La ministra de Defensa, Nilda Garré, admitió ayer la existencia de "serias irregularidades" en cuatro operaciones de compra que la Armada pactó con la empresa alemana Ferrostaal, actualmente investigada por la justicia de su país por el supuesto pago de sobornos millonarios en Colombia, Portugal, Indonesia y la Argentina.
Las operaciones cuestionadas fueron realizadas entre 2004 y 2010 y desembocaron en una denuncia penal contra tres almirantes, cuatro oficiales (a algunos de estos se les pidió el retiro) y un abogado civil de la Armada, además de dos empresarios y otro letrado vinculados con la compañía alemana. La denuncia de Garré, presentada la semana pasada, llegó tras dos medidas similares de la Oficina Anticorrupción, y motivó que Defensa frenara un convenio para desarrollar cuatro patrulleros oceánicos multipropósito, necesarios para custodiar la frontera marítima.
"Entendemos que las irregularidades son serias", dijo Garré, y explicó que por esa razón se denunciaron tres convenios firmados en los últimos seis años y se frenó la firma del último. Por el primer convenio, suscrito en 2004, la Armada compró un propulsor para la Fragata Libertad, mientras que el segundo se utilizó para replacar las baterías del submarino San Juan.
El tercer convenio, que desató la denuncia penal por cohecho, tráfico de influencias y soborno trasnacional, se celebró por un monto de 500.000 euros con la empresa Fassmer -a la que Garré vinculó ayer con Ferrostaal. "Habilitamos a la Armada a firmar el convenio correspondiente, que fue motivo concreto de algún hecho ilícito", sostuvo la ministra.
Comentario:
En conclusión, no se construyen las patrulleras para custodiar el Mar Argentino.
¿No se había pagado la ingeniería básica a ASMAR?, ¿En qué quedo eso?
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