Mostrando entradas con la etiqueta Seguridad. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Seguridad. Mostrar todas las entradas

jueves, 19 de septiembre de 2019

Prefectura inauguró un hangar de última generación en Mar del Plata

Resultado de imagen para hangar de Prefectura Naval en Mar del Plata
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto al jefe de la Fuerza, Eduardo Scarzello, presidieron el acto. El lugar funcionará como base del equipo de rescatistas que realiza operativos de búsqueda y salvamento.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, junto al Prefecto Nacional Naval, Eduardo Scarzello, inauguró el nuevo hangar de última generación de la Estación Aérea Mar del Plata, ubicado en el Aeropuerto Internacional Astor Piazolla de la ciudad bonaerense, que permitirá dar respuestas más rápidas a las emergencias mar adentro.

Durante la ceremonia, de la que participaron el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gerardo Milman, parte de la plana mayor de la Institución, los jefes de Prefectura Mar del Plata y del Servicio de Aviación y los rescatistas de la Estación Aérea, se entonaron las estrofas del Himno Nacional, se descubrió una plana y se realizó el tradicional corte de cintas.

“Esta Estación Aérea tiene un gran valor tanto para la Prefectura como para los navegantes, que sienten una gran protección de parte de la Autoridad Marítima nacional”, expresó la Ministra, quien continuó: “quiero felicitar y agradecer a todos los hombres y mujeres que arriesgan su vida para cuidar a los ciudadanos”.

El nuevo hangar posee una superficie cubierta de 1200 metros cuadrados y cuenta con un moderno sistema de señalamiento diurno y nocturno, que posibilita la operación de aeronaves las 24 horas. Además tiene capacidad para alojar las tripulaciones de vuelos y posee un sistema de detección y extinción de incendio y equipos de tecnología, fijos y móviles, para realizar comunicaciones con la estación costera de radiocomunicaciones de la Prefectura Mar del Plata y las aeronaves en vuelo.

En ese marco, las nuevas instalaciones serán la base operativa de la mencionada Estación Aérea, que fue creada en 1997 y lleva el nombre de “Subprefecto Dax Maximiliano Cosentino”, en honor al piloto de la Fuerza que falleció mientras hacía un rescate en el mar. Desde esa sede, los rescatistas cubrirán una superficie de más de 107.000 millas náuticas, con el objetivo de salvaguardar la vida en el mar, brindar seguridad a la navegación y proteger los recursos naturales.

La ventaja de que Prefectura, Autoridad Marítima Nacional, posea un hangar propio para las aeronaves destinadas a su Estación Aérea y con capacidad para operar las 24 horas, reduce ampliamente el tiempo de respuesta ante situaciones de búsqueda y rescate en el mar.

jueves, 12 de septiembre de 2019

Un "todo terreno" del aire para la Policía Federal

Twin Otter DHC-6 400(La Nación) - Se trata del Twin Otter DHC-6 serie 400, la última versión de este biturbohélice de fabricación canadiense con más de 50 años de servicio en todo el mundo. 

Twin Otter DHC-6 400Twin Otter DHC-6 400 Crédito: Viking Air

Es un viejo conocido de la Argentina, ya que la Fuerza Aérea cuenta, desde fines de los años 60, con una de los primeros modelos de la serie, que prestó valiosos servicios de transporte de personal y pertrechos a la base Marambio, en la Antártida.


Además de su versatilidad de rol operacional, una de las grandes características técnicas del DHC-6 es su capacidad de despegue y aterrizaje en pistas cortas e, incluso, en terrenos irregulares. "Operado en 30 países en seis continentes, el Twin Otter ayuda a los operadores a tener éxito en entornos difíciles y regiones remotas", lo define Viking Air, su fabricante.

Según informó el Ministerio a cargo de Patricia Bullrich, el DHC-6 400 "se empleará para optimizar el transporte de tropas especiales como el caso del personal del GEOF, la lucha contra el fuego y el transporte médico sanitario en casos de urgencia. Con capacidad para 19 pasajeros, contará con un tanque de agua removible para utilizarlo en casos de incendios".

Además de su versatilidad de rol operacional, una de las grandes características técnicas del DHC-6 es su capacidad de despegue y aterrizaje en pistas cortas e, incluso, en terrenos irregulares

La compra, publicada en el Boletín Oficial, tuvo un costo de US$10.511.966,01. Se oficializó a través de un contrato con la Corporación Comercial Canadiense, en virtud del convenio de cooperación económica, comercial e industrial suscripto entre los gobiernos de la Argentina y Canadá el 6 de octubre de 1980, en Ottawa.

El acuerdo de compra consta de dos etapas: primero se adquirió la aeronave con sus respectivos repuestos y se trabajó en la capacitación de pilotos y mecánicos, en el servicio de ferry y en los manuales. Posteriormente, se hizo hincapié en las mejoras técnicas, como el módulo de lucha contra el fuego, el sistema de oxigenación y antihielo, cuestiones que optimizarán su uso a nivel nacional y en variadas condiciones climáticas.

Sobre el Twin Otter DHC-6 serie 400

Se trata de una de las históricas y más exitosas aeronaves en la historia de la aviación, es sin duda la más exitosa de la industria canadiense y una de las aeronaves de su clase más vendidas en el mundo. Comenzó su producción en 1965 con la línea DHC-6 Serie 100 y continúa en la actualidad con la Serie 400.

Por sus características STOL (aterrizaje y despegue corto), la posibilidad de aterrizar en pistas no preparadas, su maniobrabilidad y versatilidad la convierte en una de las aeronaves preferidas en áreas de difícil operación como África, Alaska y Sectores Antárticos. Muy útil en la conexión de zonas aisladas con centros urbanos más importantes, no sólo se convirtió en una aeronave indispensable para el suministro de ayuda humanitaria, sino también en una plataforma ideal para la operación de Líneas Aéreas del tipo regional.

Por su operación en América del Norte en zona de lagos y montañas, se transformó en un elemento importante en la lucha contra incendios. Actualmente, la fábrica desarrolló junto con una de las más prestigiosas empresas de provisión de equipamiento aéreo para esta actividad, la incorporación de un sistema con tanque interior con la capacidad de transportar más de 400 litros de agua para aplicación anti-incendio.

La experiencia en Argentina En 1982, los aviones DHC-6 realizaron los cruces a las Islas Malvinas para la evacuación de heridos.

En 2018, el DHC-6 Twin Otter cumplió 50 años de servicio con la Fuerza Aérea Argentina llegando a prestar servicio en la Base Marambio, en la Antártida argentina. El Ejército Argentino posee aeronaves de igual tipo.

Es importante destacar que la Argentina, mediante la Fuerza Aérea, cuenta con un Centro de Mantenimiento DHC-6 en su taller Área Material Quilmes, lo que permitirá coordinar con las áreas competentes las acciones tendientes a su mantenimiento.

miércoles, 4 de septiembre de 2019

Corrientes: megaobra del Complejo Penitenciario por $866 millones

Resultado de imagen para Corrientes: megaobra del Complejo Penitenciario por $866 millones(El Constructor) - El gobernador Gustavo Valdés junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, recorrieron la megaobra del Complejo Penitenciario Provincial que se lleva adelante en San Cayetano. 

La inversión alcanza los 886 millones de pesos, generando empleo directo e indirecto para más de 1100 personas y alojará a 720 internos masculinos condenados.
La Comitiva fue recibida por algunos obreros y el arquitecto de los trabajos, quién exhibió los planos y fue explicando durante el recorrido cada área de lo que será la Unidad Penal N°1, y el estado en el que se encuentra. El avance de la ejecución se encuentra en un 25% y se estima que la obra finalice para inicios de 2021.

El nuevo establecimiento penitenciario cuenta con una superficie total de 20 hectáreas, y una superficie cubierta de 17 mil metros cuadrados. Se podrán alojar allí a 720 internos condenados: 620 provinciales y 100 federales.

Contará con seis aulas educativas y una biblioteca; un Salón de Usos Múltiples (SUM) de 400 metros cuadrados; un Centro de Salud con seis camas; cocina industrial; módulo de capacitación; huerta terapéutica; áreas de visitas íntimas y públicas; campo de deportes al aire libre; video vigilancia centralizada; servicio contra incendios autónomos; y conserjería de acceso independiente del edificio. 

El primer Mandatario destacó que la Unidad Penal N°1, que actualmente se encuentra sobre la bajada del puente General Belgrano y se trasladará a San Cayetano, será la “más moderna del norte argentino”.

Por la mañana hizo referencia al respecto: “Con el apoyo del presidente Mauricio Macri, en Corrientes hoy estamos mudando una cárcel que data de principios de 1900. La Nación y la Provincia, estamos trabajando y cooperando juntos, cada uno aportando lo suyo, con una inversión importante”. 

