Auditaron sólo $ 581 millones sobre 7400
Despouy también denunció un importante desfase entre los gastos y los plazos de ejecución de obras, la negativa del gobierno nacional de identificar las partidas y la subejecución de préstamos para el saneamiento.
Pero no fue la única sorpresa. Ninguno de los funcionarios interrogados por el alto tribunal pudo explicar si existe un programa para evaluar la salud de niños con alta concentración de plomo en sangre y si mejoraron los valores de contaminación del agua y del aire en esa zona. Es más: varios admitieron que apenas hay 34 inspectores para controlar las 14.000 empresas de la cuenca, muchas de ellas sospechadas de verter desechos contaminantes en el río.
El resultado de la audiencia de ayer, coincidían en el tribunal, fue "decepcionante", a tal punto de que una calificada fuente de la Corte expresó: "Quisimos que la Autoridad de Cuenca (Acumar), que dirige Juan José Mussi, advirtiera que le cayó una lápida. Los funcionarios provinciales dieron, al menos, unas pocas respuestas y los porteños estuvieron mejor. Pero ninguno de los sucesivos secretarios de Ambiente -Romina Picolotti, Homero Bibiloni y Juan José Mussi- hizo nada. Una vergüenza".
Pero fue Despouy quien lanzó el dato más alarmante: el auditor general afirmó que de los 7443 millones de pesos que integran el presupuesto de la Nación, la provincia, la ciudad y la Acumar "sólo pudo ser auditado el 8 por ciento". Un borrador interno de la Acumar, al que accedió La Nacion, reconoce que el Estado nacional "aún no pudo identificar sus partidas". Además, Despouy destacó que "de los préstamos del BID sólo se ejecutó el 54 por ciento".
El fastidio de los ministros de la Corte era palpable. Durante tres horas desfilaron frente al presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, y sus seis colegas: Mussi; Fabián López, subsecretario nacional de Recursos Hídricos, y varios profesionales que lo acompañaban; Alberto Fazzio, subsecretario bonaerense de Asuntos Municipales; Javier Corcuera, presidente de la Agencia de Protección Ambiental porteña; el defensor adjunto del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, y Despouy. En primera fila escuchaba el juez federal Luis Armella, a cargo de la ejecución del fallo de la Corte emitido en julio de 2008 que ordena el saneamiento del Riachuelo.
Desde hace 12 días, unas cien personas ocupan ilegalmente varios edificios de viviendas sociales en Villa Soldati, que están destinadas para los pobladores de los asentamientos El Pueblito y Luján, ubicados en la ribera del Riachuelo. El juez Armella no ha podido lograr que el gobierno nacional cumpla su orden de desalojo. Todos esperaban ver cómo podía ayudar ayer la Corte en este incumplimiento. Y fue Lorenzetti el encargado de preguntar a los funcionarios si aceptaban colaborar con el juez, una forma de encomendarles obedecer sus órdenes. La respuesta fue afirmativa.
No obstante, el desarrollo del acto trascendió la suerte de las viviendas en Villa Soldati. "Quedaron en evidencia una absoluta ineficiencia y desinterés" de los gobiernos, dijo uno de los observadores judiciales más calificados. Ni Mussi, que se apuró para alejarse del estrado de expositores, ni ninguno de sus funcionarios explicaron al juez Juan Carlos Maqueda, por ejemplo, por qué ahora hay 68 basurales más que hace dos años. Con la recuperación económica "el consumo de los pobladores aumentó", atinó a decir uno de ellos. La Acumar había prometido en 2006 que en 2008 se iban a erradicar todos los basurales.
"¿Tienen datos de medición de contaminación de aire y agua?", preguntó insistentemente Lorenzetti. No hubo respuesta. A lo largo del acto, los funcionarios de la Acumar y del Estado nacional practicaron una suerte de juego de gran bonete: se pasaban preguntas pero nadie respondía.
La vicepresidenta de la Corte, Elena Highton, inquirió sobre la salud de los niños. La Acumar hizo un muestreo sobre 1000 chicos que viven en la ribera y detectó que el 90% tiene concentración de plomo en sangre. Uno de los funcionarios provinciales respondió que habían sido "enviados al pediatra". Pero no supo explicar si existe un programa de seguimiento. "No tienen informes de salud. Es todo muy disperso", fustigó Highton.
En tanto, la jueza Carmen Argibay fue hábil para demostrar que la Acumar sólo se preocupa por controlar la concentración de los vertidos industriales, sin interesarse por saber en cuánto exceden la capacidad de carga del río. "Ya está demasiado contaminado y la capacidad de carga está sobrepasada", se limitó a explicar otro de los oradores. Corcuera destacó hechos extraños: dijo que la Acumar le "prohibió realizar inspecciones en industrias de la cuenca, mientras que ese organismo, que apenas tiene 34 inspectores para 14.000 industrias, hace el 53% de los controles fuera de la cuenca, por ejemplo, en Belgrano y en Núñez".
Sella resumió: "Todos los plazos para ejecutar el plan están vencidos; no hay indicadores de medición ni de calidad del aire ni del agua y la calidad de vida de los pobladores no mejoró".
CRITICA DEL COLEGIO DE ABOGADOS
El Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires criticó ayer mediante un comunicado la falta de acatamiento del fallo judicial que ordena el desalojo del complejo habitacional de la avenida Castañares y Lafuente, en el barrio de Villa Soldati. Dijo que esa situación, así como las sanciones a consultoras que difundieron mediciones de inflación alternativas a las del Indec y la exigencia de la AFIP a productores rurales para que informen sobre sus cosechas, representa un "modo de ejercer el poder que socava elementales principios y garantías de nuestro Estado de Derecho" y, por eso, abogó por su "cese inmediato".
Viven de la política. No pinsa en servir al pueblo que los eligió.
ResponderEliminarSaludos. Sigan así.