunes con Mauricio Macri y el martes con la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso , para estudiar los pasos a seguir.

Consultado sobre cómo retribuirían los bienes a sus dueños originales, en caso de que sean sobreseídos en la causa penal, desde la AABE señalaron que estudian la creación de un "fondo de garantía" que resguarde un porcentaje de los fondos producto de cada subasta, de forma de poder a hacer frente a eventuales reintegros.

Actualmente en el Gobierno estudian los modelos de Colombia, México e Italia, que se hizo de los activos del Mani Pulite. El concepto de "subasta inmediata" proviene del ejemplo colombiano. Por caso, los vehículos expropiados, que se arrumban en depósitos de las fuerzas de seguridad, podrían depreciarse si esperan una sentencia firme de una causa penal para volver a ser utilizados.

Mientras el Gobierno afina el lápiz para redactar un decreto reglamentario de la extinción de dominio, la Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso, estudia las causas de corrupción contra el kirchnerismo en las que interviene, donde hay bienes cautelados, para dar el primer paso cuando termine la feria judicial.

"Es importante una subasta que no demore más de 30 o 60 días. Y que el dinero tenga un destino útil para el Estado, como una obra pública o un fin social", confirmó Alonso a LA NACION.

Aún resta que la Procuración General, a cargo de Eduardo Casal, cree la Procuraduría de Extinción de Dominio. El Ministerio de Justicia ya elevó el pedido al Ministerio Público Fiscal, para que acelere los trámites cuando termine la feria judicial.

Antecedentes

Hasta ahora, los bienes decomisados en casos de corrupción y narcotráfico quedaban bajo la cautela de la Corte Suprema. Solo en casos puntuales, la Justicia los destinó al Poder Ejecutivo, en particular al Ministerio de Seguridad.

La AABE no tiene demasiados antecedentes con bienes incautados en causas penales. Los recibió en dos oportunidades. La primera, en una causa por narcotráfico de una banda que operaba en la Triple Frontera. La UIF le entregó a la agencia una estancia, un hotel alojamiento y una whiskería ubicados en la provincia de Corrientes. También le encontraron a la misma banda una "escuela narco" en Misiones, que fue transferida al obispado de esa provincia.

El segundo caso tiene que ver con la corrupción kirchnerista. El juez federal Julián Ercolini le entregó a la AABE la guarda judicial sobre 46 vehículos de los procesados en la causa de vialidad, entre ellos, un Honda CVR de Cristina Kirchner y autos de Julio De Vido y Lázaro Báez. Pero una acordada de la Corte Suprema frenó el pase al Poder Ejecutivo, y los bienes quedaron en un limbo. En el Gobierno esperan que la aplicación del DNU destrabe esa situación.

martes, 22 de enero de 2019

Hay más de $200 mil millones embargados en causas de la corrupción y casi USD 600 millones en casos de narcotráfico

(Prensa Presidencia)Por Patricia Blanco - Infobae.com
El número surge solo de los expedientes en donde la Oficina Anticorrupción se presentó como querellante, por lo que la cifra final podría ser mucho más alta. 

Según la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Estado podría recuperar hasta $300 mil millones. El nuevo decreto de extinción de dominio firmado por el presidente Mauricio Macri permitirá utilizar los bienes que provienen del delito.

Al menos $200 mil millones se encuentran embargados por la Justicia en causas de corrupción. Así lo revelaron a Infobae fuentes del Ministerio de Justicia, luego de que el presidente Mauricio Macri anunciara la firma del decreto de necesidad de urgencia para impulsar la política de extinción de dominio que permitirá decomisar, desde los tribunales civiles, distintos bienes y activos de distintas causas penales.

El número surge de los expedientes en donde la Oficina Anticorrupción se presentó como querellante. Por eso, señalan en Tribunales, esa cifra podría incrementarse si se le suman aquellas causas en donde ese organismo del Estado no interviene.

También se elevaría de manera exponencial si se le suman las causas de narcotráfico. En diciembre pasado, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich había dicho que los bienes personales y dinero en efectivo que fueron confiscados de narcotraficantes en los últimos tres años implicaban unos USD 593 millones, el equivalente a la construcción de 17.500 viviendas.

La funcionaria nacional, consultada hoy por radio La Red, aseguró que una vez que entre en vigencia la extinción de dominio el Estado podría recuperar hasta 300 mil millones de pesos. "Es una cifra impresionante; yo no puedo luchar contra el narcotráfico si no le saco las cosas, y así les estamos sacando el capital de trabajo, porque los narcos no compran un avión porque les gusta volar, sino porque lo usan para transportar la droga", aseguró.


Los bienes embargados en casos de corrupción

Con el decreto que anunció el presidente Mauricio Macri, el Estado podría hacerse de ese dinero a través de un juicio civil, sin necesidad de una condena penal. Pero la Justicia ha venido avanzando en estos últimos años con el embargo de bienes y la utilización por parte del Estado.
Uno de los aviones de Lázaro Báez
Uno de los aviones de Lázaro Báez

Allí aparecen dos aviones del empresario Lázaro Báez que hoy manejan Aviación Civil y el Ministerio de Seguridad de la Nación y las maquinarias incautadas en la causa de la Ruta del Dinero que quedaron en manos de Vialidad Nacional. La Justicia secuestró 1.355 bienes de Lázaro Báez por un valor de 188 millones de dólares, entre los cuales aparecen 418 inmuebles, entre casas, estancias, lotes y parcelas, y 937 rodados, aviones y maquinarias. Pero además a Lázaro se le secuestraron libros incunables, que fueron entregados a la Biblioteca Nacional, como un ejemplar de "La Razón de Vida", firmado por su autora, Eva Perón; "Viaje a la Patagonia Austral", con la rúbrica del perito Francisco Pascasio Moreno o libros firmados por Juan Domingo Perón y Jorge Luis Borges. También había un ejemplar de "Mi lucha", del nazi y genocida alemán Adolf Hitler, según relató Infobae en octubre pasado.

