(Clarin.com) - La hipótesis que sostiene que la toma del ex cementerio de autos
fue organizada por punteros de la zona que buscan vender las tierras
suma pruebas en la Justicia. Trascendió que hay escuchas que comprometen
a por lo menos diez personas, y que algunas de ellas aparecen en la
investigación que iniciaron los fiscales porteños.
La ocupación habría tenido como origen la pelea entre dos punteros de la Villa 20 que se disputan el control de las tierras. Uno de ellos, que manejó el asentamiento pero había perdido poder, habría alentado la toma para recuperar parte de su espacio. También trascendió que habría intereses del partidos de izquierda y gente vinculada al kirchnerismo.
Cuando la usurpación llevaba una semana, la Policía Metropolitana, por orden del equipo de fiscales porteños, realizó allanamientos en viviendas y locales de la Villa 20. Se secuestró documentación que avala la hipótesis que sostiene que detrás de la toma hay una organización que utiliza a las familias para luego comercializar los lotes.
También se supo que los terrenos se habían comenzado a comercializar por valores que oscilan entre los $ 8.000 y $ 20.000. Según fuentes de la Justicia porteña, en esa investigación se apuntaba a Marcelo Chancalay, Manuel Ríos y la familia Giménez. Incluso los mismos delegados de la toma habían reconocido una disputa de poder entre los grupos liderados por Víctor Núñez, actual presidente de la Villa 20, y el ex, Chancalay. Y hasta la jueza María Liberatori, que tiene la causa por la urbanización del predio, había dicho que sospechaba que la toma fue armada para evitar que la Ciudad saneara el terreno.
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