Medio centenar de personas que se instaló en el predio de Villa Soldati era propietario de inmuebles en la Capital y en varias provincias
Irrumpieron, invadieron y lotearon el parque Indoamericano. Pretendieron instalarse, pero, en realidad, no tenían problemas de vivienda. Medio centenar de personas que en diciembre pasado ocuparon el paseo de Villa Soldati eran propietarios de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires y en cinco provincias. Es más: uno de los ocupantes tenía seis propiedades a su nombre en la ciudad de Buenos Aires. Así lo informaron a La Nacion fuentes del Ministerio Público Fiscal porteño.
Los datos oficiales dicen que 52 ocupantes eran dueños de propiedades, cuando en diciembre pasado tomaron el parque Indoamericano, donde fueron asesinadas tres personas en un violento intento de desalojo.
De los 52 ocupantes, 21 tenían inmuebles en la ciudad de Buenos Aires; 11, en la provincia de Buenos Aires; 10, en Salta; ocho, en Jujuy; uno, en Misiones, y otro, en Santa Fe.
Los usurpadores no sólo no tenían problemas de vivienda. Una mujer, imputada por los fiscales porteños Luis Cevasco y Claudia Barcia de ser una de las organizadoras de la toma en diciembre pasado, gozaba de una pensión graciable de 6000 pesos otorgada por la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, según informaron a LA NACION fuentes del Ministerio Público Fiscal porteño.
Los datos que permitieron elaborar esta "radiografía" de los ocupantes del parque Indoamericano pertenecen al censo hecho por el Ministerio de Desarrollo Social, mientras duró la toma, y a información pública de organismos oficiales nacionales y provinciales, según se informó a La Nacion. Además, 347 de las personas que tomaron el predio en diciembre pasado eran propietarios de automóviles de distintos modelos. Se agrega en el citado informe que 283 ocupantes tenían en diciembre pasado, automóviles con más de diez años de antigüedad; 36 poseían vehículos modelos entre 2000 y 2004, y 28 con rodados entre 2005 y 2010.
Según esta radiografía hecha por el Ministerio Público Fiscal porteño, 1988 ocupantes eran beneficiarios de planes sociales del gobierno nacional. Otras 903 personas recibían asistencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y otros tenían programas del estado bonaerense. Además, en el trabajo de los fiscales porteños, se detalla el lugar donde vivían, en el momento de la toma, los ocupantes.
Según el estudio, 1246 ocupantes residían en la villa 20, en Villa Soldati; 907, en el barrio Ramón Carrillo, en Villa Lugano; 512, en Los Piletones, en Villa Soldati; 433, en Ciudad Oculta, en Mataderos; 326, en Villa Celina, en el partido bonaerense de La Matanza; 311, en Villa Fátima, en Villa Soldati; 260, en la villa 1-11-14, en el Bajo Flores; 237, en Villa Cildáñez, en Villa Lugano; 175, en el barrio Rivadavia, en el Bajo Flores, y otra gente provenía de la villa 21, de Barracas, o de barrios de La Matanza.
De los ocupantes, 514 personas tenían empleo en la actividad privada; 23, en el sector público; 12 se declararon como monotributistas, y dos, como autónomos.
Como informó LA NACION en su edición de ayer, el Ministerio Público Fiscal porteño entendió que la toma del parque Indoamericano fue "una ocupación ilegal previamente organizada por personas que pretendieron lucrar a partir del despojo". Así lo sostuvieron los fiscales Claudia Barcia y Luis Cevasco, quienes insistieron en el pedido de captura de seis personas, a las que consideraron organizadoras de la toma. Además, Barcia y Cevasco solicitaron que la jueza porteña en lo penal, contravencional y de faltas porteña Cristina Nazar fuera apartada de la causa.
La jueza Nazar había firmado una resolución en la que había rechazado los pedidos de detención, por considerar que la toma del parque Indoamericano no había sido delito. "La cuestión traída a examen excede el marco del derecho penal y se enrola en una cuestión social que debe estudiarse y resolverse", había sostenido la magistrada en su fallo del 1° de este mes. Los fiscales apelaron la resolución y volvieron a pedir las detenciones de Diosnel Pérez Ojeda, Luciano Nardulli, Noemí Ruejas, Berta Revilla, Alejandro Salvatierra (alias "Pitu") y Antonio Chancalay, imputados de ser los organizadores de la toma y de amedrentar a testigos, en diciembre pasado.
Entre los seis imputados, está la mujer que en diciembre pasado cobraba una pensión graciable de 6000 pesos de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, según informó el Ministerio Público Fiscal porteño. Además, según agregaron las fuentes consultadas, otro de los imputados trabajó tiempo atrás en el gobierno porteño hasta que descubrieron que vendía leche destinada a planes sociales.
NUMEROS CLAVES
. $ 6000: Según un trabajo elaborado por el Ministerio Público Fiscal porteño, ocupante del parque Indoamericano, recibía esa suma mensual por una pensión graciable de la Legislatura bonaerense.
. 1988: Es la cantidad de personas que en diciembre pasado recibían planes sociales entregados por el Gobierno nacional. También había beneficiarios de programas del gobierno porteño y de la provincia de Buenos Aires.
. 6: Son las viviendas que poseía una de las personas que protagonizaron la toma en diciembre pasado en la ciudad de Buenos Aires. Otras personas tenían casas en la provincias de Buenos Aires, en Santa Fe, Salta, Jujuy y Misiones, según se desprende del informe del Ministerio Público Fiscal.
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