Otro ejemplo de bienes que ya están en poder del Estado es el yate del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, que se convirtió en una "embarcación recuperada de la corrupción" de Prefectura Naval. Jaime espera juicio oral por enriquecimiento ilícito, aunque ya está condenado por la tragedia de Once, entregar dádivas y haber intentado destruir pruebas durante un procedimiento judicial.

En la lista de bienes embargados, a disposición del Estado, aparecen más de de medio centenar de vehículos de ex funcionarios que pasaron a control estatal, entre ellos uno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cristina está procesada por cuatro causas de corrupción (Vialidad, Hotesur, Los Sauces y cuadernos), además de los dos expedientes más políticos: dólar futuro y Memorándum con Irán.
El yate de Ricardo Jaime
El yate de Ricardo Jaime

A raíz de la causa de la obra pública, que el próximo 26 de febrero será llevada a juicio oral, con Cristina Kirchner, Julio De Vido y Lázaro Baez en el banquillo, Vialidad Nacional reclamó 1.200 millones de dólares de resarcimiento por los "daños y perjuicios" generados por contratos inconclusos y sobreprecios pagados.

En el caso Hotesur, a Florencia Kirchner le secuestraron en julio de 2016 USD 4,6 millones en una de las 2 cajas de seguridad que intervino en el Banco Galicia y otro millón de dólares en una caja de ahorro. Hasta la Corte Suprema le dijo en 2017 que ya no podía reclamar la devolución de ese dinero.

En tanto, sólo en la causa de los cuadernos, el juez Claudio Bonadio había dictado embargos por 4 mil millones de pesos a cada uno de los involucrados, desde la ex presidenta hasta el chofer Oscar Centeno pasando por todos los empresarios. La Cámara Federal, sin embargo, corrigió esos números A Cristina Kirchner le fijaron un embargo de 1.500.000 pesos y a De Vido de 1.095.000, pero a los empresarios se les impuso un monto mayor, de acuerdo a la cantidad de hechos por los que están investigados.

Un decomiso, casi 30 años después

Pero la Justicia ya ha demostrado que se puede decomisar bienes de la corrupción. El problema es lo que tarda el proceso judicial para poder concretarlo. En setiembre pasado, la Justicia llevó adelante el decomiso del predio de Tandanor valuado en 40 millones de dólares, aunque su valor inmobiliario supera los 500 millones. Fue después de condenar a ex funcionarios y empresarios privados por la fraudulenta privatización del predio que se hizo al inicio del gobierno de Carlos Menem. Es decir, entre el hecho y el decomiso pasaron casi 30 años.

Bajo la órbita del Ministerio de Justicia funciona el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el Proceso Penal en donde se centralizar la información de los bienes secuestrados, decomisados o afectados a una medida cautelar en el marco de un proceso penal. Sin embargo, los voceros oficiales señalan que las listas no están actualizadas porque muchas veces los jueces no les reportan de lo incautado en sus respectivas causas para tener los datos al día.

Desde Tribunales, al igual que los voceros oficiales, insisten en marcar la diferencia entre estas dos palabras. ¿Por qué? Porque los embargos preventivos o incautaciones son decisiones judiciales que prohíben temporalmente transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control temporales de bienes por mandamiento expedido por un tribunal u otra autoridad competente, mientras que el decomiso, en tanto, es la medida a través de la cual una autoridad estatal (puede ser judicial o no) quita la propiedad sobre un bien que se sospecha ilegal a su titular sin que tenga derecho a resarcimiento. De esto se trata ahora la iniciativa oficial.

Los allegados al ministro de Justicia Germán Garavano explican que "la lista de causas en las que se podría aplicar, y que se tramitan en la Justicia Federal, incluye delitos como corrupción; contrabando de estupefacientes, precursores químicos y armas; amedrentamiento coactivo a particulares, gobiernos u organismos internacionales; corrupción de menores; proxenetismo; distribución de pornografía infantil; trata de personas y el secuestro extorsivo". Y aclaran que también será posible recuperar bienes de funcionarios que defraudaron la Administración Pública por delitos como cohecho, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.

La iniciativa señala que "durante el desarrollo de la causa judicial, los bienes embargados serán administrados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), mientras que el dinero en efectivo será administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)".

martes, 15 de enero de 2019

Sobre el cierre del año judicial, uno de los expedientes que se tramitan en la Corte Suprema registró un vuelco sorpresivo.

Según la nota periodística de Hugo Alconada Mon publicada en el diario La Nación, la Unión de Consumidores de Argentina desistió de su reclamo judicial para que se declare la nulidad del contrato de explotación del yacimiento petrolífero Cerro Dragón hasta 2047, en favor de Pan American Energy (PAE).

El inesperado giro de la entidad de consumidores llegó tras cuatro años de batallar en tribunales con PAE, pero también con el Estado nacional -en particular, el Ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido -, la Universidad Nacional de Cuyo y la provincia de Chubut. Pero tras argumentar que la concesión y su prórroga atentaban contra el interés público y los derechos de los argentinos, ahora sostuvo que cambiaron "las condiciones" y se bajó de la pelea judicial. El desistimiento llegó sin que mediara en el expediente ninguna novedad que complicara sus posibilidades. 

¿Por qué tanto ruido rodea a Cerro Dragón? En abril de 2007, el gobierno de Chubut firmó un contrato con PAE -integrada por Bridas Corporation, de la familia Bulgheroni y British Petroleum-, y le otorgó una prórroga para explotarlo hasta 2027, con compromisos para llevarlo hasta 2047. Ese acuerdo original de 2007 acumuló denuncias en la Argentina, lo que derivó en una investigación que quedó en manos del juez federal Rodolfo Canicoba Corral , y en Estados Unidos, donde British Petroleum, denunció ante la Comisión de Valores (SEC) el presunto pago de sobornos al negociar y
firmar ese contrato.

