Editorial I del diario La Nación
Es
de esperar que los dirigentes políticos y sindicales privilegien la
seguridad y la calidad de vida de los pasajeros por encima de sus
propios intereses.
Dado el tiempo transcurrido desde que empezaron los conflictos en los subterráneos porteños,
esta pelea interminable, cuyos éxitos parciales no satisfacen a ninguno
de los protagonistas -metrodelegados, Metrovías y gobierno de la
ciudad-, sí ha terminado por deparar una angustia constante a sus
usuarios, rehenes y víctimas involuntarios de la lucha ideológica de un
sindicato que entorpece la normalización del servicio, y que todos los
días se preguntan si podrán viajar sin demoras o interrupciones, y con un mínimo de confort y seguridad.
En la ciudad de Buenos Aires, la normalidad no existe bajo tierra. Puede haber pasado al olvido, por ejemplo, la lucha para que permanecieran en funcionamiento los centenarios vagones de la línea A, cuando la Nación le traspasó el subte a la Ciudad, en enero pasado, pero las estrategias para que el servicio no funcione no han disminuido. Antes de las recientes elecciones primarias, la discusión entre sindicalistas, empresa y funcionarios se planteó sobre la seguridad o no (para empleados y para el público) de las nuevas estaciones Echeverría y Rosas, de la línea B. Después del 11 de agosto, los inconvenientes "técnicos" siguen a la orden del día.
Además, también empezó a debatirse cuánto duraría una vuelta completa entre las estaciones Leandro N. Alem y Rosas, y si el tiempo total que demanda ese nuevo recorrido estaba contemplado en el horario de trabajo. Para evitar que se repitan situaciones como las mencionadas, es que el gobierno porteño, que mantiene firme la intención de habilitar las nuevas estaciones San José de Flores y San Pedrito en la línea A para fines de este mes o principios de septiembre, pretende tener firmado con los metrodelegados un acuerdo para operar los trenes como paso previo a la inauguración.
Mientras tanto, la extensión del subte E, que está casi lista, deberá demorarse por lo menos hasta junio del año que viene, es decir, casi dos años después de lo anunciado. Esta es la única obra que el gobierno nacional aún lleva adelante en el subterráneo porteño y comprende las tres estaciones que unirán Plaza de Mayo con Retiro. Pero todavía no se licitaron la compra de vías ni el sistema de señales ni los ascensores ni las escaleras mecánicas. Enfrentados en una especie de juego perverso, el gobierno nacional alega que no es su obligación hacerlo porque la licitación de las vías le corresponde al gobierno de Mauricio Macri, que hoy es responsable del subte, mientras que, por su parte, la administración porteña sostiene que, cuando se hizo el traspaso del servicio, la Nación se había comprometido a entregar la extensión de la línea E "en plenas funciones". Como resultado de este absurdo tironeo político se frenó el ritmo de la construcción.
Los sufridos usuarios dicen estar ya casi acostumbrados a todo lo que pasa, aunque en un mismo día, como ocurrió el miércoles de la semana pasada, hayan asistido al salto a las vías de la línea D de un ex empleado que quiso de esa manera reclamar por su reincorporación, un principio de incendio que interrumpió la línea C por casi una hora y un perro vagabundo, en la B, que durante nueve estaciones fue escoltado por la formación a velocidad mínima para no pisarlo. La noche del jueves pasado, sin embargo, estalló la ira: un grupo de usuarios, indignados ante la demora de 90 minutos para ir de Alem hasta Lacroze, por las ya reiteradas fallas técnicas, llegó hasta romper las ventanillas de las boleterías.
En el momento del traspaso del servicio, desde estas columnas se expresó el deseo de que todos los dirigentes políticos y sindicales pudieran demostrar su capacidad para privilegiar a los usuarios, su seguridad y su calidad de vida por encima de sus propios réditos políticos o ideológicos . Esto, sin embargo, sigue siendo hasta ahora una deuda pendiente que el sindicato involucrado, principal responsable, no parece dispuesto a honrar deponiendo su propio interés en beneficio del bien común..
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