Por Silvia Peco - Ambito.com
En un año electoral y con las restricciones presupuestarias que impone el acuerdo con el FMI, el Gobierno llegaría a embolsar hasta u$s500 M, repitiendo una estrategia que usó en 2014 la administración anterior para que ingresaran divisas.
Por el Decreto de Necesidad y Urgencia número 58 publicado ayer, el Gobierno volvió a modificar la legislación en materia de telecomunicaciones sin la previa participación del Congreso. El DNU revierte hacia el ENACOM las frecuencias del espectro radioeléctrico que por la Ley 27.208 habían sido reservadas para Arsat, aun cuando según el texto de esa norma, se requería la autorización expresa del Parlamento para hacerlo.
La medida formaba parte del proyecto de ley corta de telecomunicaciones que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el año pasado, logrando media sanción en el Senado pero trabada hasta ahora en la Cámara de Diputados.
El DNU se fundamenta en el dato cierto de que “el tráfico de datos de los servicios móviles se duplica año a año y que para acompañar ese crecimiento, mientras se despliega más infraestructura, es necesario periódicamente poner a disposición espectro a fin de que sea asignado a los distintos prestadores”.
Pero también se pueden identificar dos motivos para el DNU. En primer lugar estaría la necesidad de recaudar fondos que tiene el Estado nacional en un año electoral y con las restricciones presupuestarias que impone el acuerdo con el FMI. En segundo lugar, se trataría de poner en igualdad de condiciones a las prestadoras actuales, siendo que Personal, controlada hoy por los accionistas del Grupo Clarín, tiene 220 megaherz, por encima del límite legal de 140 MHz con que operan Movistar y Claro.
Según el DNU, será el ENACOM -cuya titular es Silvana Giudici- el organismo encargado de definir los mecanismos a través de los cuales se pondrá “a disposición de prestadores de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones las bandas de frecuencias” que estaban reservadas a Arsat.
La norma también establece que ese organismo asignará en forma directa a Arsat “las frecuencias que requiera para el cumplimiento de sus fines”, y que no menos del 20% de las frecuencias se destinarán a dar “participación a prestadores de Servicios de TIC de carácter regional o local, públicos o privados”.
Por eso, la medida fue apoyada por CATIP (Cámara de Prestadores de Telefonía IP), cuyo titular, Franco Cecchini, dijo que el DNU “es una muestra clara de un paso adelante para el desarrollo de redes de alta velocidad para todos los argentinos”, y que “sólo la competencia permite que los usuarios se liberen del grillete del oligopolio actual”.
Sin embargo, la realidad indica que no es fácil económicamente el ingreso de un nuevo prestador. Precisamente las bandas que ahora se licitarán habían sido adjudicadas en 2014 al Grupo Vila-Manzano, que luego no pudo hacer frente a los pagos y debió devolverlas al Estado.
Además, también es alto el precio para acceder a las bandas. En 2014, Personal, Movistar y Claro pagaron en total unos u$s1400 millones por las frecuencias.
El tema del precio es clave en el negocio, como lo demuestra el hecho de que Nextel, cuando todavía pertenecía al Grupo Clarín y a Cablevisión, adquirió cinco firmas chicas que tenían frecuencias para otros fines y luego logró que el Gobierno autorizara la utilización de esas bandas para dar 4G.
Por eso, desde ya se anticipa que las medidas que debe dictar el ENACOM de ahora en más sobre el espectro, van a generar polémica. Telecom tiene todavía 18 meses para desprenderse de las frecuencias que tiene por encima del máximo actual y que adquirió de Nextel tras la fusión con Cablevisión, pero no tiene obligación de devolverlas al Estado.
Si el ENACOM autorizara a Telecom a quedarse con esas frecuencias, y llamara a licitación por las otras para que las tres prestadoras, con Telefónica y Claro, se quedaran con la misma cantidad, habría fuertes cuestionamientos, y es posible que el Estado no logre un monto en dólares equivalente al que obtuvo en 2014 el Gobierno anterior.
Por detrás de todo esto hay además una cuestión más de fondo: para que haya inversiones en telecomunicaciones se necesita un marco jurídico votado por el Congreso que sea permanente y no se modifique por decreto, según las necesidades o posiciones de cada gobierno.
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