El oficialismo y los principales partidos de la oposición impulsan propuestas que apuntan a preservar los principales activos estratégicos de la Argentina. La aprobación de una nueva ley podría darse en menos de un mes. Cuáles son las iniciativas en danza y qué proponen
Los intentos por imponer restricciones a la compra de tierras y recursos estratégicos locales por parte de extranjeros comienzan, poco a poco, a transformarse en una auténtica cruzada en toda la Argentina. El hecho de que alrededor de 17 millones de hectáreas de las mejores áreas del país estén en manos de propietarios foráneos, y que haya otras 13 millones que hoy se ofrecen a la venta, ha motorizado una oleada de proyectos de ley que, según adelantaron a iProfesional.com fuentes legislativas, apuntan a un "barajar y dar de nuevo" para impulsar una fuerte reforma del marco legislativo vigente.
La preocupación en las filas políticas tiene su motivo: tal como diera cuenta iProfesional.com, y de acuerdo a datos suministrados por la Federación Agraria Argentina (FAA), el capital extranjero controla una superficie similar a la de todo Uruguay.
Las sucesivas denuncias de compra de extensas superficies que, en muchos casos, incluyen recursos estratégicos tales como agua, minerales, madera y atractivos turísticos, han motivado que tanto el oficialismo como representantes del arco opositor desarrollen propuestas tendientes a limitar o, en muchos casos, prohibir la compra por parte de empresarios no argentinos.
En este marco, el último viernes la legislatura de Río Negro sancionó una nueva ley que restringe la venta de tierras fiscales a no residentes. En esa misma dirección, está en discusión el proyecto de ley presentado hace muy pocos días por el diputado nacional Mario Merlo, del Peronismo Federal, que se integra a una batería de propuestas dotadas de un tono similar e impulsadas por el Frente para la Victoria (FPV), la Unión Cívica Radical (UCR), y la Coalición Cívica (CC). Precisamente el marco que propone el oficialismo, a través de la diputada Diana Conti, ya comenzó a tratarse en el interior de la Cámara.
Otra iniciativa del FPV que está próxima a ser debatida corre por cuenta de la diputada Rosa Chiquichano, quien directamente propone prohibir la venta de inmuebles rurales a “personas extranjeras físicas no residentes o jurídicas no autorizadas para funcionar en el país”. Además, el texto establece que los extranjeros no podrán ser poseedores de más de 20 hectáreas.
En paralelo a los proyectos presentados por Conti y Chiquichano, la flamante iniciativa que impulsa Merlo propone como novedad el ingreso del Estado, tanto en sus niveles provinciales como nacionales, como potencial comprador de las áreas estratégicas que, hoy en manos privadas, quizás salgan en un futuro a la venta. El texto –que cuenta con el aval de legisladores opositores y varios oficialistas– establece un régimen de preferencia mediante el cual los gobiernos contarán con hasta 90 días para hacer, de cada espacio clave a punto de ser comercializado, un bien estatal.
Si los gobiernos provinciales y nacionales deciden no hacer efectiva la adquisición del territorio que se ofrece, entonces sí el privado podrá negociar la transferencia de la tierra con el inversor extranjero. “A lo que se apunta es a proteger la soberanía nacional y alimentaria. El Estado tiene que tener prioridad al momento de fijar la transferencia de la tierra. Y también debe regular qué es lo que hacen incluso los productores locales con los espacios más estratégicos de la Argentina”, enfatizó Merlo a iProfesional.com.
El proyecto de ley, aseguró el legislador, carece de carácter retroactivo, y de ahí que se oriente a resguardar las zonas que todavía no se encuentran bajo el control del capital extranjero. Asimismo, dictamina que sólo podrán adquirir inmuebles rurales “las personas físicas extranjeras que tengan cónyuge o descendientes argentinos, y aquellas que demuestren residencia efectiva mayor a diez años en el país”. “El proyecto también establece que, de no comprar el Estado, el propietario no puede vender la tierra a un precio menor al que se le ofreció a los gobiernos provinciales. Se busca así evitar cualquier fraude. Lo que se propone es replicar un modelo exitoso que ya está vigente en la provincia de San Luis”, precisó el entrevistado.
A la par de esta iniciativa, que por estos días se discute en varias comisiones, la Coalición Cívica que lidera Elisa Carrió reflotó un proyecto que directamente prohíbe la venta a extranjeros de “inmuebles rurales localizados en zonas de seguridad”. Concebido por la diputada Susana García, el texto busca inhabilitar a personas físicas de nacionalidad extranjera, o naturalizados argentinos con residencia en el país menor a diez años, para que adquieran superficies a lo largo de las fronteras terrestres y marítimas, o áreas del interior relevantes para la defensa y la seguridad nacional. “Las mismas forman una franja cuyo ancho fija el Poder Ejecutivo Nacional, no pudiendo exceder los 150 kilómetros en la frontera terrestre, los 50 kilómetros en la frontera marítima, y los 30 kilómetros en las zonas del interior del país”, explica el proyecto.
