Casi dos multas por minuto fue el promedio de infracciones que registró ayer uno de los móviles encargado de labrar las fotomultas en la Capital. El dato fue revelado ayer a LA NACION en uno de los ocho puestos móviles de las empresas 
Siemes-Itron, que opera al sur de la avenida Rivadavia y Meller, que opera en la zona Norte, en la intersección de la avenida Lugones, a la altura del club River Plate.
Anteayer, el ministro de Justicia, Guillermo Montenegro firmó la resolución que permitió a las dos empresas volver a operar en el distrito después de seis meses de haber estado inhabilitadas.
El nuevo contrato, que se extenderá hasta que se llame a una nueva licitación en un año aproximadamente, establece que deben perseguir las infracciones por exceso de velocidad y por cruzar con la luz roja. Sólo el 50 por ciento de las multas podrá ser por mal estacionamiento.
Las empresas pueden labrar hasta 150.000 infracciones por mes cada una, esto es un promedio diario de 10.000 actas. Pero tienen otro límite: no podrá demorar más de 30 días el envío de la falta a la Dirección de Tránsito. De lo contrario, la empresa no cobrará los 11,65 pesos que percibe por cada infracción fotográfica. Este nuevo contrato da a las empresas un ingreso de unos tres millones de pesos mensuales.
Otra novedad es que se controlarán las faltas graves en el horario nocturno,
después de que las empresas adecuaran sus equipos con lectores infrarrojos. Las empresas deberán agregar además, un puesto fijo por mes; mientras que tendrán 12 cámaras que rotarán para que los conductores no sepan qué puesto puede sacar una fotografía y cuál no. En 60 días, en la zona Norte, se sumarán cinco equipos en las luces de los semáforos que controlarán el paso de los automóviles.
En la oposición siguen las críticas por la reanudación del sistema. La legisladora kirchnerista Gabriela Cerruti sumará a un pedido de informes legislativo, una denuncia judicial porque, "al margen de que la licitación estaba vencida, la prórroga fue suspendida primero por Diego Gorgal [ex ministro de Gobierno] y después por Montenegro".
Según la legisladora, no se puede hacer una prórroga de un contrato que no existe. "En 2007, se les pidió a las empresas que devolvieran los equipos a la ciudad y nunca cumplieron. Están fuera de la ley. A eso se agrega que hay una contratación directa de un servicio que aumentó un 80 por ciento sin ninguna explicación oficial", denunció Cerruti.
Fuente: Diario La Nación.
Siemes-Itron, que opera al sur de la avenida Rivadavia y Meller, que opera en la zona Norte, en la intersección de la avenida Lugones, a la altura del club River Plate.Anteayer, el ministro de Justicia, Guillermo Montenegro firmó la resolución que permitió a las dos empresas volver a operar en el distrito después de seis meses de haber estado inhabilitadas.
El nuevo contrato, que se extenderá hasta que se llame a una nueva licitación en un año aproximadamente, establece que deben perseguir las infracciones por exceso de velocidad y por cruzar con la luz roja. Sólo el 50 por ciento de las multas podrá ser por mal estacionamiento.
Las empresas pueden labrar hasta 150.000 infracciones por mes cada una, esto es un promedio diario de 10.000 actas. Pero tienen otro límite: no podrá demorar más de 30 días el envío de la falta a la Dirección de Tránsito. De lo contrario, la empresa no cobrará los 11,65 pesos que percibe por cada infracción fotográfica. Este nuevo contrato da a las empresas un ingreso de unos tres millones de pesos mensuales.
Otra novedad es que se controlarán las faltas graves en el horario nocturno,
después de que las empresas adecuaran sus equipos con lectores infrarrojos. Las empresas deberán agregar además, un puesto fijo por mes; mientras que tendrán 12 cámaras que rotarán para que los conductores no sepan qué puesto puede sacar una fotografía y cuál no. En 60 días, en la zona Norte, se sumarán cinco equipos en las luces de los semáforos que controlarán el paso de los automóviles.En la oposición siguen las críticas por la reanudación del sistema. La legisladora kirchnerista Gabriela Cerruti sumará a un pedido de informes legislativo, una denuncia judicial porque, "al margen de que la licitación estaba vencida, la prórroga fue suspendida primero por Diego Gorgal [ex ministro de Gobierno] y después por Montenegro".
Según la legisladora, no se puede hacer una prórroga de un contrato que no existe. "En 2007, se les pidió a las empresas que devolvieran los equipos a la ciudad y nunca cumplieron. Están fuera de la ley. A eso se agrega que hay una contratación directa de un servicio que aumentó un 80 por ciento sin ninguna explicación oficial", denunció Cerruti.
Fuente: Diario La Nación.
