Pobreza cero

Por Jaime Duran Barba - Perfil.com

Con la muerte de Mao, los nuevos dirigentes instauraron un modo de producción capitalista, conservando su sistema político. Se superaron los prejuicios en contra de la empresa privada, se eliminaron las granjas colectivas y se instaló la libre competencia. 

Contraste. Para 2020, China planea no tener pobres. En el G20 nadie habló de acabar con el consumo, mientras que en la contracumbre se identifican con ideas antiguas, aunque seguramente usan celulares. FOTO: SHUTTERSTOCK

Cuando China rompió las relaciones con la Unión Soviética, los líderes del Partido Comunista quisieron lograr la autosuficiencia económica. Mao propuso el Gran Salto Adelante con la intención de producir masivamente acero, carbón y electricidad, terminando con la propiedad de la tierra y obligando a la constitución de comunas agrícolas. Pretendía con eso suprimir la tendencia burguesa al consumo, el individualismo contrarrevolucionario. El plan fue un fracaso y provocó una hambruna en la que murieron más de 40 millones de personas. 

En 1958, Mao renunció a la presidencia, permitiendo que se implante una economía de cuasi mercado que mejoró un poco la situación. Su obsesión por luchar en contra de las desviaciones capitalistas de la gente que podían arruinar su fervor revolucionario lo llevó a propiciar la Revolución Cultural de 1966, que quiso que se reeducaran, entendieran las ventajas de la pobreza, las comunas y la vida estoica. Se editó el Libro rojo con citas del presidente que resumían la sabiduría de la humanidad y tenían poderes cuasi mágicos. Liu Shaoqi y Deng Xiaoping, que propiciaban una sociedad más abierta, fueron perseguidos como "seguidores de la vía capitalista". Los Guardias Rojos se movilizaron y promovieron un culto desmesurado a la personalidad. La China de Mao logró la igualdad. Todos fueron iguales en la pobreza, simplemente porque nadie tuvo nada. 

Raimundo Fares, intelectual mendocino que estuvo en la China de esa época, escribió al volver Un inmenso convento sin Dios, libro en el que exaltaba un modelo con el que los chinos se habían convertido al ascetismo, comían poco, tenían poco sexo, llevaban una vida monacal. La racionalidad burocrática permitía que todos tuvieran algo de comida aunque fuera mala, algo de ropa aunque fuera con un mismo modelo, con la misma tela, todos sobrevivían con lo mínimo, pero en la virtud. 

Después de Mao. Pero la mayoría de los chinos quería acceder a la tecnología, consumir, vivir mejor. Con la muerte de Mao, los nuevos dirigentes instauraron un modo de producción capitalista, conservando su sistema político. En 1980 abandonaron el colectivismo agrícola y liberalizaron el agro. El Producto Interno Bruto se disparó. Se superaron los prejuicios en contra de la empresa privada, se eliminaron las granjas colectivas y se instaló la libre competencia. Aparecieron muchos multimillonarios en dólares y la sociedad avanzó rápidamente hacia la supresión de la pobreza. Ningún país del mundo ha logrado tanto éxito combatiéndola. 

Más de 700 millones de personas superaron hasta ahora esa situación y para 2020 China planea llegar a la pobreza cero, habiendo sido el país con más pobres del mundo. La realidad refutó la idea de que la implantación del libre mercado llevaría a una democracia de tipo occidental. La economía crece a pasos agigantados, pero las demandas por más libertad, no. 

Para sorpresa de quienes rechazamos la invasión norteamericana al sudeste asiático, Vietnam, Laos y Camboya implantaron economías capitalistas que conservan el sistema político autoritario y parecen ser más eficientes que los capitalismos que respetan las libertades. Cuando en esos países el Estado decide hacer una reforma, la hace. Cuando intenta algo semejante Macron en Francia o Macri en Argentina, todos los que defienden intereses sectoriales protestan y salen a defender sus privilegios. 

En la concepción china de la política, hay una distinción entre la democracia y la libertad, que en Occidente normalmente se identifican. Existe una democracia piramidal de tipo indirecto, en cuya base está la elección de dirigentes del partido en el barrio, que eligen a otros de mayor nivel y a otros, hasta llegar a las máximas autoridades. Lo que no existe es la posibilidad de que cada persona o agrupación haga lo que quiera, defendiendo intereses sectoriales. 

Existen pocos grupos en el mundo que rechazan el capitalismo, el consumismo, y quieren retroceder a una economía en la que los pobres vivan del Estado o de subsidios conseguidos por organizaciones intermedias. Creen en eso tres dictaduras militares quebradas del Caribe y unas pocas personas que tienen miedo del progreso y mezclan ideas falangistas con elementos luditas. La realidad refutó la idea de que la implantación del libre mercado en China llevaría a una democracia de tipo occidental

Tecnología. China será pronto la economía más grande del planeta y está en la punta del desarrollo tecnológico, que plantea desafíos difíciles para todas las sociedades, que necesitan lograr que la desaparición de los empleos tradicionales no afecte a la población. Hace pocos meses, Uber inició un servicio de camiones sin conductor en Arizona que permite hacer viajes más largos, sin descanso, reducir los accidentes y llegar a áreas más aisladas. Enfrenta la competencia de Nvidia, empresa china que vende estos camiones en Asia y está ingresando al mercado norteamericano. El desafío de innovarse y mantener el empleo es enorme. 

En China trabajan como camioneros 30 millones de personas y su número crece por el incremento de la producción, que subió de 10.400 millones de toneladas a 36 mil millones en un año. ¿Cómo impulsar el desarrollo tecnológico sin afectar el empleo? La robotización, la nanotecnología la revolución de las comunicaciones obligan a repensarlo todo. Desde hace unos años, en Estados Unidos desaparecieron los cajeros en farmacias y supermercados. Este año, Walmart puso robots para limpiar sus establecimientos y están desarrollando robots que puedan analizar las perchas para reponer los productos y vigilar que estén bien marcados. 

China hace un enorme esfuerzo por compatibilizar este desarrollo con la meta de pobreza cero, que supone cero desempleo. El país ha desarrollado una maquinaria de vigilancia cibernética que controla a una población que cada vez se comunica más con internet. WeChat, el equivalente chino de WhatsApp, cuenta con más de 300 millones de usuarios y en esta sociedad próspera hay que controlar el delito, que se incrementó desmedidamente por la aparición de la riqueza. El gobierno aplicó técnicas de origen militar para controlar el problema, tuvo éxito, pero la vigilancia se ha incrementado a niveles que a muchos occidentales nos parecerían insoportables. 

Existen pocos grupos en el mundo que quieran retroceder a una economía en la que los pobres vivan del Estado o de subsidios India era hace cuarenta años un país de enormes contrastes. Buena parte del sur, y particularmente Calcuta, estaban sumidos en la pobreza más absoluta. Era insoportable ver cómo morían de hambre decenas de personas por día y cómo la sociedad había asumido esto como algo natural. En cambio el norte, particularmente el Punjab, era ricos y desarrollado tecnológicamente. Todo cambió con las transformaciones iniciadas en 1991 por Manmohan Singh, un ministro de Finanzas liberal que fomentó la economía de mercado, el acceso de grupos privados a la industria, la reducción de aranceles, la inversión extranjera y otras políticas capitalistas con las que el país llegó a un crecimiento apenas menor que el chino. Estas políticas se explican en el libro de Drèze y Sen India, Economic Development and Social Opportunity. El segundo país más poblado del mundo es ahora la cuarta economía más importante, y en 2030 será la tercera. 

Combatir la miseria. El Gobierno lanzó un plan de trabajo para acabar con la miseria en el campo, donde vive el 70% de sus 1.100 millones de habitantes. Existe un aumento considerable de la capacidad de consumo de la clase media, gracias al incremento de la inversión, tanto privada como pública, nacional y extranjera. En su caso, India ha usado ventajas que le permiten competir mejor en áreas como la exportación de servicios tecnológicos, por alto nivel de educación de buena parte de su población y porque es un país en el que se habla inglés, lo que le abre amplios mercados en la era de internet. Políticamente, es una democracia estable, que protege la propiedad privada y mantiene una separación de poderes que evita que los políticos alteren el normal desempeño de la economía y de los mercados. El plan del gobierno es terminar con la pobreza y ha dado enormes pasos en esa dirección. Estos fueron dos de los países que estuvieron en el G20, en donde nadie habló de acabar con el consumo ni con el libre mercado. Ni en las universidades importantes del mundo, ni en la alta política, se discute un modelo que tenga como ejemplo Cuba o la dictadura venezolana. Ningún país, tampoco los comunistas, tiene interés en los escombros de la Guerra Fría ni en la pobreza medieval. Cuando se leen los documentos de la “contracumbre del G20,” es difícil de entender que existan dirigentes identificados con una derecha tan antigua, que para colmo es posible que usen celulares y computadoras. Estarían más cómodos con máquinas de escribir.

*Profesor de la GWU, miembro del Club Político Argentino. (Fuente www.perfil.com). 

La Matanza: una Argentina marginal y feroz en el corazón del conurbano

Por Carlos M. Reymundo Roberts - LA NACION

Histórico feudo del peronismo, es el partido más grande del GBA y el más poblado de la provincia; sus 2,2 millones de habitantes viven bajo el flagelo de la pobreza, el narcotráfico y la inseguridad; tiene 114 villas y asentamientos; más de la mitad de las calles son de tierra

Ciudad Evita. En una campaña en la vía pública, la intendenta Magario, ultrakirchnerista, se atribuye la construcción del Metrobus que corre a lo largo de la ruta 3; pero es una obra del gobierno nacional. Foto: Fabián Marelli

Para encontrar una versión dramática de la Argentina, una de sus expresiones más postergadas e injustas, no hay que viajar cientos de kilómetros hasta parajes miserables de alguna provincia del Norte. Está a 20 minutos de la Plaza de Mayo.

