(Editorial del diario La Nación) - Tres
proyectos de ley contemplan el derribo de avionetas que ingresen droga
en el territorio nacional y no obedezcan las órdenes de identificarse
Ante la inacción del Gobierno en el combate contra el narcotráfico, la oposición política ha reaccionado
y en la Cámara de Diputados hay ya tres proyectos de ley para
reglamentar la serie de pasos que permitirán abrir fuego para abatir las
aeronaves que transportan droga y no obedecen las órdenes de identificarse.
Hay que destacar, también, que al no hallar ningún impedimento en sus operaciones al sobrevolar territorio argentino, los narcotraficantes ya no se limitan a cruzar la frontera y aterrizar en precarias pistas clandestinas o a arrojar su cargamento en las provincias limítrofes, sino que cada vez con mayor frecuencia se internan con más profundidad en nuestra geografía. Para ello, las redes de narcotraficantes han organizado un sistema de postas de reaprovisionamiento para sus aeronaves, que generalmente son de escaso porte. Es así como los lanzamientos de droga se verifican cada vez más al Sur, en el norte de la provincia de Buenos Aires y en las cercanías de Rosario. Así lo explicaron a este diario quienes están al tanto de los informes sobre Tráficos Aéreos Irregulares (TAI), que elabora la Fuerza Aérea. Los TAI son vuelos que no se identificaron y tampoco informaron su destino.
Los proyectos de ley fueron presentados por el radicalismo, el Frente Peronista y Pro, en tanto que importantes candidatos que compitieron en las recientes elecciones, como Sergio Massa y Margarita Stolbizer, se manifestaron de acuerdo con la adopción de esa medida que también se va imponiendo en otros países de nuestra región.
En cambio, el Gobierno ha bloqueado el tratamiento de esos proyectos en las comisiones porque se opone a la medida. No debería llamar la atención este rechazo, coherente con la política oficial de no combatir el narcotráfico. Tanto el consumo interno como el contrabando de drogas al exterior no han hecho más que aumentar en los últimos años.
Desde julio de 2011, la Fuerza Aérea detectó más de 800 TAI. Esos datos se recopilaron desde el comienzo del plan Fortín, que incluyó la instalación de tres radares fijos en Posadas, Resistencia y Santiago del Estero, y de un prototipo fabricado por la empresa Invap, que operó en la localidad formoseña de Las Lomitas. Luego, una tarea de investigación en tierra llevada a cabo por Gendarmería permitió confirmar que en 242 casos se trató de avionetas que cumplían un papel central en el tráfico de drogas.
En 2011, se conoció un caso con ribetes de terror, padecido desde octubre del año anterior por la familia Miglione, propietaria de un campo de 600 hectáreas en el sur de Entre Ríos. Los Miglione encontraron en su campo varios paquetes de marihuana prensada, que fueron arrojados desde una avioneta. Luego de efectuar la denuncia, comenzaron a recibir amenazas y una noche fueron baleados por desconocidos que llegaron en lancha. En varias oportunidades hubo avionetas que sobrevolaron el lugar. "Fue una cosa de terror, tuvimos que escondernos detrás de un arroyo. Incluso el jefe de la policía no nos creyó, nos decía que estábamos mintiendo", explicó Fabiana Miglione.
El proyecto de ley presentado por el radicalismo sostiene que en este tema se encuentra en juego la seguridad de los ciudadanos y que son indispensables medidas de acción directa que "se adopten en casos y situaciones extremas, con el debido resguardo y supervisión, y después de haber fracasado todas las instancias previas". Esta iniciativa es encabezada por el diputado Mario Fiad (Jujuy), presidente de la Comisión de Adicciones y Narcotráfico, y fue apoyada con su firma por otros 12 legisladores.
Un argumento importante se encuentra en el proyecto redactado por el diputado de Pro Julián Obiglio (Capital), con firmas de varios legisladores. Allí se afirma que el tiempo de llevar adelante una política agresiva contra el tráfico de drogas es ahora y que países vecinos ya lo están haciendo. "Llevarlo a cabo no es una cuestión de ideologías. Las leyes de derribo en Brasil y Chile fueron sancionadas durante gobiernos socialdemócratas. No hacerlo contribuye solamente a levantar sospechas de complicidad e inoperancia sobre quienes no han tomado hasta ahora las medidas necesarias", se considera en sus fundamentos.
Mientras tanto, las autoridades intentarán frenar las incursiones aéreas de los narcotraficantes con tres obsoletos aviones de la Armada, fabricados en la década de 1960, que vuelan a menos de 400 kilómetros por hora, una velocidad que apenas les permitirá alcanzar a las avionetas de los narcos.
Esta última novedad, informada por este diario, se suma a las muchas pruebas de la llamativa y sospechosa desidia del Gobierno en la materia, desde la permanente improvisación, demostrada con el desplazamiento de la Gendarmería de la frontera norte para ser reemplazada por las Fuerzas Armadas (que por ley no pueden combatir el narcotráfico), hasta la indiferencia mostrada por la suerte de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), que desde la renuncia de su titular, Rafael Bielsa, el 19 de marzo último, cumple hoy 223 días de acefalía.
En el caso del narcotráfico puede afirmarse, sin lugar a dudas, que la falta de una política constituye una política, y que ésta beneficia a los narcotraficantes..
Muerte al Narcotrafico
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