Las guerras de 2013

Por Louise Arbour - IF (Español)

Desde Turquía hasta Congo, he aquí los conflictos que amenazarán la estabilidad mundial en este año.

Cada año, en todo el mundo, se agravan viejos conflictos, surgen otros nuevos y, de vez en cuando, algunas situaciones mejoran. No son pocos los nubarrones que se ciernen sobre el año 2013: vuelve a haber una serie de focos, viejos y nuevos, que serán una amenaza para la seguridad mundial.
No cabe duda de que casi todas las listas tienen algo de arbitrarias y ésta sobre las crisis que hay que observar en 2013 no es ninguna excepción. Lo que para una persona es una prioridad puede ser secundario para otra, un grito de alarma de un analista puede ser catastrofismo para otro. En algunas situaciones -Asia Central, por ejemplo-, tiene verdadero sentido emprender acciones preventivas: todavía no se ha llegado al caos. Ahora, más complicado es prever cuándo ocurrirá, qué lo desencadenará y qué gravedad tendrá. En otros -Siria, desde luego-, la catástrofe ya se ha producido, por lo que la mera idea de hablar de prevención puede parecer absurda. No tiene ningún sentido, aparte del de prevenir que la pesadilla empeore o se extienda.

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Lo que sigue, por tanto, es una lista de las 10 peores crisis que no incluye la violencia permanente y relacionada con las drogas en México, las tensiones crecientes en el Mar del Este de China, ni la posibilidad de conflicto en la Península de Corea tras el lanzamiento de un cohete por parte de Pyongyang. Por si esa mezcla no fuera suficientemente peligrosa, hay nuevos dirigentes en China, Japón y a los dos lados de la zona desmilitarizada de Corea, que tal vez se sientan obligados a pulir sus credenciales nacionalistas con medidas agresivas. Tampoco menciono las próximas elecciones en Zimbabue, el trauma continuo en Somalia ni los rumores de guerra frente al programa nuclear iraní. Cualquiera de estas crisis tiene méritos para figurar en una lista de las 10 peores.

El hecho de centrarse en países concretos también hace que sea más difícil destacar varias corrientes y tensiones subterráneas presentes en unas crisis y otras que probablemente veremos en este año. Por eso, antes de comenzar nuestra lista, he aquí cuatro breves ejemplos.
Las elecciones, como sabemos, suponen una enorme tensión para las poblaciones: son un bien a largo plazo que puede plantear problemas inmediatos. Las presidenciales de 2011 en la República Democrática del Congo no superaron ese obstáculo y la violencia actual en las provincias orientales del país se debe, al menos en parte, a un hundimiento de la gobernanza que los comicios incluso contribuyeron a agudizar. En el año que comienza habrá que prestar mucha atención a cómo afrontan Kenia y Zimbabue sus respectivos sufragios y a la reacción que tengan la región y el mundo.

Una tensión similar existe entre los beneficios a largo plazo de la justicia -que promueve la rendición de cuentas y se ocupa de dar respuesta a las quejas acumuladas- y la realidad de que a menudo puede suponer riesgos inmediatos. En Yemen, Sudán, Siria, Libia, Kenia y Colombia, entre otros países, el debate entre justicia o paz está necesitado de ideas nuevas.

Además, el papel de las sanciones en la prevención de conflictos parece incluir muchas veces un diálogo de sordos. ¿Las sanciones fomentaron los cambios en Myanmar, o solo sirvieron para castigar a la población y no a los gobernantes? ¿Se han convertido en parte del problema en Zimbabue, en vez de ser un motor del cambio? Y, sobre todo, ¿cómo ayudarán a desactivar la crisis nuclear iraní, si parecen indicar a Teherán que el objetivo no es cambiar el comportamiento del régimen sino el régimen en sí? Tal vez le convendría a la comunidad internacional evitar la tentación de imponer sanciones como respuesta automática ante una situación dada; las sanciones solo son eficaces dentro de una estrategia coherente e integral, no como sustitutivo.