Acompañaron a Valdés y Garavano, los ministros del Ejecutivo provincial, secretario general de la Gobernación, Juan Carlos Álvarez; de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich; y de Seguridad, Juan José López Desimoni; los representantes de las empresas a cargo de la adjudicación de la obra; y los operarios.

miércoles, 21 de agosto de 2019

La Gendarmería recupera un Hägglunds Bandvagn 206

Personal perteneciente al Grupo de Reparaciones de Automotores de Campaña,  dependiente del Departamento de Arsenales de la Dirección Logística de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) restauraron un Hägglunds Bandvagn 206 que llevaba 5 años inactivo.
Resultado de imagen para Gendarmería + Hägglunds Bandvagn 206
El equipo trabajó sobre la carrocería, la pintura, tuvo que poner en funcionamiento todos los componentes eléctricos e incluso fabricar repuestos por ser importados. Actualmente, este vehículo se encuentra destinado en la provincia de Neuquén, para ser empleado en misiones de rescate, trasladar una patrulla o cualquier otro tipo de requerimiento.

El Bandvagn 206 (BV 206) es un vehículo todo terreno articulado sobre orugas  fabricado por por Hägglunds (ahora parte de BAE Systems Global Combat Systems) para el ejército sueco. En operatividad desde 1980, fue diseñado para transportar tropas y equipo a través de nieve y pantanos. La baja presión que ejerce sobre el suelo le permite al BV 206 hacer frente a una amplia gama de condiciones difíciles con temperaturas que pueden ir entre los -32°C a los 46°C, además de ser completamente anfibio sin preparación adicional. Es utilizado por más de 30 países alrededor del mundo.
Resultado de imagen para Gendarmería + Hägglunds Bandvagn 206
El vehículo se compone de dos unidades que pueden transportar hasta 18 personas, y su remolque se puede adaptar para diferentes usos. Su motor diésel Steyr M16 TCA HD de seis cilindros le permiten alcanzar unos 52 kilómetros por hora en ruta y 4.7 kilómetros por hora en el agua, con un alcance de más de 300 kilómetros. El BV 206 puede ser aerotransportable y helitransportable.

miércoles, 14 de agosto de 2019

Gendarmeria Nacional incorporo los nuevos Agrale Marruá

(Agrolatam) - Gendarmería Nacional incorporó a su flota de vehículos doce nuevos patrulleros todo terreno: se trata todas unidades del Agrale Marruá AM200 G2 Doble Cabina. Los vehículos vienen importados de Brasil
Agrale es la automotriz brasileña que también cuenta con una planta de producción de camiones y buses en la localidad bonaerense de Mercedes. Hasta ahora, esta firma había sido proveedora de vehículos para el Ejército y la Marina argentinos. Estos serán los primeros Marruá de Gendarmería.

Por su concepción rústica de serie, las unidades recibieron pocos cambios para adaptarse al servicio militar: sólo se instalaron las luces en el techo, el equipo de comunicaciones y el malacate. Se utilizarán para patrullaje de zonas de frontera de todo el país.

Los Marruá AM200 G2 tienen motores Cummins 2.8 turbodiesel, con 150 caballos de potencia y 360 Nm de torque. Tienen caja manual Eaton de cinco velocidades, con doble tracción con ejes Dana y reductora.

lunes, 22 de julio de 2019

El Gobierno compró las primeras 100 pistolas Taser para las fuerzas de seguridad

(Infobae.com) - Además, se adquirieron 1600 cartuchos operativos y de capacitación por un total de $ 5,2 millones
En enero el Gobierno había anunciado la compra de 300 pistolas
Más de dos meses después de que el Gobierno reglamentara el uso de las pistolas Taser para personal de las fuerzas de seguridad, la administración de Mauricio Macri concretó la primera compra de esas armas y sus respectivos cartuchos.

En el proceso de licitación el Gobierno finalmente eligió a la empresa Axon, a la que le abonó $ 5.285.000 (USD 123.000) por la compra de 100 pistolas, 1000 cartuchos operativos y 600 para capacitación. Según el ministerio de Seguridad, el total de la compra a Axon se terminará realizando por casi la mitad del precio original que había ofrecido la empresa.

En esta compra, cada pistola taser costó $ 36.635 (USD 862), mientras que los cartuchos operativos tuvieron un costo de $ 1.005 (USD 23,65) y los de capacitación $ 966 (USD 22.75).

En mayo, tras la aprobación del Reglamento General para el uso de pistolas electrónicas por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, el Gobierno estableció que en agosto empezarían a ser usadas por efectivos de las cuatro fuerzas de seguridad federales que realizan prevención de delitos en terminales aeroportuarias, portuarias y estaciones de trenes.

De acuerdo a la norma, esas armas se empelarán "para inmovilizar, proceder a la detención o para impedir la fuga de quien manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de auto lesionarse; cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas; o para impedir la comisión de un delito de acción pública".

En otro de los puntos, precisa que "ante el necesario empleo de armas electrónicas no letales, funcionarios de las fuerzas policiales y de seguridad federales deberán identificarse como tales de viva voz advirtiendo su inmediata intervención, salvo que dicha acción pueda suponer un riesgo de lesiones para otras personas, o cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso".

Tal como dispone la reglamentación, el personal debe recibir un entrenamiento específico, motivo por el cual ya comenzaron las capacitaciones en cada uno de los centros de formación de las fuerzas.

Las pistolas electrónicas poseen un sistema de grabación automático, por lo que una vez que se accionan registran qué se hace con ellas y cómo se utilizan, lo que permitirá un mayor control.

El reglamento aprobado indicó en sus considerandos que las armas no letales son "un medio intermedio para ejercer un uso racional y gradual de la fuerza". Y, destacó que la doctrina internacional toma en cuenta los estudios médicos y técnicos que concluyen que las armas electrónicas no tienen efectos letales sobre las personas.

Esas armas son empleadas en Alemania, Arabia Saudita, Canadá, Noruega, Polonia, Reino Unido, Turquía, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Ecuador, Chile, Colombia, Brasil y Bolivia, entre otros.

jueves, 4 de julio de 2019

Sistema de Reconocimiento Facial: detectaron a mil prófugos pero sólo 174 quedaron presos

(Diario Popular) -  Rodríguez Larreta y Santilli trazaron un balance del sistema, que entró en vigencia hace dos meses.
Rodríguez Larreta y Santilli trazaron un balance del sistema
Desde la Policía de la Ciudad se indicó que en muchos casos los jueces desistieron de los arrestos porque se trataba de causas viejas. Entre los aprehendidos hay homicidas y violadores

Más de mil prófugos fueron detenidos tras ser identificados por las cámaras del Sistema de Reconocimiento Facial que entró en vigencia en la ciudad de Buenos Aires hace 60 días, pero solo 174 quedaron presos por decisión judicial, entre ellos nueve personas buscadas por homicidio, ocho por violaciones y 45 por robos a mano armada.

Según se indicó desde la Policía de la Ciudad, mediante la utilización del sistema se logró la detención de 1.043 personas, pero en muchos de estos casos los jueces desistieron de los arrestos porque se trataba de causas viejas o liberaron a los imputados luego de ser notificados, mientras que hubo un 4 por ciento de personas detenidas por error debido a alguna deficiencia en la carga de datos en el Registro Nacional de Reincidencia.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró: "Entre los detenidos hay asesinos, violadores, ladrones, que estaban caminando por las calles de la ciudad al lado de nuestro y de nuestras familias. Son exactamente 1.043 delincuentes que fueron puestos a disposición de la Justicia".

"La aplicación de tecnología para cuidar a la gente es parte de nuestro Plan Integral de Seguridad, y se está haciendo un trabajo muy serio y profesional. Está funcionando mejor de lo que esperábamos", dijo Rodríguez Larreta, acompañado por su vicejefe y ministro de Seguridad, Diego Santilli.

martes, 11 de junio de 2019

7.300 cámaras de vigilancia: la Policía de la Ciudad puso en funcionamiento su nuevo Centro de Monitoreo

Personal civil monitorea las cámaras en pantallas.
(Infobae.com) - En el complejo de la Policía de la Ciudad en Chacarita, más de 400 operadores civiles se turnan en 92 pantallas curvas para observar 7.300 cámaras instaladas en toda la Ciudad en el nuevo Centro de Monitoreo Urbano, basado en el software Ultra IP Control Center. 


El sistema, apuntan fuentes en la fuerza, está en alta demanda: Raquel Cesanelli, comisario a cargo del monitoreo, asegura que 39.800 oficios judiciales llegaron el año pasado para requerir filmaciones en investigaciones penales.


"Este Centro es el más grande y moderno de Latinoamérica", dice el vicejefe de Gobierno Diego Santilli.

En un año electoral clave, con más de 11 mil detenciones en territorio porteño los últimos cinco meses, un número récord para la historia reciente, el discurso que une tecnología y seguridad se vuelve un núcleo fuerte para Cambiemos. Se traduce en dinero invertido: la inversión total de la nueva central de la vigilancia estatal porteña, según fuentes en el Gobierno, costó 160 millones de pesos.
El edificio del Centro en Chacarita.
El edificio del Centro en Chacarita.

El Centro de Monitoreo, que supera a la base original que comenzó durante la gestión de Martín Ocampo en Parque Patricios, cubre todo el ámbito de la Ciudad, con un videowall de 15 metros de alto por tres de ancho compuesto de 48 pantallas de 55 pulgadas cada una como pieza central en su comando. Hay, por otra parte, 4 mil cámaras en colectivos que no están por el momento enlazadas. "Son claves para constatar casos de acoso a mujeres", asegura el secretario de Seguridad Marcelo D'Àlessandro.