"La autodenuncia de British Petroleum ante la SEC es una confesión expresa de la existencia de actos de corrupción que agregaron toxicidad a un contrato de concesión de un bien no renovable", afirmó el entonces presidente de la Unión de Consumidores, Fernando Blanco Muiño, quien reclamó la creación de una comisión investigadora. PAE siempre sostuvo que se trató de algo muy distinto. Por eso, afirmó que la ofensiva de la Unión de Consumidores y otros denunciantes respondía a intereses ocultos -entre ellos, el empresario kirchnerista Cristóbal López -, deseosos de sacar alguna tajada
multimillonaria del yacimiento Cerro Dragón. En Washington, la denuncia de British Petroleum llevó a la SEC a iniciar una  investigación junto al Departamento de Justicia, en la que declararon Manzano y ejecutivos de PAE. Pero con el paso del tiempo se archivaron las actuaciones, aunque no de modo definitivo, según indicaron fuentes estadounidenses consultadas por LA NACION.

martes, 8 de enero de 2019

Bullrich confirmó el proyecto de la expulsión express de extranjeros que delinquen

(Perfil.com) - En diálogo con Radio Mitre, la ministra detalló que, en los últimos tiempos aumentó la cantidad de delitos cometidos por migrantes.

El Gobierno busca acelerar la expulsión de los extranjeros que delinquen a ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró este lunes que el Gobierno intentará establecer una ley que permita la rápida expulsión de aquellos que cometan delitos cuyo objetivo "es que todo aquel que se radique en la Argentina lo haga con el objetivo de colaboración, de sentar su familia y sus bases, pero que no venga a delinquir", manifestó Bullrich. 

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto para crear un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil, que bajaría a 15 años la edad de imputabilidad para delitos graves. FOTO: NA

"Este es un proceso que comenzó con el dictado de un decreto por parte del presidente de la Nación
(Mauricio Macri) hace ya dos años. Ahora lo encabeza Migraciones y nosotros (el Ministerio de Seguridad) somos la fuerza de apoyo", añadió la funcionaria en diálogo con Radio Mitre. La ministra
detalló que, en en tema drogas ilegales, en los últimos tiempos aumentó la cantidad de delitos cometidos por extranjeros llegando al 20 por ciento de las personas que están detenidas, condenadas
o procesadas.

"Se ha construido un listado de personas que están impedidas de estar en el país porque están de manera ilegal o porque han cometido delitos. Esta es la primera parte de un programa más extenso que será llevado al parlamento de la Nación", sostuvo. "Así que esto, que ya venía desde el decreto dictado por el Presidente de la Nación pero que tuvo algunos impedimentos judiciales, se va a hacer con la legislación existente", agregó.

Bullrich destacó también que desde su Ministerio se están creando unidades especiales de búsqueda de las personas incluidas en el listado para ser expulsadas por haber cometido delitos en el país o por haber ingresado ilegalmente. "En algunos casos quienes están por ser echados abren un proceso judicial. La idea es la creación de una cámara para que el trámite sea más expedito, más rápido", indicó.

martes, 11 de diciembre de 2018

Cooperativas truchas y hasta una iglesia evangélica aparecen en la nueva ruta del dinero K

Por Daniel Santoro - Clarin.com
El juez Ercolini debe decidir si indaga al financista K Ernesto Clarens por maniobras de lavado que alcanzan los US$ 160 millones. Un informe reservado precisa la maniobra.

El financista Ernesto Clarens, en los tribunales de Comodoro Py. Foto Maxi Failla

En la nueva ruta del dinero K descubierta en la causa del direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, aparecen algunas de las mismas financieras, cooperativas truchas y hasta una iglesia evangélica investigadas en los casos de Skanska, Ciccone y Cerro Dragón, entre otros.

En el pedido del fiscal Gerardo Pollicita al juez Ercolini para indagar al financista Ernesto Clarens y a los hermanos Gotti, entre otros imputados, se detectaron maniobras de lavado de dinero por U$S 160 millones. En el juicio contra Báez por la ruta del dinero K a través de “La Rosadita” se había descubierto el blanqueo de otros 60 millones de dólares.

En esta nueva causa las maniobras financieras se hicieron a través de la famosa financiera Invernes que manejaba el financista K Ernesto Clarens, procesado en la causa de los cuadernos de las coimas. Invernes fue luego comprada directamente por el entorno de Báez.

El ardid se concretó, entre el 2003 y el 2010, a través de las constructoras Gotti y Gancedo, las cuales también las manejaba Báez. Primero, las constructoras cedieron el cobro de los cheques que les daba el gobierno por los certificados de avance de obra en Santa Cruz a Invernes. Luego Invernes cambió más de 5 mil cheques en esas financieras y cooperativas truchas por efectivo y sin pagar el impuesto al cheque.

Los cheques, en su mayoría, era pagados por “servicios inexistentes” que figuraban, además, en facturas truchas. El actual titular del INAES, Marcelo Collomb, comenzó en el 2015 una depuración del padrón de cooperativas, apartando a las truchas como Coficred y Credisol que manejaba Clarens.

El pedido del fiscal se basa, entre otras pruebas, en un escrito de la AFIP, que maneja Leandro Cuccioli, preparado por el inspector Jaime Mecikovsky y la sucursal del organismo fiscal de Comodoro Rivadavia. La AFIP cruzó los datos de los cheques y los supuestos proveedores para descubrir estas conexiones asombrosas.

Gotti y Gancedo, que eran controladas por Lázaro Báez para monopolizar la obra pública en Santa Cruz, fueron las sociedades puente de la maniobra. Como prueba de la acusación, un perito ingeniero dijo que las facturas aportadas por Gotti “no alcanza para dar por válidos ni los Proveedores, ni los bienes, ni los servicios ni los montos de las erogaciones registradas”.