Por último, una nota sobre el imperio de la ley. Con demasiada frecuencia, vemos utilizada esta manida expresión en el sentido del “imperio a través de la ley”, es decir, unos gobernantes autoritarios que cooptan el lenguaje y los aditamentos de la democracia y utilizan la ley para acosar en vez de proteger. De ahí que utilicen la ley como instrumento de coacción y no de protección; de ahí que usen la tendencia de la comunidad internacional a entrenar y equipar a fuerzas del orden que, desde el punto de vista de los ciudadanos a quienes deben cuidar, no tienen ninguna necesidad de ser aún más duchos en las técnicas de represión. La comunidad internacional necesita estar más alerta ante esta farsa y centrarse más en la sustancia del imperio de la ley -sobre todo, tal vez, en el concepto de ingualdad ante la ley- que en su forma.

Asimismo, es posible que las leyes de la guerra tengan que adaptarse a la naturaleza cambiante de la guerra moderna. La guerra asimétrica y el lenguaje de la guerra contra el terror ponen en tela de juicio la crucial distinción entre “combatientes” y “civiles”. La tecnología también plantea nuevos dilemas. Pese a las afirmaciones de que tienen una precisión quirúrgica, los ataques con aviones no tripulados producen daños civiles colaterales difíciles de medir, mientras que el otro bando no corre ningún riesgo de sufrir bajas entre sus militares. En algunos casos, además, estos aviones pueden ser contraproducentes: aterrorizan y traumatizan a las comunidades afectadas, lo cual puede incrementar el apoyo a los grupos radicales.

Es difícil transmitir todo esto en una lista. Sin embargo, dicho esto, aquí están las 10 peores amenazas mundiales para el año que comienza. Como, en el fondo, somos optimistas, incluye un apéndice de tres países en los que los recientes acontecimientos permiten pensar que, tal vez, este año traiga la paz, en lugar del tormento. Desde luego, eso es lo que deseamos para todos.

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Sudán

Como era de esperar, el problema de Sudán no desapareció con la escisión del Sur en 2011. La guerra civil, alimentada por la concentración de poder y los recursos en manos de una pequeña élite, sigue asolando el país y amenaza con desembocar en una desintegración aún mayor. Las divisiones en el interior del Partido del Congreso Nacional (PCN), en el Gobierno, el creciente malestar popular y una crisis económica nacional permanente pueden contribuir a destruir Sudán.

Por desgracia, hace 10 años, la situación era prácticamente idéntica, solo que entonces Jartum luchaba contra el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán (MLPS), que representaba a todo el Sur, mientras que ahora las arcas del Gobierno están agotándose por los combates permanentes contra el Frente Revolucionario de Sudán, una alianza de varios grupos rebeldes importantes de los estados de Darfur, Kordofán del Sur y el Nilo Azul. Las víctimas, como siempre, son los civiles atrapados en medio. Igual que ocurrió en el Sur, el Ejecutivo ha pretendido utilizar el acceso a la ayuda humanitaria como instrumento de chantaje y la hambruna en masa como parte de su estrategia militar.

La única solución duradera tiene que ser integral y reunir a todas las partes interesadas para reformar el uso que se hace del poder un un país tan grande y variado. A largo plazo, el statu quo -guerra constante, millones de desplazados, miles de millones gastados en ayuda- es intolerable para todos. Para que se llegue a una solución definitiva, el PCN y los actores internacionales tendrán que ofrecer mucho más que en otras ocasiones: primero, un proceso de diálogo que incluya a todos y segundo, incentivos económicos y políticos.

Turquía/PKK

Un tiempo helador en las montañas durante el otoño y el invierno ha disminuido los combates en la larga guerra de insurgencia que libra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán turco (PKK), pero no hay buenos presagios para la primavera de 2013. Ya han muerto 870 personas desde que el PKK reanudó sus ataques y las fuerzas de seguridad reactivaron sus operaciones antiterroristas a mediados de 2011. Es el número de víctimas más elevado desde los 90.

