La denuncia por la que se abrió la causa judicial fue realizada por el Ministerio de Defensa. También la Oficina Anticorrupción realizó otra en el mismo sentido. La segunda denuncia está en el juzgado de Daniel Rafecas y, según fuentes judiciales, se acumulará con la de Lijo. El testimonio de un testigo ante la Justicia de Alemania reveló que funcionarios argentinos habían recibido sobornos para realizar varios contratos con Ferrostaal.
Las operaciones cuestionadas fueron realizadas entre 2004 y 2010 y finalizaron en las denuncias luego de que trascendiera en medios alemanes la confesión del testigo. Una vez que se publicó en medios argentinos, comenzó el proceso que terminó con la judicialización del caso. La denuncia de la ministra de Defensa Nilda Garré, motivó que el ministerio detuviera un convenio para desarrollar cuatro patrulleros oceánicos multipropósito, que se iban a utilizar para custodiar la frontera marítima.
“Entendemos que las irregularidades son serias”, dijo hace dos semanas la ministra Garré, y señaló que a raíz de eso se denunciaron tres convenios firmados en los últimos seis años y se evitó la firma del último. Por el primer convenio, firmado en 2004, la Armada compró un propulsor para la Fragata Libertad; en tanto el segundo se utilizó para reemplazar las baterías del submarino San Juan. El tercer convenio, que derivó en la denuncia por cohecho, tráfico de influencias y soborno transnacional, se firmó por una cifra cercana a los 500.000 euros con la empresa Fassmer, vinculada a Ferrostaal para la provisión de los llamados patrulleros oceánicos multipróposito.
El fiscal Taiano, cuando impulsó la investigación, pidió que Lijo realice varias medidas de prueba para avanzar en un caso de coima global que tiene a funcionarios argentinos como imputados.
Fuente: Diario Clarín
en qué quedó esta causa Ferrostar???
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