Sadismo del Gobierno con los jubilados

Editorial I del diario La Nación.

Representa una enorme crueldad que quienes aportaron toda su vida tengan que iniciar larguísimas demandas para cobrar lo que les corresponde

La deuda del kirchnerismo con el sistema jubilatorio y sus beneficiarios va mucho más allá de lo económico. Ese sistema ha sido víctima de un saqueo con finalidades proselitistas que sirvió al Gobierno para apropiarse, por ejemplo, de fondos de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) para administrar la entrega de netbooks del plan Conectar Igualdad o para dedicarlos a emprendimientos de Enarsa, en vez de emplearlos para cumplir la siempre postergada vigencia del 82 por ciento móvil exigido por la Corte Suprema de Justicia en varios fallos. Desviar los fondos jubilatorios de su destino legítimo equivale a una estafa y a poner en un muy serio riesgo los haberes de los futuros beneficiarios.

Otro riesgo para el sistema radica en la descuidada moratoria que permitió jubilarse a 2,3 millones de personas que no habían efectuado aportes y que no discriminó entre necesitados y no necesitados. Ese desmanejo se completó con las crueles demoras en las que incurrió la Anses en los últimos años para pagar las sentencias en favor de jubilados que habían clamado por un reajuste de sus haberes. El organismo liquidaba anualmente menos de 20.000 sentencias, con una actitud que en esta columna calificamos de cuasi criminal, pues parecía estar especulando con que se produjera la muerte de los jubilados que habían sido beneficiados por la Justicia.

Actualmente, la Anses está pagando más juicios ganados por reajuste de haberes jubilatorios. Con esa finalidad, el presupuesto para el corriente año destina 6500 millones de pesos, que permitirán cancelar alrededor de 45.000 sentencias, a un promedio de 150.000 pesos por jubilado. El año pasado se necesitaron 5751 millones de pesos para pagar 39.448 sentencias.

Sin embargo, pese a que en 2013 la Anses pagó un 55% más de sentencias que en 2012, las demandas continuaron y, entre mayo de 2012 y diciembre del año pasado, se registraron nada menos que 49.642 nuevas presentaciones por reajuste de haberes. En diciembre de 2013, el número de demandas en curso era de 325.121, de las cuales 284.000 correspondían a reajustes de haberes.

Es de una crueldad singular haber obligado a quienes han trabajado y aportado a lo largo de su vida activa a tener que iniciar demandas ante la Justicia para que les reconozcan sus legítimos haberes, con todo lo que una demanda significa en cuanto a tiempo y honorarios de abogados. Recordemos que pueden transcurrir años hasta la sentencia y más años aún hasta la sentencia de la cámara tras la apelación.

En efecto, el tiempo transcurrido entre el inicio de las demandas y el efectivo pago resarcitorio se puede medir en una década o más y, como hemos dicho, siendo los reclamantes personas de edad avanzada, muchos de ellos no alcanzan a ver cumplido su anhelo de justicia.

En dos casos que resultaron históricos, los fallos Badaro y Ellif, la Corte Suprema ordenó, en el primero, un reajuste del 88% para el período de enero de 2002 a diciembre de 2006 y, en el segundo, ajustar por subas salariales el cálculo del sueldo que se emplea como referencia. Ambos casos generaron una catarata de juicios. Mientras tanto, la Corte aún debe resolver una demanda de la Defensoría del Pueblo para ampliar a todos los jubilados, aunque no hayan realizado demandas, los beneficios de aquellos dos fallos.

A este panorama ingrato hay que agregar el efecto perverso de la inflación sobre las jubilaciones y, en particular, sobre la jubilación mínima, que es de 2477 pesos y la percibe el 75 por ciento de los jubilados. El anuncio de la Presidenta de un aumento del 11,31 por ciento, que se concretará el mes próximo, elevará la jubilación mínima a 2757 pesos, pero salta a la vista que se trata de un incremento inferior al de septiembre pasado, que fue del 14,41%, cuando la inflación era menor que la registrada desde entonces hasta la fecha. Ese efecto devastador del incremento de los precios, potenciado en las últimas semanas desde la brusca devaluación del peso, ya había aniquilado el aumento de septiembre y pronto liquidará el de marzo.

En lo que hace al mediano y largo plazo, el presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, ha afirmado con razón que, con la práctica del Tesoro de extraer recursos de la Anses para financiar otros gastos del Gobierno, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema previsional "ha pasado a transformarse en un depósito de deuda pública, donde se dejan papeles de menor o nula rentabilidad y se retiran fondos de recaudación que son haberes propios de los jubilados".

Como puede apreciarse, el Gobierno está en deuda con los jubilados y pensionados de hoy y del futuro, pero el castigo que les sigue infligiendo trasciende lo económico y roza lo patológico. Se trata, lisa y llanamente, de sadismo..