Con sus 114 villas y asentamientos, y una pobreza estructural que excede por mucho a esos barrios, el megapartido de La Matanza es una expresión cabal del conurbano profundo, el vasto territorio donde el país se queda sin niveles mínimamente razonables de salud, educación, trabajo, asfalto, agua, cloacas, electricidad, gas y transporte.

LA NACION recorrió durante tres semanas la geografía feroz de este distrito, mítico feudo del PJ. Por momentos resulta un descenso a los infiernos. Apenas hay que asomarse y aparecen hospitales colapsados, zonas colonizadas por el narco, inseguridad, corrupción, mafias, un sinnúmero de calles de tierra, cientos de basurales a cielo abierto y caseríos de mala muerte que periódicamente son arrasados por las inundaciones.

La Matanza tiene unos 2,2 millones de habitantes, con cerca de un 40% de pobres. Es el partido más poblado de la provincia, un conglomerado sólo superado por la Capital y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Con sus 330 kilómetros cuadrados, es el más extenso del GBA, al punto de que reúne los tres cordones urbanos: primero, segundo y tercero, desde la General Paz hasta Cañuelas. Los proyectos para dividirlo han fracasado.

Caótico, multifacético, intimidante, La Matanza es, como otros distritos del conurbano (Quilmes, José C. Paz, Lanús, Lomas de Zamora), un monumento a la marginalidad y la decadencia. Y a la disparidad. De los grises monoblocks sobre la General Paz a los barrios residenciales de Ramos Mejía; del flamante Metrobus de 16 kilómetros sobre la ruta 3, a las tinieblas de la villa Puerta de Hierro, en Isidro Casanova; del febril enclave boliviano de Villa Celina, pegado a la Autopista Ricchieri, a descampados convertidos en basurales sobre la ruta 1001, en González Catán; de la calma provinciana de Aldo Bonzi al estallido comercial del centro de Gregorio de Laferrère, todo tiene lugar en este partido, gobernado sin interrupciones por el peronismo desde 1983. Su intendenta es la ultrakirchnerista Verónica Magario (FPV), activa opositora a Macri y heredera de una de las mayores maquinarias de clientelismo político del país. Magario no concedió una entrevista a LA NACION para esta nota.

Un puntero peronista, que pidió no ser identificado, acompaña a LA NACION en una de las recorridas. Tiene 51 años y es matancero de nacimiento. Vivió el proceso de desindustrialización que comenzó en los años 80, la explosión demográfica (entre 2001 y 2010 la población creció 41%) y el virtual retiro del Estado. Habla de la potencialidad del partido y de su extraordinaria fuerza laboral, pero no niega lo que salta a la vista: los niveles de vida bajísimos, problemas de infraestructura, falta de servicios. No sólo no los niega: los muestra. En Virrey del Pino, una mañana lluviosa de mediados de mayo conduce su auto hasta la puerta de una escuela, a la que muchos chicos llegan caminando desde un asentamiento que queda a 20 cuadras. Tienen jeans gastados y los zapatos recubiertos por una bolsa de plástico. "Fíjense -dice el puntero-. Ahora las madres los cambian, les ponen el delantal y les sacan las bolsas. Para llegar tienen que atravesar barriales. Y si llueve mucho, no vienen. Las maestras ya saben que es normal que de 20 alumnos a veces aparezcan sólo 3 o 4." Agrega un dato: varios de esos chicos almuerzan en un comedor popular.

También es común ver a gente grande con bolsas en los zapatos. Al llegar al asfalto, se las quitan. "Estoy acostumbrado. Vivo en un barrio de González Catán donde no pasan colectivos", dice Yamil Oroqui, de 34 años, mozo en un bar de Once.

Foto: LA NACION 

Nadie sabe a ciencia cierta qué porcentaje de calles pavimentadas tiene el partido. Autoridades municipales hablan de 70% y una fuente de la comuna dice, en estricta reserva, que no pasa de 60%. Activistas sociales creen que son menos. "Lo que sí sabemos ¬apunta Miguel Saredi, ex concejal y ex candidato por Cambiemos a la intendencia de La Matanza- es que muchas calles figuran como asfaltadas y no lo están. En el Concejo Deliberante se aprueban las obras, se les destinan fondos, después nos dicen que se hicieron y, en realidad, o se hizo muy poco o directamente nada."

Héctor Mantello, concejal por el Frente Renovador, afirma que su padre vive en una calle de tierra. "Pero le cobran una tasa como si estuviese pavimentada, porque así figura oficialmente. De todos modos, es cierto que asfaltaron mucho con plata que les mandaban los Kirchner. Lo que pasa es que resulta insignificante respecto de lo que falta hacer."

Sin cifras

En La Matanza, "calle de tierra" es, o puede ser, un eufemismo. Buena parte de ellas son senderos intransitables, barro vivo, huellas tapadas por pastizales. En el barrio Vernazza, de Virrey del Pino, la camioneta en la que iba el cronista de LA NACION tardó 10 minutos para hacer 100 metros. Allí, las periódicas crecidas del río La Matanza no sólo dejan sumergidas las calles. También los asentamientos, que igual siguen creciendo.

Un reflejo de la marginalidad de un distrito de más de 2 millones de habitantes, pegado a la Capital, es la orfandad de cifras, en todos los niveles de gobierno. Durante semanas, la búsqueda de datos sobre servicios básicos, como agua corriente, cloacas y tendido eléctrico, resultó infructuosa. Las cifras que informa la intendencia (65% de la población con cloacas y 95% con agua corriente) no son confiables para nadie; llegan a calificarlas de "humor negro".

Y a nivel provincial y nacional señalan que se encontraron con un vacío estadístico alarmante. "Voy a ver si hay algo, pero lo dudo", se disculpa un alto funcionario en La Plata.

Fernando Ascensio, concejal por el Partido Renovador y vicepresidente del Concejo Deliberante, dice que los números que da la municipalidad están muy lejos de ser reales. Pone un ejemplo. "Hablan de 500 cámaras de seguridad y no son más de 200, de las cuales andan sólo 70." Y advierte que otras situaciones se silencian: por el polémico relleno sanitario del Ceamse de González Catán, "la mitad de la localidad tiene el aire, el suelo y el agua contaminados".

Villa Celina. Pasacalles que desde hace unos meses se ven por todo el partido y que son atribuidos a una campaña del PJ local, alineado al kirchnerismo y uno de los más duros críticos del gobierno 

nacional. 

Foto: Fabián Marelli

La precisión sobre la cantidad de villas y asentamientos del partido, 114, no corresponde a ninguna administración. Es fruto de un relevamiento que concluyó el año pasado de la ONG Techo, dedicada al combate de la pobreza. Según Techo, que hace sus trabajos sobre el terreno a partir de entrevistas con los jefes barriales, en las 114 villas viven unas 220.800 personas, lo que da un promedio aproximado de 1 de cada 10 habitantes del distrito, el mismo porcentaje que a nivel país. "La realidad de las villas y asentamientos de La Matanza es muy compleja, pero no difiere mucho de la de otros partidos del conurbano o de otras provincias", dice Florencia Yaccarino, investigadora de la ONG.

Diversos especialistas coinciden en que lo distintivo de La Matanza es que amplios sectores no tienen un estándar de vida muy superior al de los barrios marginales. "El promedio general es muy bajo. En muchas zonas, lo que es villa y lo que no es villa no es tan distinto", dice el sacerdote jesuita Rodrigo Zarazaga, coautor del reciente libro Conurbano infinito, exhaustiva radiografía social y política de una región que viene estudiando desde hace años.

El libro recoge un viejo reclamo de los matanceros: la coparticipación que recibe el partido -y el GBA en general- de fondos provinciales es bajísima. En 2015 fue de 1361 pesos por habitante, contra, por ejemplo, 6000 de Roque Pérez, 10.070 de Maipú y 14.863 de Pila (el que más recibe).

Shopping del paco

Recorrer el distrito es ir de salto en salto, de perplejidad en perplejidad. En un radio pequeño, la confluencia de las localidades de La Tablada, Ciudad Evita, San Justo (cabecera del partido) e Isidro Casanova es territorio de asentamientos, villas y monoblocks que llevan el sello de violentos e impenetrables. Las villas San Petersburgo y, casi pegada, Puerta de Hierro, son, de hecho, comarcas del narco. En ellas se cocina, vende y consume paco, una suerte de shopping de la droga. 

Al atardecer, la estación Justo Villegas del ferrocarril Belgrano Sur, a metros de Puerta de Hierro, brinda un espectáculo propio de un relato de ficción. Decenas y hasta cientos de jóvenes que, en un rush que dura segundos, bajan del tren, corren a la villa, compran droga y vuelven corriendo para subirse al tren que va en sentido contrario, hacia la Capital. Es un mecanismo de relojería que no puede fallar. Si pierden el tren de vuelta, que ya está en la estación, son asaltados por los mismos que les vendieron la droga.

La San Petersburgo no sólo vive del paco. Su otra especialidad es el robo de autos. Los "cortan" en sólo dos horas y venden sus partes a desarmaderos de la zona. Otro rush. Una cadena de montaje, pero al revés.

