Continúan frenadas por la Justicia 18 obras públicas en la ciudad

Por Daniel Gutman - Diario Clarín
Necesarias y polémicas al mismo tiempo, están detenidas por medidas cautelares tomadas por jueces que pertenecen al fuero Contencioso Administrativo, criticados por el Gobierno porteño. Los fallos surgieron de denuncias de los vecinos

La Ciudad de Buenos Aires enfrenta la paralización de una cantidad de obras públicas por órdenes judiciales, en un fenómeno que era impensable hace no muchos años y que mezcla niveles de participación ciudadana con aprovechamiento político de expedientes judiciales.

Los disparadores de las resoluciones judiciales son generalmente acciones de amparo presentadas por vecinos. Tienen éxito, según dicen los damnificados, porque el Gobierno de la Ciudad falla en sus mecanismos de consulta , antes de emprender obras. Entre los 15 pasos bajo nivel en calles de distintos barrios, el estacionamiento subterráneo en Parque Las Heras, el CGPC de la plaza de Boedo y el edificio del Banco Ciudad en Parque Patricios suman 18 obras públicas detenidas. Todas por medidas cautelares que pueden ser levantadas, ya que sólo las frenan y no las paran definitivamente.

El estacionamiento del Parque Las Heras es uno de los ejemplos. Organizaciones vecinales iniciaron una movilización para impedir que se les afectara el espacio verde, cuando más de la mitad de la plaza se había convertido en un obrador. Según los vecinos, no se les dio participación previa. Finalmente consiguieron una medida cautelar que paralizó la obra, con el argumento de que no se tuvo en cuenta el efecto sobre el patrimonio arqueológico que existe en el lugar, en el que funcionó una cárcel de larga historia.

“Sin duda que los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires han tomado más conciencia de su derecho a que no les afecten el barrio. Por otro lado, muchas veces los funcionarios tienen un gran desprecio por los procedimientos legales, que no tendrían si trabajaran para empresas privadas y por eso llegan las medidas judiciales que paran obras que son necesarias, pero que no pueden hacerse de cualquier manera ”, dijo uno de los jueces del fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad.

En este contexto, la administración de Mauricio Macri tiene una relación por momentos tirante con los jueces porteños, de la misma manera que la tuvo en su momento la de Aníbal Ibarra. Los dos gobiernos han acusado más de una vez a los jueces de manejar los expedientes con intereses políticos por sobre los criterios judiciales. 
Quince pasos bajo nivel planeados para agilizar el tránsito y mejorar la seguridad en los cruces ferroviarios también están detenidos por órdenes judiciales. En estos casos son reclamos de vecinos de barrios que sienten amenazada la tranquilidad de su medio ambiente, porque muchos de los “sapitos” se diseñaron sobre calles en las que ni siquiera hay barreras.

El artículo 30 de la Constitución de la Ciudad establece “la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública”. Esas audiencias públicas, en algunos casos, se hicieron una vez que las obras ya estaban iniciadas y los vecinos sostienen que sus críticas no fueron tenidas en cuenta.

Otro caso da en Boedo. El Gobierno de la Ciudad ya inauguró parcialmente un espacio verde muy reclamado por los vecinos, en Sánchez de Loria y Carlos Calvo. Sin embargo, recientemente llamó a una licitación para construir en el predio la sede de un CGPC. La Justicia atendió el reclamo de los vecinos y paró la obra, con el argumento de que la ley destina el terreno íntegramente a una plaza.

La construcción del nuevo edificio del Banco Ciudad, en Parque Patricios, también se judicializó, a partir de la diputada de la Coalición Cívica Rocío Sánchez Andía, quien logró una medida judicial para frenar. Pero pudo seguir adelante porque había peligro de derrumbe si se interrumpía.