Con un nuevo plan de obras eléctricas, La Cámpora manejará una caja de $400 millones anuales

Por Antonio Rossi - LPO
Buscan extender el servicio eléctrico a villas y asentamientos. Enarsa vuelve a retrasar la habilitación de usinas.


DyN Luciano Thieber - Carlos Zannini y la camporista Mariana Matranga.

Para no ser menos que su colega de Planificación, Julio De Vido, y en medio de los cortes de luz que afectan a la región metropolitana, el ministro de Economía, Axel Kicillof, armó un nuevo plan de obras eléctricas que será piloteado los funcionarios camporistas que controlan la Secretaría de Energía.

Se trata del PROINEN, el Programa de Inclusión Eléctrica Nacional que salió al ruedo en la última semana y apunta a la concreción de obras destinadas a “mejorar y ampliar” el suministro eléctrico en las villas, asentamientos y barrios carenciados que no tengan acceso al servicio.

A diferencia del FOCEDE (el fondo para obras eléctricas de la región metropolitano) y el plan “Más Cerca” (que financia trabajos específicos en los municipios) que están bajo la órbita de De Vido, el flamante PROINEN será piloteado por las huestes de La Cámpora por medio de la titular de Energía, Mariana Matranga y el subsecretario de Energía Eléctrica, Paulo Farina.

Con el nuevo programa, los funcionarios que responden a Kicillof manejarán hasta el cambio de gobierno una “caja” $ 400 millones para la realización de obras eléctricas que serán coordinadas con los gobernadores e intendentes.

Diseñado para encarar los trabajos de “normalización de las redes de baja tensión y las instalaciones interiores de los barrios más postergados”, el PROINEN había sido anunciado por la presidenta, Cristina Kirchner a principios de abril junto con otras medidas de aliento al consumo.

Casi tres meses después, la Secretaría de Energía procedió a reglamentarlo por medio de la resolución 355 que define al PROINEN como un “programa de carácter permanente que fomenta la mejora en la calidad de vida de aquellas personas que residen en asentamientos poblacionales” que no cuenten el servicio o que tengan un acceso limitado al mismo.

La resolución—que ya fue publicada en el Boletín Oficial—establece que las riendas del programa estarán a cargo de la secretaría de Energía, mientras que la evaluación y verificación de las obras serán tareas del “Grupo Técnico Proinen” conformado por dos funcionarios de dicha secretaría y dos técnicos de la CAMMESA, la administradora estatal del mercado eléctrico.

En cuanto a los proyectos a encarar, la reglamentación del PROINEN plantea que podrán presentarse como “impulsores” de las obras “los municipios, las provincias y cualquier otra entidad con un interés legítimo”. Por esa vía, cualquier asociación barrial u ONG estaría en condiciones de motorizar un plan de obras para extender el servicio eléctrico a las villas y asentamientos donde desarrollan sus actividades.

La canalización de los presupuestos asignados para este tipo de obras será por medio de las provincias o municipios y los fondos en juego tendrán el carácter de “no reintegrables”.

Pese a que son las responsables del suministro, las distribuidoras y cooperativas que prestan el servicio eléctrico prácticamente no son tenidas en cuenta en el nuevo programa elaborado por el equipo de Kicillof. Lo único que podrán hacer es “colaborar” con los gobiernos provinciales y municipales en cuestiones técnicas y aspectos vinculados con la extensión de las redes.

Si bien los convenios específicos que se suscribirán con las administraciones provinciales y locales determinan que éstas deberán “contratar bajo su exclusiva responsabilidad la ejecución de las obras”, no se descarta que junto con los recursos bajen expresas instrucciones de los funcionarios nacionales para direccionar las contrataciones hacia determinadas empresas y cooperativas identificadas con las banderas del kirchnerismo.

Si bien el PROINEN tiene alcance nacional, la intención de Kicillof y su gente es lanzar una primera etapa de obras para beneficiar a unos 100.000 hogares de villas y asentamientos que estén localizados en el Conurbano y en el interior bonaerense.

Mientras tanto, en la energética estatal ENARSA siguen tomando medidas más que curiosas en medio de los reiterados reclamos de los gobiernos provinciales por las demoras que registran las pequeñas y medianas usinas prometidas por la Nación.

Tras haber anulado las dos últimas licitaciones del programa de “Generación de Energía Eléctrica Distribuida” (GEED), el directorio de ENARSA decidió concederle nuevas ampliaciones de plazo a las empresas Secco y Sullair para que se pongan al día con la habilitación de las usinas del interior que debían haber puesto en servicio a fines de 2014.

En el caso de la empresa Secco se trata de las centrales térmicas entrerrianas de San Salvador (10 MW) y La Paz y la santafesina de Rufino (30 MW). Por el lado de Sullair, la que aparece involucrada en la central Bandera de 32 MW.

Estas usinas forman parte del programa GEED V y fueron adjudicadas por ENARSA en julio de 2014. Según los plazos originarios, tenían que haber entrado en funcionamiento entre fines del año pasado y el primer bimestre de 2015.

Pero, tras las demoras acumuladas y los descargos elevados por las proveedoras, los funcionarios de ENARSA dejaron pasar los incumplimientos y aprobaron una nueva prórroga que posterga el arranque de las usinas hasta los primeros meses de 2016.