A unas cuadras, la villa Palito, sobre Camino de Cintura, cobró celebridad al haber sido urbanizada con fondos del gobierno nacional durante la presidencia de Cristina Kirchner. Luce colorida y con servicios de cloaca, agua y luz. Igual, sigue siendo zona de riesgo. Fuentes policiales dicen que es habitual que chicos o jóvenes roben a los autos que paran en los semáforos con los vidrios bajos, para perderse enseguida en los intrincados pasillos de la villa.

Los más prósperos comerciantes del centro de Laferrère, con locales sobre la Avenida Luro que se alquilan a precios a veces superiores a los de la avenida Corrientes, disfrutan de las multitudes que caminan por sus veredas, pero sufren otro tipo de inseguridad. Barrabravas del popular club de fútbol Deportivo Laferrère, de la Primera C, los visitan para cobrarles una suerte de "impuesto". "Nosotros pagamos unos 5000 pesos por mes -cuenta el encargado de una tienda de deportes-. Es el precio para no tener problemas."

A 200 metros, en terrenos ferroviarios pegados a la estación, cinco jóvenes queman manojos de cables a la luz del día. En general es material robado de luminarias públicas. Derriten la cobertura para quedarse con el cobre de su interior, que después venden por kilo.

Laferrère. En la Avenida Luro al 6000, el mayor centro comercial de La Matanza, por el que todos los días pasan miles de personas; la contracara es que barrabravas cobran un "impuesto" a los locales. 

Silvana Nicastro, vecina de San Justo, reconoce que vive con miedo día y noche. "Desde la mañana empezamos a escuchar que hubo secuestros, robos, entraderas, en Ramos, Laferrère, Lomas del Mirador. Es un clásico. Historias que muchas veces se hacen cercanas y dolorosas porque involucran a padres del colegio, vecinos, la señora que trabaja en casa, sus hijos...".

Los altos índices de inseguridad de La Matanza, similares a los de otros partidos del GBA, la hacen aparecer periódicamente en las crónicas policiales. Pero a veces el delito gana batallas impensadas. En la calle Da Vinci, de Laferrère, hay una vieja casona de paredes blancas despintadas. Sobrepasados por la delincuencia -cuenta el concejal Mantello-, sus moradores cerraron y se fueron. Lo singular es que era una comisaría.

En La Matanza, la ecuación entre legalidad e informalidad invierte los términos habituales. La informalidad es ley. En un altísimo porcentaje, el comercio, tanto a la calle como puertas adentro, trabaja en "negro". Hay barrios enteros en los que el pago con tarjeta y la entrega de facturas casi no existen. Proliferan los talleres clandestinos y miles de locales de todos los rubros funcionan gracias a habilitaciones precarias, poderosa fuente de recaudación de funcionarios corruptos. "Estamos desregulados", sonríe una señora que atiende un maxiquiosco en Tapiales.

Como en Cuba, Haití o África

En Laferrere y otras localidades, la ausencia de colectivos incluso en zonas densamente pobladas ha dado origen, hace años, a un sistema de transporte ilegal que acaso es único en el país: los "0,50" (cuando empezaron cobraban 50 centavos), autos viejos, destartalados, sin patente ni luces, en su mayoría Ford Falcon, que hacen las veces de remises para viajes compartidos. Cobran entre 5 y 10 pesos y tienen distintos recorridos. El desfile por avenidas de decenas de esos autos que parecen caerse a pedazos, abarrotados de pasajeros, remite a Cuba, Haití o algún país africano. "Son una mafia, pero suplen lo que no hace el Estado. Llevan a la gente a su casa", dice Saredi, el ex candidato a intendente por Cambiemos.

Por fuera del régimen legal circulan, además, combis e incluso colectivos. En barrios alejados, la falta de transporte, formal o informal, deja a miles de personas en un virtual aislamiento y las obliga a traslados a pie que duran horas. No son excepcionales los casos de mujeres que tienen que dar a luz en sus casas.

La precariedad y a veces el absurdo también corroen el sistema de salud pública de La Matanza. El enorme hospital Presidente Néstor Kirchner, en Laferrère, inaugurado en 2011 por Cristina Kirchner, nunca abrió sus puertas. En el René Favaloro, de Rafael Castillo, algo más chico pero también nuevo, por ahora sólo funcionan consultorios externos. El Simplemente Evita, en González Catán, se ve muy bien desde afuera; adentro saltan a la vista el deterioro, la desorganización y falta de recursos. "Ponemos la mejor voluntad, pero tenemos limitaciones de todo tipo", dice una enfermera que pide reserva de su nombre. El Teresa Germani, municipal, que reabrió en 2015 en un edificio nuevo, le arrancó una ironía a un dirigente de la oposición: "Lo inauguró Cristina y sin embargo parece que está funcionando". El Balestrini, en Ciudad Evita, otro de los que fueron inaugurados varias veces durante el gobierno de Daniel Scioli, pasará a la historia por la mutación cromática de su fachada en cada nuevo corte de cintas: ya fue azul, celeste, naranja, gris claro y gris oscuro.

"No hay médico clínico a la fecha", avisa un papel pegado en la entrada del hospital materno infantil Dr. Equiza, en González Catán, dependiente de la municipalidad. Es un edificio viejo, sombrío y en pésimo estado. A la sala de guardia, diminuta y atestada de madres con sus hijos, le faltan asientos y le sobra agua por la rotura de un caño. Un par de chicos juegan a patinar en el charco.

Zarazaga dice que hay mucha resignación en los habitantes del partido, forjada en décadas de adversidad. Jorge Ceballos, abogado, docente y dirigente de Libres del Sur, que vive en Ramos Mejía, habla del heroísmo silencioso de su gente.

Un episodio de hace meses en Rafael Castillo compendia ese heroísmo y esa resignación. Durante el asalto a un colectivo, una pareja fue atacada a tiros. La mujer estaba embarazada, y su marido se interpuso para defenderla. Él quedó postrado en una silla de ruedas, pero la salvó a ella y a su hijo. La historia, que en otros lugares hubiese estallado en los medios, nunca trascendió. Se perdió en la oscura inmensidad de La Matanza, a 20 minutos de la Plaza de Mayo.

Entre penurias y esperanzas

María Eugenia Vidal - Gobernadora de Buenos Aires

"La Matanza es maltrato de los que la gobernaron, es abandono y pobreza, pero ahora también es el Metrobus, es radicación de empresas, es esperanza"

Héctor "Toty" Flores - Cooperativa La Juanita

"Vivimos en medio de una inseguridad total, sobre todo por la expansión del narco, y eso no se arregla sólo poniendo más policías. Se arregla con asfalto, con iluminación..."

Jorge Ceballos - Dirigente de Libres del sur

"La publicidad de la comuna dice que «La Matanza avanza». En realidad va para atrás. Lo único que les preocupa es ganar sus internas. La gestión y la gente no les importa nada"

Destinarán unos 4700 contenedores no reclamados a Desarrollo Social

Por Marcelo Veneranda - LA NACION

El Gobierno establecerá un mecanismo extraordinario para agilizar la entrega de mercadería abandonada en los depósitos aduaneros a ONG, cooperativas y municipios.

Puestas una al lado de otra, la fila de "latas" cubriría 55 kilómetros. Casi la distancia de Buenos Aires a La Plata. Se trata de los contenedores abandonados en puertos y depósitos fiscales de todo el país o que, luego de ser inmovilizados por la Aduana o la Justicia, nunca fueron reclamados por sus supuestos dueños. Los más conservadores hablan de 4000 contenedores, pero la estimación asciende a 4700. Montañas de ropa, alimentos, electrodomésticos, vehículos o del más absoluto misterio. Que se siguen acumulando.

El presidente Mauricio Macri dictará un decreto de necesidad y urgencia (DNU) esta semana para crear un mecanismo excepcional que agilice la entrega de esos contenedores al Ministerio de Desarrollo Social, para que la cartera que conduce Carolina Stanley derive esa mercadería a quienes la necesiten, a través organizaciones sociales, cooperativas y ONG, además de otras reparticiones nacionales, provinciales y municipales.

En la operatoria participará también el servicio aduanero a cargo de Juan José Gómez Centurión , que junto a funcionarios de Desarrollo Social se encargarán de abrir las "latas" para clasificar su contenido y, en el caso de que no coincida con las cartas de porte de la Aduana, inventariar lo que se descubra, determinar si aún es apto para el uso o consumo, o decidir su destrucción.

El Ministerio de Defensa de Julio Martínez será la tercera pata del mecanismo, que se encargará de la logística para el traslado de la mercadería y su resguardo. La Casa Rosada prevé destinar tres depósitos del Ejército para ese fin.

En el centro de la operatoria quedará la Secretaría General de la Presidencia. Desde los tiempos de Eduardo Duhalde, la dependencia que hoy conduce Fernando de Andreis se encarga de recibir los bienes que la Aduana informa que están disponibles y distribuirlos en base a los pedidos que realizan los gobernadores e intendentes pero también otros ministerios nacionales, que deben hacerse cargo de retirarlos de los puertos o depósitos.

"El sistema no funciona mal, pero tiene demoras burocráticas y se está modificando la normativa para agilizarlo. Son muchos los pedidos de provincias y municipios que se resuelven, pero lo que se pretende con el decreto es crear un mecanismo excepcional y extraordinario para que, en paralelo y probablemente a lo largo de todo este año, se agilice la disposición de estos miles de contenedores que se acumularon", explicaron desde el Gobierno a LA NACION.

