Por José Crettaz | LA NACIONEn los últimos diez años todos los presidentes del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) fueron denunciados en distintos fueros (prácticamente todos los jueces federales llevan alguna causa que involucra a Jorge Álvarez, Jorge Coscia, Liliana Mazure o Lucrecia Cardoso). Además de los funcionarios, productores, directores y abogados vinculados al sistema de fomento del cine están señalados por desvío de fondos, entre otras cosas. La cantidad de historias que cuentan esos expedientes aseguraría material para una larga saga pero, curiosamente, no son muy conocidas por el gran público.
Además de los difundidos subsidios a películas que no se hicieron (bajo la denominación "3ro J") o el dinero presuntamente desviado del fondo cinematográfico a gastos corrientes del instituto, o el menos conocido subsidio a un laboratorio que nunca se construyó, también hay denuncias por discriminación (con dictamen favorable del Inadi) y "listas negras" (productores cuyos proyectos son sistemáticamente rechazados tras presentado denuncias denunciado, registradas por el Defensor del Pueblo de la Nación). Muchas de las denuncias se acumularon en lo que ya se conoce como megacausa Coscia (ya tiene 15 cuerpos), que no parece avanzar.
"Algunas de las causas que tramitan en Comodoro Py, por ejemplo la causa Coscia 4500/2007 y la causa 5000/2011, uno de los trámites en los que está imputada Mazure, corren serio peligro de ser cerradas. En esta última causa, en la que nosotros somos querellantes, recusamos al fiscal por la parcialidad con la que habría actuado para buscar el sobreseimiento de los imputados. El tema ahora está en Casación", afirmó Cristina Agüero, presidenta de la Asociación de Productores de Cine y Medios Audiovisuales (Aprocinema), que integró los comités de selección y de películas terminadas del Incaa en 2009 y 2010 en representación de Aprocinema.
Tal vez porque involucran a directores y productores y, de manera indirecta y sin que tengan responsabilidad, al star system del cine local, casi todas las investigaciones están estancadas. Aunque no todas, porque algunas pocas se cerraron más rápido, como la que originó la denuncia contra el juez Daniel Rafecas en el Consejo de la Magistratura, un caso aún abierto. Rafecas es señalado por haber archivado, en 2010 y con aval del fiscal Jorge Di Lello, una denuncia que involucraba a un productor que indirectamente tenía relación con su hermano, el director Diego Rafecas. Es el caso en el que el Incaa financió a la firma Lacsa la instalación de un laboratorio que nunca se instaló. Por aquel trámite, el senador radical Mario Cimadevilla denunció al juez en el Consejo de la Magistratura. Allí, Rafecas respondió que esa acusación se basó "en meras conjeturas", desconoce que en "otros procesos similares" procesó y elevó a juicio oral (como en el caso del fallecido Julio Mahárbiz) y que no tiene "basamento legal porque lo que se imputa no está contemplado en la ley procesal aplicable". En otra causa que involucra a Mazure y al rector de la escuela de cine del Incaa, Pablo Rovito, Rafecas se excusó pero la cámara lo ratificó, y uno de los jueces lo retó por "demorar" el proceso.
"En el cine argentino circula mucha plata de origen legítimo en el fondo creado por ley. La gente que pertenece a la industria y depende de ese dinero no se atreve a criticar nada del sistema de subsidios. El disciplinamiento que se logró en esta industria es uno de los más rigurosos de estos años", describe Gustavo Noriega, crítico cinematográfico y ex director de la revista El Amante. Y los que no entraron en ese circuito denuncian estar en listas negras, aunque no lo dicen en voz alta porque esperan salir de allí, acceder a financiamiento y volver a filmar. "La gente de cine tiene que entender que buscamos transparencia. Somos cineastas, pensamos con libertad, pero dependemos de los subsidios. Y si vos denunciás no te dejan filmar", dijo Agüero. De hecho, en algunos expedientes, la carátula indica como denunciante a "NN".
Hasta el kirchnerista Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA) denunció estos años el "fraude laboral" en varias cooperativas, que fueron multadas por el Ministerio de Trabajo, por permitir "la flexibilización de las condiciones laborales, la ventaja financiera de no tener que pagar cargas sociales y la posibilidad de dibujar los costos para aumentar el monto del subsidio". Aunque para el sindicato las cooperativas fueron un problema "las últimas tres décadas", los datos enumerados en un artículo publicado en su revista institucional indican que esto se dio con más intensidad en los últimos años. "Entre 2010 y 2012 se realizaron nueve inspecciones que resultaron en multas de cientos de miles de pesos para la Cooperativa Kaos, la Cooperativa 2001 y, en dos oportunidades, a los productores de las películas", explicó el SICA. Kaos fue fundada por Mazure y su ex pareja Luis Barone.
El abogado Ricardo Monner Sanz y la Oficina Anticorrupción (en 2009), entre otros, también denunciaron irregularidades. Varios diputados, el Defensor del Pueblo y la Auditoría General de la Nación (AGN) elaboraron informes. Pero, hasta ahora, ninguna de estas historias tuvo final feliz.
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