Por José Maria Costa - La Nación
Cada piloto cobra por vuelo ilegal US$ 5000; el dueño de un campo como el del concejal Palma, US$ 25.000
Foto Archivo / Rodrigo Nespolo
La organización para el contrabando de cocaína, marihuana y cigarrillos por la permeable frontera formoseña parece estar bien aceitada, según reconstruyeron a La Nacion pobladores, autoridades políticas y de fuerzas nacionales. Cinco mil dólares por vuelo es la ganancia de un piloto y hasta 25.000 dólares por aterrizaje es lo que obtiene el dueño de un campo, como el del concejal justicialista Héctor Hugo Palma, donde la Gendarmería encontró una pista de aterrizaje clandestina el 18 de diciembre pasado.
"Los lugares elegidos en cada provincia no son azarosos. Hay toda una logística previa", dijeron a La Nacion desde la Gendarmería Nacional, y agregaron: "Llegan a los pueblos y salen a preguntar a la gente de allí si ven pasar gendarmes o no. Si la respuesta es que no se ve, allí comienzan a buscar gente interesada en participar del negocio".
Dueños de campos pequeños, medianos y grandes, aunque prefieren el anonimato por miedo a represalias, reconocieron ante La Nacion que, al menos una vez recibieron una propuesta, ya sea para construir una pista en sus tierras o para permitir el paso de los cargamentos o proveer de un lugar de depósito de las drogas que llegaban, primero de Paraguay y, en el último año, desde Bolivia.
"Los vecinos y las comunidades aborígenes prefieren el silencio, por miedo a que les pase algo", reconoció un alto funcionario militar que trabaja hace más de una década en diferentes zonas de la frontera norte argentina. "En esta zona de Formosa tenemos el problema de que no contamos con aeronaves propias, ni radares, entonces el trabajo que se hace para detectar las pistas es infiltrándonos de civil en las comunidades porque, si ellos ven un uniforme verde, automáticamente se callan."
La Nación intentó en varias oportunidades obtener la palabra del gobernador formoseño, el kirchnerista Gildo Insfrán, pero desde la Gobernación se informó que el jefe de Estado provincial sólo estaría disponible esta semana.
Transportar un cargamento de cocaína de 701 kilogramos, como el incautado en el campo del concejal Palma, valuado en 20 millones de pesos, tiene un costo máximo de 60.000 dólares. Para llegar a esa cantidad de kilos se necesitaron, según las investigaciones preliminares de la causa, al menos dos vuelos ya que las aeronaves utilizadas para los vuelos ilegales son pequeñas y sólo soportan un máximo de 500 a 600 kilos en su interior (incluido el peso del piloto y el combustible).
El detalle de gastos para un cargamento, según reconstruyeron a La Nacion vecinos y funcionarios de la zona, es: hasta 25.000 dólares por cada aeronave aterrizada en un campo; 5000 dólares para el piloto por cada vuelo realizado. Una vez que la droga llega, el traslado para su distribución continúa por tierra, según coinciden los relatos, ya sea con vehículos todoterreno, en caballos, mulas y hasta en motocicletas.
Los horarios de la operatoria también están calculados. Según relataron vecinos, es durante la siesta (obligada por los más de 40 grados de agobiante calor que hay en la zona) cuando el tráfico aéreo sobre Estanislao del Campo y Pozo del Tigre cobra vida. Luego, la llegada al resto del país es por vía terrestre hasta su destino final.
El 19 de noviembre pasado sorprendió la noticia de que una avioneta se había estrellado e incendiado en la zona de Pozo del Tigre, a 30 kilómetros de Estanislao del Campo y 260 de la capital provincial. La aeronave, un Beechcraft de 4 plazas, era de origen paraguayo y en su interior transportaba 150 kilos de marihuana. El lugar exacto del accidente fue el paraje Pozo Verde, situado a 12 kilómetros de Pozo del Tigre, donde la policía local encontró el artefacto completamente incendiado y al piloto, de origen paraguayo, calcinado. Lo que permaneció intacto fue parte del cargamento, que ascendía a 150 kilos de marihuana.
"No es la primera vez que pasa; cada tanto alguna avioneta se cae en esta zona", es la respuesta sin la menor de las sorpresas de los lugareños, que, día tras día, ven surcar el cielo aeronaves paraguayas y bolivianas.
Comentario:
Ahora comprendo: La ausencia de ley de derribo de aeronaves intrusas (Brasil, ya sancionó esa ley), ausencia histórica de radares en la región y el desmantelamiento de la aviación militar. A lo que se asocia la presencia de aproximadamente un gendarme cada 60 kilómetros de frontera, dadas las multiples tareas encomendadas por el PEN. Espero que la sanción penal del señor concejal formoseño sea ejemplificadora por el mal ejemplo ciudadano que le da a la sociedad y la pervesidad de sus actos. Además, seria interesante el accionar de la Inteligencia fiscal para determinar el circuito del usufructo de los actos delictivos y los implicados en esa cadena, por acción u omisión.
Jorge Elías
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios mal redactados y/o con empleo de palabras que denoten insultos y que no tienen relación con el tema no serán publicados.