Cuidar la defensa

Editorial del diario La Nación.

El Gobierno debe considerar y atender sin más demoras la delicada situación que atraviesan nuestras Fuerzas Armadas desde hace décadas

La falta de decisiones en un ministerio como el de Defensa evidencia y sintetiza, más que en otras áreas del Poder Ejecutivo, el nivel de improvisación que, junto con el complejo cruce de posiciones políticas e ideológicas, dan como resultado una indeseada parálisis. Se suma también que los ya vetustos prejuicios antimilitares tiñen y demoran cualquier avance.

Es sabido que el ministro Agustín Rossi, por segunda vez en ese cargo, no lo deseaba, pues anhelaba ser jefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados. Sin embargo, le aplicaron el "promovere per removere" para dejarle el protagonismo en el Congreso a Máximo Kirchner.

Hace ya más de un mes que Rossi elevó al Presidente varias alternativas -más de una por cargo para la jefatura del Estado Mayor Conjunto, del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. En sus reuniones con integrantes de los mandos, que fueron numerosas, el ministro afirmó que los nuevos jefes asumirían antes del 31 de diciembre pasado en una ceremonia conjunta sin precedente, a la que asistiría el Presidente y comandante en jefe.

Lamentablemente, esto no pudo ser, pues desde la propia vicepresidenta Cristina Kirchner, pasando por los activos líderes de muchas organizaciones defensoras de los derechos humanos, han resuelto sumar su opinión sobre la cuestión.

Político veterano, Rossi ha intentado -dicho en términos militares compensar la escasez de potencia con movilidad. Lo hemos visto así prodigándose en ceremonias y entrevistas, incluso planteando la hipotética compra de un nuevo submarino cuyo costo de adquisición debe sumarse al de adiestramiento de las tripulaciones, mantenimiento y accesorios, todo por un valor que rondaría los 300 millones de dólares. Poco oportuno para estos tiempos de ajustes.

Nadie discute la trascendencia de que planificadores navales ahonden en las carencias y dificultades de la Argentina para ejercer la soberanía en nuestros mares, que lejos estarían de resolverse con una compra aislada de semejante calibre.

Tendría otro cariz el intento de asociarnos al ambicioso programa de submarinos que desarrolla Brasil, en el contexto de un Plan Estratégico de capacidades para sus Fuerzas Armadas, muy interesante para nuestras magnitudes, que estableció Lula da Silva y que siguen desarrollando los gobiernos que lo sucedieron.

Pero esto implicaría negociar con Bolsonaro y sus militares, lo que parece poco probable a la luz de la reactividad de importantes sectores del oficialismo, que ven también dramáticas amenazas en la figura de Donald Trump y que, a partir de lo ocurrido en Bolivia, denuncian avances militares fantasmagóricos -según el diccionario, "fantasmagoría es el arte de representar figuras por medio de una ilusión óptica" sobre los gobiernos de la región.

Para prevenir cualquier atisbo de tan hipotética amenaza, el Gobierno prepara más de un decreto para "recuperar el control democrático sobre las Fuerzas Armadas" y volver a las proclamas de Raúl Alfonsín, convertido para los peronistas de turno en paradigma de la democracia, olvidando con una conveniente amnesia cuánto lo combatieron.

En rigor, las leyes de defensa y de seguridad interior están vigentes, aunque hayan cumplido ya tres décadas, en las que el mundo y el país cambiaron. El gobierno de Cambiemos no violó la vieja e inadecuada separación entre defensa y lo que se denomina seguridad interior. Si alguien estuvo más cerca de violar la letra de aquellas leyes fueron Cristina Kirchner y Nilda Garré, con la colaboración militante del general César Milani, en el ineficiente operativo Escudo Norte y en otras tareas de inteligencia interior no publicitadas por los mandos del inexistente Ejército nacional y popular.

Sería un grave error institucional que los decretos que prepara el Gobierno -independientemente de sus proclamados objetivos y de su lenguaje seguramente efectista tuvieran como principal correlato una nueva purga de mandos superiores de las Fuerzas Armadas, con el consiguiente debilitamiento orgánico y la pérdida de experiencia profesional que implica.

Actualmente, los oficiales, suboficiales y voluntarios de las Fuerzas Armadas suman alrededor de 90.000. Solo para dar idea de magnitud, puede precisarse que la policía de Buenos Aires tiene más de 93.000 efectivos y que existen otras 23 policías provinciales. Su magro presupuesto actual no alcanza siquiera para dar de comer a los efectivos, que cobran los sueldos más bajos de las instituciones uniformadas federales. El ministro Rossi dio a conocer anteayer un incremento salarial para las Fuerzas Armadas, ostensiblemente por debajo de la inflación, equiparándolo al resto de los trabajadores del Estado, que cobrarán un 5% este mes y otro 5% en febrero. Sin embargo, esa suba no termina de resolver la notable retracción que padecen los haberes del sector. Solo por dar dos ejemplos, para la escala de teniente general, almirante y brigadier general, el haber será de $90.317, mientras que para subteniente, guardiamarina, y alférez, será de $26.481.

Por otra parte, el promedio de antigüedad del equipamiento militar supera los 35 años.

El Estado argentino ha perdido el control efectivo sobre los espacios soberanos: desde las fronteras, pasando por el espacio aéreo y los mares depredados, a ciudades gravemente castigadas por el narcotráfico, como Rosario. En los últimos años, y en más de una ocasión, políticos argentinos han sido advertidos, con los mejores modales, por políticos democráticos de países vecinos, respecto de que la Argentina está introduciendo un desequilibrio por defecto en la región.

En esta área como en ninguna otra, no habrá soluciones mágicas, pero debería ser la hora de la prudencia.