Señalaron que el objetivo es doble: por un lado, agilizar la entrega de alimentos, ropa y otras mercaderías a quienes más lo necesiten, evitando, además, que se echen a perder dentro en los contenedores, y, por el otro, reducir los costos que debe asumir hoy el Estado por ocupar espacios en los puertos y depósitos.

La acumulación de los más de 4000 contenedores no es casual. Fuentes que conocen el circuito aduanero señalaron a este diario que las "latas" inmovilizadas por la Justicia o la propia Aduana y nunca reclamadas por sus supuestos importadores existieron siempre, pero se multiplicaron desde el cambio de gobierno y las denuncias que motorizó Goméz Centurión.

El número de contenedores huérfanos creció a medida que la nueva administración encargó auditorías que se enfocaron, en un primer paso, en todos los contenedores que declaraban menos de un 40% de su capacidad. Descubrieron que ninguno era reclamado.

Luego hicieron pasar al canal rojo (controles más exhaustivos) a contenedores que declaraban mercaderías de rubros específicos. Flores de plástico (un producto que tributa poco), por citar un ejemplo. Y la pila de "latas" abandonadas siguió creciendo.

En paralelo, se le removió la licencia a media docena de los 198 depósitos fiscales habilitados en todo el país, que conviven con 42 aduanas.

La intención del Gobierno es que la Secretaría General se siga ocupándo de la operatoria, pero que Desarrollo Social se quede con los 4700 contenedores acumulados hasta ahora. La cartera de Stanley ya dispuso que un centenar de sus empleados integren la cuadrilla que acompañará a los funcionarios de la Aduana a abrir los contenedores.

Cotejar e inventariar

Las cuadrillas se encargarán de cotejar la mercadería con lo que está declarado en las cartas de porte, inventariar las "sorpresas", embalar los bienes útiles y enviarlos a los depósitos del Ejército (porque los contenedores se deben devolver). El proceso, estiman, podría durar entre seis y siete meses.

Mientras tanto, la mercadería inventariada empezará a ser distribuida según las necesidades. Las telas, por ejemplo, a las cooperativas que hacen guardapolvos o uniformes. La ropa y alimentos, a las organizaciones sociales y ONG. O para atender emergencias, como el reciente alud en Jujuy o las inundaciones en Santa Fe y Buenos Aires.

Una vez que se elija una ONG o cooperativa como destinataria, otro equipo de Desarrollo Social se encargará de constatar en el terreno que los bienes no sean derivados a otros usos o comercializados.

"Vamos a poder agilizar los trámites por 500", se esperanzó un funcionario de Desarrollo Social, sin sacar los pies de la tierra: advirtió que probablemente gran parte de la mercadería que se rescate de los contenedores esté vencida, arruinada o sea clasificada como tóxica y se ordene su destrucción.

Mientras, las sorpresas animarán la tarea: como la Ferrari roja de los 80 que los funcionarios de Desarrollo Social se encontraron en su última visita al puerto de Rosario. Iban a buscar un contenedor con pelotas de tenis para un club barrial.

Las tres piezas del sistema que creará Macri

Carolina Stanley - Min. de Desarrollo Social - Recibirá la mercadería que se rescate de los contenedores abandonados para distribuirla entre ONG y cooperativas

Fernando De Andreis - Secretario de la presidencia - Seguirá disponiendo de los bienes que la Aduana declare disponibles de ahora en más

Juan José Gómez Centurión - Director de la Aduana - Se encargará de inventariar el contenido de los más de los 4000 contenedores abandonados

Formosa: Un feudo donde cae la producción y crecen los empleos públicos

Por Lucía Salinas - Clarin.com - El Norte pobre. Insfrán es el mandatario récord: 21 años en el poder. La provincia perdió lugar como productor de algodón y bananas, y la gente depende del Estado.

Calixto Fretes, José Luis Sosa y Antolin González, productores bananeros de Formosa. Foto Emmanuel Fernández.

Es fácil percibir que se está en territorio formoseño, provincia gobernada hace 21 años por Gildo Insfrán, el gobernador con más reelecciones de la actualidad: cinco. Al ingreso de la capital provincial, un inmenso cartel del histórico mandatario peronista, con una cruz de fondo, da la bienvenida. La imagen se repite en diferentes poblados, ciudades y zonas rurales.

La provincia donde más de la mitad de la población vive del empleo público tiene en su escudo un sello distintivo: el algodón. Sin embargo, los pequeños productores sostienen que eso ya es pasado y que el Estado es hoy el casi el único empleador.

Andrés Jara dejó de producir algodón porque ya no era rentable. Ahora tiene maíz. Foto Emmanuel Fernández.

“La gente no quiere trabajar la tierra, yo llegué a tener 100 hectáreas de algodón pero dejé de producir porque ya no tenés a quién venderle para que sea rentable”, cuenta Andrés Jara a Clarín, mientras se acomoda a la sombra de un inmenso árbol en la entrada de su casa. Tiene 60 años, no conoce otro rutina que no sea la del campo y el trabajo de la tierra, pero siente que en su zona, rodeada de pequeños productores, las máquinas se van apagando, otras vendiendo. En plena temporada de cosecha, añora la misma actividad de otros años.

Frente a su casa, separado por un estrecho camino de tierra, se encuentran sus 30 hectáreas de maíz. “Antes había 2.500 hectáreas en la zona de algodón, que lo tenemos en nuestro escudo, y ya no producimos prácticamente”, repite Jara y muestra a su izquierda una gran máquina sembradora que no puede utilizar: “¿Qué voy a sembrar si ya no nos están comprando nada o el precio es bajo?”.

Formosa gobernada hace 21 años por Gildo Insfrán. Foto Emmanuel Fernández.

Las historias se suman. “Mi papá vendió todas las máquinas, producía algodón y maíz, pero no fue más rentable”, cuenta Roy Vitale, vecino del pueblo de Riacho, cerca a la Ruta 2, un deteriorado camino que con fondos nacionales se repavimentó tres veces y le complica la circulación a los productores. Paradójicamente, conduce al pueblo de Insfrán, Laguna Blanca.

“Éramos una provincia más productiva, algodón, frutas en una zona tropical, ganadería, pero Insfrán volcó todo más al empleo público”, señaló a Clarín el diputado nacional (UCR) Martín Hernández. Los números indican que antes, con un kilo de algodón se cubría un litro de gasoil, hoy la proporción es cinco kilos para un litro de combustible. Inviable.

En Formosa se calcula que más del 60% de la ciudadanía vive del Estado. La consultora Economía & Regiones informó que fue una de las provincias donde más creció el empleo estatal durante el año pasado.

A 15 kilómetros, en un lugar donde también la bienvenida la da un cartel del gobernador con la leyenda “Hicimos mucho”, se encuentra una plantación familiar de bananas. La explota Calixto Fretes. Explica:?“Cuesta cada vez más vender, ganás $ 10 y perdés $ 100, empezás con pérdida y el Gobierno no ayuda”.

José Luis Sosa, productor de bananas y mango, contó que ven cómo la gente va dejando el campo “y se vuelcan más al empleo en municipalidades o en Gendarmería”. Para Antolín González, con más de 45 años produciendo bananas, “las cosechas vienen difíciles porque cuesta mucho vender a buen precio”.

En la ciudad natal del gobernador, Laguna Blanca, se celebra cada año la “Fiesta nacional del Pomelo”. Los productores se quejan: “Lo hace porque es su pueblo y manda a repavimentar la ruta antes de la fiesta, pero no ayuda a otros sectores”. Calixto se resigna: “Todo es Gildo. Parece que estamos destinados a esto”.

La lucha contra la pobreza exige desarrollo

Por Eduardo Levi-Yeyati - LA NACION -
Reducir las carencias en sentido amplio requiere reformas en salud, infraestructura y educación, además de políticas que fomenten la creación de empleo sustentable


Foto:LA NACION

De qué hablamos cuando hablamos de eliminar la pobreza? Desde un punto de vista estrictamente estadístico, casi circular, solemos pensar la pobreza como el porcentaje de la población que está por debajo de la línea de pobreza, con ingresos diarios por debajo de un umbral arbitrario que en 2015 el Banco Mundial estimó en 1,9 dólares ajustados por poder adquisitivo. Según esta definición, para eliminar la pobreza bastaría con garantizar el acceso universal a una canasta básica de bienes y servicios, aumentando subsidios y transferencias a la población que se encuentra bajo la línea de pobreza.

Esta "pobreza de ingresos" no es perfectamente comparable entre países (mucho menos en el caso de la Argentina, donde la distorsión de los datos hizo que esta medida fuera primero desestimada y luego discontinuada). Más importante aún, los ingresos corrientes, si bien son esenciales, suelen ser una brújula insuficiente a la hora de orientar la política social. Para dar cuenta del problema de la pobreza, la definición debería ser ampliada al menos en dos dimensiones: una transversal y otra dinámica.

La primera de estas dos extensiones surge naturalmente cuando pensamos la pobreza como la ausencia de calidad de vida, o de bienestar. La cartera de consumo que contribuye a nuestro bienestar está en gran medida compuesta de bienes y servicios básicos provistos por el Estado de manera gratuita o subsidiada, como la educación, la salud o el transporte, o de uso compartido, como la seguridad, la Justicia o el medio ambiente. Nada de esto está incluido en las estadísticas de pobreza, pero sin esos bienes y servicios seríamos mucho más pobres.

De hecho, una "sociedad de clase media" (esa tierra prometida de los países en desarrollo) es aquella donde la calidad de vida es igualada hacia arriba precisamente por estos bienes y servicios del Estado. Por eso, un "pobre de ingresos" es menos pobre en Europa que en la Argentina. Por eso, si el ingreso sube a expensas de la calidad de los servicios públicos, como en la Argentina de la última década, uno se siente a la vez más rico y más pobre. Y protesta. Con razón.