Las 7.300 cámaras, aseguran los funcionarios, se aumentarán a 9 mil antes de fin de año. Hubo 414 detenidos en lo que va de 2019 gracias a alertas por observación de las cámaras, con 2837 intervenciones de la Policía gracias a situaciones detectadas.
El nuevo Centro costó más de 160 millones de pesos.
El nuevo Centro costó más de 160 millones de pesos.

El sistema de reconocimiento facial, asegura Santilli, genera resultados favorables para engrosar las estadísticas. "De más de 690 casos solo hubo cinco falsos positivos, nos llamaron de la policía de New York para preguntarnos", afirma. Infobae recorrió el Centro esta mañana. Una cámara de reconocimiento en la estación de subte captó en la estación Constitución a un hombre de 33 años de la zona de Darregueira, dedicado al negocio de la venta al por menor de indumentaria.

"Rostro reconocido con alarma", decía la pantalla, con una foto tipo carnet en un borde rojo de alerta, con un "nivel de confianza" del 80.55 por ciento. Más de un 80 por ciento amerita una detención, aseguran fuentes en la fuerza.

El Centro, por otra parte, busca incorporar dos nuevas fases de trabajo, con un software preventivo para detectar patrones de situaciones en proceso en las cámaras para así derivar policías a la escena y una fase forense, para el apoyo a investigaciones penales.

Santilli, por su parte, redobla el discurso en favor de la tecnología. Gracias al sistema de cámaras, asegura, "todos los grandes casos de los últimos meses han sido esclarecidos".

miércoles, 29 de mayo de 2019

Ahora los autores de amenazas de bomba deberán pagarle al Estado

Por WALTER SCHMIDT - Clarin.com
Se resolvió en una cumbre de Seguridad entre Nación , provincia y Ciudad. Enviarán los costos de los operativos anti explosivos a los jueces, y estos los sumarán como obligación en la acción penal contra el o los responsables.

Un móvil de la división explosivos de la Policía Federal en el edificio Anexo de la Cámara de Diputados por una amenaza de bomba. Foto: AP/Natacha Pisarenko

Lunes 13 de mayo. Una llamada anónima a la Casa Rosada, hábitat natural del presidente Mauricio Macri, alerta sobre una bomba que estallará; casi en simultáneo, otra comunicación advierte lo mismo pero en el edificio Anexo de la Cámara de Diputados y obliga al desalojo; horas después, el servicio de emergencias 911 recibe amenazas sobre la supuesta presencia de explosivos en la estación de trenes Constitución y en las líneas de trenes Belgrano Norte, San Martín y Roca.

Las imágenes que se sucedían eran las mismas. Móviles equipados de la División de Explosivos de la Policía Federal corriendo de un lugar a otro, bomberos y especialistas relevando todos los rincones del lugar para llevar tranquilidad y determinar, luego de exhaustivos monitoreos que las amenazas eran falsas. Todo en un solo día.
Patricia Bullrich y su jefe de Gabinete Gerardo Milman.
Patricia Bullrich y su jefe de Gabinete Gerardo Milman.

Está situación, que luego se repitió y que a veces involucra a las escuelas, provocó que días atrás hubiera una reunión cumbre de Seguridad. Allí estaban por Nación Patricia Bullrich, Eugenio Burzaco y Gerardo Milman; Diego Santilli por Ciudad; El jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia; el Secretario de Seguridad bonaerense, Ventura Barreiro; la presidenta de la Enacom, Silvana Giudici; y representantes de DAJUDECO, el organismo de captación de teléfonos de la Corte Suprema.

Acordaron modificar el protocolo de actuación. En términos prácticos, bajar los tiempos de detención de los autores de las amenazas que actualmente se ubican entre los siete y los diez días de ocurrido el delito. Y mejorar el procedimiento que va desde la recepción de la llamada, la evaluación del operador, la notificación a la Justicia y si corresponde o no un proceso de evacuación.

Allí se terminó de decidir que quienes cometen ese delito deberán pagar los gastos. Es decir, que además de la sanción penal, los responsables de las llamadas intimidatorias paguen los costos de los operativos. ¿Cómo? A través del mismo proceso penal que se le inicia a los delincuentes. El organismo de seguridad correspondiente le envía al juez un detalle con el costo del operativo anti-explosivos en cada caso. Y el magistrado, luego de comprobar el delito y condenar al autor, lo obliga a remunerar.

Así como en los juicios penales, quien lo pierde debe pagar las “costas”, los gastos del abogado contrario y las tasas judiciales, ahora se deberán pagar los gastos que tuvo el Estado por una falsa amenaza de bomba.

El esquema surge del Caso Samid. Al empresario de la carne que huyó a Belice para eludir la Justicia, lo fue a buscar una delegación de la Policía Federal que lo regresó al país. Por ese operativo el Ministerio de Seguridad le reclamó a Alberto Samid, vía juez, unos 367 mil pesos en concepto de pasajes y viáticos. Algo similar ocurrirá con las amenazas de bomba.

“Hay que dejar en claro que este tipo de casos no son, por ejemplo, actos de inseguridad, sino que la fuerza tiene que disponer de un operativo por una falsa alarma. Es decir, el responsable está generando un costo social a gente que pierde el presentismo. Y encima a través del Estado se paga un operativo que nunca tendría que haber hecho, porque las fuerzas de seguridad tendrían que estar combatiendo la delincuencia, no corriendo detrás de falsas alarmas”, dijo a Clarín el jefe de gabinete de Seguridad, Gerardo Milman.

En la mayoría de los hechos ocurridos en los últimos meses, los autores fueron detenidos. Por ejemplo, un menor que fue el responsable de los llamados de amenazas de bomba en la Casa Rosada, el Ministerio de Seguridad, el Anexo de Diputados y el Congreso.

En un escrito al juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, al que tuvo acceso Clarín, la cartera de Seguridad detalla los gastos en una causa en la que se detuvo en Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense, al presunto autor.

Al detenido se lo acusa de haber efectuado dos llamados de amenazas de bomba en las estaciones del tren Sarmiento, el 5 y 16 de abril pasado, utilizando su teléfono celular sin chip y provocando la paralización del servicio. La investigación y detención posterior comprendió 20 días de trabajo, de 8 horas diarias de dos subcomisarios, un principal, un ayudante, ocho agentes y un cabo. Más tres vehículos, dos resmas de papel, impresiones y 50 minutos de llamados. De comprobarse su responsabilidad, además de la pena que le comprenda según la ley, debería pagar $ 433.578.

Lo mismo ocurre en otras dos causas, esta vez a cargo del juez Julián Ercolini. En la primera se trata de amenazas de bomba en la estación de trenes Constitución, por las que fue detenido un menor de 16 años. En ese caso, a los responsables del menor –padres, parientes o tutores-, la División de Investigación de Amenazas e Intimidaciones Públicas de la Policía federal le reclama el pago de $114.774 y la Superintendencia Federal de Bomberos, $19.023,40.

En una segunda causa por llamados intimidatorios hacia las terminales de los ferrocarriles de Retiro y Once, que derivó en un único detenido por ambos delitos, el área de investigaciones exige el pago de $13.871 y bomberos, de $13.015,20.

Todas las requisitorias de gastos son acompañados por comprobantes originales.
“El que las hace las paga”, suele parafrasear Patricia Bullrich.

"La Supervalla": el elemento sorpresa que utilizó Prefectura para evitar que los manifestantes suban al Puente Pueyrredón

(Infobae.com) -  Extractado - Los efectivos instalaron un vallado mecánico para impedir el avance de los activistas hacia la Ciudad de Buenos Aires
Resultado de imagen para "La Supervalla
Las fuerzas federales además de formar el tradicional cordón de prevención, en esta oportunidad instalaron una estructura metálica, un vallado hidráulico, que se utilizó en el operativo del G20 en diciembre pasado, para impedir que los manifestantes puedan subir a los carriles de acceso a la Ciudad de Buenos Aires.

Con apoyo de la Policía Federal, la guardia de Infantería de Prefectura Naval Argentina evita así que los activistas apostados sobre la Avenida Mitre crucen a la Capital Federal por ese acceso de zona sur. Los automovilistas que circulan por Avenida Pavón lo pueden hacer sin inconvenientes.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó en declaraciones a TN que "la Superavalla" es una contención fuerte al intento de pasar. "Es un camión de porte grande que abre una valla en determinado lugar con el objetivo de frenar a la gente e impide que tengamos que estar con el personal frente a frente respecto a los manifestantes, que en muchos casos se acercan en una actitud de querer pasar a la fuerza", explicó.
El camión que transporta la Supervalla se vio por primera vez durante el operativo de seguridad del G20 (foto de archivo. Franco Fafasuli)
El camión que transporta la Supervalla se vio por primera vez durante el operativo de seguridad del G20 (foto de archivo. Franco Fafasuli)

Además, desde el Ministerio de Seguridad dispusieron la instalación de un camión hidrante de manera preventiva.

martes, 7 de mayo de 2019

Habilitaron a las fuerzas de seguridad a utilizar pistolas Taser: en qué casos podrán ser empleadas por los agentes

(Infobae.com) - El reglamento para el empleo de armas electrónicas no letales fue publicado hoy en el Boletín Oficial
Pistola Taser
El Gobierno aprobó el reglamento para el empleo de armas electrónicas no letales por parte de los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federales. La decisión se comunicó a través de la resolución 395/2019, que fue publicada este martes en el Boletín Oficial, cinco meses después de que el Ejecutivo anunciara la compra de unas 300 pistolas Taser. 

