Por qué está enojada la Corte Suprema

Por Joaquín Morales Solá - Diario La Nación

La inverosímil agencia estatal de noticias Télam calificó como meros "rituales de la democracia" el trabajo de los políticos en el Congreso. En otra obra memorable por el culto a la personalidad, ponderó que Néstor Kirchner detestaba aquellos supuestos rituales y se engolosinaba, en cambio, con el contacto directo con la gente. Sería injusto, sin embargo, negarle a esa apología el mérito de la sinceridad.

El problema de la Argentina de ahora es, en efecto, que sus gobernantes parecen no sentirse cómodos con las instituciones democráticas que los llevaron al poder. El mal no aqueja a todos los funcionarios, pero sí a un grupo de creciente influencia en la Presidenta y a gran parte de la generación de jóvenes kirchneristas que accedieron al Gobierno recientemente.

La retórica turbulenta de esos funcionarios no es el verdadero problema. La sustancia del conflicto consiste en que tales discursos tienen un correlato directo con lo que el Gobierno hace y ordena. La República no está en la cabeza de los kirchneristas que gobiernan , abrevió un viejo dirigente peronista. Ese peronista y muchos otros políticos e intelectuales, peronistas y no peronistas, son acusados en el acto por el kirchnerismo de cultivar a destiempo un "republicanismo" que ya pasó de moda.

Las consecuencias son prácticas y comprobables. Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, es un hombre sereno, que no perdió la calma ni cuando Cristina Kirchner le dijo que ese tribunal estaba urdiendo un golpe de Estado contra ella. Fue en medio de la crisis por la cesantía de Martín Redrado como presidente del Banco Central. Lorenzetti inauguró en los últimos días el año judicial con un discurso lleno de reproches implícitos a los gobernantes, de exhortaciones a los jueces y de súplicas por una política más tolerante y conciliadora. Un día antes se había conocido que el jefe de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, les había iniciado juicio a varios organismos del Estado por retacearle información, ignorarlo y vaciarlo de contenido. La Auditoría es un organismo constitucional, encargado del control externo de las decisiones (sobre todo de los gastos) de la administración.

¿Qué son, entonces, el Poder Judicial y la Auditoría si el Congreso es un despreciable "ritual de la democracia"? Resulta interesante desbrozar el discurso de Lorenzetti para establecer dónde están las desventuras de los jueces decentes, que también los hay. Lorenzetti no es sólo Lorenzetti cuando habla. Por lo general, sus expresiones son una síntesis de lo que él mismo escucha de sus colegas en el tribunal. El presidente de la Corte aprendió desde el primer día que está al frente de un cuerpo colegiado y que él es sólo su exponente más destacado.

El titular de uno de los tres poderes de la República se refirió críticamente, así, a los jueces que obedecen las órdenes o sugerencias de los funcionarios políticos. ¿Se refirió a Oyarbide? Sí, pero no sólo a Oyarbide , dijo un alto exponente del personal de la Corte, que oyó conversaciones de los jueces supremos del país. La alusión de Lorenzetti abarcó también a otros jueces federales, sobre todo del interior del país, que hacen "seguidismo" del gobierno nacional. Se cometen muchas arbitrariedades en el interior , precisó uno de los jueces de la Corte. Oyarbide está en Buenos Aires dentro de una suntuosa vidriera; muchos otros están lejos y nadie los ve.

Con todo, una de las perspectivas que más atormentan a los jueces supremos es el decurso del año electoral sin claras reglas de juego. La nueva ley electoral de inspiración kirchnerista nunca fue reglamentada por el Gobierno; su interpretación deberá correr, consecuentemente, por cuenta y riesgo de los jueces electorales. ¿Por qué depositaron semejante responsabilidad en los jueces si la política no pudo encontrar una fórmula común para la más básica de las tareas democráticas, como es la elección presidencial? La responsabilidad de reglamentar la ley es del Poder Ejecutivo, pero éste parece huirle al predecible escándalo. No seremos la Corte que en los Estados Unidos terminó eligiendo un presidente entre Bush y Al Gore , adelantó, sentencioso, un miembro de la Corte argentina.

Otro problema es que el Gobierno no cumple con las sentencias de la Corte. Equipos de ingenieros deben revisar cada poco tiempo el estado de los juzgados que reciben los reclamos de los jubilados. Son millones de causas que se desploman sobre edificios viejos, con escaso mantenimiento y poco personal mal pagado. La Justicia que atiende esas cuestiones está absolutamente desbordada. La Corte ya dictó varias sentencias dándoles la razón a los viejos argentinos, pero el Gobierno no ha hecho nada para llevar esa jurisprudencia a la ley. ¿No puede? La Anses, donde están los fondos para pagarles a los jubilados, se ha convertido en una de las principales cajas del despilfarro político y electoral del Gobierno.

Hay algo peor en todo eso: ya la política toma como normal que la dinastía gobernante use los dineros del Estado como propiedad privada. Los jueces no hablan mal sólo de los que gobiernan; también la crítica cubre a la oposición por su ineficacia o su indiferencia.

Es el caso del Consejo de la Magistratura, que para muchos de los más destacados jueces se transformó no en una institución de la Constitución, como lo es, sino en un organismo político. El kirchnerismo usa ahí la experiencia de los expertos, no importa su historia. En representación del Estado fue designado, por ejemplo, Hernán Ordiales, un antiguo operador de Vicente Leónidas Saadi en cuestiones judiciales en los años 80, que siguió luego con el menemismo en los 90 y que recaló ahora como hombre de confianza de Carlos Kunkel. Ordiales está tomando el control del Consejo. La obstrucción de ese organismo es crucial, porque el kirchnerismo ya colonizó fueros íntegros de la Justicia, como el Contencioso Administrativo. Jueces probos de ese fuero optaron por jubilarse antes de tiempo para evitar ciertas compañías.

El Estado de Cristina Kirchner es el principal generador de juicios (el 50 por ciento del total), ya sea porque los inicia el Estado (la AFIP ejecuta venganzas políticas también) o porque es demandado, como en el caso de la Anses. Despouy le acaba de agregar un nuevo condimento a esa ensalada; en su caso, es el Estado el que demanda al propio Estado, según la autorización que el jefe de la Auditoría recibió del Congreso, de quien depende. En medio del criminal escándalo por el uso de los recursos de las obras sociales sindicales, la Auditoría denunció, entre varios organismos más, a la APE, la agencia que distribuye esos dineros a los gremios, porque no quiere rendirle cuentas. Los sindicalistas tienen cómplices en el poder político, más allá de las sobreactuaciones de Oyarbide, que sólo tapa con su teatral arbitrariedad lo que es esencialmente cierto.

Una Justicia obstruida termina construyendo un país injusto. Son temas cardinales que la política parece desplazar entre cavilaciones sobre prematuras encuestas que pocas veces son veraces. Un encuestador muy cercano al Gobierno acaba de terminar una encuesta verdadera, según él. Cristina Kirchner está igual en intención de votos, poco más del 30 por ciento, desde hace un año. Ni siquiera se registró un aumento notable tras la muerte de Néstor Kirchner. La imagen del Gobierno no está mal, aunque más de la mitad de la sociedad lo desaprueba.
La Presidenta no admite en sus cercanías voces disonantes. Remontará sola su candidatura (confirmada por ella misma en Miramar), acompañada por fieles con buenas ondas. Su peor conflicto sucedería si se le mezclaran en el camino los reclamos sociales básicos y una creciente nostalgia de los muchos sectores por una democracia que, en las formas y en el fondo, parece irse.