Reducir la pobreza en sentido amplio, además de la universalización de asignaciones y jubilaciones, exige reformas en la salud y la educación públicas, inversiones en infraestructura. Y mejoras en el hábitat, ese rubro huérfano de la política pública del que nadie suele hacerse cargo: cloacas, iluminación, seguridad, agua potable, son algunos de los rubros esenciales para eliminar la verdadera pobreza.

Por último, un programa contra la pobreza no puede pasar por alto la diferencia entre transferencias y empleo, entre la asistencia y el salario. El trabajo, además de ingresos, suma en la mayoría de los casos beneficios psicosociológicos innegables. Como decía Martin Luther King en su discurso más celebrado, hay que sacar a la gente de la pobreza de cualquier modo, pero luego hay que darle un trabajo.

Lo que nos lleva a la segunda extensión de la gesta contra la pobreza, la dinámica, crucial en una economía errática como la nuestra. La protección que dan los programas sociales es estática, y por lo tanto frágil, reversible. La renta fiscal le pone un techo para seguir avanzando, techo que, en un país con un déficit fiscal del 6% del producto como el nuestro, es más bajo de lo deseable. Además, al definir sus logros sobre la base del ingreso corriente, la protección social es más sensible a los ciclos económicos y fiscales. Eliminar la pobreza de manera dinámica también es evitar la tentación proselitista de repartir lo que no se tiene.

Con perdón del tecnicismo, el bienestar, para ser permanente, no puede ser sólo flujos corrientes; necesita, fundamentalmente, de la acumulación de stocks.

Desde un punto de vista dinámico, la protección social es apenas el remedio transitorio contra el fracaso de la gesta contra la pobreza; el mal menor. Centrar el desarrollo social en la protección social es casi una capitulación. Un regreso al asistencialismo de entreguerras, a expensas del Estado benefactor de posguerra.

El objetivo del desarrollo social es, como su nombre lo indica, esencialmente dinámico: la movilidad social ascendente. Para salir de la pobreza, hay que entrar en la riqueza. Promoviendo el ahorro del gobierno, la estabilidad fiscal necesaria para completar el consumo de los individuos y convertir beneficios sociales en derechos sostenibles.

Y, sobre todo, promoviendo el ahorro de los individuos.

Algo que a veces suelen pasar por alto las políticas sociales es que una mejora en la distribución del ingreso (por ejemplo, por aumento del empleo o de las transferencias) puede derivar rápidamente en un deterioro de la distribución de la riqueza. Por ejemplo, si los trabajadores consumen todo el aumento de su ingreso, éste terminará eventualmente en las manos concentradas de los proveedores de sus consumos. Del mismo modo, si las tasas pierden contra la inflación, el ahorro financiero subsidiará al deudor (los sujetos con acceso al financiamiento: clase media alta, empresas, gobierno) a expensas del ahorrista de cuenta sueldo y plazo fijo deprimido. Así, un incremento del ingreso relativo de los que menos tienen puede traducirse en un incremento de la riqueza relativa de los que más tienen.

Por eso, cuando hablamos de reducir la pobreza, también hablamos de educación, de vivienda, de inclusión financiera. Más precisamente, de una reforma de la educación pública que no se desentienda del valor económico de la acumulación del capital humano; de un programa de acceso o autoconstrucción de viviendas que apunte a los sectores que no tendrán acceso al crédito en el futuro cercano; de un sistema financiero que no defina ahorro como gasto subsidiado ni base su negocio en la erosión inflacionaria del ahorrista.

Dejo para lo último la pelea de fondo: la eliminación dinámica de la pobreza sería impensable sin la creación de empleo sustentable. Y en un país que aspira a integrarse a un mundo donde el empleo en todos los sectores está siendo lentamente reemplazado por la máquina, la generación de empleo probablemente sea el escollo más arduo en la lucha contra la pobreza.

Como pronosticaba el Nobel de Economía Wassily Leontief, "el rol de los humanos como insumo de la producción disminuirá como disminuyó hasta desaparecer el rol de los caballos en la producción agrícola con la introducción de los tractores". A diferencia de las revoluciones previas, esta vez las opciones parecen ser el estancamiento de la productividad o la maquinización del trabajo. Y la máquina que sustituye trabajo aumenta la productividad (y el ingreso del dueño de la máquina, y de los trabajadores remanentes) a expensas de la destrucción del empleo más "reemplazable" (y de la equidad). Razón de más para pensar la política contra la pobreza en términos amplios que incluyan, también, la formación técnica, y un nuevo contrato entre trabajadores y empresarios orientado a amortiguar los costos del desempleo tecnológico.

Ingreso universal, infraestructura, educación, hábitat, inclusión financiera, empleo productivo. Cuando hablamos de eliminar la pobreza estamos hablando, en definitiva, de desarrollo.
Presidente del consejo de administración del Cippec

Más de la mitad de los argentinos sufre alguna carencia social básica

Por Silvia Stang - LA NACION
Un informe de la UCA que se difundirá hoy dice que la falta de alimentos, salud, agua corriente o educación, entre otros flagelos, afecta al 53,7% de la población; un tercio sufre dos de esas faltantes

No comer en forma adecuada y suficiente porque el dinero no alcanza; no poder acceder a medicamentos o a prestaciones de salud que se necesitan; no contar con agua corriente o servicio de saneamiento; compartir un espacio demasiado pequeño entre varios convivientes; no haber asistido (los adultos) o no asistir (los niños o adolescentes) a una escuela del sistema educativo formal; estar privados de los derechos de la seguridad social, ya que en el trabajo no hacen los aportes que marca la ley. En casi la mitad de los hogares de la Argentina (47,7%) en los que viven más de cinco de cada 10 habitantes del país (exactamente el 53,7%) se sufre alguna de estas situaciones. 

Un tercio de la población, a la vez, está en hogares donde hay dos de las carencias mencionadas, y dos de cada 10 personas integran espacios donde son tres o más las privaciones.


Esos índices demuestran la dimensión enorme del problema de fragmentación social que atraviesa a la Argentina y son parte de los resultados del último relevamiento del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). Según el investigador Juan Ignacio Bonfiglio -a cargo de la evaluación de la pobreza desde el enfoque multidimensional, dentro del equipo de la encuesta que dirige el sociólogo Agustín Salvia-, la consideración de los seis aspectos sobre calidad de vida mencionados en el primer párrafo responde al reconocimiento de derechos que, por su urgencia o su importancia, son considerados comunes a todos los seres humanos. Son cuestiones consideradas esenciales para el desarrollo de las personas.

Los datos sobre población con carencias en el cumplimiento de derechos fueron recabados durante el último trimestre de 2015. Para entonces, la UCA calculó que la pobreza llegaba al 29% de la población, si se considera cuántas personas viven en hogares a los que llegan ingresos que no alcanzan a cubrir el costo de una canasta básica de bienes y servicios, cuyo valor se estimó, para ese período y para una familia tipo, en $ 7033 mensuales.

El conurbano bonaerense es la región más afectada

Según la definición de pobreza multidimensional que adopta el informe de la UCA (a partir de una metodología aplicada en México), se entiende que son pobres quienes viven en hogares que tienen ingresos insuficientes y que, además, sufren al menos una de las seis carencias mencionadas. Pero además, se define como "vulnerables por carencias sociales" a quienes están en familias que no sufren pobreza por ingresos, pero que sí tienen algún derecho básico no cubierto, y como "vulnerables por ingresos" a los integrantes de hogares en los que no faltan servicios básicos pero sí ingresos.

Con esos indicadores como guía, el informe de la UCA afirma que en 2015 había un 25,6% de la población con pobreza multidimensional (5,3% en situación extrema, porque se trata de los indigentes, y 20,3% en situación no extrema), en tanto que 28,2% está en condición vulnerable por carencias y 3,4% es vulnerable por ingresos. De esta manera, sólo 42,8% de las personas (que viven en el 50% de los hogares) está fuera del escenario de pobreza o vulnerabilidad.

Con respecto a 2010 -primer año de la serie del relevamiento, que abarca a 5700 hogares de la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y 17 centros urbanos del interior-, el índice de pobreza multidimensional se vio algo aliviado. Sin embargo, para 2015 el indicador marcó mayor gravedad que en 2011, cuando había sido 22,7%: desde ese año comenzó a crecer hasta 2014, para quedar casi sin cambios en 2015.

El informe marca que, en los cinco años considerados, hubo una disminución del índice de vulnerabilidad por carencias (pasó de 33,9 a 28,2%, una tasa considerada aún muy elevada). Se afirma que el comportamiento de los índices no resulta contradictorio con un período en que hubo alta inflación y falta de creación de empleos: que no se haya incrementado la pobreza extrema, se señala, responde a que hubo transferencia de ingresos por programas estatales, en tanto que entre los indicadores de carencias los que mejoraron fueron los relativos a recursos educativos y servicios para la vivienda.

En cambio, en lo referido al mercado laboral casi no hubo mejoras. Un estudio reciente publicado por Salvia y el economista de la UBA Javier Lindenboim concluye que en la era kirchnerista no se aprovecharon los buenos tiempos para lograr un cambio estructural que llevara a mejoras de fondo, lo cual explica que, pese al crecimiento del empleo tras la crisis de 2001 y 2002, hoy los índices de informalidad sean los mismos que había en la década del 90.