En el informe de la AFIP se revela que se descubrieron más de 100 proveedores truchos de Gotti y que las cooperativas irregulares, una Iglesia Evangélica y el FONFIPRO (Fondo Provincial de la Provincia de Formosa) manejaron casi al 65 % de los depósitos. El FONFIPRO fue el canal por el cual el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, hizo pagar 2 millones de dólares a la empresa fantasma The Old Fund, la misma que usó el ex vicepresidente Amado Boudou para comprar ilegalmente Ciccone.

“En los pagos de GOTTI SA teóricamente destinados al pago de sus proveedores por parte de INVERNES SA, se verifica en los análisis practicados que fueron en realidad canalizados casi el 85 % de los montos de cheques emitidos a nombre de proveedores falsos o aceptados como tales y se depositaron en entidades en las que, por diferentes razones, resultaba imposible en la práctica controlar mínimamente la trazabilidad de la operación y nada tenían que ver con la actividad, área geográfica o de desarrollo de las operaciones de GOTTI SA”, señala el informe de la AFIP.

Y así utilizó la estructura de la Asociación Mutual de Panaderos Unidos del Tercer Milenio, Fonfipro, Global Equity sociedad de Bolsa y Facimex (éstas últimas involucradas también en la ruta del dinero K), la Iglesia Cristina Evangélica Pentecostal Bethel de San Miguel, entre otra veintena de sociedades.

“INVERNES realizó sus gestiones por GOTTI SA fundamentalmente a partir de la utilización de la cuenta del Banco MACRO BANSUD, cuyo sistema de prevención de lavado de activos correspondería revisar y cuyas autoridades de prevención de lavado de dinero debieron haber practicado diferentes reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero durante toda esta operatoria, considerando los montos, la falta de relación de los destinatarios con la actividad originante de los fondos y los permanentes retiros”, asegura el informe de la AFIP.

lunes, 10 de diciembre de 2018

Caso Ciccone: la Justicia va por Gildo Insfrán, el gobernador de Formosa

Por Nicolás Wiñazki - Clarin.com
El mandatario provincial contrató a la firma de la que participaba el ex vicepresidente Boudou para renegociar en forma ventajosa una deuda con la Nación.


Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, complicado en la causa Ciccone. Foto. Maxi Failla

El ex Secretario de Hacienda y Finanzas del Partido de la Costa, ex Director Ejecutivo de la ANSES, ex ministro de Economía de la Nación, y ex vicepresidente de la República Argentina, Amado Boudou está preso desde el 7 de agosto pasado.

El tribunal Oral en lo Criminal Federal N 4 lo condenó a cinco años y diez meses de cárcel por haber cobrado coimas y haber cometido el delito de negociaciones incompatibles con la función pública tras liderar la compra ilegal de la única imprenta privada del país capaz de fabricar dinero: Ciccone Calcográfica.

El caso Boudou no terminó allí. Continuó. Y Continuará. De a poco se irán conociendo cada vez más descalabros cometidos por los protagonistas de esta historia. Tras la detención de Boudou, el juez federal Ariel Lijo, que llevó la instrucción de la causa Ciccone junto al fiscal Jorge Di Lello, siguió investigando a lo que se dio en llamar el caso Ciccone II. Es el tramo de esta historia que debe resolver cómo y por quiénes fue financiada la adquisición y puesta en funcionamiento de esa compañía estratégica para garantizar la seguridad de la emisión monetaria.

Como publicó este viernes Clarín, Lijo procesó por diferentes delitos vinculados a esas acciones económicas al banquero Jorge Brito, al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, entre otros ex funcionarios y viejos amigos del ex vice que formaron parte de la “nueva” Ciccone. También le dictó el sobreseimiento a varios miembros de la familia fundadora de la imprenta que llevaba su apellido, justamente los Ciccone, lo que haría suponer que fueron víctimas de una compra hostil de su empresa.

La sociedad con la que Boudou y sus amigos se adueñaron de esa megaimprenta se llama The Old Fund. Era desconocida y nunca había facturado nada. El primer negocio antes de administrar la mayoría de las acciones de Ciccone Calcográfica lo hizo con la provincia de Formosa. Es gobernada por el peronista Gildo Insfrán desde 1995. La misteriosa The Old Fund cobró 6,8 millones de pesos por una asesoría sobre renegociación de deuda pública.

Ante un escenario procesal negativo, Insfrán, esta misma semana, presentó en la Justicia un recurso para ralentizar una definición del juez Lijo sobre el rol que cumplió en toda esta historia.

Para financiarse durante el 2010, The Old Fund cometió una serie de descalabros que muestran la impunidad con la que creían que se manejaban sus dueños y directivos. Esos negociados fueron develados a la Justicia por quien dirigió esa sociedad, Alejandro Paul Vandenbroele. Es el primer “arrepentido” de la historia del país en un caso de corrupción.

El cambio de la Ley sobre esa figura procesal, impulsado por Cambiemos, permitió que puedan colaborar con la Justicia quienes participaron de delitos vinculados al dinero público.

Vandenbroele habló primero con el fiscal Di Lello. Y luego fue Lijo quien “homologó” su acuerdo.
Vandenbroele sorprendió en el juicio oral del caso Ciccone cuando declaró y contó detalles increíbles sobre su participación en en el caso Ciccone. Mostró documentación y mails. Contestó preguntas. Habló cuatro horas seguidas. Con tono calmo, y mostrando que tenía oficio en su profesión, la de abogado, impactó con precisión contra el relato del resto de los procesados. Sobre todo, los de Boudou y Nuñez Carmona.

