Busca evitar que se profundicen las investigaciones sobre la Aduana y la Policía Aeroportuaria
La preocupación en Balcarce 50 cambió a medida que se fueron conociendo los detalles de los últimos movimientos de Gustavo y Eduardo Juliá, antes de su partida a España, el 1° de enero. Primero, desde el Ejecutivo impulsaron la versión de que la droga fue cargada en Isla de Sal (Cabo Verde) pero fue el propio jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien sostuvo que no había que descartar ninguna hipótesis, pero después, el ministro del Interior, Florencio Randazzo volvió a señalar que el cargamento se subió en Cabo Verde.
Según confirmó Clarín mediante fuentes de la Casa Rosada, la estrategia oficial apuntará a la “viejos brigadieres” de la Fuerza Aérea. Es decir, responsabilizar a la vieja estructura del edificio Cóndor de las irregularidades en el vuelo de los Juliá. De esa manera, el Gobierno Nacional quiere evitar que se profundicen las investigaciones en la responsabilidad de la Aduana y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El primer paso fue pasar a disponibilidad al brigadier Guillermo Juliá, hermano de los detenidos en España, que cumplía tareas en la Jefatura 5 del Estado Mayor Conjunto “para que la Justicia lo pueda investigar”.
Aunque el Gobierno quiere que el problema “se traslade”, el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, respaldó a la Fuerza Aérea. En un acto en la base aérea de El Palomar, el ministro defendió a la fuerza: “No se puede desprestigiar vilmente a las instituciones”, sostuvo Puricelli. “No nos podemos hacer cargo de la vida y obra de las personas en cualquier etapa de la historia de hace 15, 20, 30 años y que nos las enrostren a nuestras Fuerzas Armadas”, agregó el ministro. Según explicaron fuentes oficiales, desde Presidencia se le ordenó al brigadier general de la Fuerza Aérea, Normando Costantino que inicie una “profunda investigación interna”. Además, trascendió que Puricelli realizó un informe previo dónde asegura que la responsabilidad sobre el Challenger en Morón corrió por cuenta de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
El caso de la Aduana y la PSA sería el que más preocupa al Gobierno. Si se comprueba que la droga salió de la Argentina, eso significaría que fallaron los controles en Ezeiza, donde los Juliá hicieron migraciones y los trámites aduaneros.
En el medio de los cortocircuitos entre la ANAC y la Fuerza Aérea, el jueves se dio a conocer que mediante el expediente 12.584/10, el Ministerio de Defensa ordenó que el control de la Base Aérea de Morón dependa de la estructura militar. A través de fuentes oficiales, Clarín accedió a una nota que el 24 de noviembre de 2010 el comodoro Jorge Ayerdi, jefe de la base aérea de Morón, le envió a Ricardo Palazón, jefe de la ANAC en el Aeródromo. En ese texto, Ayerdi lo notifica de las nuevas disposiciones “de cumplimiento obligatorio” en el control y seguridad de la base.
Si los españoles sabian que iria un avion con drogas, por que no le informaron al gobierno argentino. ¿Acaso desconfiaban que se produjera alguna infidencia?
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