En la medición de la UCA, el acceso a un empleo con derechos a la seguridad social es el indicador que mostró mayor déficit: 25,2% de la población vive en hogares donde ningún integrante trabaja en condición formal. En tanto, 22,3% no accede a servicios de salud por fuera del hospital público o recortó sus gastos sanitarios por necesidad, y poco más de 20% está en viviendas donde conviven tres o más personas por cuarto (hacinamiento) o que fueron hechas con materiales inadecuados. También son dos de cada 10 quienes viven en hogares donde hay menores de hasta 17 años que no asisten a la escuela o donde ningún adulto completó sus estudios. El cuadro de carencias se completa con un 16,9% que no tiene agua corriente ni saneamiento y con un 14,7% que no se alimenta bien.

La medición de la pobreza a través de múltiples factores es una tendencia que, por la necesidad de analizar políticas contra ese flagelo, se da en diferentes países. Un documento elaborado por la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (Cepal) recomienda que la definición de las dimensiones sociales que un país se plantee estudiar surja de un diálogo social o de estudios cualitativos de la población, y que se procure que existan, para todos los indicadores, datos de una misma fuente. Un antecedente de este tipo de información está en los índices de necesidades básicas insatisfechas (NBI), promovidos por ese organismo en los años 80 para aprovechar información de los censos.

En el plan de reconstrucción del Indec, tras el desprestigio en que quedó tras la intervención y manipulación de datos del kirchnerismo, no se descarta medir la pobreza así, aunque no sería inmediato: hoy la prioridad es recuperar la capacidad de contar con un índice creíble de pobreza por ingresos, algo que llegará, según la promesa oficial, en el segundo semestre de este año.

Creció la pobreza en la Argentina y afecta a 11 millones de personas

Por Francisco Jueguen  | LA NACION
Según la medición del Barómetro de la Deuda Social, de la UCA, el 28,7% de la población quedó en 2014 bajo la línea de pobreza; un año antes afectaba al 27,5%; la indigencia también es mayor y alcanza al 6,4%

Salvia, al presentar uno de los informes de la Deuda Social en la UCA. Foto: Archivo

Desde hace dos años, el Gobierno ocultó los parámetros oficiales para medir cuántos pobres existen en la Argentina. Sin embargo, la Universidad Católica Argentina (UCA) informó ayer que, según su propia medición, la pobreza creció en 2014 y afecta al 28,7 por ciento de la población.

Dos días después de que el papa Francisco -de fuerte ascendencia política en la UCA- finalizó su gira por la región, la casa de estudios decidió finalmente difundir sus indicadores sociales. De acuerdo con esos números, más de un cuarto de los argentinos es pobre. En cifras absolutas, eso significa que alrededor de 11 millones de personas, sobre la base del censo 2010, están en la pobreza. La indigencia también se incrementó y arribó al 6,4% el año pasado (dos millones de argentinos).


Desde la casa de estudios se animaron a pronosticar que los indicadores sociales de este año mostrarán una tendencia similar a los de 2014 o un leve empeoramiento.

La canasta básica alimentaria (CBA) por adulto no oficial, que mide la línea de indigencia, pasó de $ 641 en 2013 a $ 885 un año después. La canasta básica total (CBT), que pone un piso a la pobreza, pasó de $ 1341 en 2013 a $ 1850 en 2014. En el mismo período, una familia tipo pasó de necesitar $ 1982 a precisar $ 2735 para no ser indigente. En tanto, ese grupo familiar requirió $ 4142 en 2013 y $ 5717 un año después para evitar la pobreza. En ese sentido, una persona debió gastar $ 29 por día para poder comer durante un mes.

Ese indicador difiere de los $ 9 diarios que estima el Indec, según una actualización de las canastas realizada sobre la base de la inflación oficial.

Desde fines de 2013, cuando informó un 4,7%, el Indec no difunde los datos oficiales de pobreza. Las justificaciones fueron muchas: Jorge Capitanich afirmó que existían "problemas de empalme" entre series; el actual jefe de Gabinete y candidato a gobernador bonaerense, Aníbal Fernández, dijo que "el Estado no está para contar pobres"; el ministro de Economía, Axel Kicillof, estimó que no publica el número para "no estigmatizar" a los que sufren la pobreza, y el director técnico del Indec, Norberto Itzcovich, sostuvo que "no es fácil medir la pobreza" y señaló que existen 6000 formas diferentes de calcularla, pero el organismo que preside ya no publica ninguno.

Semanas atrás, luego de recibir un premio de manos del director de la FAO, José Graziano da Silva, por combatir el hambre en la Argentina, la presidenta Cristina Kirchner estimó que la pobreza en la Argentina es de menos del 5 por ciento. La Presidenta jugó un rol fundamental en 2011 para que el funcionario de la ONU llegara al puesto directivo que actualmente ocupa. Ese año, él mismo lo admitió en una conferencia de prensa que realizó en Buenos Aires junto al presidente de la Cámara de Diputados y precandidato bonaerense, Julián Domínguez.

A pesar de que el actual jefe de Gabinete indicó que en la Argentina hay menos pobres que en Alemania, la UCA ya calculaba en 2013 una pobreza de 27,5% y una indigencia de 5,4%. En un año, la pobreza subió un 4,74%. En tanto, si los programas sociales oficiales no hubieran pasado de alcanzar al 20,2% de los hogares en 2010 a un 28,6% en 2014, la indigencia se habría duplicado. Según la universidad, todos los indicadores presentados ayer sufrieron un deterioro o se estancaron desde 2012, aunque aún siguen siendo mejores que los que la UCA difundía en 2010.

INFLACIÓN Y DESEMPLEO

"En la última década se dieron mejoras sustantivas en los indicadores sociales", afirmó Agustín Salvia, coordinador e investigador jefe del Programa del Observatorio de la Deuda Social de la UCA en conferencia de prensa. "Pero esa mejora es parcial. Todavía hay un 50% de los hogares en situación de vulnerabilidad de derechos, y entre 2012 y 2014 se registró un empeoramiento de la medición de pobreza medida por ingresos por la alta inflación y la falta de empleo", agregó.

"Hoy no hay estadísticas oficiales confiables y transparentes", criticó y completó: "Es importante que el Estado fije un parámetro para medir la pobreza y eliminar la actual debilidad institucional. Las mediciones por ingreso son un recurso metodológico débil, pero que es necesario considerar".

El comentario sobre la metodología de medición no fue inocente. El Gobierno critica la medición por ingresos -la misma que publicó hasta 2013, incluso después de la intervención de la EPH en 2007- porque estima que no es la que usan las instituciones estadísticas modernas. Por eso, la UCA publicó ayer tres tipos de indicadores de pobreza: una medición directa (por necesidades básicas insatisfechas e inseguridad alimentaria), por canastas e ingresos y uno multidimensional.

Casi todos esos números muestran rojos. Uno llama la atención: más allá de las tasas chinas de crecimiento a lo largo de la última década, según pregona el Gobierno, en casi un millón de hogares sufrieron el hambre durante el año pasado..

La estafa con los planes sociales

Editorial I del diario La Nación
Los fondos previsionales se desvían para financiar ayudas estatales, comprometiendo a los jubilados, al tiempo que se disfraza la pobreza

No son pocos quienes consideran que, cuando se haga un balance objetivo de los logros del kirchnerismo, los planes sociales posiblemente figurarán entre los aciertos de una gestión que se prolongó a lo largo de 12 años.

Sin embargo, dos argumentos refutan esa posibilidad. En primer lugar, un plan de ayuda social jamás puede ser un logro, pues se trata de una medida de forzosa índole provisoria para hacer frente a una emergencia y asistir a quienes lo necesiten hasta que el país supere esa eventualidad.

En segundo lugar, cuando se inquiere por el origen del dinero que financia esos planes, se advierte con sorpresa que proviene en su mayoría de fondos destinados a los jubilados. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aporta poco más de la mitad y el Ministerio de Desarrollo Social, el resto. Obviamente, los perjudicados son tanto los actuales jubilados, de los cuales el 75 por ciento sólo cobra el haber mínimo, como los futuros "beneficiarios" del sistema, que, lejos de "beneficiarse", se verán perjudicados, pues percibirán montos muy inferiores a los que por ley les corresponderían.

Según un estudio publicado por LA NACION, el Gobierno repartirá en el corriente año 18,2 millones de planes sociales, que costarán 157.209 millones de pesos, según el presupuesto 2015. En los últimos 12 años, esas transferencias impidieron que aumentara la indigencia, pero no sirvieron para reducir la pobreza. El presupuesto de transferencias sociales se duplicó en dos años, pues creció el 111,4 por ciento. En 2013, ascendía a 74.370 millones de pesos y trepó, en 2014, a 120.573 millones y, en 2015, a 157.209 millones. A fin de año podría alcanzar los 180.000 millones.

Se ve entonces que los planes sociales tratan de suplir, sin lograrlo, la ausencia de políticas de fondo para combatir la pobreza, la marginalidad y la exclusión. En el mejor de los casos, son paliativos que hacen un poco más llevadera la prolongación de una situación crítica, pero que, por desgracia, terminan convirtiéndose en una forma de vida precaria y sus beneficiarios, en votantes casi obligados del partido gobernante por temor a que un régimen de distinto signo político se los quite. Es que muchos planes sociales, al convertirse, como dijimos, en una forma de vida, generan también una especie de subcultura que concibe erróneamente al Estado como proveedor del sustento que, en verdad, debería provenir del trabajo.

Se degenera así el sentido de esas ayudas estatales que deberían ser temporales y coyunturales y terminan eternizándose y degenerando en una perversa modalidad de sujeción.

