Editorial I del diario La Nación
Con la remoción del monumento al Gran Almirante de su lugar detrás de la Casa Rosada se reitera una forma prepotente de concebir la gestión de gobierno
Ha ocurrido finalmente: el Monumento a Cristóbal Colón detrás de la Casa Rosada es ahora un mero recuerdo y lo que pronto se impondrá a la vista de los paseantes será la presencia de la escultura en bronce de Juana Azurduy, lista para su emplazamiento en el sitio llamado -todavía- plaza Colón.
Las decisiones de la Justicia, los legítimos reclamos de las asociaciones italianas y de distintas ONG, y los de gran parte de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, todo esto fue siendo fríamente ignorado en el largo proceso de dos años que culminó, esta última semana, con la remoción definitiva del Monumento a Colón a cambio de ser reemplazado por el dedicado a la heroína de las guerras de la Independencia Juana Azurduy. Una vez más, los caprichos de los mandatarios pueden transformarse en asuntos graves para la vida de una república.
¿Es posible que, por un aparente consejo del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que había declarado en su momento "genocida" a Colón, y pedido un juicio en su contra, además de hacer desaparecer de todo su país las estatuas del insigne navegante genovés, la presidenta argentina haya tomado la decisión de removerla?
Ésta parece ser, sin embargo, la verdadera razón para que el imponente grupo escultórico de mármol de Carrara que homenajeaba al Gran Almirante -donado por los inmigrantes italianos con motivo del centenario de la Revolución de Mayo e inaugurado en 1921- fuera "mudado" del lugar que le pertenecía por derecho propio, aunque el diseño de toda la plaza había sido pensado para ese conjunto.
El Gobierno había aducido en principio, cuando las comunidades y las asociaciones de la sociedad civil presentaron distintos recursos de amparo ante la Justicia contra lo que consideraban un atropello, que en realidad se deseaba restaurar el monumento -para lo cual se convocó, a las apuradas, a un conjunto de expertos, encabezado por el especialista Domingo Tellechea, que aún continúa al frente del equipo-, pero todo lo que se hizo luego desmintió ampliamente esa excusa. Imposible olvidar la estatua del Almirante, echada de espaldas sobre el piso, junto a la cripta que ahora servirá de sostén a la de bronce de su sucesora en el lugar. Esa estatua que, al momento de ser retirada el lunes pasado, presentaba, entre otros daños, grandes manchas en el mármol, producto de haber estado sobre maderas cuyo tinte lo dañó.
Tampoco hubo de parte del gobierno porteño una defensa efectiva de su patrimonio cultural e histórico. Ante la presencia notoria de equipos de operarios y grúas introducidos para desmontar el grupo, acción que en ese momento y después también no estaba autorizada por la Justicia, se prefirió adoptar una actitud pasiva y cómplice, que culminó con el acuerdo con el gobierno de la Nación para trasladar la estatua frente al aeroparque de la ciudad, incluso después de que se hubiera votado en la Legislatura porteña, a fines de 2013, una ley promovida por la Coalición Cívica, por la cual se declaró al monumento Patrimonio Histórico y Cultural de la ciudad. Nunca se dio una explicación a los ciudadanos sobre los alcances de ese acuerdo y esa negociación.
Todo ha sido muy poco respetuoso de la ley y del pasado, y ciertamente muy poco prudente. Se avasallaron el derecho y, también, la belleza de una obra de arte. Tampoco se quiso escuchar a las pocas voces moderadas del oficialismo que sugerían poner los dos monumentos juntos.
Por lo pronto, aún no se sabe cuándo será inaugurada la estatua de Azurduy, realizada por el artista Andrés Zerneri y financiada por Evo Morales como un regalo de su país al nuestro. Será, además, la más grande confeccionada en bronce en el país: mide nueve metros de alto y, con el pedestal, alcanzará los 16 metros. Otra vez, esa pasión por la monumentalidad, tan característica de los gobiernos autoritarios.
En tanto, tampoco se sabe qué ocurrirá cuando se intente rearmar el Monumento a Colón, ya que se han roto partes. Aunque se calcula que su reinstalación se haga a fines de este año o principios de 2016, las tareas preliminares exigen una enorme excavación, primero, y luego un gran trabajo de pilares en la zona elegida, frente al río, ya que ésta no está preparada para sostener tanto peso.
Así, sin pruritos ni ética republicana, se consumará un capricho presidencial más, que ni la Justicia ni los representantes de los porteños han podido o querido evitar. Y ambos monumentos quedarán para la posteridad como mudos testimonios de una forma desconsiderada y prepotente de concebir la política y la gestión de gobierno..
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