Las tensiones políticas en Turquía también van en aumento, a medida que el movimiento legal de los kurdos, el Partido Paz y Democracia (BDP), asume una línea cada vez más similar a la del PKK. El primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, ha amenazado con levantar la inmunidad de su representante parlamentario para que pueda ser procesado y el Estado ha detenido desde 2009 a varios miles de activistas kurdos por terrorismo favorable al PKK, si bien no son muchos los acusados de actos violentos.

El Gobierno turco también ha interrumpido las negociaciones secretas que mantuvo con el PKK entre 2005 y 2011 y ha abandonado la mayor parte de la apertura democrática que había ofrecido esperanzas de más igualdad y justicia a los kurdos de Turquía, entre 12 y 15 millones, el 20% de la población del país. El Gobierno todavía podría ganarse a la mayoría de los kurdos si anunciara una amplia serie de reformas. Entre ellas, el lanzamiento de un proceso para proporcionar educación en las lenguas maternas, la modificación de la ley electoral con el fin de reducir los obstáculos electorales y de financiación, una mayor descentralización de las 81 provincias turcas y el fin de toda discriminación en la Constitución y las leyes del país. Además tendría que trabajar para lograr un alto el fuego, instar a los rebeldes a cesar los ataques, evitar las operaciones militares a gran escala -incluidos los bombardeos aéreos- y resistir las presiones para responder con acciones armadas cada vez más enérgicas.

Ahora bien, la probabilidad de que el Ejecutivo practique este giro de 180 grados es escasa. Da la impresión de que Erdogan ambiciona vencer en las elecciones presidenciales de 2014 y para ello se está alineando, cada vez más, con los votantes nacionalistas y de extrema derecha. Las facciones más militaristas del PKK, envalentonadas por los éxitos de sus aliados en Siria, también están haciéndose con el poder y, seguramente, continuarán sus intentos de apoderarse de las zonas del sureste y atacar los símbolos del Estado turco en 2013.

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Afganistán, asolado por los enfrentamientos internos y la corrupción, el Gobierno afgano no está, ni mucho menos, preparado para asumir la responsabilidad de su propia seguridad cuando las fuerzas militares de Estados Unidos y la OTAN se retiren en 2014. En 2012 las relaciones con Washington siguieron deteriorándose, sobre todo cuando en febrero murieron decenas de personas tras las informaciones de que las tropas estadounidenses habían quemado docenas de ejemplares del Corán y otros textos religiosos, y cuando el soldado norteamericano Robert Bales, en marzo, disparó contra 17 campesinos, incluidos nueve niños, en la provincia meridional de Kandahar. Desde entonces, una avalancha de ataques internos ha contribuido a aumentar la desconfianza entre los jefes militares afganos y estadounidenses, y varios incidentes de fuego amigo han minado la moral de las Fuerzas Nacionaldes de Seguridad de Afganistán.

La próxima transición política en Kabul es más importante aún para el futuro del país y toda la región. Aunque el presidente, Hamid Karzai, ha anunciado su intención de retirarse tranquilamente cuando termine su mandato, en 2014, existen temores de que trate de seguir influyendo, directa o indirectamente, en el Gobierno que salga de las urnas. Unas elecciones creíbles -algo que Afganistán no ha experimentado todavía- podrían construir cierto consenso nacional y reforzar la confianza popular en las capacidades del Ejecutivo.

La mejor garantía de estabilidad para el país es garantizar la legalidad democrática durante la transición política y militar en 2013 y 2014. Si las autoridades no lo consiguen, el importantísimo periodo que se avecina generará terribles divisiones y conflictos dentro de la clase dirigente, que los rebeldes talibanes se apresurarán a explotar. Si la situación empeora, el resultado podría ser la fragmentación de los servicios de seguridad y un gran conflicto interno. Todavía hay ciertas posibilidades de progresar, y debemos conservar la esperanza, pero el plazo para hacer algo está terminándose.