Lo paradójico es que, como ha señalado la diputada Alicia Terada (ARI-CC), es el dinero destinado a los pobres el que, en definitiva, termina financiando la ayuda a los pobres. El haber mínimo que cobran tres de cada cuatro jubilados no alcanza a cubrir la mitad de la canasta básica. En aras de la política populista del Gobierno se sigue destruyendo la ya muy deteriorada caja de la Anses. "Es irrisorio que, existiendo un Ministerio de Desarrollo Social, sea la Anses la que financie la mayor cantidad de programas de asistencia. Se les sacan recursos a los pobres para financiar la ayuda social a otros pobres", sostuvo Terada.

Como agravante es preciso mencionar que, como anunció el titular de la Anses, Diego Bossio, en virtud de la nueva moratoria hay 516.992 nuevos jubilados en la Argentina que ya están cobrando su primer haber, con lo que se superó la cifra inicial estimada en 473.000. Si se incluye también la primera moratoria del kirchnerismo, en 2005, han sido incorporados al sistema de la seguridad social más de tres millones de beneficiarios.

Tenemos entonces que sobre el futuro inmediato de los jubilados pesará negativamente no sólo el desvío de los fondos de la Anses, sino también la masiva incorporación de los nuevos beneficiarios, que, en su mayoría, no habían aportado al sistema.

Claro que esta bomba de tiempo a corto plazo no les quita el sueño a los actuales funcionarios, a punto de dejar el Gobierno. Será, en cambio, una mortal herencia para quienes los sucedan en el poder.

Hace ya varios años que padecemos otra estafa y otra mentira: la de las estadísticas del Indec que invisibilizan a pobres e indigentes. Desviar el dinero de los jubilados también es estafarlos. Otra estafa, en este caso a toda la sociedad, es que en los 12 años de gestión kirchnerista no se atacaron las razones de fondo de la pobreza y la indigencia y se quiso paliar estos dos flagelos mediante los planes sociales, de claro sello clientelista, que constituyen un engaño, estafando a sus legítimos beneficiarios para hacerse de votos cautivos..

Técnica de la tierra arrazada...

Argentina ocupa el segundo lugar entre las economías más "miserables" del mundo

(Clarin.com) - Ranking de Bloomberg. - Junto a Venezuela, Sudáfrica, Ucrania y Grecia, nuestro país quedó entre los cinco más "dolorosos para vivir y trabajar".

El servicio de investigación de Bloomberg calculó el "índice de la miseria" para 2015 y Argentina quedó en segundo lugar entre las 15 economías más miserables del mundo.

Se trata de un ranking que se publica anualmente de las 15 peores economías y se construye en base a la suma de la inflación y la tasa de desempleo por país, debido al efecto debilitador que tienen estas variables sobre los habitantes.

Venezuela, Argentina, Sudáfrica, Ucrania y Grecia quedaron como las primeras cinco economías más "dolorosas para vivir y trabajar".

Según informó la empresa de información sobre finanzas y mercados, el índice no presentó muchos cambios en sus primeros cuatro puestos con respecto al año pasado, ya que también incluían a Sudáfrica, Argentina y Venezuela.

El país bolivariano lideró el ranking con una tasa de inflación de 78,5%, que cuadriplicó al de la cuarta economía más miserable: Ucrania.

El informe también resaltó sobre Venezuela los problemas de escasez de productos básicos.

España, Rusia, Croacia, Turquia, Portugal, Italia, Colombia, Brasil, Eslovaquia e Indonesia, completaron el ranking de las 15 economías.

Récord de gasto público, pero más pobres

Por Fernando Laborda | LA NACION - Twitter: @flaborda

Ni el enorme aumento del gasto público registrado durante la década kirchnerista ni el crecimiento de la economía han logrado reducir el número de personas que viven en la pobreza, de acuerdo con un estudio de la Fundación Libertad y Progreso , dirigido por el economista Marcos Hilding Ohlsson.

El gasto público consolidado pasó del 31% del PBI en la década del 90 al 46% en 2013. Este aumento del gasto se concentra, según el citado trabajo, en cuatro grandes áreas:
a) Mayores subsidios a sectores energéticos y de transportes ;
b) un sustancial incremento de empleados públicos cercano al 50% en los niveles nacional, provincial y municipal;
c) la incorporación de cerca de cuatro millones de personas que no hicieron sus aportes al sistema previsional, y d) mayores gastos en subsidios sociales.

Durante el año pasado, el gobierno nacional administró 58 planes sociales que otorgaron transferencias monetarias sin contraprestación, mientras que en 2014 llegarán a 60. Estos programas preveían alcanzar un total de 16.774.393 beneficios y un presupuesto de 74.370 millones de pesos en 2013, en tanto que para el 2014 se proyecta un presupuesto de 120 mil millones de pesos, con 18.025.553 beneficiarios.

De acuerdo con el último censo, en la Argentina habitan 40.117.096 personas, por lo que casi el 45% de los habitantes podría recibir algún tipo de beneficio. Sin embargo, muchas personas pueden ser beneficiarias de más de un programa a la vez, por lo que este número se reduciría.

La solución no radica en la entrega de más cantidad de planes y transferencias de dinero en efectivo, sino que es necesario generar condiciones de trabajo para que las personas ganen su sustento sobre la base de su propio esfuerzo 

En la provincia de Buenos Aires, hay 112 programas distintos, 60 nacionales y 52 provinciales, con más de 22 millones de beneficios repartidos, aunque una persona puede ser beneficiaria de varios planes.

No se reduce la pobreza

El estudio de la Fundación Libertad y Progreso consigna que, sin tomar en cuenta el período de fuerte rebote posterior a la crisis del 2001/2002, en los últimos años, el enorme aumento en el gasto público no ha logrado reducir el número de personas que viven en la pobreza, a pesar del fuerte crecimiento de la economía.

A pesar de la proliferación de planes sociales, no se ha logrado reducir la pobreza ni siquiera en un contexto de crecimiento económico. 

La economía argentina creció el 41% desde 2007 hasta 2013 en términos reales según las estadísticas oficiales del Ministerio de Economía, mientras que de acuerdo con estimaciones privadas, como las de la consultora de Orlando Ferreres, creció cerca del 24% en el mismo período.

Según el Observatorio Social de la UCA, la población que vive bajo la línea de pobreza se mantuvo en torno del 25% desde 2007 y llegó al 27,5% en el último trimestre de 2013. Para el Indec, en cambio, la pobreza bajó del 23,4% en 2007 a tan sólo el 4,7% en el primer semestre del 2013 (último dato oficial), pero estas cifras resultan poco creíbles, ya que utilizan un índice de precios que distorsiona el verdadero valor de la canasta familiar.
Esto demostraría que, a pesar de la proliferación de planes sociales, no se ha logrado reducir la pobreza ni siquiera en un contexto de crecimiento económico.

Conclusiones

El estudio dirigido por Hilding Ohlsson destaca que el sistema asistencial presenta otro problema fundamental: no incentiva el empleo en blanco. En reuniones de focus groups, los investigadores detectaron que muchos beneficiarios de planes sociales no buscan tener un empleo formal. Se generó así una trampa de dependencia económica que en algunos casos lleva ya varias generaciones.

La experiencia de los últimos diez años evidencia que la solución no radica en la entrega de más cantidad de planes y transferencias de dinero en efectivo, sino que es necesario generar condiciones de trabajo para que las personas ganen su sustento sobre la base de su propio esfuerzo. "Una dádiva no le permite a un individuo abandonar la pobreza ni estimula la movilidad social, aun si es útil para aliviar una situación en un momento determinado", señala el trabajo.

Del mismo modo, el estudio puntualiza que existe una evidente falta de coordinación, de transparencia, de falta de objetividad en los criterios de distribución y de evaluación y corrección de los planes sociales.

Entre sus conclusiones, el trabajo consigna lo siguiente:
1) Los programas sociales no reducen la pobreza.
2) Hay demasiados planes, que se superponen.
3) No hay control, indicadores, medición objetiva, ni medidas correctivas.
4) Existe un evidente clientelismo y uso político de los planes.
5) Se desincentiva el trabajo en blanco y no se incentiva el ascenso económico y social..

La maldita inflación

Editorial I del diario La Nación

El Gobierno no sólo siguió desconociendo la gravedad del proceso inflacionario, sino que algunos funcionarios parecen burlarse de la población

De acuerdo con las estimaciones de consultoras privadas, este mes experimentará un incremento en el nivel de precios al consumidor que se ubicará entre el 3 y el 4 por ciento y constituirá un récord. Pese a eso, y a que llevamos siete años de un indetenible proceso inflacionario, fogoneado por un incesante crecimiento del gasto público financiado con emisión monetaria, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se empeña en seguir desconociendo la existencia de este fenómeno. Más aún, resulta increíble que ninguno de sus funcionarios se atreva a llamar a la inflación por su nombre.

Las piruetas dialécticas del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y del ministro de Economía, Axel Kicillof, para evitar la temida palabra "inflación" constituyen una muestra más del "relato" oficial. Las absurdas afirmaciones de los funcionarios están generando cada vez mayor irritación en una ciudadanía devastada por una sostenida suba de precios que tiende a acelerarse en los últimos tiempos. Cuando la inflación pulveriza el bolsillo de todos, y especialmente de los sectores más necesitados, se debe exigir al menos respeto de las autoridades por el sufrimiento ajeno y cierta dosis de comprensión. Muy por el contrario, el oficialismo incurre en ninguneos al electorado y provocaciones verbales que potencian el descontento.

