El contingente estará integrado por efectivos de la Fuerza Nacional de Seguridad, de las Fuerzas Armadas y de las policías Federal y Caminera. Según el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, la decisión de lanzar el operativo fue tomada anoche por Rousseff, después de reunirse con sus asesores para analizar el problema. "Vamos a lanzar en conjunto con las gobernaciones de los estados (amazónicos) el Operativo de Defensa de la Vida, que incluirá una acción policial... para no permitir que ocurran nuevos asesinatos y también investigar los crímenes ya perpetrados", aclaró el ministro.
El asesinato más reciente ocurrió este miércoles en la localidad de Eldorado de Carajás, en el estado de Pará, que en 1996 fue escenario de la masacre a manos de la policía de al menos 19 agricultores que cerraban una carretera en una manifestación en demanda de la reforma agraria.
El superintendente de la Policía Civil de Pará en la región, Alberto Teixeira, descartó tajantemente el viernes que la muerte del agricultor Marcos Gomes da Silva haya sido motivado por conflictos agrarios con hacendados o madereros que actúan en la región, pese a que el crimen ocurrió en una emboscada. Sin embargo, Cardozo dejó en claro que los efectivos policiales que serán enviados a Pará tendrán la misión de realizar una investigación propia sobre este y sobre otros crímenes perpetrados ocurridos desde el 24 de mayo pasado, y asegurar "un castigo ejemplar" a los responsables. "Evaluamos como grave la situación generada por los asesinatos ocurridos en la región norte de Pará y coincidimos en la necesidad de tomar medidas inmediatas con amplia integración entre las gobernaciones de los estados y el gobierno federal", expresó el ministro.
La ola de crímenes se inició el 24 de mayo pasado, cuando un atentado fatal causó la muerte al líder campesino José Claudio Ribeiro da Silva y a su esposa, María do Espírito Santo da Silva en el municipio de Nova Ipixuna, en Pará, donde ambos sostenían frecuentes roces con empresas madereras dedicadas a la tala ilegal de árboles amazónicos. Tres días después, en el vecino estado de Rondonia, fue asesinado el agricultor Adelino Ramos, quien vivía en la localidad de Vista Alegre do Abuna y, así como la pareja Silva, era autor de numerosas denuncias sobre deforestaciones ilegales realizadas por empresas madereras. La ola de crímenes siguió el 28 de mayo, cuando el agricultor Eremilton Pereira dos Santos fue asesinado, también en Nova Ipixuna.
Hasta ahora, la Policía de Pará no tiene pistas para identificar a los autores de ninguno de los crímenes, y afirma que tampoco tiene indicios de que los asesinatos estén vinculados con disputas entre los campesinos y las empresas madereras. Los crímenes en serie llamaron la atención de la organización Amnistía Internacional (AI), que este jueves pidió al gobierno brasileño para poner fin a la matanza de agricultores y activistas ambientales en la Amazonia. "Las autoridades brasileñas deben actuar para impedir los asesinatos en la Amazonia", advirtió la entidad, que destacó que la ola de crímenes coincide con el debate parlamentario en torno a un nuevo Código Forestal, que, a juicio de ambientalistas, permitirá un aumento de la deforestación en Brasil.
A su vez, la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), vinculada con la Iglesia católica, divulgó esta semana una lista con los nombres de 165 líderes campesinos y ambientalistas que han sido amenazados de muerte en más de una ocasión entre 2000 y 2010. La entidad agregó que, en los últimos 25 años, 1.581 personas han sido asesinadas en las zonas rurales de Brasil, y que el estado de Pará es el más violento de la federación: tan solo el año pasado, se han registrado allí 18 asesinatos, más de la mitad de los 34 que ocurrieron en el país.
Fuente: DPA
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