La Ciudad demanda a la Nación por deudas de delitos penales

Por Nicolás Pizzi - Clarín.com
Son fondos por la transferencia de las competencias, que incluyen la usurpación.

A la sombra del conflicto de responsabilidades entre la Federal y la Metropolitana por la ocupación de viviendas en el Bajo Flores, otra pelea se dispara entre la Nación y la Ciudad, aunque esta es silenciosa y se dirime en los Tribunales. Cansado de reclamar, el Gobierno porteño presentó una demanda por el pago de más de 113 millones de pesos adeudados desde junio de 2008, cuando se puso en marcha la transferencia de competencias penales a la Justicia local. Además, reclamó que el Gobierno designe un funcionario para que se encargue del tema.

Al mismo tiempo, el bloque macrista en Diputados dio un giro y decidió impulsar la sanción definitiva del Tercer Convenio de Transferencia (ya se firmaron otros dos en 2002 y 2004). “Hay que aprovechar la media sanción en el Senado en la coyuntura actual del Congreso”, reveló un funcionario de la Ciudad que estuvo reunido con el jefe del bloque macrista, Federico Pinedo, y con el de la UCR, Ricardo Gil Lavedra. El PRO había decidido no impulsar su aprobación hasta que se cancele la deuda, que crece todos los meses en 6 millones de pesos, pero la coyuntura legislativa modificó esa postura. Igualmente, una vez que se apruebe en el Congreso, el convenio debería ser refrendado por la Legislatura porteña.

La causa judicial está en manos de la jueza en lo Contencioso Administrativo federal Liliana Heiland desde antes de la feria judicial de enero. Sin embargo, hasta ahora no tuvo movimientos relevantes (aún se está discutiendo quién debe pagar la tasa de Justicia). La deuda comenzó a gestarse en junio de 2008, cuando se puso en marcha el Segundo Convenio de transferencia de competencias penales de la Justicia nacional a la local, firmado por Aníbal Ibarra y Néstor Kirchner en junio de 2004 y ratificado por la ley 26.357. En ese momento, se traspasaron una decena de delitos. Entre ellos, algunos muy comunes como amenazas, usurpación , incumplimiento de deberes de asistencia familiar y lesiones en riña.

Desde entonces, la Ciudad reclamó, sin éxito, la transferencia de los fondos a distintos ministerios del Gobierno nacional. Aunque la deuda es millonaria, no corre peligro el fondo del convenio. “No podemos dejar de prestar el servicio de Justicia porque estaríamos incumpliendo igual que ellos”, explicaron en el Gobierno porteño. Además del dinero, la Ciudad pide que el Estado nacional designe a un representante “a los efectos de la estimación y liquidación de los importes respectivos”. El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, espera para sentarse a esa mesa.

Mientras avanza la causa judicial, el tema será debatido durante el primer semestre por el Congreso, donde se acaba de poner en marcha una Comisión bicameral especial. Llamativamente, el macrismo aportó el voto decisivo y le dio la presidencia de ese espacio a Daniel Filmus, posible candidato a jefe de Gobierno por el kirchnerismo.