El otro motor del crecimiento

Por Marcelo M. Giugale (*)

América Latina ha progresado mucho en liberar la energía de las mujeres como agentes del desarrollo: hoy hay mucho por celebrar. En educación, empleo, crédito, propiedad y justicia, las latinoamericanas han logrado más acceso que sus pares del resto del mundo en desarrollo. Sin embargo, las inequidades de género aún le cuestan a la región miles de millones de dólares en productividad perdida. Si esas inequidades no existieran, nuestra tasa de crecimiento anual sería por lo menos dos puntos porcentuales más alta.

¿Dónde debe enfocarse la política pública de ahora en adelante?

Primero, en las habilidades transferibles. Nuestras mujeres ya participan en el mercado laboral, pero lo hacen en forma segmentada, sobrerrepresentadas en ciertas profesiones (educación) y ausentes en otras (biotecnología). Sólo en Medio Oriente se observa una peor segregación ocupacional por género. Nuestros sistemas de formación profesional están todavía centrados en transferir conocimientos específicos, más que en desarrollar capacidades de pensamiento crítico y razonamiento matemático.

Segundo, en la atención preescolar. La mayoría de nuestros sistemas de educación pública comienzan con la escuela primaria. Esto causa enormes diferencias de desempeño profesional entre las mujeres que tienen empleo e hijos menores de cinco años y las que no los tienen.

Tercero, en desarrollar las microempresas. América latina ha tenido éxito en crear oportunidades de empleo independiente. Con poca inversión inicial y un mínimo de tecnología, miles de microempresarias entraron a nuestras economías. Pocas, sin embargo, dejaron de ser "micro".

Cuarto, en la formalización. Las empresarias latinoamericanas no son más informales que los empresarios latinoamericanos. El problema está en el mercado laboral. Más de la mitad de nuestras trabajadoras operan fuera del marco legal. Para ellas, a los factores que causan informalidad en general (como impuestos al salario) se suman leyes y prácticas laborales anticuadas, que no reconocen formas modernas de empleo, como el trabajo compartido, con horarios flexibles o a distancia.

Quinto, en el financiamiento. Las mujeres suelen tener su patrimonio en activos movibles, lo que los hace más difíciles de dar como garantía de préstamos. También son más adversas a hipotecar su propiedad inmobiliaria. El resultado es menos crédito para la empresaria promedio.

Sexto, en certificar equidad de género. Las empresas latinoamericanas van mostrando creciente interés en certificarse como organizaciones que valoran las diferencias de género. ¿Razón? Las que lo hicieron han logrado incrementos significativos en productividad. Es de esperar que el Estado publicite los beneficios de certificaciones de este tipo.

Séptimo, en el acceso a la información. La información que todavía no llega a las mujeres tiene que ver con tecnologías industriales, técnicas de gerenciamiento, derechos de propiedad y avances científicos. Esto atenta contra su capacidad para innovar y para ganar nuevos mercados.
Octavo, en la seguridad social. La acumulación de derechos jubilatorios es peligrosamente baja entre las mujeres latinoamericanas.

Noveno, en hacer cumplir la ley. Todos los países latinoamericanos han ratificado las convenciones internacionales sobre derechos de la mujer. El obstáculo está en la aplicación práctica de las leyes. Esto es tan cierto con respecto a la violencia familiar como a contratos comerciales de pequeño monto.

Finalmente, en el cambio de nuestros currículos educativos. La enseñanza de modelos de comportamiento, técnicas de resolución de conflictos y renuncia a estereotipos apenas comienza en la región. Muchos de los cambios que exige esta nueva agenda de género para América latina tomarán años y, en algunos casos, generaciones. Pero deben comenzar ya mismo. No sólo están en juego los derechos de nuestras mujeres, sino el potencial económico de todos.

(*)El autor es director de dos programas del Banco Mundial para América latina.
Fuente : © LA NACION