Pakistán

Los ataques con aviones no tripulados siguieron causando tensiones entre Estados Unidos y Pakistán en 2012, aunque las rutas de abastecimiento de la OTAN se reabrieron a principios de julio después de que EE UU pidiera disculpas por un ataque mortal contra soldados paquistaníes en noviembre de 2011. También hubo ciertos avances políticos entre Pakistán y Afganistán: los dos unieron sus fuerzas en diciembre para pedir a los talibanes y otros grupos insurgentes que se sumaran a unas negociaciones de paz.

Con la previsión de nuevas elecciones en 2013, el Ejecutivo y la oposición paquistaníes deben poner en marcha varias medidas urgentes y fundamentales para reformar la comisión electoral y consolidar la transición a la democracia. El Partido del Pueblo Paquistaní, en el Gobierno, y su principal oposición parlamentaria, la Liga Musulmana de Nawaz Sharif, deben dejar a un lado sus diferencias y concentrarse en impedir que el Ejército, que siempre se ha inmiscuido en la política, obstaculice ahora la vida democrática.

Tampoco deben permitir que el aparato judicial, cada vez más intervencionista y aparentemente empeñado en desestabilizar el orden político, desbarate la oportunidad que tiene el país de hacer su primer traspaso pacífico de poder de un Gobierno elegido a otro, mediante unos comicios creíbles.

Las crisis humanitarias de Pakistán también necesitan que el Estado y la comunidad internacional les presten urgente atención. Tres años sucesivos de inundaciones devastadoras han puesto en peligro las vidas de millones de personas y las operaciones militares y las acciones de los rebeldes han desplazado a cientos de miles de personas. Estas dos crisis han dado a los grupos islamistas radicales la oportunidad de reclutar miembros y han aumentado las posibilidades de un conflicto. Desde que comenzó la transición democrática en Pakistán, en 2008, ha habido algún progreso, pero en 2013 será necesario hacer mucho más para que el Gobierno federal y los gestores provinciales puedan ofrecer una respuesta apropiada a las catástrofes y facilitar la recuperación.

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Sahel: Malí, Nigeria y otros lugares

En 2012 se agravó en varios frentes la inestabilidad en la región africana del Sahel. Los intentos de invertir esa tendencia serán una prioridad para muchos países este año. Malí -donde un golpe militar derrocó al Gobierno en marzo, mientras que los separatistas y los fundamentalistas asociados a Al Qaeda se apoderaron del norte del país- ocupa el primer lugar entre los problemas de la zona.
En el año que comienza veremos la puesta en marcha de una intervención internacional necesaria en Malí y, seguramente más importante, un proceso político para reunificar el país. Respecto a lo primero, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS) y la Unión Africana (UA) ya han aprobado una misión de 3.300 soldados para ayudar al Estado maliense a recuperar el control del Norte, hoy en manos de los combatientes islamistas, a la espera de que el Consejo de Seguridad de la ONU apruebe la medida.

El miedo a una intervención interminable ha hecho que muchos sectores se muestren reacios a enviar una fuerza internacional al vasto desierto septentrional, pero los peligros de no actuar son igual de graves. El despliegue de tropas sobre el terreno requerirá cierto tiempo, igual que la reestructuración y el entrenamiento de unidades malienses a cargo de una misión enviada por la Unión Europea.

En el aspecto político, es preciso garantizar que el proceso de reunificación del país sea, de verdad, integrador. Algunos de los grupos que controlan la parte norte son claramente imposibles: son terroristas y no están interesados en acudir a la mesa de negociaciones. Pero otros pueden estar más dispuestos a pactar. Todo dependerá, en gran parte, de la dirección política y militar del Gobierno de Malí, que se encuentra en una situación inestable después de que el Ejército obligara al primer ministro a dimitir en diciembre. El primer ministro nuevo, que parece más tratable, podría facilitar un diálogo nacional que ayude a diseñar una hoja de ruta para resolver la crisis política y organizar unas elecciones en 2013. Sin embargo, dado que los responsables del golpe militar muestran una afición preocupante a inmiscuirse en la vida civil, el futuro sigue siendo inseguro.

