(Editorial del Diario La Nación) - La
política fuertemente intervencionista, las restricciones de todo tipo y
la inseguridad jurídica están provocando el cierre de muchas compañías
Como si se tratara de un organismo
vivo, los especialistas hablan de la "muerte" de empresas para referirse
a un fenómeno en crecimiento en la Argentina y, por ende, preocupante. Y
no se equivocan, por cuanto, independientemente de su origen -privadas,
estatales o mixtas, nacionales o extranjeras-, las empresas son el corazón de la ocupación productiva de la población.
Según datos oficiales recogidos y procesados por consultoras privadas, de las 402.815 empresas existentes al comienzo de la década de gobierno kirchnerista, hoy hay 602.989 como producto de los mejores balances empresariales que se registraron fundamentalmente entre aquel año y 2007. Desde entonces, y salvo por una pequeña recuperación en 2011, la cantidad de empresas que cierran ha venido superando a las que abren. El año pasado, por ejemplo, quebraron 56.108 firmas y surgieron 55.394 nuevas, es decir, hubo un saldo negativo de 714.
Esa declinación coincide con el fortísimo aumento de la presión impositiva, las regulaciones crecientes y hasta superpuestas que deben afrontar las firmas establecidas en el país, especialmente desde 2008. También se agregan las trabas que impuso el cepo al dólar, las insólitas exigencias para importar y una inflación real que es prácticamente tres veces la oficial.
Paralelamente, el crédito es escaso y casi nulo el fomento para que nuevos emprendedores vean en nuestro país una oportunidad de trabajo que les permita sostenerse en el mediano y largo plazo. Cabe recordar que la mayor "muerte" de empresas se da en los primeros años de comenzada una actividad.
En una reciente columna de opinión publicada por LA NACION, el economista Orlando Ferreres señalaba la pesada mochila de impuestos que deben cargar las compañías. Según este analista, a esos impuestos hay que sumar las crecientes reglamentaciones para maniatarlas, lo que las lleva a una asfixia de la que no todas se pueden recuperar. El cierre de empresas, está claro, implica la pérdida de fuentes de trabajo haciendo crecer la desocupación.
Falta hoy en nuestro país una campaña seria y constante para el asentamiento de nuevos proyectos y para mantener vivos, productivos e incentivados los ya existentes. Lamentablemente, los más jerarquizados responsables políticos del Gobierno vienen hilvanando discursos basados en la necesidad de reemplazar al sector privado por un creciente estatismo que tiene mucho más de épico que de resultados positivos. Confiscar Repsol o retomar el desmanejo de Aerolíneas Argentinas o de los trenes, por citar sólo unos pocos ejemplos, no han demostrado que una firma dé mejores resultados por hallarse en manos mayoritariamente estatales.
Esa concepción intervencionista y populista no sólo descuida, sino que desalienta la enorme cantidad de fuentes de producción que proveen las unidades organizativas privadas.
Las restricciones en el mercado cambiario y en el comercio exterior, al mismo tiempo, desalientan la llegada de nuevas inversiones del exterior, que podrían potenciar la creación de empresas. La razón es más que evidente: nadie está dispuesto a traer su dinero a un país que no le permitirá sacarlo.
Por otro lado, a esta realidad se agrega la salida del país de numerosas empresas. El caso más reciente fue el de la mexicana Elektra, dedicada a la venta de productos electrodomésticos y a préstamos al consumo. Mediante un duro comunicado hecho público la semana pasada, la firma, controlada por el mexicano Ricardo Salinas, anunció su "retiro y liquidación de operaciones en la Argentina", lo que incluye el cierre de todas las sucursales de su cadena Elektra y Puerto Azteca, la financiera especializada en el otorgamiento de créditos para los segmentos no bancarizados de la población. ¿La causa? "El entorno macroeconómico y de negocios, que resta viabilidad a la operación en este país", según reza el comunicado.
Con anterioridad, abandonaron la Argentina, y por causas similares, empresas como la minera brasileña Vale, que había anunciado una inversión de unos 6000 millones de dólares, y buena parte de las más prestigiosas firmas internacionales de indumentaria de moda, tales como Louis Vuitton, Calvin Klein, Yves Saint Laurent, Escada, Polo Ralph Laurent, Emporio Armani, Ermenegildo Zegna, Kenzo y muchas otras, espantadas por el continuo cambio de reglas de juego, la vulneración del derecho de propiedad y la falta de seguridad jurídica.
Son cuestiones estratégicas que el Gobierno ha marginado y que, como la confianza, será difícil volver a reconstruir. La tendencia negativa está a la vista. Las luces de alarma están encendidas. Falta quien las evalúe correctamente y demuestre tener la decisión política de corregir el rumbo para evitar un mal mayor..
La verdad es que si algo define a la actividad empresaria actual es CANSANCIO de tanta intervención, burocracia, discrecionalidad, falta de previsibilidad, improvisación del Gobierno.
ResponderEliminarDa muchas ganas de tirar la toalla, liquidar y vivir de renta.
Perseverar con estos tipos es un dolor de estómago permanente.
Alrededor mío veo despidos hormiga de mucha empresa que pliega sus velas y hasta 2015 va a hacer lo mínimo indispensable para sobrevivir.