Transitó ese camino el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno y lo transitan tantos otros, cuando sostienen que no hay inflación, refiriéndose a la situación de un solo producto o manipulando las variables. Lo mismo sucedió con el senador Aníbal Fernández cuando afirmó: "La inflación no existe en la Argentina, pongamos las cosas en su lugar". Aunque el valor de la palabra del ex jefe de Gabinete carece ya de un mínimo de credibilidad, sus "tecnicismos" continúan echando combustible a un volcán de necesidades insatisfechas.

La otra pata de la mentira oficial la conforma el Indec, a través de sus ya recurrentes manipulaciones estadísticas, que sólo logran aumentar el malhumor de los consumidores en cada visita al supermercado o al almacén. La destrucción de aquella otrora prestigiosa institución ha dejado al país sin información estadística confiable que permita priorizar necesidades y fijar políticas públicas. Ello genera lógica desconfianza en la Argentina e interrogantes en todo el mundo. Nos aleja de los organismos de crédito, ahuyenta las inversiones, dificulta el intercambio con los demás países y nos aísla en forma inexorable. Asimismo, la Argentina compra un grave problema a futuro, por los reclamos que oportunamente llegarán de tenedores de títulos de deuda ajustados por inflación.

Como prueba de los falseamientos por parte del Indec, podría citarse el promedio de las mediciones de consultoras privadas que han venido recogiendo legisladores nacionales de la oposición. También los índices de precios al consumidor que miden algunos distritos. Así, mientras que para el Indec, el IPC se ubica apenas en el 10,5% de variación anual, el de San Luis registra un aumento del 29,3% en relación con un año atrás, en tanto que el de la ciudad de Buenos Aires da cuenta de un incremento interanual de precios del 26,2%.

Ningún analista serio espera que desde el próximo año, cuando se pondrá en funcionamiento un nuevo índice a través del cual el Indec medirá la inflación, las estadísticas oficiales resulten mucho más confiables. Como han señalado algunos especialistas, ningún cambio metodológico implicará una solución si se cargan precios falsos, como ha venido ocurriendo hasta ahora.

Como sostuvimos repetidamente desde esta columna editorial, la inflación reconoce múltiples causas que deben ser atacadas con un plan integral que, en forma seria y profesional, aborde el gasto público, la emisión monetaria, el déficit creciente, las expectativas futuras y otras variables.

Mientras los funcionarios se aferren al "relato" según el cual las "variaciones de precios" obedecen exclusivamente al accionar inescrupuloso de empresarios y comerciantes que sólo aspirarían a potenciar sus ganancias, y no a la política monetaria cada vez más expansiva y al financiamiento del Tesoro por la vía de la emisión monetaria, no habrá solución al problema. Limitando la acción a prehistóricos acuerdos de precios que han fracasado siempre, la Argentina sólo agravará su delicada situación inflacionaria. La noticia de que llegó la orden de imprimir entre 120 y 140 millones de billetes de 100 pesos para pagar los aguinaldos es otra confirmación de que no existe ni una mínima estrategia en cada uno de los rubros señalados.

Sin reconocer el problema, sin nombrar la palabra "inflación", sin un plan para combatirla, mintiendo con las estadísticas, persiguiendo a los que exponen la verdad y burlándose de los ciudadanos con declaraciones ridículas, el Gobierno está transformando una cuestión muy grave como es la inflación en una verdadera tragedia ciudadana.

La inflación debe ser atacada con urgencia y responsabilidad. No con parches que sólo obran sobre las consecuencias y no sobre las causas. Por el bien de la República, no es posible que se sigan tomando decisiones sobre la marcha, que van detrás de los acontecimientos consumados y que son tan aisladas que nunca conforman un plan.

El pueblo argentino ha dado muestras de su compromiso y disposición a colaborar cuando se le habla con sinceridad y franqueza. Pero lo mínimo que exigen los ciudadanos es que aquellos funcionarios incompetentes e incapaces de solucionar el problema inflacionario que padecen tengan algún grado de empatía para que con sus conductas y declaraciones no continúen riéndoseles en la cara..

El titular del Episcopado dijo que "los planes sociales tienen un límite"

(Diario La Nación) - José María Arancedo cuestionó la política de asistencia del Gobierno y aseguró que el desafío es la creación de puestos de trabajo; alertó sobre el aumento de la inflación

 

José María Arancedo cuestionó al Estado por el narcotráfico, los planes sociales y la inflación. Foto: Archivo 

 

Apenas un día después de que la Iglesia denunciara en un duro documento el avance del narcotráfico y la complicidad estatal, el titular del Episcopado, monseñor José María Arancedo, cuestionó hoy los planes sociales oficiales y alertó sobre el aumento de la inflación.

"El Gobierno ha puesto preocupación con los planes de trabajo, pero los planes tienen un límite. [Sirven] para sostener un momento que posibilita un consumo, pero llega a un término en que tenemos que insistir en la creación de trabajo", dijo Arancedo esta mañana, consultado sobre la problemática de la pobreza durante una entrevista radial.

Arancedo aseguró que el desafío del Estado es la creación de puestos de trabajos genuinos, contrarrestando los programas de asistencia sociales. Y al mismo tiempo, habló de la inflación, una alerta roja en la economía nacional que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, niega rotundamente.

"A la gente que tiene que comprar y vivir se le hace difícil", reflexionó el presidente del Episcopado nacional en radio Mitre, y abundó: "Permanente hay reclamos de mucha gente de que no le alcanza; por eso no podemos decir que la pobreza existe [solamente], debemos enfrentarla y ver dónde estamos y hacia dónde vamos".
También reclamó que haya un diálogo permanente desde el Estado con los empresarios y los consumidores.

Arancedo encabezó hoy el cierre de la 106a. Asamblea Plenaria del Episcopado donde se evaluaron las preguntas del papa Francisco sobre las nuevas realidades familiares. Un centenar de obispos terminó seis días de deliberaciones en la casa de ejercicios El Cenáculo-La Montonera, de Pilar, con un trabajo sobre las respuestas a la consulta del Papa para el Sínodo extraordinario de la Familia en 2014.

En ese cuestionario, el pontífice argentino formula 38 interrogantes a los obispos del mundo sobre "problemáticas inéditas" para la institución familiar como la difusión de las parejas "de hecho", las uniones entre personas del mismo sexo "a las que no pocas veces se consiente la adopción de hijos", los matrimonios mixtos o interreligiosos y la familia monoparental.

"La gente tiene muchas ganas de participar y lo hace respondiendo a la consulta amplia y abierta, pero se nos hará difícil resumir y cuantificar los resultados para remitirlos a Roma antes del 31 de enero", admitió un vocero episcopal, según consignó la agencia DyN.

Ayer, el plenario episcopal dio a conocer el documento "El drama de las drogas y en el narcotráfico", en el que la Iglesia denunció que a la situación de "desborde" del narcotráfico se llegó "con la complicidad y corrupción de algunos dirigentes" y alertó que "costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar estas mafias.

Con precios reales, la pobreza y la indigencia se multiplican

(Diario Clarín) - Según estudios privados, las cifras oficiales sirven para ocultar a 10 millones de pobres.

En el súper. Para no ser pobre, una pareja con dos hijos necesita, según el INDEC, $14 diarios. Pero con los precios del súper precisa $39 / RODRIGUEZ ADAMI

El tema es central y muy delicado: cuánta gente en el país no dispone del dinero para comprar lo mínimo necesario. En las estadísticas, esto se calcula a partir de la Canasta Básica de Alimentos, cuyo costo es eje de una polémica cada vez más grande. Y es que, según estudios privados, las cifras oficiales sólo sirven para ocultar a casi 10 millones de pobres.

Primero, la versión oficial. Según el INDEC, a un hombre adulto le bastaba tener en junio $ 236,58 para poder alimentarse durante un mes sin caer en la indigencia. Y unos $ 543,48 para acceder al resto de los bienes y servicios básicos, entre ellos los de indumentaria, transporte, educación y salud, saliendo así de la pobreza.

Con números como esos, el Gobierno afirma que, en la segunda mitad del año pasado, sólo un 1,5% de la población era indigente y otro 3,9%, pobre. En total, admiten que sólo 1.373.000 personas se quedaban sin acceso a lo básico.

Sin embargo, al calcular una canasta básica de alimentos con precios “congelados” que el Gobierno convalidó, surge que la línea de la indigencia asciende a $ 656,09, y la de pobreza, a $ 1.509.
Así, para no ser pobre, una familia formada por una pareja y dos hijos chicos ya no precisaría de $ 14 diarios por persona, como afirma el INDEC, sino de casi $ 39.

Por “la deformación que presentan” los datos oficiales, en el Observatorio de la Deuda Social de la UCA recurren a cifras alternativas de inflación y estiman así que la pobreza afectó en 2012 al 24,5% de la población como mínimos, y a un 26,9% como máximo: casi 11 millones de personas. Y calculan la indigencia en torno al 5%.

Otros centros de estudios también mencionan tasas altas. El de la CTA oficialista, CIFRA, estimó que la pobreza llega al 19,9% de las personas. Y para la CGT de Moyano, es pobre el 27,2% de la gente.

Otra cuestión es si la canasta básica que mide el INDEC es realmente sana. Basándose en la Canasta de Alimentación Saludable de la Escuela de Nutrición de la UBA, el precandidato a senador Claudio Lozano calculó que comer bien sale unos $ 3.700 por mes, cifra que quintuplica la estimación del INDEC y deja afuera a más de 7 millones de argentinos.