Las recientes declaraciones de la presidenta Cristina Kirchner sobre el corte del puente que une Gualeguaychú con Fray Bentos son la síntesis de la impotencia, el mejor ejemplo de un Estado ausente para enfrentar cualquier desborde que ponga en peligro elementales derechos de la población.
Una excusa tan endeble como la que podría adoptar un policía que sorprende a un ladrón in fraganti para no correrlo hasta que no le llegue una orden judicial. Nuestra Constitución establece para todos los habitantes el derecho de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino.
La titular del Poder Ejecutivo, al igual que el ministro Florencio Randazzo ayer, responsabilizaron a la Justicia por no hacer nada para el levantamiento del corte. Olvidaron que su gobierno hizo mucho por ese corte. Concretamente, en julio de 2006, la cancillería argentina hizo una presentación ante el Tribunal Arbitral del Mercosur, en la cual indicó que las autoridades argentinas se abstuvieron de adoptar medidas que garantizaran la libertad de tránsito en aquella vía internacional porque debió respetar el derecho de la ciudadanía a expresarse. Según ese razonamiento oficial, la libertad de expresión de algunos tiene un rango superior sobre la libertad de circulación de otros.
La confusión oficial radica en el desconocimiento de que no se pueden justificar con el principio de la libertad de expresión comportamientos sociales delictivos, y menos cuando se prolongan durante años. Hay mil maneras de expresar una opinión, pero siempre dentro del respeto al orden jurídico, al que claramente se contrapone una protesta que inhibe la libre circulación durante tanto tiempo.
El doble discurso oficial es aún más evidente si se recuerda que el kirchnerismo consintió numerosos piquetes, pero no dudó en reprimir algunos que afectaban sus intereses, como ocurrió en Santa Cruz. Los asambleístas de Gualeguaychú lamentan que se hable más del corte que de la contaminación. Deberían preguntarse si no son ellos mismos los responsables de esa situación.
Representantes del Gobierno apuestan a alcanzar "una forma inteligente" de resolver el problema en el corto plazo. No habría que descartarlo, después de tantos años. La metodología del corte está agotada y ha saturado a la ciudadanía. Entretanto, el Poder Ejecutivo se desliga de toda responsabilidad. Como cuando desmintió vinculaciones con barrabravas y ahora debe admitir que algunos de ellos estaban contratados en el Indec, o cuando la Presidenta se desentendió de las limitaciones a las importaciones de alimentos por Moreno. Una y otra vez, tira la piedra y esconde la mano.
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