El Gobierno se resiste a archivar el tren bala. Estiró 150 días la vigencia de la oferta de Alstom, por las condiciones globales.

Pese a la crisis económica y a la fuerte polémica que mantuvieron la Jefatura de Gabinete y el ministerio de Planificación, el Tren Bala ha vuelto a tomar aire por una decisión oficial que extendió la vigencia de la única oferta que se mantiene en pie.

Ante un planteo del consorcio liderado por Alstom acerca de cual iba a ser la posición del Gobierno frente al vencimiento de los plazos contractuales, la administración kirchnerista resolvió prorrogar por 150 días el "mantenimiento de la oferta" que está juego para el megaproyecto ferroviario de casi US$ 4.000 millones. La medida adoptada por la Secretaría de Transporte se fundamentó en que "las actuales condiciones financieras internacionales hacen que se deban suspender los plazos para la culminación de los acuerdos de crédito, por cuanto la emisión y colocación de bonos no resultaría exitosa, ni conveniente a los intereses de la República".

En los primeros meses de 2008, el Gobierno y el banco francés Natixis habían acordado financiar el Tren Bala con un crédito a largo plazo que iba tener como garantía la entrega de títulos públicos. El proyecto quedó trabado al no poder emitirse la primera tanda de bonos por US$ 670 millones debido a las altas tasas de interés que debía pagar la Argentina por la fuerte desconfianza que genera en los mercados internacionales.

Las autoridades de Transporte encuadraron el estiramiento de los plazos del Tren Bala hasta abril de 2009 en el artículo 51 del pliego que reúne las "condiciones particulares" de la licitación. Este artículo promete convertirse en una pieza clave para el futuro de la megaobra ferroviaria. Establece que si al finalizar la prórroga otorgada a la oferta aún persisten las condiciones negativas que impidan avanzar con la financiación privada, el Estado podrá prescindir del Natixis para afrontar el proyecto con fondos propios.

Si bien ante este cambio el adjudicatorio tiene la posibilidad de desistir del contrato, todo indicaría que el grupo Veloxia aceptaría con gusto que sea el Estado el que termine pagando la obra con recursos presupuestarios. A principios de noviembre, Alstom y sus socios le pidieron a Transporte que reemplace el crédito privado por recursos públicos. Si bien oficialmente no hubo ninguna respuesta, en el sector ferroviario ya son muchos los que creen que ante las elecciones del 2009 el Gobierno se inclinará por iniciar la obra con fondos propios, más allá de las críticas que seguramente levantará esa decisión.

Fuente: Por: Antonio Rossi - Diario Clarín