Jefe de Gendarmería, sobre uso de armas personales: “No es por plata, es por control”

Por Mariano Martín - Ambito.com

La Gendarmería confirmó la autorización a sus efectivos para usar armas particulares en servicio, pero negó que la razón principal fuese una restricción presupuestaria sino la búsqueda de "un control real" sobre su personal. Lo hizo en respuesta a la revelación hecha ayer por este diario el propio jefe de la fuerza, Gerardo Otero, quien asumió además haber tomado la determinación por su cuenta sin haberla consultado con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ayer, en tanto, creció la controversia entre especialistas, incluso de las Naciones Unidas, y organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil que adelantaron que presentarán impugnaciones. 

"El sentido de esta disposición trasciende el hecho económico y pasa más por tener un control real de las armas personales de nuestros efectivos que se utilizan para el servicio. Soy el comandante en jefe de esta fuerza y tengo la responsabilidad de que las cosas funcionen bien y quiero que la gente sepa que tomamos más medidas de control. Así, el día que hay un problema no nos van a poder jorobar", explicó Otero anoche en diálogo con Ámbito Financiero. El directivo se refirió así a los mecanismos de inscripción, empadronamiento y seguimiento de las armas y municiones y su eventual disposición en causas judiciales abiertas por el accionar de sus efectivos. 

La autorización fue plasmada en una disposición interna de Gendarmería que firmó Otero el jueves pasado, basada en la "emergencia de seguridad pública" decretada por Mauricio Macri en 2016 y prorrogada hasta la actualidad. El director de la fuerza admitió que "el presupuesto nunca alcanza, más allá de la gestión" pero aclaró que no fue ese el argumento central para la habilitación sino la posibilidad de destinar recursos liberados a otros rubros y, sobre todo, brindarle una mayor formalidad a la posesión y portación de armamento por parte de los efectivos. 

El funcionario detalló los requisitos que se les exigirán a los gendarmes interesados en utilizar armamento personales en servicio: "Primero deberán ser armas de un determinado calibre, 9 milímetros, que usamos nosotros. Obviamente tienen que ser legítimos usuarios y contra con tarjeta de portación y tenencia de la Anmac. Recién ahí podrán manifestar su interés en utilizarla en servicio y serán sus jefes quienes deberán constatar que la documentación está en regla para luego mandarla a la Dirección de Arsenales y dar de alta el material para la actividad profesional". 

Sobre el protocolo que había implementado en 2013 la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré, que limitaba el uso en el ámbito civil de armas por parte del personal de las fuerzas, Otero replicó: "Hay muchos casos que se dan fuera del servicio en los que interviene el arma particular del efectivo. Y nosotros tenemos la obligación de actuar siempre, no podemos mirar para el costado frente a un delito en flagrancia. No nos interesa tener problemas ni que haya cuestiones difusas. Buscamos garantizar seriedad para nuestra institución". 

Sobre el mecanismo de reemplazar una normativa vigente de Seguridad por una instrucción interna, Otero reconoció que "puede hacer ruido" al no haber difundido la determinación ni hacerla pasar por autoridades políticas pero insistió en que fue planificada "de buena fe". Y agregó: "Fue una decisión nuestra", sin previa consulta con la cartera de Bullrich. 

Protestas

Entre los expertos ayer creció la controversia. Lucía Gómez Consoli, coordinadora regional para América latina y el Caribe del Programa Global de Armas de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Deliito (Unodc), rechazó a título personal (no institucional) la disposición y dijo que "lo más lamentable es que el Estado no pueda proveer de material a sus efectivos". "Ni en países en desarrollo sucede esto", añadió en diálogo con este diario desde Panamá. 

Además, Gómez Consoli sostuvo que una habilitación de estas características sembrará dudas sobre el rol de los gendarmes en episodios de sangre entre "si se trató de un acto de servicio o de otra cosa". "La Argentina tiene un mal precedente con el gatillo fácil. Las armas de dotación las debe proveer el Estado", completó. 

A las opiniones contrarias ayer se sumó la de Adrián Marcenac, de la Red Argentina para el Desarme (RAD) y padre de un joven asesinado en el caso denominado del "tirador de Belgrano". "Estamos anonadados con esta decisión y la repudiamos. Es el primer paso para privatizar las fuerzas de seguridad y esto va a generar más descontrol aún en el tema de armamento y munición", afirmó. Marcenac se quejó de que la medida no tuviese difusión pública y anunció que hoy la RAD hará presentaciones ante el Congreso y otros ámbitos para impugnarla.