En esas horas determinantes, dio a conocer cómo se financió la compra de la ex imprenta Ciccone. Y cuál era la verdad, según su documentación y la tesis judicial, respecto a los primeros millones que llegaron a la cuenta The Old Fund. Fueron los millones de Formosa.

Insfrán buscaría ahora que el caso sea considerado ya resuelto por la Justicia de su provincia, donde nunca fue inquietado por ningún magistrado. En los tribunales federales creen que no logrará su cometido.

El caso Formosa es una muestra del desparpajo con el que se movió Boudou como ministro de Economía. 

De acuerdo a lo declarado por el “arrepentido” Vandenbroele, la sociedad The Old Fund “debutó” el 21 de mayo del 2010. Ese día emitió su primer factura de negocios. Fue por $7.667.161 (casi US$ 2 millones según el tipo de cambio de ese día).

¿La razón de esa ganancia? La empresa, aunque no tenía empleados salvo una secretaria, ni experiencia en trabajos financieros, apenas era una “cáscara” con nombre y accionistas (Vandenbroele y un viejo amigo de Boudou de Mar del Plata, Sergio Gustavo Martínez), consiguió que Formosa la contratase para asesorar a la gestión gubernamental local.

Insfrán buscaba mejorar la renegociación de la deuda pública de su provincia mediante la firma de una “addenda” con el ministro de Economía. Era Amado Boudou. Año 2010.

Vandenbroele no solo afirmó en el juicio oral de Ciccone, y lo demostró, que para la fecha en la que The Old Fund “asesoraba” a Insfrán él, como director de The Old Fund, estaba en realidad en Mendoza. Si no que también afirmó que los contratos firmados con el Estado formoseño fueron realizados mucho tiempo después de la consultoría ficticia. Se “post-datearon”. Algún papel sobre ese primer trabajo de The Old Fund debía existir. Fue creado una vez consumado el hecho: cobrar.

También se supo adónde fueron a parar esos casi 8 millones de pesos. Se repartieron entre protagonistas del caso. Una parte fue para Vandenbroele, otra para Nuñez Carmona, que le aseguró que dividiría el dinero con su socio Boudou. Y el resto fue a cuentas de un empleado del Banco de Formosa, llamado Martín Cortés. Es aun hoy operador financiero del gobernador Insfrán. Ascendió: es el director del banco en el que antes era apenas un empleado.

El dinero que cobró The Old Fund de Formosa fue retirado en efectivo, después de ser transformados a dólares en una sede del Banco Macro.

La entidad no emitió, como debiera haber hecho según la visión judicial, un “reporte de operación sospechosa” (ROS), para que esa maniobra fuera investigada por la Unidad de Información Financiera (UIF) como posible lavado de dinero. En la era K la UIF estaba al mando de José Sbatella, quien nunca ordenó alguna pesquisa a sus jefes políticos.

Antes de cobrar los fondos formoseños, la cuenta de The Old Fund en el Macro tenía apenas $ 19,50.

Una curiosidad: Núñez Carmona solía ser voraz con el dinero y, aunque ese resto era poco, allí estaba, sobrando en los saldos de The Old Fund.

Según fuentes del caso, y de documentación que consta en el expediente, Cortés se quedó con 795.260 dólares. Con ese dinero adquirió acciones del Banco de Formosa. Hoy figura como dueño del 4,86% del capital de Banco de Formosa S.A..

La plata que se quedó The Old Fund sirvió para financiar a la empresa y gracias a ese dinero pudo luego adueñarse de la ex Ciccone Calcográfica. Ahora se sabe: la “addenda” que firmó Insfrán con Boudou, le permitió a Formosa evitar pagar hasta ahora 1.480 millones de dólares en interés de esa mora que tiene con el Estado Nacional. La provincia deberá abonar esa fortuna, toda junta, en el 2040. Faltan 22 años. Para entonces, Insfrán tendrá 89 años.

Las nuevos procesamiento dictados por Lijo serán analizados ahora por la Cámara Federal. El tribunal podría agravar los delitos tipificados por el juez.

El caso Ciccone podría impactar de modo negativo en aun más personajes de la vida publica nacional.

viernes, 30 de noviembre de 2018

ARA San Juan: procesaron a cuatro funcionarios de Defensa

ARA San Juan: procesaron a cuatro funcionarios de Defensa
(Ambito.com) - Son miembros de la Comisión Evaluadora. Se los acusa de incumplimiento de deberes en la preadjudicación a una empresa española en la búsqueda del submarino.


La Justicia federal procesó a cuatro miembros de la Comisión Evaluadora del Ministerio de Defensa por incumplimiento de deberes de funcionario público, en la preadjudicación a una empresa española de la búsqueda del submarino ARA San Juan.


El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi imputó a Héctor Horisberger, Marcelo Gustavo Dip, Rogelio Alfredo García Bastitta, miembros de la Armada y de la Fuerza Aérea, y a Pablo Longhi, del Ministerio de Defensa, por irregularidades en la contratación de las empresas Igeotest Geociencias y Exploraciones SL.

Los imputados están acusados por supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público y fueron embargados por un millón de pesos.

Según el juez, los funcionarios "omitieron aplicar la ley" al preadjudicar a la firma española del empresario argentino Marcelo Devicenzi ya que no cumplía con los requisitos establecidos en el pliego.

"Tuvieron pleno conocimiento de las reglamentaciones vigentes para la contratación y pese a todas las evidentes inconsistencias que presentó la oferente recomendada, continuaron con el proceso y no desestimaron la oferta", sostuvo el magistrado en su resolución.

Entre las irregularidades que aparecen en el expediente figura que "el número societario de la empresa española Igeotest Geociencias SL pre adjudicada, no coincidía con el número de registro" y que "la denunciante constató que el número societario de la empresa estaba relacionado con la compañía española CONTROL Y PROSPECCIONES SL, la cual se encontraría concursada desde el año 2017".

