(LPO) - La central Belgrano II fue adjudicada por Cristina a los empresarios presos en 2014 y se mantuvo frenada por la pelea de Macri con Electroingeniería.
Ya resignado por no haber podido sacar a Electroingeniería de la construcción de las represas de Santa Cruz, Macri analiza reactivar la Central Termoeléctrica Belgrano II, paralizada hace más de cuatro años. Es que al ver el éxito que trajo la presión ejercida por la mayor obra en ejecución en todo el país, los chinos volvieron a la carga para adjudicarse otro proyecto emblemático del mercado energético argentino, de la mano de su polémico socio local que tiene a sus dueños en prisión preventiva en el marco de la causa de los cuadernos.
La planta de 810 MW a construirse en la localidad de Campana fue otorgada a la firma de Gerardo Ferreyra con un anticipo de 25 millones de dólares, de los 1.100 millones que representaba la totalidad del costo para ese entonces.
Pero ni bien inició la gestión Cambiemos, Aranguren impulsó la transferencia de los activos y los derechos correspondientes a Electroingeniería por la fuerte oposición de Macri a raíz del histórico vínculo de la empresa con el gobierno anterior. Sin embargo, el mecanismo no resultó sencillo y muy pronto el Gobierno percibió las consecuencias judiciales de la medida, donde tenía todo para perder frente a un reclamo de la constructora local.
Así, el proyecto quedó paralizado, pero las necesidades energéticas en la Zona Norte del Gran Buenos Aires se mantuvieron al alza. "A nivel país no estamos con problemas de generación, pero en esa zona no sobra nada. Es muy importante y sumamente necesaria para garantizar el normal abastecimiento de la zona norte y mejorar la confiabilidad del sistema de transmisión en alta tensión", explicó a LPO, el ingeniero especialista en sector energético Víctor Pochat. A su vez, las dificultades que presenta la obra pública en estos momentos, por el altísimo costo de financiamiento producto del riesgo país y la incertidumbre macroeconómica, hace que la propuesta de los chinos luzca muy atractiva.
"Los chinos están desesperados por meterse. Lo financian y en tres años te lo terminan. Cabe agregar que el decreto 882/17 deja a criterio de la Secretaría de Energía disponer la continuidad del proyecto mediante el mecanismo contractual que estime pertinente. Por lo tanto la ejecución podría ser inmediata", agregó Pochat.
"Es una posibilidad", confirmaron a LPO fuentes allegadas al oficialismo, que a raíz del caso espejo de Santa Cruz, vieron más factible la concreción de esta alternativa que solucionaría muchos dolores de cabeza, pero que dejaría en ridículo el discurso de la cruzada contra la corrupción de "las mafias" y "la patria contratista".
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