En los considerandos de la norma, el Ministerio de Seguridad argumentó que la Ley Nacional de Armas y Explosivos "determina que las armas electrónicas que solo produzcan efectos pasajeros en el organismo humano sin llegar a provocar la pérdida del conocimiento, están contempladas taxativamente dentro de la Categoría de 'Armas y Municiones de Uso Civil'".

Y agregó: "La incorporación de armas electrónicas de uso no letal permitirá abordar situaciones operacionales en las que resulte necesaria la utilización de la fuerza sin el empleo de armas de fuego, siendo un medio intermedio para ejercer un uso racional y gradual de la fuerza ante situaciones de enfrentamientos con personas violentas o amenazantes, brindando a las fuerzas policiales y de seguridad federales una opción táctica adicional en reemplazo de las armas de fuego". En enero el Gobierno había anunciado la compra de 300 pistolas

Desde la cartera de Seguridad habían adelantado que, en una primera etapa, las pistolas Taser se utilizarían en aeropuertos, estaciones de trenes y espacios cerrados donde hay alta concurrencia de gente. El reglamento que figura en el anexo de la resolución no da precisiones sobre este aspecto, pero indica que solo se podrán usar "cuando resulten ineficaces otros medios no violentos", en los siguientes casos:
a) Para inmovilizar, proceder a la detención o para impedir la fuga de quien manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de auto lesionarse.
b) Cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas.
c) Para impedir la comisión de un delito de acción pública.

La norma entiende que hay tres tipos de situaciones de "peligro inminente": "Cuando existan conductas amenazantes que pongan en peligro la integridad física del agente o de terceras personas; cuando se manifiesten conductas violentas que indiquen la inminencia de un ataque al agente o a terceras personas; o cuando el número de los ofensores o la imprevisibilidad de la agresión esgrimida impida materialmente el debido cumplimiento del deber, o la capacidad para ejercer la defensa propia o de terceras personas".

Asimismo, el protocolo también aclara que, ante la necesidad de emplear estas armas, los oficiales deberán identificarse como tales a viva voz y advertir su inmediata intervención, "salvo que dicha acción pueda suponer un riesgo de lesiones para otras personas, o cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso".

En los fundamentos de la resolución, el Ejecutivo hizo referencia a los resultados obtenidos en los estudios médicos y técnicos realizados en universidades como las de California (UCSD) y Winston-Salem de los Estados Unidos, y por el Instituto de Medicina Legal de Málaga, España, "donde se concluye que el empleo de las armas electrónicas no tiene efectos letales sobre las personas".

A través del texto, que lleva la firma de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, se instruyó a las autoridades de la Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval y Gendarmería "a que procedan a la inmediata implementación de cursos de capacitación específica" para el uso de estas armas.

Por último, el Ministerio de Seguridad enumeró una serie de territorios en los que se utilizan las armas electrónicas: Alemania, Arabia Saudita, Australia, Argelia, Andorra, Borneo, Bulgaria, Bélgica, Canadá, Croacia, Chipre, Corea, Dinamarca, Eslovenia, España, Filipinas, Finlandia, Fiyi, Francia, Grecia, Holanda, Hong Kong, India, Indonesia, Irlanda, Irak, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kuwait, Latvia, Lituania, Malasia, Nueva Guinea, Nueva Zelanda, Noruega, Omán, Pakistán, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Checa, Rumania, Singapur, Sudáfrica, Suiza, Suecia, Tahití, Taiwán, Ucrania, Vietnam, Yemen, Bahamas, Barbados, Granada, Islas Caimán, Trinidad y Tobago, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Panamá, Ecuador, Chile, Colombia, Brasil y Bolivia.

La norma se conoce luego de que el presidente Mauricio Macri le pidiera en persona a Bullrich que comuniquen "con más fuerza y mucha más energía todo lo que hace la policía para frenar la delincuencia".

En diciembre pasado, el Ejecutivo había impuesto un nuevo reglamento general a través del cual habilitó a la policía a disparar junto con la necesidad de dar la voz de alto. El protocolo fue rechazado por la oposición pero también dentro de Cambiemos: la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, por ejemplo, no se plegó a la norma. Elisa Carrió también había salido a cuestionar la medida, al considerar que "viola los derechos humanos fundamentales". "Nosotros no vamos a ir al fascismo; a la ministro se le va la mano", dijo en ese entonces la líder de la Coalición Cívica.

lunes, 6 de mayo de 2019

Retaceo de datos, pujas de poder y acusaciones cruzadas: la interna del Gobierno por el control en las fronteras

Mauricio Macri junto a Patricia Bullrich en Jujuy (Foto: NA)Por Martín Dinatale - mdinatale@infobae.com - Infobae.com
Una dura pelea se desató en los últimos meses entre los ministerios de Seguridad, Interior y Defensa por la estrategia para combatir el narcotráfico y el contrabando en la Frontera Norte


Mauricio Macri junto a Patricia Bullrich en Jujuy (Foto: NA)

Retaceos en la información, acusaciones cruzadas, contrabandistas que se escapan, narcotraficantes en la mira, alertas que no se dan y recelos históricos. Todo un combo de pujas de poder se desarrolla en estos días en el Gobierno en torno al cuidado de las fronteras y con los ministerios de Seguridad, Interior, Defensa y la Aduana como actores centrales.

En forma muy sigilosa aunque fuertemente pronunciada hacia adentro, las peleas internas crecieron en los últimos tiempos ante la estrategia del presidente Mauricio Macri de potenciar la protección de las fronteras, especialmente en lo que hace a los controles de las fuerzas de seguridad, de agentes migratorios, Aduana y el Ejército en la zona del norte argentino.

Cada uno de los actores en juego plantea su defensa y posicionamiento particular. Pero se percibe claramente una puja sin retorno en lo inmediato. Según las consultas que realizó Infobae tanto en la cartera de Patricia Bullrich pasando por los ministerios de Rogelio Frigerio y Oscar Aguad, hubo cuestionamientos cruzados y pases de factura, aunque públicamente lo nieguen.

Desde el Ministerio de Seguridad cuestionan a la Dirección de Migraciones, que depende del Ministerio del Interior, por lo que consideran algunos casos con "graves falencias" en los controles de entrada de extranjeros y salidas de argentinos con causas penales. El caso de los dos iraníes que ingresaron el 12 de marzo pasado al país con pasaportes falsos de Israel y vulneraron los controles migratorios en Ezeiza es un tema de preocupación que le planteó la ministra Bullrich al presidente Macri en su momento.

Sin embargo, este no es el único caso. La fuga del empresario de la carne Albertro Samid a Belice también estuvo en el ojo de la tormenta. Se investiga en estos días si la salida del empresario con pedido de captura judicial por el paso legal de Clorina, en Formosa, se hizo con un sello falso de migraciones o se habilitó la salida por parte de funcionarios de Migraciones. "Se les pasa todo y nosotros tenemos que andar atajando penales", graficó una fuente de Seguridad en abierto desafío a la Dirección de Migraciones y a la cartera que conduce Frigerio.

Bullrich también cuestiona al Ministerio de Defensa porque no da instrucciones más firmes a los 500 soldados del Ejército apostados en la Frontera Norte para que haya reportes más asiduos de contrabando o de movimiento de narcotraficantes. "Desde que empezó el operativo Frontera Norte para sumar apoyo logístico de los militares a las fuerzas de seguridad no hubo casi reportes de los soldados sobre movimientos extraños o contrabando", dijo una fuente allegada a la ministra.

Por el contrario, en el Ministerio de Defensa advierten que los soldados del Ejército vienen haciendo una tarea "impecable" de apoyo logístico en la Frontera Norte y aducen que hay una fuerte presencia de los soldados que hacen "efecto disuasivo" ante el ingreso de narcos o contrabandistas en la frontera con Bolivia, Paraguay y Brasil.

Según pudo saber Infobae, el ministro Aguad expresó hace unos días que las quejas del Ministerio de Seguridad al Ejército son "injustas" y le hizo saber a Bullrich de su malestar por esas acusaciones.

A la vez, en el Ministerio de Defensa aclaran que la ley de seguridad interior establece un claro límite en el accionar militar en la frontera e interior del país. "No mandamos a nuestros soldados para decomisar mercaderías de contrabandistas porque esa no es la función de los militares. Aquí hay una confusión general y muchos no entienden que los militares sólo deben limitarse por ley al poder disuasivo o el apoyo logístico a Gendarmería y Prefectura", comentó un funcionario de Aguad.

En el caso del Ministerio del Interior, las respuestas ante las acusaciones de Bullrich por el lado de la presencia de controles supuestamente "laxos" está bien definida: aducen que hay filtración de datos sensibles desde Seguridad y que no hay suficiente cooperación conjunta entre la Gendarmería con los agentes de migraciones.

