Editorial II del diario La Nación
La falta de determinación para hacer cumplir la legislación vigente impide acceder a uno de los lugares más bellos de la Argentina
En más de una oportunidad, el acceso a alguno de los lagos de San Carlos de Bariloche se encuentra vedado, ya sea para turistas o para residentes locales, porque alambrados, postes y construcciones privadas impiden el paso. Esta realidad sin justificación legal impone a las autoridades su intervención para dar solución a posibles conflictos.
La Constitución nacional garantiza el derecho a transitar libremente por todo el país, con las únicas y razonables limitaciones impuestas por el derecho de propiedad que, a su vez, tampoco es ilimitado. En el caso de los sitios que presentan características especiales, como son los lagos de Bariloche (Nahuel Huapi, Gutiérrez y Moreno, entre otros), el interés general predomina sobre los intereses particulares.
Por su lado, la Constitución de la provincia de Río Negro garantiza el libre acceso y uso de los lagos, ríos y arroyos provinciales navegables, y de sus riberas con fines recreativos. Así lo reconoce la Carta Orgánica de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, aunque este documento se enfrenta contra la imprevisión de haber permitido que, en su momento, las costas de esos espejos de agua fuesen loteadas. Ahora, las disposiciones que pretenden asegurar el libre acceso a las costas son muchas veces frustradas por la oposición de muchos de los propietarios de esos predios, donde existen caminos públicos a veces cerrados por tranqueras y cadenas.
Unicamente se ha logrado poner punto final a esta cuestión por medios jurisprudenciales. Así es como algunas decisiones judiciales firmes han logrado permitir el paso a quienes gusten navegar o recrearse a orillas de estos lagos. Este ha sido el caso, entre otros, del lago Escondido, ubicado a unos 40 kilómetros de la localidad de El Bolsón, donde a través de un mandato judicial se ordenó a la provincia reacondicionar un camino alternativo por medio de la liberación del paso a través del paraje Tacuifi, de dicha ciudad. No obstante ello, hasta el momento no se ha dado total cumplimiento a dicha medida judicial.
Otro caso similar es el de los vecinos de Villa Llaquihue, de la ciudad de Bariloche, quienes denunciaron el bloqueo de un acceso histórico al Nahuel Huapi, lo cual dio lugar a una ordenanza, sancionada en 2008, que declaró la utilidad pública de dicho paso. El municipio aún no ha dado respuesta a la norma.
Se trata, apenas, de dos casos de una situación que hoy se encuentra en crecimiento, lo cual provoca una gran preocupación tanto entre turistas nacionales como extranjeros, así como aledaños y habitantes del lugar. Resulta contradictorio, pues, que, en un país donde se ha propuesto alentar el turismo, en uno de sus sitios más emblemáticos existan aún trabas a la circulación. Sería deseable que el Estado y los propietarios de los fondos lindantes buscaran los instrumentos adecuados para solucionar una situación que en nada favorece a uno de los lugares más bellos de la Argentina.
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