La posibilidad de default está latente, aunque el mercado continúa apostando a que la Argentina se sentará a negociar con los holdouts para evitar esta situación, a pesar de que falta menos de una semana para cancelar el pago de los u$s539 millones correspondientes al cupón de los bonos Discount.
En caso de no hacerlo, el país entrará en cesación de pagos el 30 de este mes, momento en que se podrían ejecutar los Credit Default Swaps (CDS), es decir, los seguros contra un default argentino.
Estos instrumentos consisten en un acuerdo bilateral diseñado para transferir el riesgo de crédito de los productos de renta fija entre las partes.
En concreto, los CDS se definen como contratos derivados de crédito, por los cuales el comprador debe realizar pagos a su vendedor hasta la fecha de vencimiento de un contrato, tal como lo hace un asegurado con una póliza de seguros, dice un artículo del Cronista. A cambio, el vendedor se compromete a pagar la deuda de un tercero en caso que éste deje de cumplir con sus obligaciones.
Cabe aclarar que los contratos de CDS no están realmente ligados a los bonos, pero en su lugar hacen referencia a ellos. Por esta razón, el bono involucrado en la transacción se denomina "obligación de referencia". Un contrato puede hacer referencia a un crédito en particular o a múltiples créditos.
Tal como lo explica Delphos, los inversores pueden ejecutar sus contratos de dos maneras, ya sea físicamente haciendo entrega cada una de las partes de lo estipulado en el contrato y recibiendo el activo subyacente -en este caso, un título de la deuda soberana-, o bien mediante un pago cash por la diferencia.
Para que esto ocurra, es decir, para que se dispare el cobro de los CDS, es necesario que la International Swaps and Derivatives Association (ISDA), la organización que agrupa a los participantes de este mercado, determine que se ha producido un evento de crédito negativo.
"Todas las firmas que entran en las transacciones de CDS utilizando la documentación estándard de ISDA han acordado regirse por las decisiones alcanzadas por el proceso que determina un evento crediticio, el cual figura en las definiciones de los CDS", explicaron desde la entidad.
Bajo estas reglas, los eventos de crédito son determinados por uno de los cinco comités regionales de crédito derivado de la organización (en inglés, Credit Derivatives Determinations Committees).
Cada comité aplica simplemente las definiciones de los CDS a los hechos públicos, no tiene la facultad de decidir si, como cuestión de política, un evento de crédito debe o no producirse en circunstancias particulares.
El proceso comienza cuando un participante del mercado realiza una pregunta formal al comité de la región a la que pertenece la firma o el país que, de acuerdo al participante, presenta un evento de incumplimiento.
Cualquier actor en el mercado (que no necesitará ser miembro ISDA) con una o más transacciones de CDS puede plantear una pregunta, que debe realizarse a través de una presentación, junto con información pública disponible que acredite el evento de incumplimiento, mediante un formulario online del sitio web de ISDA.
Una vez que la pregunta es presentada, debe ser aceptada por uno de los miembros del comité regional. En caso que esto suceda, el comité se reunirá dentro de un plazo definido para su consideración. De esta manera, se analizará la evidencia disponible al público y votará para llegar a un consenso para determinar si se produjo un evento de incumplimiento dentro de los términos definidos por los CDS.
En el caso argentino, podría existir una pequeña discusión, porque el país realizó el pago del cupón correspondiente al Discount, aunque éste no llegó a manos de los acreedores por orden del juez Thomas Griesa.
De todos modos, el consenso del mercado es que se va a determinar un evento de default, que podrá ser proclamado por ISDA aproximadamente unas dos semanas después de que el país incurra en cesación de pagos.
Los operadores del mercado estiman que los holdouts tienen en su poder seguros contra un default argentino, por lo que ganarán dinero incluso si el Gobierno decide no pagarles en esta instancia, aunque estiman que mucho menos de lo que reclaman en las cortes de Nueva York.
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