La causa se inició por la presentación de la abogada Valeria Carrera, con el patrocinio del estudio de Fernando Burlando, quien denunció a los integrantes del Ministerio de Defensa que integran la Oficina de Contrataciones por la "adulteración de instrumento público, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes de funcionario público, con fraude en perjuicio de la administración pública".

El Gobierno finalmente otorgó la licitación a la firma Ocean Infinity, que un año después del último contacto del navío lo detectó a 900 metros de profundidad y a unos 500 kilómetros de la costa argentina.

En tanto, este jueves por la mañana, y según contó Luis Tagliapietra, padre de uno de los submarinistas fallecidos y que también participó como veedor en la búsqueda del navío, el buque Seabed Constructor llegó al puerto sudafricano de Ciudad del Cabo.

El buque con su tripulación fue recibido por el Agregado de Defensa en Sudáfrica, capitán de navío Gonzalo Prieto y el cónsul en Johannesburgo, Pablo Graziano.

Las 67 mil imágenes y videos que comprenden el registro fotográfico y fílmico logrado por Ocean Infinity, están siendo copiados en discos duros externos. "Llegamos hoy bien temprano y ahora todo el material recolectado está en plena descarga. Esperamos que la descarga llegue pronto", dijo Tagliapietra.

El grupo de argentinos, entre familiares y personal de la Armada estará de vuelta en el país el próximo martes alrededor de las 21:30.

La Armada Argentina indicó en un comunicado que existe una cédula oficial que impuso el Juzgado Federal Nº 1 de Caleta Olivia, la cual establece "la obligación de proveer a la justicia toda la información vinculada a este proceso de búsqueda. Parte de esta información está relacionada al cierre formal de la contratación del servicio de localización e identificación fehaciente del submarino".

Con respecto a las imágenes, en el comunicado se explicó que "durante la permanencia a bordo, todos los observadores han tenido el mismo nivel de acceso a las mismas a lo largo del proceso de búsqueda".

Y se agregó que "primordialmente, las familias han pedido total reserva respecto de las imágenes que pudiesen surgir, más allá de las tres imágenes ya publicadas, y que sirvieron como fehaciente prueba de identificación positiva".

jueves, 22 de noviembre de 2018

La Corte apoyó la recuperación total del astillero Tandanor para el Estado

Por Daniel Santoro - Clarin.com
Validó un decreto de Kirchner que anuló la privatización de esa empresa estatal cuyos terrenos en Puerto Madero son multimillonarios.
Lote de Tandanor en la Dársena Norte, al costado del hotel de los Inmigrantes, que había vendido una empresa privada en forma fraudulenta.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación validó este miércoles la constitucionalidad del decreto 315/2007 del ex presidente Néstor Kirchner por el cual el Poder Ejecutivo Nacional había anulado la privatización de la empresa estatal Tandanor realizada durante el menemismo.

La decisión permite la recuperación total del astillero Tandanor porque con esta resolución de la Corte se recupera la llamada  Planta II, donde está en astillero sobre el Riachuelo y hay oficinas del Ministerio de Justicia y con la condena penal se decomisó la Planta I, ubicada sobre la dársena norte donde se proyectaban negocios por 500 millones de dólares. La condena había sido pedida por el fiscal de juicio Diego Luciani.

Y así se desarticuló totalmente uno de los grandes negociados del menemismo, que investigó este diario en los noventa e impulsó el fiscal de instrucción Carlos Stornelli.

Se trata de una larga pelea judicial. En una decisión histórica en septiembre pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 –integrado por los jueces Gabriel Ángel Nardiello, Sergio Paduczak y Sabrina Namer- condenó este viernes a tres años de prisión en suspenso a un ex funcionario del gobierno de Carlos Menem y dos empresarios por el escándalo de la privatización del astillero Tandanor.

Pero lo más importante, es que el TOF 5 decomisó un terreno de 8,5 hectáreas que está en la boca de Puerto Madero y donde se proyectan torres por 500 millones de dólares. Así el terreno, ubicado detrás del hotel de los Inmigrantes en Puerto Madero, volvió a ser propiedad del Estado de la misma forma que la llamada planta dos del ex astillero Tandanor ubicada en la zona sur del puerto de Buenos Aires sobre el Riachuelo.

El tribunal había condenado al ex interventor de Tandanor Eduardo Andrés Tesoriere y a los empresarios Alejandro Arturo Bofill y Andrés Juan Vlastó a tres años de prisión de ejecución condicional, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En tanto, fueron absueltos Gerardo Norberto Donato, Nachat Samman, Miguel María De Larminat y Omar Calculli, los tres primeros por prescripción del delito por el retraso del juicio.

A través del decreto de Kirchner se habían revocado por razones de ilegitimidad los actos administrativos que habían dado lugar a la venta del 90% del paquete accionario de TANDANOR en el año 1991, por la suma de US$59.760.000 en favor de un consorcio cuyos integrantes habían constituido la firma Inversora Dársena Norte S.A. (INDARSA).

La revocación se fundó en la existencia de diversos vicios que afectaron la contratación y que resultaron conocidos por los beneficiarios: entre ellos, la alteración en favor de INDARSA del precio y de las condiciones de pago previstas al llevarse a cabo la licitación e incluidas en la oferta realizada por el propio consorcio. Para el Poder Ejecutivo Nacional esas irregularidades merecían la sanción de nulidad prevista en el artículo 17 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, n° 19.549.

En ese contexto, el síndico de la quiebra de INDARSA planteó la inconstitucionalidad del decreto 315/2007 por considerar que al haber dejado sin efecto actos anteriores que habían producido efectos respecto de terceros, la extinción debió haber sido resuelta por autoridad judicial.

La Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial hizo lugar a ese planteo del síndico de inconstitucionalidad por considerar que el ejercicio de la facultad otorgada a la administración por la ley 19.549 de revocar por ilegitimidad sus propios actos en casos en que los interesados conocieran el vicio no podía ejercerse en perjuicio de terceros.

