Tras años, la Argentina logró finalmente cerrar acuerdos con Bolivia y Paraguay para que muden las zonas francas que actualmente tienen asignadas en la ciudad de Rosario a una nueva ubicación en Santa Fe.
En los próximos 60 días, Bolivia devolverá el predio estratégicamente ubicado a metros del Monumento a la Bandera, uno de los atractivos turísticos rosarinos. Abarca un sector de 553 metros de longitud y un ancho variable de unos 60 metros en promedio, por lo que su superficie supera las dos hectáreas. El último buque arribó la Zona Franca de Bolivia en 1988. Está en total abandono desde hace varias décadas incluso con riesgo para la seguridad.
En el caso de Paraguay también devolverá el área que utiliza como zona franca en Rosario y también negociará una nueva ubicación en Santa Fe.
La decisión política que logró torcer esta historia la inició el propio presidente Macri. En una visita a Rosario constató personalmente la situación y se comunicó con su par paraguayo Horacio Cartes. Luego instruyó al ministro de Transporte Guillermo Dietrich, a la Cancillería, y al entonces subsecretario de Puertos y Vías Navegables Jorge Metz para que siguieran el trámite con Paraguay y Bolivia que hoy concluye de manera positiva.
"Después de más de cuatro décadas, tras muchas reuniones donde participaron Cancillería, la municipalidad de Rosario, el Ministerio de Transportes, la subsecretaría de Puertos y el Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro), se comenzó a trabajar en la necesidad de la devolución. La zona franca boliviana está instalada en el corazón de Rosario a pocos metros del monumento a la bandera. Es un balcón al río de dos hectáreas, pero por la normativa del plan urbano rosarino, en ese lugar no puede funcionar actividad portuaria alguna, de manera que para Bolivia no tenía ningún valor a pesar de que el país había manifestado la voluntad de invertir y trabajar para atraer cargas de transbordo", dijo Ángel Elías, presidente del Enapro.
En dos meses, cuando las tierras regresen a la provincia de Santa Fe, lo harán al Enapro que es quien por ley las administra.
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