martes, 9 de junio de 2009

Nuestros derechos sobre las Malvinas

Por Hipólito Solari Yrigoyen para LA NACION

La República Argentina conmemorará mañana el Día de las Malvinas, porque en esa fecha de 1829 el gobierno de Buenos Aires, a cargo de Martín Rodríguez, creó la Comandancia Política y Militar de las Malvinas y designó a Luis Vernet al frente de ella. Este aniversario es una ocasión propicia para reafirmar nuestros justos títulos sobre este archipiélago y los otros dos del sector austral: Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como para ratificar la política del país respecto de estos territorios usurpados por el Reino Unido y avanzar en el reclamo diplomático.
La recuperación de estos territorios insulares sujetos a dominación colonial constituye un tema prioritario de nuestra política internacional. La reforma constitucional de 1994 sintetizó tal objetivo en la primera disposición transitoria de nuestra Carta Magna, que constituye la política de Estado de la República en la materia. Debemos llevarla adelante con dos condiciones: firmeza y paciencia. Dicha norma ratifica la legítima e imprescriptible soberanía sobre los tres archipiélagos australes y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional, y expresa que su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme con los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente del pueblo argentino.

La Argentina obtuvo en el gobierno de Arturo Illia, con Miguel Angel Zavala Ortiz como canciller, un gran triunfo diplomático, al aprobarse la Resolución 2065/XX de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se reconoció que existía una disputa de soberanía y se invitó a las partes a solucionarla a través de conversaciones, en las que se debería tener en cuenta los intereses de los habitantes y no sus deseos. El diálogo no fue exitoso, pero existió hasta que el Reino Unido lo interrumpió unilateralmente, como consecuencia de la guerra de 1982. Pese a que todos los años la Asamblea General insta a las partes a reanudar las conversaciones y que la Argentina manifiesta su disposición a hacerlo, la potencia colonial se ha negado en forma sistemática a cumplir con las resoluciones de la ONU.

Los malvinenses, por el aislamiento en que viven y la crisis de la pesca y la lana, sus principales recursos, están atravesando una muy grave situación económica. En beneficio de los isleños, la Argentina tiene que insistir en desarrollar la natural interdependencia de las islas con el resto del territorio nacional. En tal sentido, debe reiterar el ofrecimiento de establecer comunicaciones aéreas y marítimas entre el territorio insular y el continente argentino. Para ello, hará falta renegociar el último convenio de comunicaciones (año 1999), que se limita a admitir sólo una escala mensual en Río Gallegos del vuelo de LAN que une las islas con Punta Arenas y con otras ciudades de Chile.

Si las autoridades coloniales se siguieran oponiendo a autorizar otros vuelos, el Gobierno debería subvencionar el viaje de los malvinenses de Río Gallegos a Comodoro Rivadavia, Buenos Aires y otros puntos del país. El desarrollo de los vínculos comerciales, educativos y culturales con la Argentina continental redundará en un claro beneficio para los isleños, muchos de los cuales, además, con el acercamiento, podrían ir derribando las barreras artificiales que han levantado los intereses coloniales para separarlos de la Argentina.

La Resolución 1514/XV de las Naciones Unidas califica de incompatible con los propósitos y principios de la Carta del organismo mundial todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país. Eso es lo que ha ocurrido con la ilegal ocupación por la fuerza, en 1833, de esa parte de nuestro territorio y lo que justificará siempre el reclamo permanente de la República Argentina para recuperar su integridad territorial.

(*) El autor es presidente de la Convención Nacional de la UCR.

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