Esa sentencia dio lugar a la presentación de recursos ordinarios por parte del Estado Nacional y de Tandador, que fueron concedidos. A su vez, la Fiscal General ante la cámara y el propio Estado Nacional plantearon recursos extraordinarios, que sólo fueron concedidos en lo que respecta a la cuestión federal invocada. Por esa razón, la representante del Ministerio Público Fiscal interpuso recurso de queja ante la Corte Suprema por las causales de arbitrariedad y gravedad institucional. 

Posteriormente, el Estado Nacional también denunció la prejudicialidad respecto de la causa penal “Boffil, Alejandro Arturo y otros”, radicada ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 5, y solicitó la suspensión del trámite de estas actuaciones en virtud de lo dispuesto en artículo 1101 del entonces vigente Código Civil.

La Corte Suprema, con el voto de Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, y Elena Highton de Nolasco (por sus propios fundamentos), rechazó el pedido de suspensión formulado por el Estado Nacional, declaró procedentes los recursos ordinarios y extraordinarios interpuestos, revocó la sentencia apelada y confirmó la de primera instancia en cuanto había rechazado el planteo de inconstitucionalidad del decreto 315/2007.

En lo que refiere al planteo de suspensión, los cuatro jueces sostuvieron que la decisión que se adoptara con carácter firme en sede penal "no tendría incidencia en la cosa juzgada respecto de la inconstitucionalidad planteada en estas actuaciones".

En cuanto al fondo del asunto, Maqueda, Lorenzetti y Rosatti aclararon que el síndico de la quiebra realizó el planteo de inconstitucionalidad en defensa de los derechos de terceros —acreedores verificados en la quiebra de INDARSA y otras personas que ejercieron funciones en dicho proceso— y no de la fallida. En ese sentido, luego de reseñar lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 19.549 y la interpretación realizada por la jurisprudencia de la Corte, entendieron que "el único facultado para solicitar la declaración de nulidad de un acto revocatorio es el destinatario del acto revocado".

Asimismo, tuvieron en cuenta que "ni la cámara ni el síndico de la quiebra de INDARSA negaron que el beneficiario de los actos revocados hubiera conocido el vicio que afectaba la venta de las acciones de Tandanor".

Finalmente, señalaron que la protección a los derechos de los terceros otorgada por el artículo 18 de la ley 19.549 está referida a la revocación de actos regulares y no, como sucede en el caso, de un acto irregular revocado en defensa del interés público.

Por su parte, Highton de Nolasco coincidió, en lo sustancial, con los fundamentos del voto mayoritario aunque no se pronunció sobre el carácter de la representación asumida por el síndico de INDARSA en estas actuaciones.

miércoles, 21 de noviembre de 2018

Denunciaron a otro ex funcionario de Planificación por enriquecimiento ilícito

Por LUCIO FERNÁNDEZ MOORES (Clarin.com) - Lo hizo el fiscal Marijuán, quien pidió investigar a Marcelo Montero. Supuestamente cobraría un sueldo de la Biblioteca del Congreso desde hace 29 años.

Marcelo Montero (derecha) junto al subsecretario Roberto Baratta durante una inauguración en San Martín, en 2013.

Tras una investigación de varios meses, el fiscal federal Guillermo Marijuán denunció este martes en los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py a un ex funcionario del Ministerio de Planificación que hace 29 años cobraría mensualmente un sueldo de la Biblioteca del Congreso de la Nación, según dijeron fuentes judiciales.

Se trata de un ex dirigente radical pasado al kirchnerismo llamado Marcelo Montero, de quien el fiscal sospecha que podría tener vinculación con la llamada causa de los cuadernos investigada por su colega Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio.

La denuncia de Marijuán quedó radicada por sorteo en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas. En la carátula provisoria se habla de enriquecimiento ilícito y defraudación contra la administración pública. Montero viviría en un lujoso edificio de departamentos en Puerto Madero y pasaría los fines de semana en un barrio privado de Pilar, según la investigación del fiscal.

El denunciado se desempeñó en el Ministerio de Planificación como "coordinador de servicios públicos" y su vinculación con el caso de los cuadernos estaría dada a partir de una denuncia recibida por Marijuán que indica que el automóvil del "arrepentido" chofer Oscar Centeno habría tenido una de sus múltiples escalas de recolección y reparto de coimas en el edificio Terrazas de Puerto Madero en el que viviría Montero.

Varios de los antiguos jefes de Montero en el ex Ministerio de Planificación Federal se encuentran detenidos, como el titular de esa cartera Julio de Vido, el ex subsecretario de Coordinación Roberto Baratta, el ex secretario de Obras Públicas José López y Carlos Santiago Kirchner, primo del fallecido presidente, entre otros.

La Justicia investiga al gobierno de Santiago del Estero por una sospechosa extracción en efectivo de casi 32 millones de dólares

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora(Infobae.com) - Funcionarios de la gobernación intentaron retirar esa suma de dinero en dólar billete por ventanilla.

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora

La Justicia evitó el cobro por ventanilla de 31.900.000 dólares que el gobierno de Santiago del Estero intentó realizar a través de una sospechosa extracción en una sucursal del Banco Hipotecario. Apoderados de la gobernación de Gerardo Zamora pretendieron retirar esa suma de dinero en efectivo y en dólar billete por ventanilla. Esa operación quedó en la mira de la Justicia. 

Según pudo reconstruir Infobae a partir de varios actores vinculados a la operatoria, desde el Banco Hipotecario pidieron explicaciones por lo inusual del retiro. Desde Santiago del Estero señalaron que se trataba de una emergencia y que el dinero era necesario para afrontar, entre otras obligaciones, el pago de salarios.