La región del Sahel tiene otro conflicto muy inquietante en el norte de Nigeria, donde en los últimos años ha habido miles de muertes que se atribuyen al grupo islamista radical Boko Haram. La reacción del Gobierno ha sido una mezcla desigual de declaraciones confusas sobre posibles negociaciones y medidas de seguridad estrictas, y a menudo indiscriminadas, que quizá han agravado la violencia y han facilitado el reclutamiento de extremistas. Sin una atención concertada y un cambio radical de política por parte del Ejecutivo, 2013 será otro año sangriento en el norte de Nigeria.

República Democrática del Congo, cuando, en abril de 2012, se amotinaron en el este del país los rebeldes del M23, antiguos rebeldes que pasaron a formar parte del Ejército para después volver a convertirse en rebeldes, hubo una clara sensación de déja vu. Una vez más, tras tantos años de conflicto, los actores regionales e internacionales se las ven y se las desean para contener a un grupo insurgente -con un abanico de demandas teóricamente internas pero que se beneficia, sin la menor duda, del apoyo de fuerzas externas- y evitar otra guerra regional en la RDC. Las consecuencias de la última oleada de violencia han sido trágicas para la población civil: se habla de violaciones de los derechos humanos a gran escala, ejecuciones extrajudiciales que afectan a la sociedad civil y desplazamientos masivos de la población local.

Los esfuerzos mediadores de la Conferencia Internacional de la Región de los Grandes Lagos han servido para que el M23 se retirase de la ciudad oriental de Goma y se entablaran unas conversaciones de paz, pero el riesgo de que se repita la rebelión y se extienda la violencia sigue presente. En ocasiones anteriores, los intentos de reconstrucción después de otros conflictos en la RDC tuvieron escaso éxito. Si no se presiona lo suficiente tanto al Gobierno del Congo como a los rebeldes respaldados por Ruanda para que lleven a cabo unas reformas cruciales en la forma de gobernar e inicien el diálogo político, la triste historia de conflicto civil volverá a repetirse en 2013.

La desoladora situación del Congo debería obligar a la comunidad internacional a examinar con seriedad su propio comportamiento. Diez años después de que hubiera un compromiso masivo de apoyar la estabilidad en la RDC, proporcionar legitimidad al Gobierno de Kinshasha y proteger a la población civil del este del país, la situación es cada vez peor. El Ejecutivo del presidente Joseph Kabila carece de apoyo nacional; los ciudadanos de las provincias orientales de Kivu, pese a la presencia de la fuerza de paz más numerosa que jamás ha enviado la ONU, siguen lamentablemente desprotegidos y la integridad del país depende de los caprichos de sus vecinos depredadores.

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En Kenia, a pesar de las reformas para abordar los fallos y la violencia de las elecciones de 2007 en Kenia, sigue habiendo importantes motivos estructurales de conflicto. El paro juvenil, la pobreza y las desigualdades son muy elevados, la reforma del sector de la seguridad se ha paralizado y las disputas territoriales siguen agudizando la polarización étnica. A medida que se aproximan las elecciones previstas para marzo de 2013, el peligro de violencia política aumenta.

Dos de los principales aspirantes a ocupar la presidencia, Uhuru Kenyatta y William Ruto, están acusados de crímenes contra la humanidad y deben comparecer en un juicio en la Corte Penal Internacional en abril de 2013, lo cual permite pensar que, por fin, se está llevando a cabo un intento serio de eliminar la histórica inmunidad de las élites políticas. Pero también podría ocurrir que los dos casos acaben con las esperanzas de exigir responsabilidades si se agravan las tensiones étnicas o se empaña la imagen de los adversarios políticos, lo cual podría desembocar en un nuevo estallido de violencia.

Que un acusado sea presidente o vicepresidente tendrá enormes repercusiones no solo en las relaciones exteriores de Kenia sino también en las reformas internas. Las elecciones de 2013 se desarrollarán, probablemente, en medio de amenazas de ataques por parte del grupo terrorista al Shabab, que tiene su cuartel general en Somalia, y las protestas del separatista Consejo Republicano de Mombasa. Cualquiera de las dos cosas podrían provocar una reacción contra las numerosas comunidades étnicas somalí y musulmana del país y, como consecuencia, aún más desestabilización en un año que en cualquier caso será difícil para Kenia.

