(Ambito.com) - La ministra de Seguridad dio de baja el nuevo reglamento para el uso de armas de fuego, la posibilidad de portar pistolas eléctricas Taser, el Servicio Cívico Voluntario y el programa para pedir DNI en los trenes.La nueva ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic.
El Servicio Cívico Voluntario en Valores funciona en prueba piloto en el Comando “Campo de Mayo”; en un Instituto de Capacitación de Mercedes; en la Escuela de Suboficiales “Cabo Raúl Remberto Cuello” de Jesús María, en Córdoba; en la Agrupación XVII de Santiago del Estero; en el Escuadrón N° 34 de San Carlos de Bariloche, y la Casa de Retiro Cura Brochero, de González Catán.
La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, derogó los polémicos protocolos establecido por Patricia Bullrich para el uso de armas de fuego, el uso de pistolas de descarga eléctrica, la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores en el ámbito de la Gendarmería y el “Programa Ofensores en Trenes”, que exigía documentos a posibles sospechosos de delitos sin justificación.
Según la extensa Resolución 1231/2019, el “Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad” dictado por Bullrich “excedía los criterios impuestos” por la normativa y se “alejaba del límite claro al uso de la fuerza letal por parte del personal de las fuerzas policiales y de seguridad”.
Para Frederic, en el reglamento de la ex ministra y hoy mandamás del PRO “subyace una inadmisible desconsideración del estándar de la legítima defensa, vulnerando sus exigencias y alcances al amparo de una justificación que pretende fundarse en el deber policial de hacer cumplir la ley”.
La norma recordó un recomendación de la ONU de un Congreso realizado en 1900 en La Habana, donde se estableció que los funcionarios policiales y de seguridad deben “utilizar, en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al uso de armamento letal, autorizando su uso sólo cuando otros medios resulten ineficaces” y que deben “hacer cumplir la ley deben en proporción a la gravedad de los daños, respetando y protegiendo la vida humana”.
Pero además, la Resolución 1231/2019 resaltó que “sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”.
El texto de aclaró que el uso “irracional” incrementa la violencia en los hechos delictivos, pudiendo afectar de manera directa en la subjetividad de las personas que cometan un delito, toda vez que la ausencia de criterios de proporcionalidad y racionalidad en el uso de armas por parte de los funcionarios policiales, convierte en extremo cualquier enfrentamiento y estimula, por ende, el uso de armas por parte del personal de las fuerzas policiales y de seguridad y por parte de quienes pretendan delinquir.
Asimismo, remarcó que “este aumento de la violencia genera una situación de mayor peligro para el personal policial, para quienes delincan y para terceras personas que se encuentren en las inmediaciones en las que suceda el hecho”.
En la misma Resolución, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, estableció:
Desactivar el permiso “precipitado” para que los policías utilicen las pistolas de descarga eléctrica Taser. “El arma electrónica ‘no letal’ podría habilitar el uso indiscriminado si el mismo no se encuentra limitado por los principios que rigen la utilización del armamento letal, esto es: proporcionalidad, excepcionalidad, progresividad y racionalidad”, detalló.
Anular el Servicio Cívico Voluntario en Valores en manos de la Gendarmería, ya que “el diseño institucional y las finalidades y funciones asignadas” a esa fuerza “no guardan correlación -y mucho menos en el marco de una política pública de seguridad democrática- con los objetivos y fundamentos del Servicio” para jóvenes de 16 a 20 años.
Dejó sin efecto el “Programa Ofensores en Trenes”, que habilitaba a solicitar DNI a cualquier persona en ámbitos del transporte público de pasajeros para constar algún delito por el simple hecho de parecer un sospechoso. “Es una medida criminaliza a los trabajadores mediante un exceso de controles innecesarios e injustificados”, consideró la nueva ministra de Seguridad y alertó que ese Programa es una “herramienta que pone a disposición de las fuerzas policiales y de seguridad la posibilidad de reforzar criterios de selección y discriminación”.
Dar marcha atrás con la cesión de los Hoteles 7 y 8 del Complejo Unidad Turística de Chapadmalal para armar allí un Centro de Formación de Gendarmes porque “no es adecuada” esa política “en el marco de una política pública de seguridad democrática, anclada en valores nacionales, populares e inclusivos”.
Si la Argentina tuvo alguna vez el telefono que nos comunicaba directamente con Dios, quien se lo llevo que lo devuelva por favor.
ResponderEliminarLa verdad cada vez que el sentido comun es atropellado por la estupidez ideológica los que pagan son los ciudadanos comunes y honestos que son victimizados 2 veces primero por los delicuentes y luego por el estado, que con politicas como esta, los sume en total desprotección. El orden, el cumplimiento de la ley, y el trabajo honesto son tomados como malos ejemplos facistas.
ResponderEliminarLa defensa irrestrictas de los delicuentes, justificandolos de todas las maneras posibles, liberandolos casi de inmediato apelando a su supuesta condición de victima de la Sociedad que lo condenó a su accionar delictivo hacen que nuestro pais se torne invivible. Jueces corruptos, causas interminables sin sentencia firme, estigmatizacion de las fuerzas de seguridad y falta de construcción de cárceles en cantidad suficiente para alojar sin hacinamiento a los detenidos son responsabilidad no cumplida por el estado de los ultimos 25 años.
Se necesita urgentemente politicos que piensen en un pais enserio despojado de idioteces ideológicas que premie a quien hace las cosas bien y castigue a los delicuentes de manera justa y rápida, sin chicanas judiciales interminables. Considerando la malversacion de fondos publicos y la defraudacion al estado como crimenes de lesa humanidad imprescriptibles que se paguen con prisión efectiva inexcarcelable y resarcimiento económico al estado con el propio patrimonio.
Sin premios y castigos y sin justicia rápida, imparcial y eficiente mo tenemos destino como pais.