Incertidumbre en el límite territorial con Bolivia

Editorial II del diario La Nación

Se ha presentado en el Congreso un proyecto para crear una comisión especial que investigue el desplazamiento de un hito fronterizo en Salta

Como se ha informado, recientemente se produjo el corrimiento de un hito fronterizo entre la provincia de Salta y la República Plurinacional de Bolivia, que significó tanto un desplazamiento de unos treinta kilómetros de la frontera hacia territorio salteño como una pérdida de 600 kilómetros cuadrados de territorio argentino.

A raíz de estos graves hechos, a los que nos referimos en esta columna el 24 del mes pasado, se ha presentado en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto para constituir una comisión especial investigadora sobre tan grave suceso. En los fundamentos de ese proyecto del diputado Alberto Asseff (UNIR-Frente Renovador) se afirma que el motivo obedece a las denuncias realizadas por pobladores del paraje Abra de Santa Cruz, en el Valle del Silencio, comprendido por el municipio de Santa Victoria Oeste. Esas denuncias fueron investigadas y publicadas por el diario El Tribuno, de Salta.

Según da cuenta el proyecto, el límite internacional entre la Argentina y Bolivia "está determinado por el Tratado Definitivo de Límites de 1925", algo que parece desconocer el actual Gobierno al haber permitido, según un acuerdo de noviembre del año pasado, el corrimiento del mojón sin que el Ministerio de Relaciones Exteriores ni su titular, Héctor Timerman, hayan dado a publicidad el contenido de lo acordado ni brindado la justificación legal pertinente.

Ante la gravedad de lo acontecido, el proyecto ha propuesto que la comisión por crearse sea integrada por once miembros designados por resolución del cuerpo legislativo respetando la pluralidad de la representación política de la Cámara", y que se designe presidente, vicepresidente y secretario, quienes serán elegidos por la mayoría de los votos.

Entre las facultades concedidas a la comisión merece destacarse que podrá recibir denuncias, debidamente registradas ante escribano público, por parte de las familias afectadas. A su vez, gozará de la facultad de solicitar informes a todos los poderes del Estado nacional, provincial, municipal y realizar inspecciones en el sitio fronterizo mediante constancia fehaciente por acta notarial.

La iniciativa legislativa establece que la comisión podrá ordenar pericias técnicas y denunciar ante la Justicia cualquier intento por parte de funcionarios nacionales, de la provincia de Salta o del Estado boliviano de "acallar, amedrentar -cosa que ya ha sucedido- o amenazar a los habitantes denunciantes del hecho investigado". Entre otras potestades, se reserva asimismo la facultad de denunciar la disputa limítrofe ante los organismos internacionales que corresponda, así como la de proponer arbitraje internacional.

La iniciativa es valiosa porque nos encontramos ante un suceso plagado de sombras y que compromete tanto a una porción del territorio nacional como a compatriotas nuestros, abandonados a su suerte por un acuerdo nunca esclarecido..