En Siria y Líbano, el conflicto en Siria ha sufrido numerosos empeoramientos y, probablemente, lo seguirá haciendo. El régimen ha demostrado que es difícil derrocarlo y sus enemigos, que es todavía más complicado eliminarlos. Mientras en la región y en el mundo se especula sobre la próxima caída del Gobierno, es evidente que las primeras etapas después de El Assad estarán llenas de peligros, no solo para la población siria sino para la zona en general. El mero hecho de sobrevivir al invierno será difícil, porque cada vez son más los habitantes desplazados, hay barrios enteros que han sido arrasados, las instituciones del Estado están cada vez más erosionadas y la ayuda internacional no es suficiente.

La estrategia del presidente Bashar el Assad para hacer frente a quienes se le oponían ha desgarrado a la sociedad siria. La radicalización gradual que ha experimentado la oposición como consecuencia de ello ha generado un ciclo retroalimentado en el que ambas partes se fían cada vez más de las soluciones militares en vez de las políticas. A medida que las comunidades religiosas y étnicas de Siria se han ido polarizando, los partidarios del régimen se han atrincherado y han cometido atrocidades espoleadas por su impresión de que están en una situación en la que “o matan o les matan” y sus temores a las represalias generalizadas cuando caiga el presidente.

La violencia que devora a Siria ha creado además un terreno fértil para los islamistas suníes más inflexibles, que han conseguido reunir a su alrededor a los desencantados con Occidente, entre otras cosas gracias a su acceso al dinero de los países árabes del Golfo y los conocimientos militares yihadistas adquiridos en otros países. Para invertir esta tendencia, la oposición necesita articular una visión más creíble y menos nihilista del futuro, los miembros de la comunidad internacional tienen que coordinar sus políticas y esta lucha militar tan peligrosa debe avanzar hacia una solución política.

Como era inevitable, en especial debido al trasfondo sectario que ha adquirido el conflicto, la guerra de Siria está traspasando ya la frontera con Líbano. La historia no ofrece buenos presagios: Beirut no suele ser inmune a la influencia de Damasco. Es fundamental que los líderes libaneses aborden los defectos esenciales de su estructura de gobierno, que agudiza las divisiones internas y hacen que el país sea vulnerable al caos en el vecino.

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Asia Central

Esta región ofrece toda una lista de países al borde del abismo. Tayikistán entra en 2013 sin nada bueno que contar de 2012. Sus relaciones con Uzbekistán continúan deteriorándose y las disputas internas amenazan con fomentar las ambiciones separatistas de Gorno-Badakhshán. Esta provincia oriental, montañosa y remota, siempre ha querido tener poco que ver con el Gobierno central de Dushanbe, incluso antes de que las tropas gubernamentales se enfrentaran a los milicianos locales -muchos de ellos veteranos de la guerra civil tayika-, a los que calificaron de miembros de una banda de crimen organizado. Algunos combatientes, entre ellos uno de sus líderes, eran miembros de la guardia de fronteras de Tayikistán. También participaron algunos residentes de Khorog, de los que el Ejecutivo dijo que eran jóvenes engañados por la propaganda antigubernamental (la zona siempre ha mirado con suspicacia a la Administración central).

Kirgizstán está también mal. Sigue ignorando las tensiones étnicas latentes y la falta de legalidad democrática en el sur, al mismo tiempo que una estrategia política largamente esperada para abordar los problemas étnicos languidece sin que se haya aprobado en el despacho presidencial. La influencia que tiene el Gobierno central en Osh es cada vez más débil y a la comunidad internacional, una vez más, parecen interesarle poco o nada las primeras señales de alerta.

