La reiteración de situaciones de esa naturaleza plantea hasta dónde es posible que las autoridades ejecutivas sigan minando, con el desparpajo de quienes se sienten impunes y al margen de la ley, las bases esenciales del Estado de Derecho.
Nada de esto es nuevo, por cierto. El doctor Néstor Kirchner llegó a la Presidencia con el precedente de haber desobedecido en dos oportunidades, como gobernador de Santa Cruz, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de reponer en el cargo al procurador general del Supremo Tribunal de esa provincia. Ha habido otros pronunciamientos que tampoco se han cumplido.
Se llega así a un punto de desconsideración y pérdida de autoridad judicial que desborda la honorabilidad y sensibilidad republicana de los jueces. La sociedad en su conjunto debe reaccionar frente a tamañas afrentas al orden constitucional. No con violencia ni con la promoción del recurso último de los juicios políticos -porque no ha llegado el momento para ello-, sino con el ejercicio del voto efectivo para premiar o, en su defecto, castigar con ecuanimidad a los gobernantes.
El juez Arnella es el magistrado encargado de llevar adelante el fallo de la Corte Suprema sobre el saneamiento del Riachuelo. La concertación de intereses tanto o más espurios que las aguas abominables de ese curso y la negligencia fomentada por el entramado burocrático y corrupto de las jurisdicciones administrativas superpuestas en la cuestión han hecho imposible resolver todavía un caso paradigmático de la Argentina retrógrada.
Un día, la Corte Suprema resolvió tomar el toro por las astas en este problema de mucho más de medio siglo de antigüedad. Como parte de una solución a la que habían sido incapaces de arribar numerosos gobiernos, y de todos los colores, el juez Arnella dio plazo hasta el l° de julio de este año para el traslado de familias que viven a la vera del Riachuelo en condiciones deplorables. Residen así de manera permanente, y es de toda verosimilitud que en condiciones sin duda más perversas que la de la precariedad de los techos bajo los que se colocan los trabajadores temporarios en faenas rurales que el gobierno nacional pretende descubrir a estas alturas como de "esclavitud".
Como respuesta a aquellos reclamos judiciales, la ciudad de Buenos Aires ha levantado, en el parque Avellaneda, un complejo de más de 200 viviendas que estaban prácticamente listas para ser habitadas por los adjudicatarios. Ese acceso a viviendas dignas de familias pobrísimas, procedentes de los márgenes del Riachuelo, ha sido impedido por un acto masivo de usurpación del complejo por vecinos de la villa 1-11-14.
El juez ordenó por consiguiente el desalojo del predio de Lafuente y Castañares y la entrega de las viviendas usurpadas a los adjudicatarios. Ante el incumplimiento de lo ordenado, ha insistido en el requerimiento, y comenzó por multar a la secretaria de Seguridad de la Nación, Cristina Caamaño. El Poder Ejecutivo de la Nación contestó, por vía de sus ministros, que la responsabilidad de la ocupación y, por lo tanto, del desalojo, era del gobierno de la ciudad.
Las autoridades locales contestaron lo que se esperaba: que carecen de fuerzas para hacer efectivo un desalojo, pues la policía metropolitana no cuenta con infantería; y, en cuanto a la protección del lugar, señaló que la Policía Federal había cobrado remuneraciones adicionales para hacerse responsable de lo que ocurriera en el predio. Ahora resulta, además, que el gobierno nacional pretende que sea la justicia de contravenciones de la ciudad la que intervenga en la cuestión, como si correspondiera hacer lugar al apartamiento del juez federal Arnella.
Lo que importa es saber si la sociedad está dispuesta a mantenerse en estado de indiferencia, anestesiada, frente a la gravedad de este tipo de asuntos, y si comprende de qué manera afectan al orden legal del país todo.
Una sociedad sólo sensible a los temas propios de cada uno de los individuos que la componen puede despertarse un día con la conciencia recobrada, pero percibir que lo que nos rige, revestido de las formalidades de gobierno democrático -electo por la regla de la mayoría-, es algo muy parecido a una dictadura, con un horizonte de anarquía, producida por sucesivas fracturas del orden público y el desprecio por la independencia y las facultades de los poderes Judicial y Legislativo. No alcanza con formular votos para que esa hora no llegue. Es indispensable que los tres poderes, y no uno solo, estén activamente comprometidos con lo que manda la Constitución Nacional. Y que una sociedad alerta así se los demande.
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