A la vez, desde la cartera de Frigerio expresaron a Infobae una respuesta concreta ante esta dura puja de poderes que se vislumbra en el Gobierno. "Migraciones hace bien su trabajo. Incorporó tecnología, capacitó a su personal, suscribió acuerdos internacionales que nos permitieron acceder a las mismas normativas de los países serios y desarrollados. Todo eso en cuatro años de gestión", dijeron allegados al ministro.

Desde el Ministerio del Interior dijeron que en el caso concreto de los iraníes que ingresaron con documentos falsos se decidió apartar a los funcionarios involucrados y sumariarlos. Lo mismo ocurrió con el caso Samid, donde se despidió a un funcionario de Migraciones de Clorinda y se avanza con una investigación interna sobre el eventual uso de un sello apócrifo de Migraciones que habría avalado el ingreso del empresario de la carne a Belice.

Por otra parte, en Interior trataron de bajarle el tono a la disputa y destacaron que "la relación con Bullrich y su equipo de fronteras es muy buena". "Rogelio y Patricia tienen diálogo permanente. De trabajo en conjunto y de respeto. De parte de Migraciones no hay ningún cruce sino todo lo contrario", expresó ayer a Infobae un allegado al ministro del Interior en un intento por desterrar cualquier tipo de internas en el Gobierno. No parece lo mismo en los hechos concretos y el trabajo diario.

Otra muestra de puja de poderes por los controles de frontera se cristalizó hace un mes, cuando Bullrich fue apedreada en Salta por un grupo de bagayeros que se oponen al régimen simplificado de importación para la zona de frontera. Esta resolución, que lleva la firma de Bullrich, del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y del titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, estableció que los importadores que crucen mercancías de Bolivia por los pasos internacionales Puerto Chalanas -así se denomina al cruce en la ciudad de Bermejo- y Aguas Blancas podrán realizar una operación diaria con un tope de 500 dólares en mercancía. Además, la medida exige la obligatoriedad de que los bagayeros se inscriban en un registro y que paguen impuestos.

En algunos despachos oficiales creen que esta propuesta no funcionó y que da lugar a que haya más pasos ilegales. También hubo advertencias sobre la necesidad de que los funcionarios de Aduana sean más rígidos en los controles.

Además, el SUPARA, el sindicato que nuclea al personal aduanero de la Argentina, alertó sobre el grave estado de vulnerabilidad en el paso de Aguas Blancas, en el departamento de Orán, en el límite con Bolivia. Y hay plena coincidencia en que los controles de contrabando deben recaer sustancialmente en las fuerzas de seguridad.

miércoles, 24 de abril de 2019

El Gobierno lanza otro refuerzo militar en la Frontera Norte y dispondrá de 1.500 soldados antes de diciembre

Por Martín Dinatale - mdinatale@infobae.com - Infobae.com
Saldrá en los próximos días un nuevo batallón de soldados del Ejército y equipamiento. Ya empezaron las tareas de adiestramiento para uso de radares y drones en el apoyo logístico a las fuerzas de seguridad
 Efectivos del Ejército en la Frontera Norte durante un operativo de apoyo a las fuerzas de seguridad
En los próximos días el Ministerio de Defensa enviará una nueva partida de uniformados del Ejército para reforzar el operativo de la Frontera Norte y dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando.

Así, la apuesta mayor del Gobierno será tener antes de fin de año un total de 1.500 soldados apostados a lo largo de los 2.500 kilómetros de frontera.

"Progresivamente se está cumpliendo con el proyecto de refuerzo militar de la Frontera Norte para hacer apoyo a la Gendarmería y la Prefectura y disuadir a los narcos de venir a la Argentina", explicó a Infobae un encumbrado funcionario del Ministerio de Defensa.

De esta manera, se ratificó la idea del presidente Mauricio Macri y del ministro Oscar Aguad de darle forma al operativo de la Frontera Norte con presencia disuasiva de militares. Actualmente hay 500 uniformados del Ejército, antes de fin de mes se enviarían otros 500 y hacia fin de año la intención del Gobierno es tener 1.500 soldados apostados en toda la frontera.

Se trata de establecer el apoyo logístico de los militares con una suerte de "operativo embudo", explicaron en el Ejército. Es decir, que los soldados cubran la zona de fronteras porosas o pasos ilegales a lo largo de todo el límite con Paraguay, Bolivia y Brasil para que los narcotraficantes o los contrabandistas se vean obligados a ir por los pasos legales o directamente opten por no entrar en la Argentina.

Este es uno de los temas que abordó el presidente Mauricio Macri con su par de Bolivia Evo Morales, quien el año pasado había cuestionado la presencia de militares argentinos. Esta vez, el presidente boliviano coincidió con Macri en la necesidad de dar un fuerte combate a la lucha contra el narcotráfico. De hecho, Evo Morales cerró el acuerdo para pagar el excedente de gas exportado a la Argentina con un avión Pampa que se usará para los operativos de control en la frontera por parte de Bolivia. Y también el jefe de Estado boliviano mencionó su intención de ampliar la adquisición de los aviones que produce FADEA en el futuro inmediato.

El refuerzo de militares en la Frontera Norte ayudará también para apuntalar la tarea de los 500 soldados que ya están apostados allí y se ocupan en tareas de atención sanitaria y ayuda en las zonas inundadas del Norte argentino.

Para concretar este nuevo despliegue de soldados la idea no es desactivar las brigadas de la Frontera Norte sino por el contrario reforzarlas con equipamiento y efectivos que se desactivarán de otras unidades.

De esta manera, se mantendrá la brigada del Ejército de Salta (V) que tiene, entre otras cosas, un regimiento de infantería, un batallón de ingenieros, una compañía de inteligencia, un hospital militar, un grupo de artillería y un grupo de comunicaciones; la de Jujuy donde hay un grupo de artillería y un grupo de infantería y la brigada III de Chaco y Formosa y la 12 de Posadas donde existen regimientos de infantería, unidades de caballería y compañías de comunicaciones y compañías de ingenieros. Nada de esto será desactivado.

A la vez, se avanzará en estos días con una nueva entrega del material a las unidades que participan del operativo Frontera Norte, se intensificarán la tareas de instrucción y capacitación a los operadores de los radares y drones que ingresaron a la fuerza y el traslado e instalación de los módulos containers (baños y oficinas) en la zona del operativo donde realizan adiestramiento operacional las tropas desplegadas.

El teniente general Claudio Ernesto Pasqualini  recorre asiduamente la zona de la Frontera Norte donde se encuentran desplegados los efectivos para supervisar cada una de las tareas de apoyo logístico a las fuerzas de seguridad.

El Operativo Integración Norte se encuentra bajo la conducción del Comando Operacional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, en apoyo a las Fuerzas de Seguridad Federales.

En marzo pasado el Gobierno dispuso un refuerzo de equipamiento, armas, lanzacohetes y radares del Ejército por un valor global de $794 millones.

El presidente Mauricio Macri concretó en un acto la entrega de materiales, equipamiento militar y vehículos al Ejército durante una visita al Batallón de Arsenales 602 de Boulogne. De esta manera, el equipamiento del Ejército corresponde en $438.354.871 a material nuevo o modernizado y otros $356.054.684 que se desprenden del "efecto remanente 2018" de equipamiento de la misma fuerza. Así, se suma una totalidad de $794.409.555 invertidos en equipamiento militar.

A todo ello, se le agregan los dos aviones A4 que hay en los 2.500 kilómetros de Frontera Norte más otros dos Pampa, dos Texan II y una cantidad aun no precisa de helicópteros de la Fuerza Aérea .

En el Ministerio de Defensa dijeron que el operativo de la Frontera Norte "implica tres ejes fundamentales de actuación". El objetivo principal es el adiestramiento operacional que lleva a cabo el Ejército Argentino con sus unidades desplegadas entre la localidad salteña de San Antonio de los Cobres y Puerto Iguazú, Misiones. Otro de los pilares detallados del programa es el apoyo logístico a las Fuerzas de Seguridad, a través de los medios y la capacitación específica de que disponen los efectivos de las Fuerzas Armadas.

martes, 16 de abril de 2019

Argentina inaugura un centro de control de amenazas

Según el portal Infodefensa.com el Ministerio de Seguridad inauguró las instalaciones del Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname) durante la sexta reunión del Concejo Federal del Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo (Sinagir).
Resultado de imagen para Argentina inaugura un centro de control de amenazas
La nueva plataforma articula la tecnología y las instituciones de todo el país para dar una respuesta rápida y organizada ante emergencias. El objetivo principal de estas instalaciones será centralizar la información relevada para optimizar las gestiones de asistencia a las zonas afectadas. Y sus pilares son: la prevención, mitigación, reconstrucción y rehabilitación.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aseguró que “la Argentina está a la vanguardia en protección civil”. Luego de un simulacro de emergencia, la ministra comentó con respecto al Siname: “conecta todas las plataformas existentes en el país, lo que permite que en tiempo real podamos observar en la sala de operaciones todos los recursos que hay en un determinado lugar sea para combatir un incendio, una inundación, actividad volcánica o lo que sea”.

Por su parte el secretario de Protección Civil, Emilio Renda, explicó que “el centro comienza a funcionar ahora, pero estará en plenitud a partir de junio de este año, integrando todas las provincias, todos los ministerios y todos los organismos que tienen que ver con el trabajo en gestión de riesgo”.

