La necesidad de preservar la magia del relato

Por Joaquín Morales Solá | LA NACION

Ayer, cuando caía la noche, el gobierno de Cristina Kirchner parecía haber encontrado una puerta para apartarse del abismo del default. La salida estaba, era visible y sencilla, pero la construcción de un discurso épico la evitó durante demasiado tiempo. El telón se abrió y sobre el escenario cayó también la impostura de un discurso engañoso. Cristina es, al final del día, una Kirchner: gira centímetros antes de estrellarse contra una pared.

La solución consistiría en entregarle al juez Thomas Griesa una garantía de 250 millones de dólares. Los fondos que ganaron el juicio deberían pedirle luego al magistrado que reinstale el stay (cautelar) y el país pueda pagar hoy el vencimiento de los bonos canjeados en 2005 y 2010.

Hoy es el último plazo antes del default. Si la solución se concreta, el país habrá eludido la cesación de pagos por lo menos hasta el 30 de septiembre, cuando habrá otro vencimiento de bonos argentinos.

La eventual solución llegó ayer de parte de ungrupo de bancos locales que se comprometieron a aportar el dinero para la caución. El Gobierno prefería hablar de un gesto voluntario de los bancos, que era su manera de seguir edificando una leyenda de intransigencias.

Sin embargo, fuentes oficiales señalaron que la iniciativa es comandada por el presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega , que presionó sobre las instituciones financieras. Algunas de ellas habrían señalado que su aporte está condicionado al contenido del acuerdo.

Todos habían encontrado un precedente en la gestión del presidente Carlos Pellegrini (1890-1892), que les reclamó a banqueros, estancieros y comerciantes de su tiempo un préstamo urgente para poder enfrentar la crisis de la deuda pública.

El país atravesaba un grave conflicto político y económico. Pellegrini consiguió el préstamo y logró luego una moratoria para el pago de los compromisos nacionales en los mercados financieros internacionales.
Anoche, el equipo económico (con Axel Kicillof a la cabeza) negociaba en Nueva York la letra chica del acuerdo con los holdouts. Los denostados fondos buitre pedían varias garantías adicionales a la caución que colocaban los bancos. No se conformaban sólo con el dinero. El propio juez Griesa habría deslizado que estaba dispuesto a firmar la reinstalación del stay, aunque, aclaró, lo haría por última vez. Desde ya, el juez firmaría la nueva cautelar sólo si se la pedían formalmente los fondos especulativos. El caso no estaba definitivamente cerrado, aunque en el mercado financiero local se estimaba que "existe un 80 por ciento de posibilidades de que las cosas terminen bien".

Terminar bien significa que el país no entraría hoy en default y que tendría un plazo de 60 días para negociar cómo pagará el juicio que ya perdió. El Gobierno buscaba despegarse de la solución: la plata la pondrán los bancos y el stay lo pedirán los holdouts. La apariencia (que es lo que realmente le importa al cristinismo) indicaría que el Gobierno ganó con sólo decir que no. La trama oculta de la verdad es muy distinta. La administración presionó a los bancos locales y los fondos buitre no pidieron la cautelar mientras no tuvieron una garantía en dinero contante y sonante.

Entregar una caución al juez, mientras se negocian las formas del pago definitivo, es la solución más habitual que existe en esta clase de juicios. Es lo que llevó hace varias semanas a Elisa Carrió a decir que "entraremos a un default por una cartera Louis Vuitton". Sin embargo, la administración de Cristina Kirchner pasó el último mes desafiando al juez, increpando a los fondos buitre y eludiendo el análisis de la solución más fácil. El único argumento que mostró señalaba que entregar una caución podía disparar la cláusula RUFO, que obliga al Gobierno a generalizar a todos los bonistas cualquier mejora parcial que hiciera voluntariamente a un grupo de acreedores.

Una caución no significa una mejora para nadie. Expresa sólo que el Gobierno decidió resolver el problema y que necesita tiempo para encontrar una solución. Una caución es dinero que queda en manos del juzgado de Griesa como una garantía. Es nada más que eso. Desde ya, el Gobierno, al revés de lo que le pasaba a Carlos Pellegrini, no necesita que le presten 250 millones de dólares. Están en las reservas del Banco Central. Sólo necesitaba conservar la estructura de un discurso que hasta había subestimado las consecuencias del segundo default en poco más de 12 años.

Ahí empiezan las contradicciones. Si a la administración no le importaba una cesación de pagos, ¿para qué presionó a los bancos para que juntaran esa cifra? ¿Es, acaso, una decisión voluntaria de los bancos? ¿No podía el Gobierno, en tal caso, negarse a recibir ese aporte, que tendrá que devolver más pronto que tarde? ¿Para qué viajó a Nueva York el ministro Kicillof si sólo se hubiera tratado de un acuerdo entre bancos locales y los fondos buitre?

El montaje del relato sucedió hasta última hora. La propia Presidenta usó ayer el ámbito del Mercosur para descalificar duramente a los holdouts y, lo que es peor, para maltratar al juez Griesa. O existió un acuerdo con el juez, para que éste recibiera semejante trato horas antes de firmar una resolución que podría salvar a Cristina Kirchner, o la Presidenta es más osada de lo que se supone. Nadie se enoja con el verdugo cuando éste está a punto de frenar la aplicación de la condena.

¿Qué les dirá Cristina, además, a los presidentes sudamericanos, a los que ayer mismo les pidió solidaridad sin condiciones frente a su guerra supuestamente firme y ciega, si hoy se firmara un acuerdo con los holdouts? No es sólo el Mercosur. El Gobierno recorrió el mundo anunciando esa guerra, declarando que no pagaría nunca y anticipando que estaba dispuesto a incinerarse en el fuego del default. A última hora, cuando ya todos creían que el abismo estaba en la próxima estación, el Gobierno tomó una galera y sacó un conejo con las formas de bancos generosos y de fondos buitre comprensivos. Era magia más que relato, aunque ni la magia ni el relato son los que gobiernan las finanzas internacionales y a la justicia norteamericana.

El precio que pagará la construcción del discurso no será menor. ¿Qué opinará el mundo, los inversionistas y los empresarios locales de un gobierno que caminó alegremente hacia un default? ¿Qué deducción harán los agentes económicos de una administración que priorizó la leyenda épica en medio de una economía en recesión, con altas tasas de inflación y con un creciente problema de empleo? ¿Confiarán en él?

Las opiniones sobre el juez Griesa y sobre su sentencia son libres. El hecho concreto es que el Gobierno no pudo ignorar que existió una sentencia firme en su contra, que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Y que la jurisdicción norteamericana fue elegida por los gobiernos argentinos para pedir créditos en el exterior o para refinanciar sus deudas. Griesa no es una imposición del "imperio", sino una elección de los dirigentes argentinos, incluidos los Kirchner.

Otra vez, la suerte de la Presidenta se desliza entre las manos de Griesa, que tiene como último plazo el día de hoy para firmar la cautelar y permitir el pago de bonos ya refinanciados. Eso no ha sucedido todavía, pero puede suceder durante la jornada, si se cumplieran todos los requisitos previos. La Presidenta ha llevado al país, también otra vez, a un estrés innecesario, sólo para escribir una historia que nunca existió..