Por Alberto Elizalde Leal aelizalde@miradasalsur.com
Corrían los tiempos de la Guerra Fría y la coexistencia pacífica había sido reemplazada por el sombrío equilibrio de la Mutua Destrucción Asegurada (MAD en inglés) que imponía cierta racionalidad en la rivalidad Este-Oeste. Un modesto número de agencias estatales occidentales y soviéticas dominaban el mundo del espionaje: siglas que el cine y la literatura se encargarían de difundir y popularizar, la CIA, el FBI, la KGB y el MI5 aparecían más en las hazañas de James Bond en la pantalla o de George Smiley en las inolvidables novelas de John Le Carré, que en las primeras planas de los diarios. El mundo de los espías era secreto y privativo de los Estados involucrados en el gran juego de la estrategia mundial.
Micrófonos hasta en la sopa. El impacto en la vida cotidiana de los sistemas modernos para recoger información fue muy bien retratado por el director Sidney Lumet que, en 1971, basándose en un thriller policial de Lawrence Sanders filmó una película llamada Los tapes de Anderson . En ella, un treintañero Sean Connery robaba un edificio de lujo en Manhattan junto con sus cómplices. La banda era finalmente descubierta gracias a grabaciones y filmaciones ocultas que distintas agencias policiales y de seguridad habían tomado en lugares a los que concurrían los malvivientes. Lo llamativo en el film era que cada agencia involucrada tenía apenas una parte de la información que las grabaciones ocultas habían recogido y sólo la sagacidad de un detective permitía unir la información dispersa en las cintas (los tapes) y desarticular la banda.
El público quedaba sorprendido por la paradójica implicancia que se desprendía del film: la magnitud y sofisticación de los medios empleados podía ser absolutamente inútil sin la necesaria coordinación o comunicación entre los agentes estatales que los utilizaban.
Exactamente cuarenta años después, el atentado a las Torres Gemelas coronaba las actividades de Al Qaeda, un desconocido grupo terrorista nacido como uno de los brazos ejecutores de la Inteligencia norteamericana en la guerra que los soviéticos habían librado y perdido en Afganistán. Para ese entonces, el mundo ya no era bipolar en materia estratégica, una sola potencia militar estaba al mando y debía enfrentar múltiples desafíos y resistencias a su histórica tradición intervencionista y su apetencia hegemónica.
La sociedad del secreto. Las falencias de seguridad que quedaron de manifiesto con el atentado que golpeó directo en el corazón de la primera potencia mundial llevaron a la gestación de un verdadero mundo secreto de espionaje que el gobierno norteamericano creó en defensa de sus fronteras y en resguardo de sus fuerzas militares desplegadas por todo el mundo.
Ese mundo fue exhaustivamente investigado por dos periodistas del Washington Post, Dana Priest y William Arkin, quienes, apoyados por un equipo de veinte personas, trabajaron dos años para dar a luz un informe que con el nombre de Top Secret America fue publicado la semana pasada.
La investigación está basada en documentos oficiales y privados, en registros catastrales y de propiedad, en redes sociales y corporativas en la web, en las normativas públicas y en los requerimientos laborales de los gobiernos federal y estatales, y en centenares de entrevistas con personal militar, de Inteligencia y corporativos, muchos de ellos en actividad hablando off the record .
Las conclusiones del trabajo asombran tanto por la inimaginable extensión de los tentáculos de espionaje a través de la geografía y el aparato estatal norteamericano cuanto por el profundo entrelazamiento que enormes corporaciones privadas como la Raytheon o la General Dynamics han establecido con las agencias encargadas de la Inteligencia y la seguridad nacional. En tres capítulos, sugestivamente llamados Un mundo escondido creciendo sin control, Seguridad Nacional S.A. y Los secretos del vecino , los autores exponen el crecimiento exponencial de las agencias dedicadas al espionaje, lo dificultoso de su control por el poder civil, la relatividad de su eficacia y la enormidad literalmente incalculabe del costo económico empeñado.
El informe identifica 23 diferentes categorías de actividades secretas que el gobierno realiza con el concurso de contratistas privados que ocupan en forma permanente áreas clave antes reservadas sólo a empleados civiles o militares de la Secretaría de Defensa. Algunas de ellas atañen directamente a la obtención de información, como la Inteligencia militar, las ciber operaciones, la tecnología de la información (IT), la Inteligencia técnica o el análisis de datos. Otras, en cambio, apuntan a la preservación o vigilancia de la infraestructura técnico-militar, como las operaciones satelitales, la vigilancia aérea, la seguridad de instalaciones, la custodia del personal de mando y la tecnología de computación y comunicaciones. Finalmente, el reclutamiento, el entrenamiento, la supervisión y el control del personal involucrado en la gigantesca estructura, completan el complejo cuadro de un organismo proteico con una misión tan ambiciosa como imprecisa: derrotar el terrorismo internacional.
Para ello, este mundo silencioso despliega 1.271 organizaciones gubernamentales que, en conjunto con 1.931 contratistas privados, trabaja en programas relacionados con el contraterrorismo y con la seguridad interior en 10.000 lugares secretos y semisecretos de los Estados Unidos. Las 860.000 personas que ocupa el sistema producen más de 50.000 informes por año, cantidad inmanejable por quienes, en la cúspide de la pirámide de mandos, deben extraer de ellos conclusiones para la acción.
El General John Vines, ex comandante militar en Iraq, fue comisionado para revisar y mejorar los métodos de coordinación y comunicación inter-agencias y, luego de un minucioso análisis de situación, expresó: “No veo que ninguna agencia tenga la autoridad o la responsabilidad para coordinar todas las actividades. La complejidad del proceso desafía toda descripción. En estas condiciones no puedo decir si nuestro país es más seguro con estos gastos y estas acciones”.
El enorme peso de las corporaciones privadas, medido en contratos de decenas de miles de millones de dólares y concentrado en 110 compañías que representan el 90 por ciento de la actividad privada en relación a la defensa, pone de manifiesto un quiebre drástico en la relación del estado con el sector privado: lo que comenzó como un instrumento temporario para combatir el terrorismo, devino en una dependencia tal que un gran porcentaje de las fuerzas dedicadas a la seguridad se deben más a sus accionistas que al interés nacional.
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