A la reunión también asistieron el subsecretario de Reducción de Riesgos de Desastres, Marcelo Rozas Garay; el subsecretario de Operaciones, Daniel Russo; el presidente del Organismo Regulador de Presas (Orsep), Rodolfo Dalmati; el secretario de Infraestructura y Política Hídrica, Pablo Berenciartúa, y los representantes de las defensas civiles de todo el país.

Además se unificaron criterios para la capacitación de los Bomberos Voluntarios de todo el país, con el aval del Ministerio de Educación. Se certificarán especialidades como búsqueda acuática, búsqueda con canes, sustancias peligrosas, incendios forestales y brigadas USAR (Urban Search and Rescue). 

El Siname funciona en el marco del Consejo Federal del Sinagir, que fue creado por la Ley 27.287 y esta compuesto por casi 70 entidades nacionales. Este conglomerado gubernamental depende de la jefatura de gabinete y del Ministerio de Seguridad.

El Siname es un centro de monitoreo diseñado por la Secretaría de Protección Civil de la Nación que funciona en la sede de la misma. Allí, a través de diferentes tecnologías de comunicaciones e informática se recibe información de todas las provincias como así de organismos especializados lo que facilita las acciones en las distintas etapas vinculas con la detección, alertas, seguimiento y monitoreo de eventos adversos, como así también, en la respuesta para una mejor toma de decisiones.

Con imágenes satelitales, térmicas y geotérmicas se observa la situación de, por ejemplo un incendio forestal, se determina un polígono de afectación y con el sistema de geolocalización se obtiene la información de medios disponibles para enfrentar la emergencia. Está contemplada también la creación de un sistema de alerta a los celulares de las personas que se encuentren en zonas de riesgo y también a través de redes sociales.


Una buena noticia: Pensar que hace diez años atrás, la llamábamos riesgo y se hacia con el software Arcview y una notebook vieja de uno de sus primigenios pensadores y todo a pulmón...y bue.

Efectivos de la Federal y de la bonaerense "extravían" cada año más de 300 armas

Pistola, esposas y credencial robadas a una policía Local de Quilmes en 2017Por Rosario Marina - La Nación


Pistola, esposas y credencial robadas a una policía Local de Quilmes en 2017 Fuente: Archivo

En los últimos ocho años, la fuerza provincial abrió 1659 sumarios por el robo o la pérdida de pistolas de dotación; la nacional, en tanto, dio por desaparecidas 1195; la mayoría de los casos, en el conurbano

LA PLATA.- La policía bonaerense y la Federal, que hasta 2016 fueron las más numerosas del país, "perdieron" cada año cientos de armas de su arsenal; la mayoría de ellas estaba en manos de efectivos cuando "desaparecieron" o se las robaron. Esas pistolas, escopetas y ametralladoras terminaron, casi siempre, en el mercado ilegal y nutrieron el poder de fuego de la delincuencia.

Entre 2011 y 2018, la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense inició 1659 sumarios por robo, hurto y/o extravío de arma reglamentaria por parte del personal policial. Un promedio de 207 por año, con una tasa media de 22 armas extraviadas cada 10.000 efectivos, o una cada 450 uniformados.

La Policía Federal, en tanto, perdió casi 1195 armas entre 2008 y 2018, un promedio de 108 por año y casi seis veces más de las que, por ejemplo, extraviaron los efectivos de Carabineros, de Chile.

En cifras netas, perdieron casi un 90% menos que sus pares bonaerenses. Pero tomando en cuenta que la fuerza provincial, hasta hace tres años -cuando se produjo el traspaso de parte de la Federal a la Ciudad-, duplicó en número a la nacional (93.000 contra 47.000), los números tienden a parecerse: se extravió un arma cada 435 federales, o 23 cada 10.000 agentes.

El año que más armas extraviaron los policías bonaerenses fue 2016: 326, casi la misma cantidad que perdió la Gendarmería en nueve años.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación explicaron que una parte del problema de la desaparición de armas radica en el régimen de portación que tienen los policías. "La Gendarmería y la Policía Federal tienen un sistema por el cual portan el arma en servicio y fuera de servicio. La Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria [PSA] tienen un régimen distinto: dejan el arma al salir de franco. Los regímenes de portación influyen en qué fuerza pierde o no pierde más armas", dijo a LA NACION Alberto Föhrig, secretario de Coordinación, Formación y Carrera del Ministerio de Seguridad nacional.

De camino a casa

Del total de 1195 armas extraviadas por efectivos de la Federal entre 2008 y 2018, 742 fueron extraviadas, sustraídas, hurtadas o robadas en la provincia de Buenos Aires. Esto representa el 62% del total. Otro 26%, en la Capital. Entre esos dos territorios suman el 88% de los casos. "Muchas situaciones se dan in itinere, cuando el efectivo afectado se va a su casa", advirtió Föhrig.

Siempre que esto sucede, el ministerio inicia un sumario para investigar lo ocurrido y saber en qué circunstancias se produjo la pérdida del arma. En algunos casos, según indicaron las fuentes, los policías son golpeados y cuando están en el piso les quitan la pistola. En esa situación, por ejemplo, no están sujetos a penalidades.

En otros casos hay negligencia de parte del policía que pierde el arma. Entonces, las penas van de días de arresto a tener que pagar un porcentaje del precio de reposición del arma. Hoy, una pistola calibre 9 milímetros, según fuentes del Ministerio, tiene un valor de 10.000 pesos.

"En todos los casos se hace un análisis de cuál fue la situación de pérdida de arma, porque es un tema muy grave", consideró Föhrig.

En 2016, el Ministerio de Seguridad sometió a todos los efectivos al curso de práctica intensiva de arma reglamentaria. Se instruye a los agentes en el cuidado del arma fuera de servicio. Sostuvo Föhrig que eso hizo que los números de pérdidas descendieran.

Ese año, la Policía Federal perdió 115 armas. En 2017 fueron 59, y en 2018 volvió a subir el número a 67. Este descenso coincidió con la disminución de un gran porcentaje de la cantidad de policías por el traspaso de aproximadamente un 40% de la fuerza a la Policía de la Ciudad. El hecho de que ahora sean menos los policías impactó también en la bajada de pérdida de armas.

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, las cifras reflejan solo los casos en los que se abrieron sumarios en Asuntos Internos. Incluyen, por ejemplo, el caso de los policías recién recibidos de la Escuela de Formación Policial Juan Vucetich que salieron a bailar con sus armas reglamentarias y en el boliche se les cayeron y las perdieron. También, casos en los que un policía afirma que llevó a lavar el auto, se olvidó el arma en la guantera y "desapareció".

Poco más de la mitad de las armas se extraviaron en el conurbano (827); 809 desaparecieron en el interior de la provincia y en 23 casos no se pudo establecer dónde pasó.

En 2014, la creación de las Policías Locales sumó un problema en este sentido. Al año siguiente habían perdido 10 armas y para 2016 el número se elevó a 68.

Si se toma en cuenta el total de sumarios iniciados a partir de 2015, los de la Policía Local representan el 18%. Esto no significa que ese sea el total: estos números representan solo los que tuvieron sumarios iniciados por Asuntos Internos. En la Auditoría General saben que hay más.

Una falta grave, penada hasta con la exoneración

Para las faltas disciplinarias de los policías bonaerenses se aplica el decreto 1050. En él se precisa que la pérdida del armamento es una falta grave, para la cual se prevé la "suspensión del empleo sin goce de haberes de hasta 45 días, aplicables mediante resolución en actuaciones sumariales administrativas". 

Si se tratara de una falta grave de competencia originaria de Asuntos Internos, daría lugar a una "sanción de exoneración, cesantía o suspensión del empleo sin goce de haberes de hasta 60 días". "Dentro de cada caso particular hay atenuantes y agravantes. No es lo mismo un policía al que le roban el arma que uno que la extravía en una situación confusa", explicó a LA NACION el auditor Guillermo Berra.

El resto de las fuerzas de seguridad federales, muy por debajo

La Gendarmería sumó 358 extravíos; la Prefectura, 299, y la PSA, solo diez

Según datos oficiales de la cartera del Ministerio de Seguridad, conseguidos por la nación a partir de solicitudes de acceso a la información pública, entre todas las fuerzas de seguridad federales perdieron 1862 armas en los últimos 11 años. Las que menos extraviaron fueron la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Prefectura.

Entre 2010 y 2018, la Gendarmería extravió 358 armas. En el 62% de los casos, por robos. También hubo hurtos, secuestros y pérdidas. En agosto de 2017, el director nacional de la fuerza, comandante general Gerardo José Otero, firmó una resolución en la que aumentó el valor que debe pagar el gendarme que pierde (o le roban) un arma al 200% de su valor. Lo hizo al advertir que "se han incrementado notoriamente las pérdidas y robos de pistolas, cargadores, municiones, chalecos antibalas y equipos de comunicaciones".

El año pasado esa fuerza firmó una resolución que permitió a los gendarmes usar su arma particular durante el servicio.

Sin embargo, para el secretario de Coordinación, Formación y Carrera del Ministerio, Alberto Föhrig, la de Gendarmería no le parece una tasa alta: "En 8 años se pierden 358, anualizadas son menos de 50 por año. En una fuerza de 36.000 efectivos no es una tasa alta", consideró.