Con relación a la propuesta, García argumentó que “hay intereses que vienen por nuestros recursos naturales". La iniciativa de la Coalición Cívica establece, entre otras pautas:
• El dominio, y cualquier otro derecho real sobre inmuebles rurales ubicados en las zonas de seguridad, sólo podrán ser adquiridos por ciudadanos argentinos nativos o por opción o naturalizados, cuya residencia permanente en el país tenga una antigüedad mayor a 10 años y personas jurídicas argentinas.
• Asimismo, se encuentran comprendidas dentro de las restricciones y limitaciones de esta ley, los fideicomisos, las personas físicas extranjeras residentes en el país y las personas jurídicas extranjeras autorizadas a funcionar en la República Argentina.
• La adquisición de derechos reales en relación a inmuebles rurales localizados en las zonas de seguridad por cualquier título que fuese, por las personas comprendidas en otros artículos, serán de nulidad absoluta.
• Las sociedades anónimas titulares de derechos reales sobre inmuebles rurales ubicados en zonas de seguridad, contarán con un plazo de seis meses para comunicar a la autoridad de aplicación los derechos reales que posean.
• Obligatoriamente dichas sociedades deberán convertir sus acciones en nominativas y ajustarse al cumplimiento de los requisitos de la ley. Las que así no lo hicieran dentro del plazo de un año del inicio de la vigencia de la nueva ley quedarán sujetas a disolución.
Consultado por iProfesional.com sobre este aluvión de proyectos que buscan evitar la compra de tierras por parte de extranjeros, Pablo Orsolini enfatizó: "Es una cuestión estrictamente de soberanía". El diputado sostuvo que la discusión de la problemática de la extranjerización "debe darse hoy y ahora".
Y para fundamentar esta urgencia, lanzó un alerta: “En la Argentina, en este momento, se están ofreciendo en venta otras 13 millones de hectáreas. Todo al mejor postor, que por lo general es gente de afuera. Hay que evitar de algún modo legal que este proceso se lleve a cabo”, enfatizó. Según Orsolini, el grueso de las últimas grandes compras de tierra en el país “no se hizo con fines productivos, sino con la intención de mantener bajo un determinado dominio ciertos recursos naturales”.
“Agua dulce, alimentos, minería, hidrocarburos y riqueza turística son los que mejor explican tanto interés. ¿Con qué nos encontramos hoy? Con más de 17 millones de hectáreas en manos de empresas extranjeras”, indicó.
En cuanto al proyecto de Orsolini, el texto propone que "los extranjeros con residencia menor a cinco años en el país no puedan adquirir lotes. Y directamente anula la posibilidad de que las compras las concreten empresarios que no vivan en la Argentina". “En segundo lugar, se establece criterios para los titulares de propiedades. Si los dueños de las tierras son sociedades anónimas, éstas deberán hacer nominativas sus acciones. De esta forma, se podrá saber quiénes participan en cada empresa”, agregó el legislador.
Las iniciativas orientadas a frenar la “extranjerización” que impulsan los diputados nacionales Orsolini y Conti apuntan, en principio, a evitar la concentración de propiedades y a establecer un control anual de las zonas donde se acumulan recursos estratégicos del país, como el agua o las reservas de minerales.
En el caso del proyecto de Conti, los principales puntos del texto postulan:
• Las tierras rurales a que accedan los sujetos pasivos –extranjeros con residencia en el país menor a diez años o no residentes– no podrán extenderse ni afectar fuentes de materias primas, humedales, cuencas hidrográficas y otros recursos naturales cuando así lo establezcan las autoridades locales.
• La superficie total de las tierras rurales pertenecientes al conjunto de los sujetos pasivos de la misma nacionalidad no podrá exceder el cuarenta por ciento (40%) de la superficie rural de los Municipios o Comunas donde se sitúen.
“Se halla lejos del espíritu del presente proyecto toda concepción chauvinista o discriminatoria respecto de los extranjeros que deseen invertir en beneficio del país”, sostiene Conti en los fundamentos que apuntalan proyecto de ley al que tuvo acceso iProfesional.com.
“Se presume que tales adquisiciones, cuando superan determinados porcentajes, dificultan el adecuado control, preservación y protección de los recursos naturales con que cuenta el país”, concluyó.
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