Según la nota periodística presentada por el periodista Rodrigo Alegre en el diario La Nación se investigan a militares que cumplían funciones en las embajadas argentinas en Australia, Rusia y Corea del Sur; los fondos fueron desviados a diferentes cuentas bancarias del extranjero por alrededor de dos millones de dólares, ocurrió durante 2012 y 2013 con fondos públicos que administraba la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto (EMCO) durante la gestiones de los ministros de Defensa Arturo Puricelli y Agustín Rossi .
Una peritaje contable, ordenado por el juez federal Sebastián Ramos, que investiga el manejo financiero de las Fuerzas Armadas en esas tres dependencias, revela que se hicieron siete transferencias bancarias por un monto total de US$339.439 desde la cuenta oficial de la agregaduría de Corea del Sur en el Banco KEB hacia la caja de ahorro en Australia del suboficial de la Fuerzas Aérea Jorge Sícaro, que prestaba tareas en el edificio Libertador de Buenos Aires, como encargado del área de presupuesto de la Jefatura de Inteligencia.Los investigadores presumen que por el volumen de dinero malversado podría haber altos mandos de las Fuerzas Armadas involucrados.
La República Argentina posee agregadurías de Defensa en 13 países: Alemania, Canadá, Australia, Corea del Sur, España, Francia, India, Israel, Japón, Italia, Reino Unido, Rusia y Venezuela. Las agregadurías, integradas por militares de Ejército, Armada y Fuerza Aérea, dependen directamente de la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto. Y cada sede tiene asignado un presupuesto anual en dólares que se depositaba los primeros cinco días de cada mes.
Según la norma, los militares a cargo de las agregadurías están obligados a enviar mensualmente facturas, recibos y también los resúmenes de las cuentas oficiales en el exterior. Se sospecha que en algunos de los casos se inventaron gastos, se duplicaron carpetas y hasta se adulteraron comprobantes para engordar los presupuestos de las sedes. Solo Australia, que tenía un presupuesto anual de US$240.000 para los años 2012 y 2013, recibió en total US$640.000 sin que nada lo justificara.
En Corea del Sur, según el informe del auditor interno del Estado Mayor Conjunto, los gastos de funcionamiento se incrementaron un 300 por ciento más que el año anterior. La agregaduría de Rusia recibió en esos dos años US$596.890 cuando, según figura en el peritaje judicial, tenía presupuestados para su funcionamiento US$195.593.
El suboficial Velardez y Sícaro son los únicos imputados por defraudación hasta ahora en el expediente que instruye la Justicia. No se descarta que en las próximas semanas se sumen más nombres cuando se termine de analizar la documentación secuestrada y llegué al país la respuesta de los exhortos.
El capitán de navío Carlos Mighera, el primero en denunciar lo que estaba pasando, fue sancionado por sus superiores por no respetar la vía jerárquica para exponer una acto de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. El capitán Mighera le envió toda la información a su superior directo, el comodoro Luis Patoco, a cargo de la Jefatura de Inteligencia, en enero de 2014. Jamás recibió una respuesta concreta y terminó contándole todo al embajador argentino en Australia, quien a su vez derivó un cable secreto diplomático con la denuncia.
Solo siete meses después, el teniente general del Estado Mayor Conjunto Luis Carena, de buena relación con el teniente César Milani y el secretario legal y técnico Carlos Zannini, presentó la denuncia penal en Comodoro Py solamente contra los dos suboficiales. La presunta malversación de fondos también originó la apertura de un consejo general de guerra, una especie de juicio puertas adentro dentro de las Fuerzas Armadas, para la búsqueda de responsables. En ese trámite, de carácter confidencial, aparecen involucrados y mencionados algunos de los militares de mayor jerarquía.
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