La Prefectura y la PSA, en tanto, son las que menos armas perdieron o les robaron. En los últimos 11 años, la primera extravió 299 y la segunda, solo 10.

Según los datos oficiales, todas los casos de la PSA fueron robos o hurtos. En ningún caso el arma se volvió a comprar: "En cuanto al costo de reposición del material descripto, este Departamento de Logística Policial Aeroportuaria informa que hasta el momento no se ha adquirido armamento para su reposición", se informó.

La PSA tiene unos 4000 agentes, mientras que la Policía Federal, antes del traspaso de una gran parte de los efectivos (los de Seguridad Metropolitana, especialmente) a la nueva Policía de la Ciudad, en 2016, eran unos 47.000, casi 12 veces más.

Sin embargo, si se lo compara con los Carabineros de Chile, que son casi 52.000, la diferencia es alarmante. Según publicó una reciente investigación de Chile Visión, esa fuerza perdió menos de 200 armas en el mismo período en que la Federal extraviaba casi 1200.

jueves, 11 de abril de 2019

Prefectura retuvo seis buques en diferentes puertos

(Nuestro Mar) - La Prefectura Naval Argentina, en su rol de Autoridad Marítima nacional, es el organismo encargado de garantizar una navegación segura en las aguas de su jurisdicción. En este marco, y como resultado de las múltiples inspecciones que se realizan, se retuvo a seis buques en infracción en diferentes puertos del país.
El puerto de San Lorenzo fue el escenario de tres inspecciones extraordinarias que dieron como resultado la prohibición de navegar del "Union Erwin" de bandera de las Islas Marshall, del "Cavalier VII" de bandera paraguaya y del "Don Celestino B" de bandera argentina.

Estas embarcaciones estaban amarradas dentro del complejo portuario santafesino y presentaban distintos desperfectos: fuga de aceite y combustible del motor principal, manguera de lucha contra focos ígneos inhabilitada para emergencias, bombas de achique defectuosas y sentina con restos oleosos.

Por otra parte, Prefectura retuvo al buque de bandera argentina "Doña Lucía", que se encontraba amarrado a la altura del kilómetro 44 del río Luján. La embarcación poseía un motor auxiliar y un generador eléctrico sin declarar, además de otras deficiencias técnicas en sus máquinas.

Otro de los buques retenidos fue el "Callio", de bandera panameña, que perdió su ancla de fondeo durante una maniobra en Ramallo, provincia de Buenos Aires, mientras transportaba 15.000 toneladas de fertilizante.

Por último, cabe destacar, que miembros de la institución inspeccionaron un buque de bandera panameña llamado "Amber L", procedente de África que navegaba con destino al muelle de cereales del puerto Punta Alvear (provincia de Santa Fe).

Durante el registro, nuestros inspectores hallaron un pasajero clandestino, de nacionalidad nigeriana de 30 años. Al mismo tiempo, el Amber L presentaba deficiencias en sus medidas de seguridad lo que motivó al personal a retenerlo en puerto y restringir sus operaciones.

Las seis embarcaciones inspeccionadas por la Prefectura Naval Argentina no cumplían con las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la vida de la tripulación. Dichas medidas restrictivas pesaran hasta tanto no se elabore un plan de acciones correctivas para poner en condiciones de navegabilidad todos los buques.

Personal especializado de la Prefectura, a bordo de un guardacostas, logró interceptar la embarcación como resultado de las tareas de rutina que se realizan cotidianamente en la zona. De esta manera, el buque remolcador "Cavalier II", de bandera paraguaya, transitaba por la vía navegable con nueve barcazas a bordo y varias deficiencias.

Durante la inspección extraordinaria realizada por la fuerza que encabeza Eduardo Scarzello, se hallaron más de 36 faltas tanto en el remolcador como en varias de las barcazas que trasladaba. Prefectura retuvo al buque en puerto hasta que subsane sus deficiencias para garantizar una navegación segura.

Participaron del operativo personal de la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la Prefectura Barranqueras (Chaco), inspectores técnicos especializados en seguridad de la navegación pertenecientes a la dotación del guardacostas "Lynch" y efectivos de las Prefecturas Goya y Esquina (Corrientes).

Acorde al Artículo 79 de la Ley de la Navegación, se puso en conocimiento del tema al consulado de la República del Paraguay y a las autoridades pertinentes. (COMEX ONLINE)

jueves, 4 de abril de 2019

Se viene el sistema de reconocimiento facial en las calles

Por Nicolás Lucca - Infobae.com
Lo anunció el vicejefe de Gobierno/ministro de Seguridad. Entrará en vigencia el 23 de abril. Por qué es un atentado a la intimidad de las personas (todas)
Ahora que el contador Diego Santilli anunció que se utilizará un sistema de reconocimiento facial para la detección de delincuentes "con pedido de captura" y que el mismo entrará en vigencia en tan sólo unos días –23 de abril–, vale la pena aclarar algunas cosas. Antes que nada, entiendo el jolgorio y la algarabía de quienes celebran cualquier medida que contribuya a la disminución del crimen, pero cualquier medida puede convertirse en una medida peligrosa.

"Es sólo para aquellas personas que están siendo buscadas por la Justicia", aseguró Diego Santilli en su exposición ante el Primer Congreso Internacional sobre Delito Transnacional. Una medida espectacularmente bienvenida en una ciudad que no tiene policías, porque el sistema de identificación facial a través de una cámara callejera requiere que el ciudadano a detener se encuentre, precisamente, en la calle. Y todos sabemos que no hay mejor lugar para que un policía nos haga sentir su presencia que la calle. El problema radica en que, en el afán de identificar a uno, nos identificarán a todos. No hay forma de que así no sea desde el momento que nuestra foto se encuentra en un pasaporte o documento nacional de identidad –creado bajo el amparo de la Ley de Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano de la Nación bajo la dictadura de Onganía y que no existe en todos los países del mundo– y desde el momento mismo en que, para poder reconocer un rostro, hay que revisar todos.

Siempre puede ser peor. Hace tan sólo un mes, la ministro de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, contaba que, si fuera por ella, el registro de ADN debería ser para todos los habitantes de la Argentina y no tan sólo para quienes hayan delinquido. Hubo que explicar que el ADN no es la huella dactilar del siglo XXI, que la tecnología no siempre es buena y, fundamentalmente, que toda medida invasiva que permitimos "porque el gobernante nos cae simpático" es una puerta abierta a su uso de parte de un futuro gobernante despótico, en un país con tan poca memoria que cree que el pasado nunca podría volver a ocurrir.

En Gales, en mayo del año pasado, la Policía quiso probar el sistema de detección facial en un partido de fútbol. El resultado fue desastroso: 92% de falsos positivos. Imaginemos que casi 10 de cada 10 personas podrían ser detenidas. Sin embargo, el efecto provocado por el sistema de reconocimiento facial masivo en China hace que a cualquier autoridad se le haga agua la boca: en el gigante asiático, con 1.339 millones de habitantes, cuenta con 176 millones de cámaras y un registro de identificación facial que monitorea absolutamente todo y, hasta ahora, "sólo fue utilizado para capturar delincuentes". Nadie tiene en cuenta que en China no gobierna precisamente una democracia y que ser opositor al régimen es un delito que se pena con prisión, si se tiene suerte. Una prueba más de que la tecnología deja de ser una buena herramienta en las manos equivocadas.
Resultado de imagen para Se viene el sistema de reconocimiento facial en las calles
Lo curioso es que cuando políticas similares son aplicadas por otros signos políticos, la reacción es más fácil, más directa. No debería atemorizarnos las simpatías políticas: una mala idea no tiene color. En 2011 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lanzaba el SIBIOS, Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad. Algunos pusimos el grito en el cielo, otros lo justificaron, pero nada pasó. Ni siquiera hubo una reacción cuando el entonces ministro Florencio Randazzo firmó un acuerdo de colaboración para "implementar más tecnología biométrica" en bases de datos con la potencia internacional de los derechos humanos: Cuba.

La tasa de criminalidad de la ciudad de Buenos Aires se encuentra en niveles anteriores a la creación de la Policía Metropolitana allá por 2008. Podría tratarse de un dato meramente estadístico si no fuera por un detalle que no es menor: en 2016 la ciudad de Buenos Aires recibió el traspaso de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal. O sea, todas las comisarías, agentes, oficiales y presupuesto correspondiente. El Jefe de Gobierno porteño presentaría esa suma de oficiales de policía como un logro de su gestión luego de dar un largo listado de bondades en materia de seguridad que hizo que uno se pregunte para qué desplazó al ministro anterior si hizo todo bien. Todo esto fue ante la legislatura porteña presidida por el mismo hombre que ahora oficia de ministro de Seguridad sin dejar de ser vicejefe de Gobierno.

Sí, los porteños somos de darnos todos los gustos y tenemos al frente de una fuerza del Poder Ejecutivo al presidente del Poder Legislativo. Y como somos de empacharnos, no pusimos a cualquiera al frente de la seguridad: elegimos un contador público. Podríamos haber optado por un licenciado en Ciencias de la Seguridad, un abogado, un ex miembro de las fuerzas de seguridad, todo dependiendo de qué esperamos de nuestra policía. Bueno, no sabemos qué espera el jefe de Gobierno, pero puso a un contador.

