El Ministerio de Economía calculó que las reducciones y exenciones tributarias alcanzarán en 2011 a $34.016 millones, que equivale al 2,1% del PBI y al 6,9% de la recaudación impositiva.
Los jueces son lo de menos. Las prebendas al Poder Judicial no son las peores. La exención impositiva de que gozan los jueces y magistrados un tema que en los últimos días sacaron a luz sectores del Gobierno es una gota de agua en el mar de los privilegios tributarios totales que otorga el Estado a determinadas actividades y grupos económicos.
El Ministerio de Economía calculó que las reducciones y exenciones tributarias alcanzarán en 2011 a $34.016 millones, que equivale al 2,1% del PBI y al 6,9% de la recaudación de impuestos nacionales y contribuciones a la seguridad social. La exención de Ganancias a jueces insumiría este año $270 millones, el 0,8% del total.
En tanto, un millón y medio de trabajadores en relación de dependencia y unos 50.000 jubilados están alcanzados por Ganancias, mientras siguen eximidos, por ejemplo, los intereses sobre los títulos públicos, depósitos en entidades financieras y de obligaciones negociables. A esta regresividad impositiva se suman los niveles de los impuestos al consumo por caso, el 21% del IVA-- que proporcionalmente más afectan a las franjas de menores ingresos.
Los $34.016 millones no incluyen las ganancias provenientes de la compra-venta de acciones y demás títulos valores que están exentas de Ganancias pero que resulta, según Economía, difícil de calcular o estimar. Tampoco se consideran el diferimiento del pago de impuestos, la amortización acelerada en Ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales en el IVA. El argumento oficial es que "la pérdida de recaudación a que dan lugar en los años en que estos beneficios se usufructúan es compensada con mayores pagos de impuestos en años posteriores".
En el IVA no se consideran los seguros de retiro y de vida y los contratos con aseguradoras de riesgos del trabajo. Y en las contribuciones patronales, no hay cálculos sobre ciertas reducciones de alícuotas.
En función de las mencionadas limitaciones, Economía admite que las cifras "deben ser consideradas como estimaciones de aceptable confiabilidad del orden de magnitud de la pérdida de recaudación producida por el otorgamiento de los beneficios tributarios. Se adoptó como criterio general que las estimaciones estuvieran dirigidas a obtener valores de mínimo Gasto Tributario, a los efectos de no sobrestimar la ganancia de recaudación que se obtendría de la eventual eliminación o reducción del tratamiento especial". Así estas excepciones se incluyeran en el cálculo, el monto total de lo que en el Presupuesto se denominan "Gastos Tributarios" podría ser tres o cuatro veces superior.
En las Contribuciones a la Seguridad Social, el Gasto Tributario insume $2.374 millones que corresponden a la reducción de las contribuciones patronales por zona geográfica, beneficio que al tener la forma de un crédito fiscal en el IVA, afecta además la recaudación de este impuesto. En este rubro no hay cifras sobre el costo fiscal de las reducciones durante dos años del 50 y 25% a las contribuciones del personal nuevo.
El IVA carga con casi la mitad de los Gastos Tributarios, con un monto de $16.334 millones. "El 77% se origina en las exenciones y alícuotas reducidas establecidas en la ley del tributo y el resto $ 3.680 millones-- es consecuencia de los beneficios otorgados por diversos regímenes de promoción económica", según Economía. De los $34.016 millones, casi $ 8.500 millones corresponden a regímenes de promoción económica. Por ejemplo, el régimen de Tierra del Fuego tiene un costo fiscal de $3.523 millones y del uso de biocombustibles, de $1.677 millones.
La promoción de la actividad minera figura con 506 millones de pesos.
Normalmente defiendo la reducción de impuestos, pero sería deseable que estuviesen exentos los más desfavorecidos, y no los más privilegiados.
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