Limitación judicial de la Ciudad

La Ciudad de Buenos Aires tiene aún un régimen legal anómalo, el cual limita la autonomía que fuera dispuesta por la Constitución Nacional en su reforma de 1994, y esto se refleja en las limitaciones que tiene la Ciudad en materias clave como Justicia y seguridad.

La Policía Federal se mantiene como fuerza de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, tanto para los delitos ordinarios como para los federales, tanto para el control del tránsito como para la prevención del delito. Esto significa que las autoridades de la Nación resultan responsables de la gestión en materia de seguridad en la Ciudad, a pesar de las aspiraciones porteñas de decidir en este campo como lo hacen las diversas provincias. Una solución transicional ha sido la creación de la Policía Metropolitana, limitada en sus atribuciones y financiada por las arcas locales, sin transferencia de recursos de la Nación.

En el campo judicial ocurre un fenómeno complejo. La Justicia ordinaria, vale decir la referida a casos civiles, comerciales, penales o laborales, sigue siendo nacional. Y ha esto se le ha agregado una extensa estructura judicial de la Ciudad para atender causas contravencionales y contencioso-administrativas, contando con un Consejo de la Magistratura y una Tribunal Superior. Resta, al parecer, un largo camino por recorrer para que la Ciudad logre contar con una jurisdicción ordinaria plena, como la tienen las provincias.

En este marco, se ha dado un paso significativo, consistente en una nueva transferencia de delitos que pasarán a ser juzgados por la Justicia de la Ciudad. De este modo, las lesiones leves, las amenazas coactivas, delitos asociados a la discriminación, picadas e ilícitos en los que incurran los funcionarios públicos de la Ciudad dejarán, una vez terminada la implementación del acuerdo, de tramitar por los juzgados penales.

Es de esperar que este paso implique una mayor colaboración entre la Nación y la Ciudad, a fin de encauzar deficiencias institucionales y contribuir a una mejora en la prestación de los servicios básicos de seguridad y Justicia.

Sobre la Ciudad de Buenos Aires se mantienen limitaciones a su autonomía, dispuesta por la Constitución. Es un avance la transferencias de delitos a la jurisdicción judicial de la Ciudad.
 
Fuente: Editorial del diario Clarín.