El problema en materia de seguridad siempre es la prevención, algo que en Buenos Aires nos acostumbramos a que no exista hace años. Miles de cámaras por todos lados y ninguna sirve para otra cosa que para cobrar multas. ¿Quién las monitorea? Cada vez que se comete un hecho delictivo el fiscal pide a las autoridades la remisión de las cámaras y, casualmente, allí está registrado el hecho delictivo. ¿Nadie pudo verlo? ¿Para que tenemos las cámaras si no podemos evitar que un ciudadano que pagó por ellas pase un momento espantoso? ¿Para identificar la cara de un motochorro que usa casco? Bueno, ahora se les dará un nuevo uso.

No faltará quien venga a decir que "quien nada oculta nada teme". Permítanme decir de antemano que el que nada oculta tiene una vida aburridísima pero, más allá de eso, de mi vida muestro lo que quiero y a quien quiero. Del mismo modo que en las redes sociales elijo qué mostrar y qué no, el Estado no tiene por qué saber si me gusta comer, qué hago los sábados a la noche con cinco personas entrando a un bar, con quién me junto ni cada cuánto lo hago. Del mismo modo, no quiero que mañana tenga que presentarme ante la AFIP para explicar cómo es que terminé comiendo en Puerto Madero si mi sueldo no alcanza para pagar un sándwich de bondiola en la Costanera. ¿Emboqué las cuatro cifras a la cabeza de la nocturna nacional? ¿Me regalaron una cena por mi cumpleaños? ¿Soy amigo del dueño? ¿Qué te importa? Y si así y todo creemos que hay peores monstruos que la AFIP, deberíamos tener presente que en este país se ha llegado a hackear a la mismísima ministro de Seguridad. Imaginemos que todos los datos recolectados son sustraídos por cualquier persona con ganas de joder y hacerse de unos pesitos extorsionando.

Antes nos reíamos para no llorar de que quienes vivíamos tras las rejas éramos los ciudadanos "de bien". Ahora podemos modernizarlo: los que no cometemos delitos salimos a la calle con pasamontañas para que no nos jodan. ¿Tan difícil es que un policía detenga a un delincuente en vez de decirle a una víctima "sí, ya sé quien fue, porque lo vi robar varias veces hoy"? Me pasó a mí, no me lo contaron. Tampoco es tan difícil que los policías asignados a las paradas en esquinas estén en esas esquinas y no tomando café dentro del bar. Lo veo todas las noches, no me lo contaron. Mucho menos es difícil encontrar a alguien que tenga idea de cómo funciona una fuerza de seguridad.

Siempre es bueno recordar que lo que ayer fue delito hoy no lo es y mañana puede volver a serlo. ¿Seguimos dejando herramientas para que a la desgracia de un déspota tengamos que sumarle que tiene todo servido para hacer lo que quiera? Nadie tiene la suerte comprada. Tampoco los países.

martes, 5 de marzo de 2019

En qué consiste la nueva fuerza de seguridad de elite que operará en vuelos de alto riesgo

(psa.gob.ar)Por Martín Dinatale - mdinatale@infobae.com - Infobae.com

Se trata de agentes especiales de embarcación que forman parte de la PSA

El Gobierno acaba de poner en marcha una nueva fuerza denominada Agencia Federal de Embarcaciones, que tendrá la función de hacer un seguimiento de situaciones de riesgo arriba de los aviones en vuelos de pasajeros.

Buscarán ser una elite especial dentro de las fuerzas de seguridad federales y, dado que tomaron algunos de los parámetros de acción de una histórica agencia federal norteamericana, en reserva se los empezó a conocer como los "Marshals criollos".

Si bien las tareas de entrenamiento y coordinación empezaron hace más de un año, el jueves pasado en un acto muy reservado que lideró el Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich junto con la empresa Aerolíneas Argentinas se puso en funcionamiento esta fuerza que inicialmente será un desprendimiento de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Los nuevos agentes de embarcación recibieron capacitaciones en Estados Unidos y serán una suerte de grupo de elite al estilo Marshals Service, que fue la primera agencia federal norteamericana cuyo trabajo en secreto opera sobre situaciones críticas.

"Estos grupos de elite nos ponen en un lugar de avanzada en todo el continente y construyen capacidades para darle seguridad a turistas argentinos y a aquellos que visitan nuestro país", explicó a Infobae el secretario de Seguridad Eugenio Burzaco.

Si bien el funcionario no quiso dar más detalles del tema, se pudo saber que los agentes trabajarán en aviones de línea adentro y fuera del país. Por ahora estarán sólo en los vuelos de Aerolíneas Argentinas, aunque se prevé ampliar los acuerdos con otras compañías aéreas. También se podrían firmar acuerdos de reciprocidad con otros países para ampliar la capacidad de operaciones.

¿Cuáles son los objetivos y funciones de los "Marshals criollos"?

Este grupo de elite -hasta ahora conformado por no más de 40 agentes- operará en vuelos que se consideren con "matriz de riesgo". Es decir, viajes que se consideren peligrosos por la ruta o aquellos en los que se encuentre un pasajero supuestamente sospechoso. 

Según explicaron a Infobae fuentes del Gobierno, los agentes federales de embarcación se infiltrarán como civiles en vuelos para prevenir eventuales ataques terroristas o ante comportamientos sospechosos. Para esto, los oficiales ya hicieron cursos de capacitación de derecho internacional, tácticas de negociación ante situaciones de riesgo, primeros auxilios, uso de la fuerza sin armas y cursos de tiro.

Ya hubo cursos de adiestramiento para los agentes y en adelante también se complementará la capacitación con pilotos y azafatas. También se supo que en 15 días llegarán agentes Marshals de Estados Unidos para extender los cursos de capacitación en la PSA.

El Marshals Service de Estados Unidos es pionero en este tema. La Argentina lo será en América Latina y, además, se está desarrollando en el país una escuela de agentes de embarcación.

Los objetivos de seguimiento en un vuelo serán personas relacionadas con el narcotráfico y el terrorismo aunque también psicóticos, barrabravas o pasajeros ebrios que pongan en riesgo un vuelo.

Para definir quiénes integrarán este grupo de elite especial se eligieron por ahora a los mejores oficiales de la PSA, ya que hay una característica casi esencial para esta tarea: el uso del arma debe ser la última instancia para frenar una situación de riesgo en medio de un vuelo.

En Estados Unidos el grupo de élite Marshals funciona desde hace más de 100 años y actualmente existen aproximadamente 3.500 oficiales de policía e investigadores criminales. Pero sus funciones no se limitan a los vuelos de pasajeros sino que incluyen la protección del poder judicial federal, la detención federal, el seguimiento de fugitivos, el manejo y venta de bienes incautados adquiridos por delincuentes a través de actividades ilegales y el transporte de prisioneros federales.

jueves, 28 de febrero de 2019

Endurecen las condiciones para otorgar la residencia a extranjeros

Endurecen las condiciones para otorgar la residencia a extranjeros (Fuente: EFE).(TN.com) - Quienes deseen radicarse en el país deberán presentar un certificado de diez años sin antecedentes penales. La medida será anunciada por Frigerio.

El Gobierno refuerza su plan de combate a la inseguridad, uno de los principales ejes que mostrará en la campaña electoral. El ministro del Interior Rogelio Frigerio anunciará el endurecimiento de las condiciones para otorgar la residencia a los extranjeros que quieran radicarse en la Argentina. Quienes quieran radicarse en el país deberán presentar un certificado de carencia de antecedentes penales en los últimos diez años.

La medida responde a los hechos de inseguridad en los que estuvieron involucrados extranjeros y también a los que el Ejecutivo llama un "descontrol migratorio", como lo definió el canciller Jorge Faurie hace poco más de un mes tras un reunión de Gabinete.

El oficialismo impulsa en paralelo la agilización de la expulsión de los extranjeros que delinquen o que entraron de forma ilegal al país. El plan que forma parte de un proyecto para endurecer la Ley de Migraciones, que incluye la creación de un Fuero Migratorio y una unidad de búsqueda de delincuentes extranjeros. Todas estas medidas cobraron fuerza a partir de los casos de motochorros extranjeros que tenían prohibición de entrada al país y pedidos de deportación.

Los extranjeros que no presenten el certificado que determine que en la última década no registraron antecedentes penales no podrán avanzar con los trámites para radicarse en el país.

Hasta el momento quienes iniciaban el papeleo para pedir la residencia permanente debían presentar un certificado que estableciera que no tenían condenas anteriores ni procesos penales "emitidos por las autoridades competentes de los países donde hayan residido por un plazo superior a un año, durante el transcurso de los últimos tres años". En los tres últimos años la Dirección de Migraciones otorgó 680 000 radicaciones, encabezadas por ciudadanos paraguayos, bolivianos y venezolanos

Horacio García, director de Migraciones, le dijo a La Nación que el objetivo es que "todas las personas que vengan a la Argentina no tengan condenas previas que queden ocultas por la legislación de cada país". "La Argentina ofrece la verdad al mundo y queremos reciprocidad", afirmó. Justamente uno de los motivos que impulsaron el pedido de certificado es que en algunos países no se incluyen los registros de delitos después de cumplidas las condenas o transcurrido un determinado plazo.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...