(Ambito.com) - Son miembros de la Comisión Evaluadora. Se los acusa de incumplimiento de deberes en la preadjudicación a una empresa española en la búsqueda del submarino.
La Justicia federal procesó a cuatro miembros de la Comisión Evaluadora del Ministerio de Defensa por incumplimiento de deberes de funcionario público, en la preadjudicación a una empresa española de la búsqueda del submarino ARA San Juan.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi imputó a Héctor Horisberger, Marcelo Gustavo Dip, Rogelio Alfredo García Bastitta, miembros de la Armada y de la Fuerza Aérea, y a Pablo Longhi, del Ministerio de Defensa, por irregularidades en la contratación de las empresas Igeotest Geociencias y Exploraciones SL.
Los imputados están acusados por supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público y fueron embargados por un millón de pesos.
Según el juez, los funcionarios "omitieron aplicar la ley" al preadjudicar a la firma española del empresario argentino Marcelo Devicenzi ya que no cumplía con los requisitos establecidos en el pliego.
"Tuvieron pleno conocimiento de las reglamentaciones vigentes para la contratación y pese a todas las evidentes inconsistencias que presentó la oferente recomendada, continuaron con el proceso y no desestimaron la oferta", sostuvo el magistrado en su resolución.
Entre las irregularidades que aparecen en el expediente figura que "el número societario de la empresa española Igeotest Geociencias SL pre adjudicada, no coincidía con el número de registro" y que "la denunciante constató que el número societario de la empresa estaba relacionado con la compañía española CONTROL Y PROSPECCIONES SL, la cual se encontraría concursada desde el año 2017".
La causa se inició por la presentación de la abogada Valeria Carrera, con el patrocinio del estudio de Fernando Burlando, quien denunció a los integrantes del Ministerio de Defensa que integran la Oficina de Contrataciones por la "adulteración de instrumento público, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes de funcionario público, con fraude en perjuicio de la administración pública".
El Gobierno finalmente otorgó la licitación a la firma Ocean Infinity, que un año después del último contacto del navío lo detectó a 900 metros de profundidad y a unos 500 kilómetros de la costa argentina.
En tanto, este jueves por la mañana, y según contó Luis Tagliapietra, padre de uno de los submarinistas fallecidos y que también participó como veedor en la búsqueda del navío, el buque Seabed Constructor llegó al puerto sudafricano de Ciudad del Cabo.
El buque con su tripulación fue recibido por el Agregado de Defensa en Sudáfrica, capitán de navío Gonzalo Prieto y el cónsul en Johannesburgo, Pablo Graziano.
Las 67 mil imágenes y videos que comprenden el registro fotográfico y fílmico logrado por Ocean Infinity, están siendo copiados en discos duros externos. "Llegamos hoy bien temprano y ahora todo el material recolectado está en plena descarga. Esperamos que la descarga llegue pronto", dijo Tagliapietra.
El grupo de argentinos, entre familiares y personal de la Armada estará de vuelta en el país el próximo martes alrededor de las 21:30.
La Armada Argentina indicó en un comunicado que existe una cédula oficial que impuso el Juzgado Federal Nº 1 de Caleta Olivia, la cual establece "la obligación de proveer a la justicia toda la información vinculada a este proceso de búsqueda. Parte de esta información está relacionada al cierre formal de la contratación del servicio de localización e identificación fehaciente del submarino".
Con respecto a las imágenes, en el comunicado se explicó que "durante la permanencia a bordo, todos los observadores han tenido el mismo nivel de acceso a las mismas a lo largo del proceso de búsqueda".
Y se agregó que "primordialmente, las familias han pedido total reserva respecto de las imágenes que pudiesen surgir, más allá de las tres imágenes ya publicadas, y que sirvieron como fehaciente prueba de identificación positiva".
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