Por Antonio Rossi - Diario Clarín
Lejos de despejar las dudas que arrastra desde la década pasada, las represas de Santa Cruz –que el Gobierno adjudicó al grupo chino Gezhouba y la local Electroingeniería–siguen generando polémicas que podrían complicar la concreción de las obras.
Desde 2007 hasta ahora, el megaproyecto–que costará casi $ 23.000 millones –registró varias modificaciones y demoras. Primero se licitó como un emprendimiento privado donde los oferentes tenían que aportar un financimiento mínimo por el 51% del total. Esa variante fue dejada de lado por la crisis económica de 2008-2009 y se pasó a otro esquema de “obra pública”, en el cual los interesados no estaban obligados a ofrecer financiación.
Esa licitación fue ganada por el consorcio de Pescarmona, Eurnekian y la brasileña Camargo Correa, con una oferta de $ 16.400 millones y un financiamiento de $ 2.000 millones. Luego de adjudicar el contrato, la Nación no aportó los fondos que se requerían para el inicio de las obras. En abril de 2012, el Gobierno canceló el contrato y, tras cambiarle los históricos nombres de Condor Cliff y La Barrancosa, volvió a licitar las usinas como “Néstor Kirchner y Jorge Cepernic”.
Con créditos a largo plazo de China por US$ 4.700 millones, ahora la obra quedó para Gezhouba y Electroingenería, en medio de cuestionamintos y denuncias por la forma en que se presentó la oferta ganadora y las condiciones del financiamiento.
Al igual que en las compras directas de trenes a China, en este caso el Gobierno volvió a privilegiar los ventajosos créditos que arriman las empresas asiáticas. A cambio, éstas tendrán a su cargo la fabricación integral de las usinas, mientras que las grandes industrias y los técnicos locales quedarán otra vez relegados por un gobierno que se autotitula “nacional y popular”.
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