Por Nelson Castro Periodista - Diario Clarín
El grave hecho que impidió la salida de la edición de ayer domingo de Clarín ha constituido, además, un episodio de gravedad institucional a causa de la clara determinación del Ministerio de Seguridad de la Nación de ordenar a la Policía Federal el no acatamiento de la decisión del juez que declaró a la ilegalidad del bloqueo e instruyó a la citada fuerza de seguridad que hiciera de cumplimiento efectivo su fallo. Se asiste a así a una grave situación según la cual el Poder Ejecutivo se siente en disposición de atribuirse la potestad de determinar si le permite a las fuerzas del orden actuar como brazo auxiliar de la Justicia.
La consecuencia de esta actitud importa la alteración del funcionamiento de los organismos de la República.
El hecho ocurre, además, en el contexto de otras situaciones similares en la que otros jueces han dado órdenes a la Policía Federal las cuales desde el Ministerio de Seguridad, de quien depende la citada fuerza, se han desobedecido.
¿Imagina alguien lo que pasaría en el país si cada ciudadano se creyera con el albedrío de decidir por sí su acatamiento o no a un fallo judicial? Tampoco se entiende bien la lógica del Gobierno al proceder así. ¿Imagina alguien que este hecho puede beneficiar a la imagen y a las aspiraciones electorales de la Dra. Cristina Kirchner? Puestos a reflexionar sobre ello, caben dos alternativas: o se trata de un verdadero suicido político o se está ante una muestra indeleble de la impotencia gubernamental ante los excesos incontrolables de Hugo Moyano.
De una u otra manera el hecho es ominoso: en un país en el que no se acata a la Justicia, la ley es letra muerta; y donde la ley es letra muerta no hay democracia ni República.
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