Mientras tanto, las violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos continúan siendo habituales en Uzbekistán. Para empeorar aún más las cosas, no existe ningún plan para la sucesión política después de que el presidente Islam Karimov, de 74 años, abandone la escena política, lo cual es una receta para el caos regional. Sin embargo, hasta que Estados Unidos no acabe de retirar sus soldados y su material de Afganistán, no es probable que Washington se involucre demasiado.

Si las tendencias actuales continúan, Kazajstán se enfrenta a otro año lleno de violencia; en 2012 hubo un número sin precedentes de atentados terroristas en las partes occidental y meridional a manos de grupos yihadistas hasta ahora no identificados. El intento de Astana de presentarse como una nave estable en un mar regional imprevisible queda desmentido por la realidad de que este es un país en el que matan a tiros a los manifestantes y encarcelan a los activistas. Las reivindicaciones socioeconómicas pueden acabar siendo la perdición del Estado kazajo.

En el caso de Irak, mientras Siria se sume cada vez más en el caos, en Irak se afilan los cuchillos y se trazan las líneas de combate. El Gobierno chií del primer ministro Nuri al Maliki ha decidido aliarse con Irán, Rusia y China para tratar de evitar que los Estados suníes del Golfo, Turquía y EE UU transformen la región.

Maliki ha cortado en varias ocasiones los lazos con las demás comunidades religiosas y étnicas de Irak y ha tomado medidas para ampliar su control de las instituciones políticas y las fuerzas de seguridad. Sus acciones violan el acuerdo de Erbil, que se formuló en 2010 para limitar los poderes del primer ministro y repartirlo de forma equitativa entre los chiíes, los suníes y los kurdos.

Hoy, Maliki se encuentra con la resistencia no solo del presidente de la región kurda, Masud Barzani, sino también de sus adversarios suníes y laicos, e incluso del clérigo Muqtada al Sáder, desde su bando islamista chií. La incapacitación del presidente Jalal Talabani, un mediador fundamental en la disputa entre Bagdad y Erbil, aumenta la incertidumbre política en el nuevo año. Y Al Qaeda echa más leña al fuego con atentados devastadores que detrozan la relativa calma. Es evidente que Maliki ha perdido la confianza de una buena parte de la clase política, que le acusa de estar derivando hacia un Gobierno indefinido y autocrático. Pero los intentos de someterle a un voto de censura han fracasado debido a las profundas divisiones entre sus opositores.

El resultado es que Maliki es un primer ministro provisional, hasta las próximas elecciones de 2014. Es una receta para la violencia y, desde luego, es posible que la guerra civil en la vecina Siria, teñida de sectarismo y que se agrava por momentos, agudice las tensiones en Irak y le empuje a una nueva oleada de conflictos en 2013.

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Y ahora, alguna noticia positiva: Colombia

Por fin, parece estar próxima una solución política a la larga y sangrienta guerra de guerrillas en Colombia.

Después de un año de contactos secretos, en octubre de 2012 se iniciaron las conversaciones formales de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La dinámica general del conflicto también favorece un acuerdo político. Las FARC están debilitadas desde el punto de vista militar y esta generación de dirigentes tiene, quizá, su última oportunidad de justificar decenios de lucha con la firma de un acuerdo de paz que permita participar a los guerrilleros en en la construcción de esa paz. El Gobierno actúa desde una posición de fuerza, porque su ventaja militar, aunque no es decisiva, parece irreversible.

El éxito de las conversaciones no está garantizado. Las diferencias por cuestiones políticas en el orden del día son sustanciales, el escepticismo respecto a las FARC sigue estando extendido entre muchos colombianos y el respaldo a las negociaciones -pese a que la mayoría de los ciudadanos apoya el proceso- está disminuyendo. Pero las grandes fuerzas políticas mantienen su compromiso de sacarlas adelante y los que se oponen, hasta ahora, no han logrado gran cosa. Además, las fuerzas de seguridad conectan más con la dirección civil que antes y están presentes en la mesa de negociaciones, lo cual reduce el peligro de que haya fallos de coordinación entre las agendas política y militar como los que han desbaratado esfuerzos de paz anteriores.

