La venta ambulante, negocio de organizaciones de corte mafioso

Por Pablo Tomino | LA NACION - Twitter: @prtomino - Mail: ptomino@lanacion.com.ar

El dudoso origen de las mercaderías es otro ángulo del mismo problema. Foto: LA NACION / Fernando Massobrio

 

Durante varias semanas, el fiscal porteño Walter Pérez investigó y fotografió al ocupante de la casa ubicada en Pichincha 161, en el barrio de Once. Allí vive Augusto Dante Díaz Castro, de nacionalidad peruana, y era habitual ver entrar y salir pilas de cajas. Tras semanas de vigilancia se comprobó que allí se cocinaban, empaquetaban y distribuían ilegalmente alimentos que eran vendidos en las inmediaciones de la estación Once.

El 24 de enero se allanó el lugar. La Justicia cargó dos camiones con comida que se preparaba en un área infestada de cucarachas y heces de rata. Había alimentos en estado de putrefacción, entre otras irregularidades de salubridad. Hoy, según consta en la causa judicial, Díaz Castro es investigado como presunto cabecilla de una organización ilegal de vendedores ambulantes.

El suyo es apenas un caso de un negocio con tintes mafiosos que mueve, en toda la ciudad, cerca de 210 millones de pesos al mes.

La mafia de los vendedores ambulantes en la Capital tiene distintos escalafones y organigramas, de acuerdo con la zona en la que se asienten. Once, Caballito, San Telmo o la avenida Juramento, por ejemplo, estarían manejadas por células pequeñas, cada una con una veintena de vendedores ambulantes que son contratados como jornaleros por una paga diaria.

En la terminal de Retiro, por ejemplo, la Justicia sostiene que la mafia de la venta ilegal callejera -la mayor parte fue erradicada- responde a una estructura piramidal con un cabecilla que habría sido beneficiado con concesiones y permisos que otorgaba el gobierno nacional.

El negocio de la venta ilegal callejera en la ciudad es millonario: moviliza unos $ 210 millones de pesos por mes si se suma lo que recaudan los casi 2800 puestos que hay en distintos barrios.

En Once, hoy un bastión de la ilegalidad que el gobierno porteño y la fiscalía intentan erradicar, los manteros están agrupados por nacionalidades. Los peruanos (son amplia mayoría) tienen el control de la venta de alimentos, celulares, juguetes e indumentaria. Los bolivianos, de frutas y verduras. Y los senegaleses, que son minoría, los accesorios como anteojos, joyas y relojes.

La investigación

Todavía hay más de 340 puestos de venta ilegal en la zona de la terminal de trenes y los organizadores que están bajo la lupa de la Justicia tienen entre 20 y 30 puestos cada uno.

La fiscalía trabaja en cuatro líneas de investigación: los depósitos que abastecen a los manteros; los quioscos de diarios que son utilizados para el expendio de mercadería; los puestos de flores que son usados con iguales fines que los quioscos; y los manteros que están en connivencia con los comerciantes, quienes, a cambio de 250 pesos por mes, les permiten a los jornaleros dejar la mercadería ilegal en sus locales. 

Un punto fijo en la calle factura en promedio unos 3000 pesos por día. Cada jornalero percibe como paga entre 80 y 150 pesos por 12 horas de trabajo. El mantero nunca se lleva la mercadería a su casa, salvo los senegaleses. En ocasiones la guardan en algún comercio, o bien el organizador la retira, previo recuento de los objetos que había entregado para la venta. Para los fiscales, los cuadernos de los cabecillas con las anotaciones del día laboral son las principales pistas -y pruebas- del delito.

Numerosa cantidad de peruanos venden comida que consumen sus connacionales, y también ropa y juguetes. En Once, hay algunos manteros independientes y otros que son una suerte de brazo de algún comercio que aprovecha para liquidar en la calle mercadería sin pagar el impuesto del IVA.

Hasta ahora la Justicia porteña no encontró indicios de que una sola persona sea la que maneje la venta ilegal en el territorio de la plaza Miserere. Son varias cabezas y no tendrían relación entre sí. Las células son independientes y cada una tiene un espacio predeterminado en la vía pública. "Violar ese lugar es sinónimo de guerra", revelan las fuentes. Incluso hubo sangrientas disputas por puestos callejeros que se han defendido a cuchillazos.

También está la comunidad de senegaleses, que en total suman unos 950 en toda la ciudad. Ingresan al país con documentación de Venezuela, por lo que se cree que son reclutados por una organización que les paga el pasaje desde su legión y les provee la mercadería para vender por un valor de hasta 50.000 pesos. Ellos guardan los anteojos, relojes y joyas en las habitaciones que alquilan como vivienda. Están en Once, Palermo, Liniers, San Telmo y la avenida Cabildo. Y son los más aguerridos frente a los operativos oficiales.

De los 35 allanamientos realizados en Once, en poco más de dos meses, se secuestraron unos 5000 bolsones de mercadería ilegal que fueron almacenados en un depósito judicial. El lugar se mantiene en reserva. Y hay una razón: la policía teme que las organizaciones intenten asaltarlo. Eso sí: es tanto el caudal de dinero que maneja la mafia de los manteros que, tras un secuestro de mercadería, de inmediato logran reponer el stock y seguir con el puesto funcionando.

Los números de la ilegalidad

Las cifras millonarias que se mueven en las calles.

210 Millones de pesos al mes: Esa es la cifra que mueve el comercio ilegal de los ambulantes, según estimaciones de la Justicia.

340 Puestos ilegales: Son los contabilizados sólo en la zona de la estación del ferrocarril Sarmiento, en Once

$ 80 El pago a un jornalero: Los que atienden los puestos callejeros pueden cobrar desde $ 80 a $ 150 por doce horas de trabajo

$ 50.000 A los senegaleses: Es el valor máximo que pueden invertir en mercadería

 

Del editor: qué significa.
En Once se libra el primer round de una larga pelea. El gobierno porteño dice estar decidido a recuperar el espacio público. Debe hacerlo. No será fácil.