El banco pidió que se justificara esa emergencia luego de advertir que los salarios no se pagan en efectivo y en dólares. Al mismo tiempo la entidad bancaria le informó a la provincia que el retiro de casi 32 millones de dólares en efectivo tendría un costo adicional de 400.000 dólares. Y que ese gasto se evitaba si la operación se hacía en forma electrónica. Así y todo los apoderados insistieron. Querían hacer el retiro en efectivo a como diera lugar.

Al mismo tiempo y ante la negativa del Banco Hipotecario, el gobierno de Santiago del Estero inició una acción judicial ante un juzgado de aquella provincia.

Una jueza civil y comercial provincial autorizó la extracción y le dio un plazo de tres días al banco para que la hiciera efectiva. A la acción judicial iniciada en la provincia se sucedió la intervención de altos funcionarios santiagueños que insistieron ante las autoridades bancarias para que fuera autorizado el retiro de dinero en efectivo. Debido a que la operación era sospechosa, intervino la Unidad de Información Financiera (UIF) el organismo del Estado que previene el lavado de dinero. Esa oficina pidió la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que depende de la Procuración General de la Nación.

La PROCELAC pidió una medida cautelar para suspender el retiro debido a lo sospechosa de la situación. La semana pasada la jueza federal María Servini dispuso una medida cautelar que frenó por diez días hábiles el pago de esa considerable suma de dinero. La provincia deberá explicar de manera razonable el por qué de tamaña extracción.

En 2017 hubo una modificación de la UIF a las normas que regulan las operaciones en los bancos. Cuando se detecta una operación inusual de algún organismo público, además de justificar el origen de los fondos hay que explicar el destino del dinero. Debido a lo extraña de la operación que intentó Santiago del Estero el banco alertó a la UIF.

Esto surgió a partir de un caso emblemático: los retiros de grandes sumas de dinero que hacía la agrupación de Milagro Sala en Jujuy.

Pero además de avisar a la UIF el banco le pidió explicaciones a los apoderados de la provincia que habían ido a retirar la plata. Les solicitaron  el acta administrativa preguntando para qué eran esos fondos y quién había tomado esa decisión. La primera respuesta fue que la iban a usar para pagar sueldos y gastos corrientes de la provincia. Desde el banco preguntaron para qué necesitaban dólares y por qué retiraban un monto fuera de lo habitual. La segunda respuesta de los funcionarios del gobierno de Gerardo Zamora fue que lo hacían para proteger los recursos de la provincia frente a la crisis generada por el gobierno Nacional.

Hay una norma de la provincia de Santiago del Estero que establece que esos pagos no pueden realizarse ni en efectivo ni en dólares, sino solamente con transferencia bancaria.

Mientras está en vigencia la cautelar dictada por Servini se inició una etapa de conciliación entre la provincia y el banco para resolver la situación. Por el momento, el retiro del dinero en efectivo por ventanilla quedó suspendido.

En tanto, otro caso similar pero de un monto menor está a cargo del juez federal Sebastián Ramos. A fines de octubre la provincia de Santiago del Estero intentó retirar dos millones de dólares en efectivo y por ventanilla de la sucursal del Banco Nación de la capital provincial.

El banco sólo tenía la mitad del dinero que fue entregada. Antes de la segunda entrega se dio una intervención similar a la sucedida en intento de retiro de casi 32 millones de dólares y Ramos paró el retiro por el millón de dólares pendiente.

Los investigadores no descartan que haya habido en los últimos tiempo más operaciones similares que serán judicializadas a la brevedad.  En tanto se trata de investigar para qué se iban a utilizar los fondos públicos de la provincia gobernada por Zamora. Lo que está claro es que no querían dejar registros de los movimientos.

martes, 20 de noviembre de 2018

Ara San Juan: la jueza Marta Yáñez deslindó de una responsabilidad penal al presidente Mauricio Macri

La jueza Marta Yáñez (Télam)(Infobae.com) - "Entiendo que la cadena de responsabilidad estaría muy alejada", señaló la magistrada, que el jueves viajará a Buenos Aires para recibir la información que recolectó la empresa Ocean Infinity

La jueza de Caleta Olivia, Marta Yáñez, a cargo de la causa que investiga la desaparición y el hundimiento del submarino Ara San Juan, deslindó de una responsabilidad penal al presidente Mauricio Macri.  "Entiendo que la cadena de responsabilidades estaría muy alejada", señaló la magistrada.

En diálogo con radio La Red, la jueza aseguró que la figura del Presidente parece "algo muy remoto", porque se investigan "decisiones que se tomaron en el sistema de armas de las que se vale la defensa nacional, en este caso, lA Armada".

Yáñez, por otro lado, afirmó que tiene previsto viajar a Buenos Aires el próximo jueves para reunirse con las autoridades de la Armada, recibir y comenzar a procesar las más de 60 mil imágenes en alta definición que recolectó la empresa Ocean Infinity al momento de hallar al submarino.

En cuanto a las causas que originaron el colapso del Ara San Juan, la jueza de Caleta Olivia señaló que "pudo haber sido un hecho humano, causado por la concurrencia de factores de mantenimiento", aunque destacó que ésta es una de las hipótesis a confirmar o desechar una vez consultada la documentación, lo que permitiría realizar una maqueta en 3D del submarino.

En las últimas horas, la magistrada también se refirió a la posibilidad de realizar una operación de rescate para reflotar la nave, algo que reclama un grupo de familiares. En este punto, destacó la necesidad de "hacer un estudio de factibilidad" previo pero afirmó que se puede avanzar en la investigación a partir de la documentación que se analizará.

Por otro lado, el fiscal federal de Caleta Olivia, Lucas Colla, adelantó a Infobae que pedirá en las próximas horas que una junta interdisciplinaria analice qué pasó desde que el submarino tuvo la última comunicación, antes de quedar enterrado en el lecho del océano Atlántico, a 907 metros de profundidad.
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