Una década de intensa guerra contra los rebeldes ha debilitado enormemente la capacidad de combate de los guerrilleros y les ha obligado a refugiarse en escondites rurales cada vez más remotos, por lo que tienen menos influencia en los grandes centros urbanos. No obstante, el conflicto sigue cobrándose vidas a diario, es un lastre para el desarrollo socioeconómico e impide la consolidación de una democracia verdaderaente integradora y pluralista. El camino que queda por recorrer no va a ser corto ni fácil, pero Colombia no puede permitirse el lujo de desperdiciar esta oportunidad de lograr la paz.

Este podría ser el año en el que Filipinas tome medidas decisivas para el establecimiento de una paz duradera en el conflictivo del sur del país, después de que el Gobierno y el Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI), la organización rebelde más amplia y mejor armada del país, firmaran un histórico acuerdo de paz en octubre. El pacto llega tras 15 años de conversaciones y retrocesos intermitentes y es la mejor oportunidad de acabar con 40 años de insurgencia, que han causado alrededor de 120.000 muertes. El conflicto con el FMLI es la mayor -aunque no la única- fuente de violencia en la región. Los caudillos, los secuestradores y los extremistas violentos que albergan a terroristas de otros países de la zona también pueden causar el caos durante años.

El acuerdo de paz pretende resolver estos problemas mediante la creación de una región nueva y autónoma en la zona de Mindanao, de mayoría musulmana. Tendrá más autoridad, más territorio y más control de los recursos, y, si las cosas se desarrollan como está previsto, entrará en vigor cuando el presidente Benigno Aquino abandone su cargo en 2016.

El acuerdo de octubre dejó de lado varias cuestiones difíciles que aún están por resolver, como la legislación necesaria para establecer la región y decidir el futuro de los combatientes. El FMLI trendrá que convencer a sus seguidores para que acepten algunas cláusulas delicadas del acuerdo. El Gobierno de Aquino tendrá que convencer al Congreso de que aprueba la nueva ley y elimine las trabas constitucionales para poder traspasar el poder a la Administración de la nueva región autónoma. Los obstáculos son gigantescos, pero existen muchas esperanzas de que la paz en el sur de Filipinas esté, por fin, al alcance.

Myanmar

Las autoridades de Myanmar siguen cumpliendo sus compromisos de reforma y están sacando al país de su pasado autoritario. Se ha liberado a presos políticos, se han reducido listas negras, se han puesto en práctica leyes que aseguran la libertad de reunión y se ha abolido la censura en los medios de comunicación. El presidente Thein Sein ha creado un vínculo de colaboración con la oposición, sobre todo con la dirigente de la Liga Nacional para la Democracia, Aung San Suu Kyi, que este año resultó elegida para el Parlamento.

Ahora bien, el camino hacia la democracia está resultando difícil. La violencia generalizada entre comunidades en el estado de Rakhine, dirigida en particular contra la minoría musulmana rohingya, ha arrojado nubarrones sobre el proceso de reforma. Es frecuente que surgan tensiones así a medida que una mayor libertad permite que salgan a la superficie conflictos enterrados, pero el peligro constante de violencia entre comunidades en Rakhine es muy alarmante y necesitará una respuesta concertada e inequívoca del Gobierno y de Aung San Suu Kyi para dejar claro que este tipo de acciones no tiene sitio en el nuevo Myanmar. La incapacidad de firmar un alto el fuego en el estado de Kachin, en otro conflicto étnico enconado, también puede ser perjudicial para la nueva iniciativa de paz del presidente con grupos armados étnicos.

Occidente se ha apresurado a empezar a anular las sanciones contra Myanmar y terminar con su aislamiento diplomático. La visita del presidente Barack Obama, a principios de noviembre, mostró hasta qué punto Estados Unidos apoya las reformas. Pero el país no ha salido todavía de la zona de peligro: tanto el Gobierno como la oposición necesitan mostrar liderazgo moral para lograr una solución duradera a unos prolongados conflictos étnicos que amenazan el proceso de reforma y la estabilidad birmanas.